Suecia esterilizó a «indeseables» hasta hace 25 años para depurar la raza y uno de los culpables fue el siniestro Lundborg, antecesor de Vallejo-Nájera

La espeluznante investigación de higiene racial que realizó el sueco Herman Bernhard Lundborg entre los sami apuntaló intelectualmente la esterilización de «idiotas», indígenas, gitanos y personas vulnerables. El charlatán antisemita anticipó al Mengele español, el franquista Vallejo-Nájera, quien tachó el comunismo de retraso mental.

El primero de los directores del Instituto sueco para la Biología Racial de Uppsala (Suecia) Herman Bernhard Lundborg (1868-1943) lo tenía muy claro: los nórdicos constituyen la raza superior y cualquier clase de mestizaje con indígenas sami de Laponia, romaníes, judíos, tornedalianos, fineses u otras minorías raciales debilitaría al pueblo escandinavo, al que atribuía el mayor grado de perfección humana incluso mucho antes de que nazis como el doctor Mengele trataran de servirse de la ciencia para apuntalar sus criminales desvaríos racistas. Tal y como firma la escritora Maja Hagerman, autora de un libro y un documental sobre los experimentos de Lundborg con los sami, «colegas investigadores de Alemania, que más tarde se convertirían en influyentes expertos raciales y dictarían sentencias de muerte en el Tercer Reich, miraban con envidia a través del Mar Báltico hacia Suecia, donde se había creado el primer instituto racial del mundo«.

El Instituto estatal sueco de Biología Racial de Uppsala, fundado en 1922, contribuyó de forma muy significativa a que esas teorías eugenésicas se extendieran por Alemania, Estados Unidos o el resto de países escandinavos. Para sustentar sus atroces prejuicios, Lundborg viajó a Laponia por primera vez en 1913 y comenzó a tomar medidas craneales de nativos a quienes alentaba a desnudarse. Tomaba fotografías, comparaba fisonomías, analizaba los pelos del pubis y, finalmente, clasificaba a los sujetos de su estudio en «superiores» o «inferiores». Fue solo el primero de los muchos viajes que realizó a Sapmi -denominación nativa de Laponia- con la intención de legitimar el desvarío racista de la superioridad nórdica. Se había obstinado en demostrar que los indígenas son braquicéfalos o de cráneo corto, a diferencia de los escandinavos, que eran dolicocéfalos o de cráneo alargado, lo que a su juicio ejercía también una influencia en la impronta moral de los individuos. No había de pasar mucho tiempo para que los científicos nacionalsocialistas con los que se carteaba le imitaran y crearan el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología.

Tuvo sexo y procreó con una «raza inferior»

Lo más sorprendente de la historia del pseudocientífico antisemita sueco es que él mismo terminó mezclándose, teniendo sexo y procreando, con una mujer perteneciente a uno de los grupos del tipo equivocado. A la postre, esa fue la razón por la que la periodista Maja Hagerman se decidió a escribir un libro sobre Lundborg. «No tenía la intención de escribir una biografía completa, pero eso cambió cuando descubrí la identidad de su amante María, nativa del norte de Sapmi (Laponia). Al contratarla como limpiadora en su oficina de Uppsala y dejarla embarazada casi de inmediato, arriesgó su reputación como la principal autoridad en temas raciales. Constantemente, advertía a los suecos sobre la amenaza de otras razas. Entonces, ¿en qué estaba pensando?».

Herman Berhnard Lundborg, fundador del Instituto Sueco para la Biología Racial
Herman Berhnard Lundborg, fundador del Instituto Sueco para la Biología Racial.  Wikipedia

A la postre, Lundborg trató a los sami como a insectos a los que categorizaba y estudiaba. Las miles de fotografías que tomó fueron halladas en perfecto estado muchos años después de su muerte, lujosamente encuadernadas en voluminosos libros apilados en las instalaciones del antiguo instituto de biología racial. Ni siquiera sabían que eso estaba allí. Y ello trajo nuevamente a colación el trauma colectivo que causó su investigación. Nunca les explicó lo que se traía entre manos pero cuando la verdad se conoció, se sintieron humillados.

Quieren los huesos de sus ancestros

La percepción social de que pertenecían a una raza inferior no la inventó Lundborg. La designación común de sami -lapón- es un exónimo que significa también idiota y vagabundo, razón por la que ha caído en desuso en la propia Suecia en el nombre de la corrección política. Sin embargo, el charlatán racista brindó magníficas coartadas a las compañías mineras o funcionarios del Gobierno que literalmente despojaron y siguen despojando de sus tierras y de sus recursos a los sami. En última instancia, sus estudios terminaron inspirando campañas de esterilización de «indeseables» que se prolongaron, de diferentes modos, hasta mediados de los noventa, gracias, entre otras cosas, a la simpatía de los injustamente idealizados socialdemócratas suecos. Y el problema extiende sus oscuras sombras hasta hoy de diferentes modos porque las heridas no han sido restañadas todavía.

Stefan Mikaelson, presidente del Parlamento sueco, fotografiado en Umea
Stefan Mikaelson, presidente del Parlamento sueco, fotografiado en Umea.  Ferran Barber

«El proceso de ‘suecificación’ de los indígenas fue muy duro», dice el presidente del parlamento sami Stefan Mikaelson. «La discriminación institucional estructural está basada en el racismo. Los nativos eran vistos como menos valiosos en comparación con los pueblos de la sociedad dominante».

Lo que vino a hacer Lundborg es echar algo más de leña al fuego de su marginación histórica. Hace solo una semana, los sami organizaron una protesta finalmente cancelada en Uppsala para reclamar que la universidad devuelva los restos óseos y cráneos que aún conserva. Esta es una de las peticiones más largamente planteadas por los sami. «Todavía hay mucho material allí. Hace unos diez o doce años nuestro parlamento hizo una declaración común para que se repatriaran esos restos, independientemente de la institución en la que estén almacenados», asegura Stefan Mikaelson. «Y mucho más recientemente, una de las organizaciones sami volvió de nuevo a demandarlo».

Se sabe que la universidad alguna vez tuvo 57 cráneos y seis esqueletos de sami, mezclados junto a los de colonos y los de reclusos muertos en prisión cuyos cadáveres eran entregados por el Gobierno sueco a la ciencia hasta el decenio de 1950. En noviembre pasado, el Ejecutivo del país trató de enmendar sus errores del pasado comprometiéndose a crear una comisión de la verdad que examinara el trato que el país ha dado a la minoría sami en el pasado. No hay dudas de que este era antaño pésimo, y según el escritor austriaco Gabriel Kuhn, autor del libro Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Europe’s Far North, tampoco la hay de que lo sigue siendo ahora.

En 2007, la sesión plenaria del parlamento sami exigió a los Gobiernos nórdicos que identificaran todo el material óseo que se encuentra en todas las colecciones nacionales para su posterior repatriación a donde pertenezcan. Esta organización de carácter consultivo desea también saber cómo se consiguió ese material y donde se llevaron a cabo los expolios y profanaciones de cementerios sami. En opinión del órgano presidido por Stefan Mikaelson, «no debe subestimarse la importancia de los restos humanos que se almacenan en un estante en una institución sueca. Un funeral es un evento importante en la comunidad sami donde toda la familia se reúne y honra a los muertos con su presencia». Que sigan todavía almacenados en esas colecciones estatales solo refuerza, en su opinión, las viejas actitudes colonialistas y discriminatorias que todavía sufren.

Devolución de restos óseos

Las primeras devoluciones se produjeron en 1997 en Noruega. Eran los cráneos de Mons Sombys y Aslak Haettas, retornados por el instituto anatómico en Oslo y posteriormente sepultados en la Iglesia Talvik de Alta, en Noruega. Hubo otra repatriación en Suecia have veinte años, la del Soejvengeelle u hombre sombra, cuyos restos habían sido legalmente saqueados en los 50 por el investigador Ernst Manker.

Hace dos meses, el rector de la Universidad de Uppsala solicitó permiso al Gobierno sueco para devolver a la Asociación Sami de Arjeplog un esqueleto encontrado en el Museo de la Universidad Gustavianum. Los restos pertenecen a un condenado que cumplió cadena perpetua en la prisión central de Långholmen y que estaba registrado en la iglesia de la parroquia de Arjeplog.

Tanto el saqueo de sus cementerios, como las mediciones anatómicas u otros tratos humillantes fueron justificados y alentados por Lundborg y su Biología Racial, que junto con las ideas darwinistas de la época condujeron, por ejemplo, a leyes que prohibían el matrimonio a los deficientes mentales (1915) y algo más tarde a decretos (1934 y 1941) que permitían la esterilización o la marginalización de sami, tornedalianos, fineses, gitanos, disminuidos psíquicos o personas con trastornos mentales. Los ingenieros sociales suecos pensaron que podrían mejorar la sociedad para las generaciones mediante campañas de esterilización.

En 2014, el propio Gobierno reconoció que había estado esterilizando, persiguiendo e impidiendo la entrada en el país a los gitanos durante el siglo precedente. Junto al mea culpa de Estocolmo, volvieron a resonar los ecos del instituto de Lundborg y todos los esfuerzos para imprimir legitimidad científica a la noción racista de «blanquedad». Durante su retiro en Alemania, su antisemitismo se fortaleció más todavía.

Gracias a una comisión relatora creada para investigar lo sucedido se sabe que Suecia esterilizó a 230.000 personas entre 1935 y 1996 en el contexto de un programa basado en la eugenesia y los conceptos de «higiene social y racial». Las 63.000 esterilizaciones practicadas entre 1934 y 1975 tenían por finalidad garantizar la pureza de la raza nórdica. Esto fue posible, entre otras cosas, a leyes aprobadas con el consenso de todas las formaciones políticas del país. Ni la caída del nazismo marcó un hito en estas «soluciones finales» a la sueca. Ellos siguieron a la suya mientras la prensa internacional divulgaba panegíricos sobre las bondades de las sociedades escandinavas.

Calle en Madrid del médico franquista Vallejo-Nájera, el Mengele español, junto a una foto de época
La antigua calle en Madrid del médico franquista Vallejo-Nájera, el Mengele español, junto a una foto de época.  Wikipedia

El Mengele español

Entre mediados de los setenta y 1996 se esterilizaron a otras 166.000 personas, en la mitad de los casos de un modo consentido. El grueso de las víctimas de los últimos años fueron madres solas con hijos, alcohólicas, personas con patologías psiquiátricas o que vivían en la marginalidad. En las tandas anteriores, fueron los gitanos y los sami quienes se llevaron la peor parte.

Campañas semejantes fueron también implementadas en Francia, Canadá, EEUU, Suiza, Austria, Finlandia y Dinamarca. El máximo exponente de la eugenesia en nuestro país es el psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera, quienes estudió en 1939 a presos republicanos con la esperanza de demostrar «la perversión moral» de la izquierda.

Para mayor gloria del caudillo, el palentino creía haber identificado un «gen rojo» que predisponía a la perversión sexual e ideológica. El aprendiz español de eugenista no podía plantear una teoría racial en una sociedad mestiza como la española, pero colaboró y fue fuertemente influido por los nazis que anteriormente habían rendido pleitesía a Lundborg. El palenciano tuvo un paseo con su nombre en Madrid. En 2010, miembros del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid retiraron la placa de la vía y la reemplazaron por otra con el nombre de Calle contra la Impunidad. En 2017 el nombre de la calle fue cambiado por el de Paseo de Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas, el hijo del Mengele español.

La telaraña judicial contra Colau suma la undécima querella (con diez de ellas ya archivadas)

Una desconocida Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) consigue que un juzgado reabra una causa archivada por presuntas irregularidades en subvenciones municipales en Barcelona. La alcaldesa deberá declarar como imputada el 4 de marzo. Barcelona en Comú declara que la formación es víctima de una estrategia de ‘lawfare’. Las diez querellas anteriores fueron totalmente desestimadas.

Ada Colau, tiene marcado en su agenda el 4 de marzo como día de tribunales. Es la fecha señalada por el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona para que la alcaldesa de Barcelona declare como imputada para responder sobre una querella por la concesión de subvenciones de forma presuntamente irregular a determinadas organizaciones de los movimientos sociales, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la cual fue portavoz en Catalunya antes de entrar en política.

El caso no tendría más trascendencia que esperar la resolución judicial como tantos otros procesos al entorno de la gestión del dinero público si no fuera porque esta misma querella fue desestimada por la fiscalía hace unos meses y, a pesar de ello, ahora ha sido reabierta de nuevo por un juzgado. Y también porque es la undécima querella que reciben Colau y su gobierno municipal de sectores ideológicamente y con intereses confrontados con las políticas de los comuns.

Las diez primeras fueron archivadas y cabe esperar, por los antecedentes, que la actual acabará igual, pero la suma de demandas lleva a dirigentes de Barcelona en Comú a hablar de verdadera «telaraña judicial» contra Colau y su formación política en un intento de acoso y derribo de la actual alcadesa de la capital catalana.

Públicamente se muestran convencidos de que todo acabará en agua de borrajas, pero en privado manifiestan inquietud por «el intento de perjudicar la imagen de Colau» y desgastarla políticamente. Es decir, por un episodio de lawfare o de instrumentalización de los mecanismos judiciales con fines y objetivos políticos. Una guerra judicial, hablando en plata, que, viendo los niveles de politización de la justicia o de judicialización de la política que se observan en el Estado español en general y con especial intensidad en Catalunya, hace que se pueda esperar cualquier cosa.

Estrategia de ‘lawfare’

Para Barcelona en Comú esta «estrategia de lawfare» es «un ataque directo al debate democrático». «Lo que está en juego es que la ciudadanía y sus representantes políticos escogidos democráticamente puedan o no decidir sobre las cuestiones que les afectan. Se trata de una cuestión de salud democrática y de defensa de derechos y libertades», aseguran.

Las once «emboscadas» judiciales –en palabras de un dirigente de los comuns– contra Colau y su gobierno municipal provienen de tres sectores predominantemente, según explican estas mismas fuentes: empresas privadas concesionarias contrarias a la remunicipalización de servicios públicos, holdings inmobiliarios y hoteleros enfrontados con el Ayuntamiento de Barcelona por su política de vivienda y grupos de interés en forma de asociaciones con afinidades ideológicas hacia la extrema derecha.

La undécima querella que llevará a Colau a testificar como imputada proviene precisamente de este último sector. Tiene su origen en una autodenominada y desconocida Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) que acusa a Colau y su equipo de presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones y le atribuye los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Los ultraderechistas Abogados Catalanes por la Constitución ya presentaron una denuncia similar que la Fiscalía archivó

La querella de ATCD, que ahora ha admitido a trámite el juzgado número 21, se presentó en diciembre. Pero en marzo del pasado año los también autodenominados Abogados Catalanes por la Constitución –de tendencia ultraderechista– denunció a la fiscalía unos hechos similares, investigación que fue archivada por el Ministerio Público en julio. La asociación denunció que diversas subvenciones por valor de 3,4 millones de euros al Observatorio DESC (de supervisión de derechos fundamentales) –entidad donde Colau trabajó con anterioridad a dedicarse a la política -, la PAH –de la cual fue portavoz-, la Alianza contra la Pobreza Energética e Ingeniería Sin Fronteras eran presuntamente irregulares.

La asociación incluía en su denuncia acusaciones de prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y malversación y atribuía el hecho de que fueran subvenciones directas al objetivo de sortear una licitación abierta o un concurso. Y además de Colau la querella incluía otros miembros del gobierno municipal. La Fiscalía optó en aquel momento por archivar el caso. Ahora, no solo se ha reabierto la misma causa, sino que la Fiscalía Anticorrupción se podría hacer cargo de la cuestión y Colau tendrá que declarar al respecto.

El código ético y el rechazo a dimitir

En el plano político, se ha abierto un frente de exigencia de dimisión por parte de algunos sectores mediáticos y políticos que aseguran que Colau incumpliría el propio código ético de Barcelona en Comú en caso de imputación. Pero según la formación, la situación actual en ningún caso obliga a Colau a la dimisión. «El Código Ético de Barcelona En Comú concreta que la dimisión debe ser sólo en casos en los que haya un presunto ánimo de lucro personal». En el caso actual no existe ninguna acusación de este tipo, puntualizan desde la formación política. «Lo que se está investigando son subvenciones a entidades que concede la Comisión de Gobierno como órgano colegiado», recuerdan. Y apuntan que muchas de estas subvenciones ya se otorgaban en la etapa anterior a Colau bajo la alcaldía del convergente Xavier Trias.

Uno de los grupos municipales más duros con Colau ha sido el de Junts que en palabras de su portavoz, Elsa Artadi, asegura que «exigimos la máxima transparencia y celeridad y la máxima colaboración por parte del gobierno municipal y su alcaldesa para que no haya ninguna sombra de duda», añadió. El partido ha subrayado que Barcelona «merece y necesita saber» que no se ha cometido ninguna irregularidad ni se ha malversado ningún euro en el consistorio.

«La ciudad debe ser referente en políticas transparentes y debe tener una política de tolerancia cero con la corrupción», añadió, a la vez que recordaba que Colau aprovechó en su día electoralmente acusaciones falsas de corrupción aparecidas en El Mundo en plena campaña electoral contra Trias dándolas por buenas. Por su parte, el PP y Ciudadanos han pedido la dimisión de Colau como alcaldesa.

Colau se defiende y contraataca

Ada Colau se muestra convencida de «la intencionalidad política» de la querella y ha desarrollado una contraofensiva mediática con diversas comparecencias públicas en que ha declarado que «estos hechos ya se archivaron y ahora es raro que aparezca una asociación que nadie conoce y lo denuncie de nuevo».

«Ya llevamos diez querellas archivadas y esperamos que pase lo mismo con esta», afirmó Colau, quien expresó «total tranquilidad» ante la citación. Por el momento, añadió, el único dato que tiene es que los hechos por los que se la cita se archivaron por parte del ministerio público y defiende que en el Ayuntamiento se ha actuado correctamente.

Por otra parte, Colau ha remarcado que la entidad que se ha querellado, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), no tiene actividad conocida en la ciudad de Barcelona pero por el contrario, añadió, es conocida por haber presentado enmiendas al reglamento de participación para impedir una consulta sobre la municipalización del agua y una querella contra el Ayuntamiento de Valladolid relacionada también con la municipalización del agua.

Luz verde de la Junta de Andalucía a un hotel en la zona de Cabo de Gata al que los ecologistas llevan años oponiéndose

La Junta de Andalucía ha dado permiso para la transformación de un cortijo de la provincia de Almería en un hotel con una treintena de habitaciones, pero Greenpeace denuncia que ello «supondrá una presión sin precedentes en una de las playas mejor conservadas de Andalucía».

Imagen de la playa de los Genoveses, en el Parque natural de los Genoveses

Para la Junta de Andalucía es un proyecto válido desde el punto de vista ambiental, pero para Greenpeace es un claro ejemplo de la vuelta a la eṕoca del «ladrillazo» en la costa. Un hotel de 30 habitaciones y 70 plazas de garaje en pleno Parque Natural del Cabo de Gata (Almería), a un kilómetro de la playa de Genoveses, «una de las playas mejor conservadas de Andalucía», es lo que acaba de aprobar el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP), al otorgar la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para transformar el Cortijo Las Chiqueras en un establecimiento hotelero.

La reacción del grupo ecologista ha sido inmediata: no sólo alerta del «peligroso precedente» que se abre al dar permiso para explotar una zona de alto valor ambiental, sino que afirma que «este tipo de proyectos están completamente desalineados con las políticas andaluzas que el propio Juan Manuel Moreno señala como de revolución verde«, ya que, «el proyecto supondría duplicar la capacidad de pernoctación en esta zona del Parque Natural, incrementando la carga de desplazamientos en una carretera que no fue concebida a tal efecto, lo que incidirá negativamente en su conservación».

El proyecto retoma la bandera ambiental de la éṕoca del «ladrillazo» en la costa, donde las autorizaciones ambientales quedan bajo el paraguas de la supuesta declaración de «interés público» de un proyecto, primándose así el desarrollo urbanístico sobre la valoración de los impactos ambientales. Conviene recordar que Vox, PP y Ciudadanos, los partidos que sustentan el Gobierno andaluz, votaron en el Parlamento andaluz  en contra de una proposición no de ley (PNL) para pedir a la Junta de Andalucía comprase o permutase los terrenos del hotel y así preservarlos.

Según una nota de la ONG, la propia organización ecologista, junto con Ecologistas en Acción, el Grupo Ecologista Mediterráneo, Salvemos Mojácar y la Asociación Amigos del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, se personó como parte interesada en la tramitación en su día, alegando que en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el cortijo está situado en zona C1 del Parque, donde sólo están permitidos los cultivos agrícolas tradicionales, actividades forestales, cinegéticas y actividades e instalaciones de uso público y educación ambiental.

La pelota en el tejado del Ayuntamiento

La Delegación Territorial ha elaborado una propuesta de resolución de dicha AAU, que ha sido remitida al Ayuntamiento de Níjar (Almería), ente local al que da un plazo de diez días para presentar alegaciones a dicho documento, informa a EFE la Consejería. Se trata de un «dictamen provisional, no definitivo» al que aún puede presentar alegaciones el consistorio de la citada localidad.

El Gobierno andaluz ha indicado que la empresa Torres y González Díaz presentó en agosto de 2016 dicha AAU y cómo tras esto la mercantil entregó un expediente para acreditar la compatibilidad urbanística «respecto de rehabilitación arquitectónica funcional para implantación de un uso turístico hotelero», según adelantó El País.

La propia Consejería emitió en 2019 un dictamen que informaba desfavorablemente sobre la construcción de 13 habitaciones en nueva superficie por su incompatibilidad con la normativa ambiental, así como a la ampliación de la zona de estacionamiento, pronunciándose de forma positiva en el resto del proyecto. Todo ello fue subsanado por el promotor, que recolocó las trece unidades de alojamiento eliminadas en las diferentes edificaciones existentes y suprimió tres.

Ahora, la Junta ha acordado otorgar la AAU, pero condicionada a la autorización de la reutilización de aguas depuradas para el riego de jardines y zonas verdes, así como de la declaración del proyecto como de interés público o social.

Por su parte, el Ayuntamiento de Níjar ha informado en una nota de que ya ha presentado, «nuevamente», sus alegaciones a la propuesta, en las que incide en el uso de la carretera que llega al cortijo.

«Doñana no se toca»

Mientras, en el extremo occidental de Andalucía, la ministra de Hacienda y Funcionarial Pública, María Jesús Montero, ha afirmado que «Doñana no se toca», en relación con la proposición de ley que, de forma conjunta con Ciudadanos (Cs), por un lado, y con Vox, por otro, ha registrado el PP-A en la Cámara andaluza, relativa a la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva.

Montero ha subrayado que el Ejecutivo central no va a permitir que con ese espacio natural «ocurra una suerte similar a la que ocurrió con el Mar Menor», en la Región de Murcia, recoge Europa Press.

La ministra ha recordado que «Doñana es un paraje que hay que preservar», y que «no hay que engañar a la gente que está en ese entorno» ni, por tanto, «a los regantes». Montero, que fue en su día consejera andaluza de Hacienda, ha zanjado el asunto al decir que «es imprescindible mantener [el Parque Nacional de] Doñana en los términos que medioambientalmente se exigen». «Y esto significa, insisto, que Doñana no se toca», ha remachado.

La multinacional presidida por el exministro Morenés firma un contrato con Defensa por 3,2 millones de euros

Pedro Morenés, ministro de Defensa entre 2011 y 2016 en el Gobierno de Mariano Rajoy, ya disfrutaba de un cargo importante en la multinacional desde noviembre de 2019, con el permiso de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Pedro Morenés, en una imagen de archivo

El grupo Amper, cuyo presidente es Pedro Morenés, exministro de Defensa en el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) y exembajador de España en EEUU (aunque no es diplomático de carrera), ha suscrito un contrato con la Dirección General de Armamento y Material del citado Ministerio por un importe superior a 3,2 millones de euros, según ha informado la compañía.

Morenés fichó en noviembre de 2019 como presidente del consejo de administración de la empresa Amper Ingenio, que pertenece al Grupo Amper, con el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses, ya que el exministro cumplía el periodo de incompatibilidad justo entonces. Hace apenas tres meses que ostenta la presidencia del grupo con un sueldo anual de 100.000 euros, según informa la propia compañía.

Íntimamente relacionado con la industria del armamento, Morenés llegó al Ministerio desde su despacho de director general para España de la firma de misiles MBDA y tras presidir Construcciones Navales del Norte, hasta 2010, y la empresa de seguridad privada hoy quebrada Segur Ibérica. Durante su mandato llegó a firmar más de una treintena de contratos públicos con Instalaza SA y filiales del mismo grupo, en las que el ministro estuvo trabajando desde 2005 a 2009.

De hecho, la relación de Instalaza y el exministro empezó el 9 de septiembre de 2005: 17 meses después de dejar el puesto de secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, Morenés fue nombrado consejero de dicha empresa, informó en su día El Confidencial.

Cabe recordar que el Gobierno de Rajoy intervino en un decisivo proceso para el Grupo Amper en 2014, «garantizando la viabilidad» de la filial Amper Programas de Electrónica y Comunicaciones S.A.

El Consejo de Ministros aprobó entonces una venta estratégica para la empresa, a través de una serie de contratos con Navantia, en una operación que estuvo dirigida por el propio Morenés mientras dirigía la cartera de Defensa.

Imágenes de alta resolución

En concreto, tal y como recoge Europa Press, Amper se ha adjudicado un proyecto para el suministro comercial de imágenes de alta resolución para el Sistema Espacial de Observación Terrestre, demandado por el Estado Mayor de Defensa, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

El contrato tiene una duración de seis meses, aunque podría prorrogarse por un máximo de un año. En la ejecución del proyecto, Amper dispondrá de un acuerdo tecnológico con Maxar Technologies, proveedor de servicios en imagen satelital e inteligencia de Estados Unidos.

Maxar Technologies es una empresa de tecnología espacial que dispone de una infraestructura propia de red satelital de servicio en órbita, especializada en observación de la Tierra y comunicaciones.

Según ha explicado Amper, la cartera de imágenes disponibles a través de la infraestructura satelital de Maxar posee diversidad de resolución temporal, espectral y espacial de gran precisión y resolución, a la que accederá en virtud de ese acuerdo con el contratista estadounidense.

Centenares de alcaldes andaluces se movilizan contra el deterioro de la sanidad con Juanma Moreno

El PP acusa al PSOE de «utilizar a las instituciones y a los alcaldes para confrontar en materia sanitaria».

RAÚL BOCANEGRA

El estado de la sanidad pública –y la preocupación por su futuro– en Andalucía, después de años de deterioro, que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, a pesar de haber incrementado los presupuestos y de recibir fondos para ello, no ha logrado frenar en medio de una fortísima presión asistencial por la pandemia, ha provocado que centenares de alcaldes de toda la Comunidad –sobre todo del PSOE y de Unidas Podemos, también independientes– se hayan organizado para reclamar mejoras al Gobierno andaluz y dar voz a los vecinos que les exigen explicaciones en sus localidades.

En las plataformas no hay alcaldes del PP y la presión va dirigida hacia el Ejecutivo, que se sacude la presión como puede, de momento a través de las delegaciones provinciales de la Junta. «Por supuesto, la plataforma está abierta a todos los alcaldes, incluidos los del PP. De hecho, estamos haciendo mucho hincapié en esta cuestión», afirma Modesto González alcalde de Coria (Sevilla, Andaluces Levantaos).

«Hablamos de problemas reales, que los ciudadanos sufren, que no hace falta explicárselos a la gente. Los que no están son ellos: ¿quién hace política aquí?», añade José María Villalobos, alcalde de Utrera (Sevilla, PSOE).

«Nuestra principal reivindicación es la situación de colapso de la atención primaria, que es lo que los vecinos nos hacen llegar con muchísimas quejas. Es una situación generada por los muchos años de dejadez por parte de la Junta de Andalucía«, agrega González.

«Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que se alcance un gran acuerdo social y político sobre la sanidad», propone Juanma Valle, alcalde de Los Palacios (Sevilla, IU). «Cuando empezó la plataforma –añade Valle– quedó claro que nacía sin colores políticos, porque alcaldes y alcaldesas representamos a nuestros pueblos. Tenemos claro que la plataforma es plural: del PP no hay porque no han querido. Entendemos que es un error. Esto nace del diálogo y buscamos el diálogo. Bastante tenemos con lo nuestro para enzarzarnos en cosas que no son de nuestra competencia, pero sí estamos preocupados con la atención a nuestra gente. Deberían poner a su pueblo por delante del partido».

En la provincia de Sevilla, una plataforma que agrupa 90 ayuntamientos, entre ellos los que representan estos tres alcaldes con los que ha hablado Público, reclamó la semana pasada un encuentro con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y lanzaron un manifiesto en el que defienden un aumento del gasto. En Jaén, unos 70 alcaldes se concentraron el miércoles ante la delegación de la Junta.

En Huelva, una delegación que representa a la mayoría de los ayuntamientos de la provincia mantuvo la semana pasada un encuentro con la delegada de Salud para buscar soluciones. En Cádiz, 36 alcaldes también protestaron por la situación de la sanidad en sus pueblos. En Granada, la semana pasada un centenar de regidores –estos del PSOE– criticaron la «penosa» situación sanitaria en una concentración. En Almería, lo mismo, también se organizan los regidores. Y en la provincia de Córdoba y de Málaga, igual.

En el año electoral, este movimiento de alcaldes, que recorre toda Andalucía, y que de momento trabaja a nivel provincial, sin coordinación autonómica, según indican a Público representantes de las plataformas, puede ser una extraordinaria fuerza de choque en las elecciones, si pervive y no remite la sensación, predominante en la Comunidad, de que la sanidad pública está hecha unos zorros. Así lo refleja también la última encuesta del centro de estudios andaluces, en la que, tras el paro, un mal ya endémico en Andalucía, la crisis sanitaria se ubica como el mayor problema para la ciudadanía.

Aunque el deterioro de la sanidad viene de lejos y tiene raíces profundas –entre otras, además de la propia actividad de la Junta en los años de gobierno del PSOE, en la austeridad promovida en Europa tras la caída de Lehman–, está a punto de estallarle con fuerza al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Los sindicatos, las organizaciones profesionales y ahora también los alcaldes, están hartos. Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Andalucía está, junto a Murcia y Madrid, a la cola de la financiación por habitante (hasta 300 euros por debajo de la media de todas las comunidades autónomas).

De abajo arriba

La situación es compleja para el PP, atrapado hoy entre la espada y la pared después de haber alentado las protestas sanitarias durante los años de Gobierno del PSOE. Según ha podido saber Público, hay alcaldes del PP que creen que detrás de las reivindicaciones, que consideran legítimas y reales, porque esos mismos problemas que denuncian los demás regidores existen en sus pueblos también, lo que hay es la intención de desgastar al Gobierno de Moreno.

La diputada autonómica y secretaria general del PP de Sevilla, Virginia Pérez, no se anduvo con rodeos y hace unos días aseguró que «el PSOE utiliza las instituciones y a los alcaldes de la provincia para confrontar en materia sanitaria». «Se han quitado la careta y han construido un mantra falso con intereses partidistas», manifestó.

«Según la evolución de la pandemia, todo indica que en los próximos días la sexta ola comenzará a remitir, y que, dentro de dos o tres semanas, podrá normalizarse la relación entre médicos y pacientes en atención primaria [la principal preocupación]», dijo este viernes el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

En Andalucía, hay 785 municipios, de los que en torno a dos tercios –unos 520, según los datos de los propios partidos– están gobernados por el PSOE –más de 450 alcaldes, casi 400 con mayoría absoluta– e IU –unos 65 regidores–. De las ocho capitales, la izquierda gobierna en cuatro, Sevilla, Huelva, Jaén y Granada.

Fuentes del PSOE andaluz indicaron a Público que este movimiento había surgido «de abajo arriba» y negaron haberlo impulsado. «Partió de los alcaldes y alcaldesas de Los Palacios, Utrera, Villaverde, Osuna, Bormujos y Peñaflor. Estos son los que están en la coordinadora de la plataforma, en la que también estamos Espartinas y Coria del Río», afirmó a Público el andalucista Modesto González.

«Nadie nos ha llamado. Esto viene de una conversación –asegura Valle, regidor de Los Palacios (IU)– del alcalde de Utrera conmigo, cuando la Junta cambia la adscripción de Utrera del Hospital Virgen del Rocío al Valme. Eso a la gente allí le viene peor por el tren y nosotros pensamos: si le meten 60.000 vecinos más, ¿se colapsará el Valme? Utrera entonces se moviliza. Estuvimos hablando, viendo. Contactamos con varios alcaldes, que también tienen problemas sanitarios. Impulsamos el grupo promotor. Y la respuesta ha sido muy rápida y con muchísima adhesiones, porque la situación es lamentable». «Lo que pensábamos que era un problema nuestro, fuimos descubriendo que era también de los demás», resume Villalobos.

Fuentes de la dirección de Unidas Podemos también aseguran que es el malestar de sus vecinos el que impulsa a los alcaldes. «En Cádiz viene de largo: los alcaldes de IU han convocado marchas desde hace más de un año, ahora se han sumado del PSOE. Córdoba también lleva meses de marchas desde las alcaldías, pero allí el PSOE no ha pisado ninguna. En Málaga funciona una plataforma de alcaldes de IU y PSOE a cuenta del hospital de Antequera desde hace mucho. Por arriba no ha habido que mover nada».

La pandemia

Los problemas son numerosos en los pueblos, donde afecta más el colapso de la atención primaria porque los hospitales están en las ciudades y eso exige desplazamiento. «Nos afecta doblemente, primero porque soy usuario –asegura Valle–. Que te den cita, es practicante imposible. Te puedes aburrir. Como alcalde te llegan cientos de mensajes: no me cogen el mensaje; estoy malo; mi hijo está malo; me tengo que ir a primera hora; me han dado cita para 26 días; yo me voy para el hospital: esa es la realidad. Hay una saturación. No hay manera, no funciona correctamente la atención sanitaria».

«Si conoces –prosigue Valle– a trabajadores, te dicen: cualquier día vamos a tener un altercado. Los trabajadores están al límite y aunque no es competencia de los ayuntamientos, nos preocupa. Llevamos años: los problemas de la sanidad no vienen de ahora. Nos hemos manifestado siempre, es cierto que la situación es mucho más grave y no está relacionado con la sexta ola, yo he mandado no sé cuantos escritos a la delegación en momentos de contagios inexistentes prácticamente. Todos habíamos recuperado la atención presencial menos la salud, y ha sido una mentira. Lo hablamos mucho los alcaldes: hemos sido prudentes y pacientes, somos conscientes de la pandemia, pero cuando los contagios se han venido abajo y la situación no mejora, el problema es otro. Le mandamos cartas a la Junta y no responden. Si, como dicen, hay miles de médicos más que antes, ¿por qué llaman a jubilados y piden horas extraordinarias?».

Israel, en alerta ante 150 000 misiles “peligrosos” de Hezbolá

Combatientes de Hezbolá en un vehículo que porta un misil Fayr 5 durante un desfile militar.

El régimen de Israel es amenazado por un arsenal vasto de hasta 150 000 misiles y cohetes de Hezbolá y sus centros clave están en la mira del movimiento libanés.

“El enemigo más peligroso de Israel en nuestras fronteras es Hezbolá [Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano], que posee un arsenal de 120 000 a 150 000 misiles precisos y cohetes imprecisos, y puede lanzar cientos de misiles y cohetes todos los días contra objetivos civiles y militares” en los territorios ocupados, se lee en un informe publicado el domingo por el diario israelí The Jerusalem Post.

Conforme alerta el reporte, cualquier ataque de Hezbolá podría interrumpir sistemas vitales como los de electricidad, agua y comunicaciones, además de causar daños a aeropuertos civiles y militares y a la población civil.

Por todo, la nota urge al régimen israelí a armarse con una gran cantidad de misiles tierra-tierra precisos, para hacer frente a los misiles “peligrosos” del movimiento libanés.

Israel teme estar abandonado por EE.UU.

El autor del texto, por otro lado, plantea su temor a que EE.UU. deje solo a Israel y que el régimen tenga que operar en cuatro o cinco frentes al mismo tiempo, es decir: Irán, Hezbolá, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), la intifada (levantamiento) en Judea y Samaria (nombres bíblicos de la ocupada Cisjordania), y los árabes israelíes.

Hezbolá, en reiteradas ocasiones, se ha manifestado lista para un “enfrentamiento abierto” con el régimen israelí mientras ambas partes están involucradas en altos niveles de tensión.

Por su parte, funcionarios israelíes siguen avisando que la principal amenaza planteada por Hezbolá es su arsenal de misiles, si bien el ejército israelí cree que la próxima guerra será testigo de un intento de llevar la lucha al frente interno, con infiltración en las comunidades israelíes para infligir grandes daños al régimen de Tel Aviv.

De hecho, otro informe publicado a principios de enero por The Jerusalem Post afirma que la “amenaza real” para Israel proviene de la unidad de élite de Hezbolá, que se llama la unidad ‘Radwan’.

tqi/fmk

Posturas enfrentadas en el Gobierno de España por el envío de buques de guerra al Mar Negro en el marco de las tensiones entre la OTAN y Rusia

Mientras el ministro socialista de Asuntos Exteriores justifica el despliegue militar, miembros de Podemos han entonado el lema de ‘No a la guerra’.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, en un desayuno informativo en Madrid, 21 de enero de 2022. Foto: Marta FernáNdez Jara / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

La posición del Gobierno de España con respecto al envío de dos buques al Mar Negro, en el marco de las crecientes tensiones entre la OTAN y Rusia, ha desvelado diferencias en el seno del Ejecutivo, liderado por el presidente socialista Pedro Sánchez. Mientras el PSOE se ha alineado sin fisuras con la Alianza Atlántica, su socio de gobierno, Unidas Podemos (UP), ha manifestado su rotundo rechazo al despliegue militar.

La mañana de este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha asegurado en un desayuno informativo, organizado por Europa Press, que «España no se esconde y el Gobierno actúa tal y como quieren los españoles», en referencia a la «situación tan crítica» en torno a Ucrania.

Albares ha añadido que España «es un país que apuesta por el diálogo y la democracia», aunque ha reconocido que la comunidad internacional está «conteniendo la respiración» ante el aumento de las tensiones.

Asimismo, el ministro ha asegurado que apuesta por el diálogo para lograr la desescalada, pero matizando que «diálogo no es negociación». Según Albares, es «inaceptable» volver a la época en la que «un país dictaba a otro qué esquema de seguridad podía tener, quién podía ser miembro de una organización determinada», en referencia a la petición de Rusia para que la Alianza Atlántica detenga su expansión hacia el este y que Ucrania no se adhiera a ella.

De forma muy suave, el ministro español también ha mandado un mensaje a Rusia y EE.UU., al sostener que el futuro del continente «no se puede decidir sin nosotros los europeos», según sus palabras, en alusión a los contactos bilaterales que están manteniendo ambas naciones.

España movilizará dos buques y no descarta un despliegue aéreo

Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores llegan después de que España haya anunciado que movilizará dos buques de guerra en el Mar Negro, como parte de sus compromisos con la OTAN.

Así lo confirmó este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, que, además, señaló que se baraja la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participe España, con el envío de cazas del Ejército del Aire.

A pesar de ello, la ministra manifestó una posición similar a la de su compañero de Gabinete, afirmado que la postura de España es que espera que la «desescalada» se dé de manera «diplomática».

Desencuentro en el Gobierno de coalición

La posición del país íbero ha provocado un desencuentro en el seno del Gobierno de coalición, integrado por el Partido Socialista y Unidas Podemos. Si los primeros se han alineado con las posiciones de la OTAN, los segundos han entonado un sonoro ‘No a la guerra’.

«Nuestro país ha dicho alto y claro siempre: No a la Guerra. Con ese espíritu y con ese compromiso debemos trabajar e intensificar las vías diplomáticas para desescalar cualquier conflicto», ha afirmado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

 

 

En la misma línea se ha manifestado el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien ha sostenido: «No se trata de quién está más cerca de Rusia o más cerca de la OTAN», sino de «quién está más cerca de la paz y quién más cerca de la guerra«.

Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de España y secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha asegurado: «Empujar la OTAN hasta Rusia es un grave error para Europa, amenaza la paz y es estratégicamente torpe: subirán el gas, el petróleo, la inflación… Europa debe aportar medidas para desescalar el conflicto EEUU-Rusia, evitar militarizarlo y dar garantías de paz para las partes».

 

Otros miembros de UP, como el candidato a la presidencia de Castilla y León, Pablo Fernández, han recordado que «España es el país del ‘No a la guerra'», aludiendo las masivas manifestaciones que se dieron en el país como rechazo a la ocupación de Irak por tropas estadounidenses y de sus aliados.

En el mismo sentido, afirman su apoyo a que los países miembros de la Unión Europea preserven su soberanía, incluyendo su política exterior, y no se subordinen a los intereses de EE.UU. y de Rusia.

 

EE.UU. ordena a las familias de sus diplomáticos de la Embajada en Kiev abandonar Ucrania

La medida se debe a la «continua amenaza de las acciones militares rusas», afirmó el Departamento de Estado.

La Embajada de EE.UU. en Kiev, Ucrania Sergiy Palamarchuk / Legion-Media

El Departamento de Estado de EE.UU. ha ordenado este domingo que los familiares de los empleados estadounidenses de la Embajada en Kiev abandonen las instalaciones de la misión diplomática y ha autorizado la «salida voluntaria» de Ucrania del personal estadounidense que fue contratado de forma directa.

La decisión se debe a la «continua amenaza de las acciones militares rusas», explicó el Departamento de Estado, al agregar que «los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Ucrania deberían considerar la posibilidad de partir [del país] ahora utilizando las opciones de transporte comerciales o privadas que estén disponibles».

«Las condiciones de seguridad, especialmente a lo largo de las fronteras de Ucrania, en la Crimea ocupada por Rusia y en el este de Ucrania controlado por Rusia, son impredecibles y pueden deteriorarse con poco aviso. Las manifestaciones, que a veces se ha tornado violentas, se producen regularmente en toda Ucrania, incluso en Kiev», escribió el organismo en un comunicado.

Actualmente el Gobierno estadounidense mantiene alerta de viaje máxima para Ucrania, de nivel 4, que insta a no visitar el país. Además de los motivos políticos y sociales, las autoridades citan el covid-19 como una de las causas de su aviso.

  • El Gobierno ruso insiste en que no ha amenazado nunca al pueblo ucraniano, en ningún lugar, a la vez que denuncia la «histeria rusófoba» y reitera que las especulaciones sobre presuntos preparativos de Moscú para una agresión militar contra Ucrania no se corresponden con la realidad.
  • Mientras Occidente se muestra indignado por la presencia de unos 100.000 efectivos rusos cerca de la frontera, el Kremlin subraya que cualquier despliegue militar en su propio territorio es su derecho soberano, y lo justifica ante la creación de tensiones en la región por parte de la OTAN, denunciando que la expansión de la Alianza Atlántica hacia el este y sus fronteras amenaza la seguridad nacional de Rusia.