Dos policías de Estepona que abusaron de una chica de 18 años evitan la cárcel por la “escasa probabilidad” de reincidir

La Audiencia de Málaga los condena a dos años de prisión, suspende la ejecución de la pena con el voto discrepante del presidente del tribunal e impone que hagan un curso de educación sexual

Sede de la Policía Local en Estepona. Ayuntamiento de Estepona

Dos policías locales de Estepona, Juan Carlos G. y Vicente Julián P., abusaron sexualmente de una chica de 18 años aprovechando su condición de autoridad y que la muchacha estaba ebria. Los policías, todavía de servicio, la intimidaron, se personaron en su domicilio y la presionaron para que se fuera con ellos. Como no pudieron, se apoderaron de las llaves de la casa, subieron al apartamento y allí uno le tocó los pechos y le introdujo los dedos en la vagina. Después, el otro la penetró vaginalmente, en ambos casos sin consentimiento. La víctima sufrió síndrome de estrés postraumático y necesitó tratamiento médico farmacológico y psicoterapéutico.

Según el relato de la denunciante, momentos después de que los tres amigos llegaran a su edificio, se personaron los agentes en el coche particular de uno de ellos y, tras mantener una breve conversación amistosa, propusieron a los jóvenes subir al domicilio, a lo que accedieron al ser policías, y, una vez allí, se produjeron los hechos denunciados.

A las seis y media de la madrugada, una vez allí, y tras acceder al piso, uno de los agentes, según el relato de la Fiscalía, preguntó al resto: «Bueno, ¿cómo se empieza una orgía?». Los acusados supuestamente trataron de convencer a la víctima de hacer un trío, a la que afirmaron que «cuántas chicas quisieran estar en tu lugar y liarse con dos policías a la vez» y, aunque la joven se negó, la desnudaron, uno de los agentes le metió los dedos en la vagina y otro la penetró sin preservativo.

Por este hecho, la víctima ha requerido tratamiento médico farmacológico y psicoterapéutico presentando síndrome de estrés postraumático por el que ha estado en tratamiento.

Acuerdo entre las partes pese a la petición inicial de la Fiscalía

El pasado 22 de abril tuvo lugar una vista en la que la Fiscalía, la acusación particular y las defensas de ambos acusados presentaron un escrito conjunto en el que se acordó además la inhabilitación para empleo o cargo público de los policías y la prohibición de comunicarse con la joven durante 10 años.

La sentencia se dictó en base a la conformidad de ambos acusados con el nuevo escrito de acusación presentado conjuntamente por todas las partes procesales, a pesar de que en un principio la Fiscalía pedía 30 años de prisión para los acusados y consideraba «agresión sexual» los hechos. Tras este acuerdo, no se consideró necesaria la celebración de un juicio.

Los magistrados fundamentan este acuerdo en que ninguna de las partes se opone a la suspensión, a que los abusadores ya han indemnizado a la víctima y en la «escasa probabilidad» de que reincidan; y la conformidad entre las partes solo puede ser acatada por el juez.

Yolanda Díaz apunta a la reforma del Impuesto de Sociedades: «Ha perdido un 40% de recaudación desde 2008»

La vicepresidenta segunda del Gobierno denuncia que «hay injusticia fiscal» y recuerda a los bancos que fueron rescatados con dinero público durante la crisis financiera.

Consejo de Ministros
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo.  Juan Carlos Hidalgo / EFE

Personal de enfermería denuncia que el Gobierno de Ayuso les obliga a doblar turnos bajo «amenazas» y «chantaje»

Las enfermeras del Hospital de Henares denuncian «coacciones» de la dirección, supervisores y gerencia para que hagan jornadas de hasta 17 horas con el silencio cómplice de la Comunidad de Madrid.

La sanidad pública madrileña continúa al límite. Las imágenes que recientemente han circulado de las urgencias del Hospital 12 de Octubre saturadas, solo son la punta del iceberg. Desde los sindicatos apuntan al mismo problema, la falta de personal. Los responsables piden a los trabajadores que doblen turnos, que llegan a ser de hasta 17 horas y en algunos casos, como en el Hospital de Henares, lo hacen bajo «coacciones» y «amenazas».

La situación en el Hospital de Henares tiene al personal de enfermería con «taquicardias y ataques de ansiedad», denuncia el Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad (MATS). La falta de personal provoca que las enfermeras doblen turno bajo amenazas. Una situación que afecta especialmente al personal eventual, ya que «las interinas ya no pasan por el aro». Desde MATS denuncian que la gerencia, la dirección y los supervisores utilizan «amenazas» y «malos modos» para que las profesionales cubran puestos donde se necesitan más trabajadoras. «Piden que doblen turnos cuando han despedido a 6.000 personas en marzo», denuncian.

A M.J., trabajadora del Hospital de Henares, la amenazaron con perder días de descanso si no atendía a las peticiones de sus superiores: «Si no dobláis tendré que quitaros días libres», denuncia que le han dicho. «Si no viene tu cambio te tienes que quedar a doblar, no te puedes ir», ha compartido otra sanitaria, M.D.

En otros casos, recurren al «chantaje emocional», apelando a las trabajadoras que hagan esfuerzos «por sus compañeras», según ha denunciado la delegada del Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) del Hospital de Henares.

Desde la Comunidad de Madrid, silencio. Los sindicatos han denunciado esta situación a través de la plataforma de gestión de incidencias de enfermería sin obtener respuesta alguna. La situación preocupa, no solo por los profesionales, sino por los pacientes.

«No son melones, son personas, pacientes. Un fallo crítico puede ser mortal», denuncian desde MATS ante las largas jornadas de trabajo que tiene que hacer el personal de Enfermería, TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) y celadores.

Los hospitales disponen (o deberían disponer) de personal de apoyo en cada planta. Actualmente, este personal está cubriendo bajas y vacaciones, por lo que ante cualquier incidencia no hay quien respalde a quien lo necesite. A pesar de que la covid parece cosa del pasado, continúan habiendo casos y el personal se contagia. «La semana pasada tuvimos dos bajas por covid y no había nadie para dar apoyo porque el personal destinado para ello ya estaba cubriendo a otras compañeras de vacaciones», han denunciado el MATS del Hospital de Henares.

Las urgencias están saturadas

Las imágenes del Hospital 12 de Octubre son tan solo un reflejo de la situación de otros hospitales madrileños. La falta de personal es alarmante y las plantas se encuentran desbordadas. 

La planta de prioridad 2 de las urgencias, que corresponde a pacientes que se encuentran en estado grave aunque no crítico, se encontraba con 61 pacientes para atender durante este miércoles (alrededor de 70 el martes, cuando se grabaron las imágenes), siendo una planta habilitada para 42. Estos pacientes han sido atendidos por nueve enfermeras, ocho TCAE y cuatro celadores, que además han de atender la espera que se genera con personas en sillas de ruedas y camillas de ambulancias que van llegando. Han sido colocados en «ubicaciones dobles que han convertido en triples».

Menos personal hay para los pacientes catalogados como de prioridad 3 (urgencia baja). En la mañana del miércoles había 56 pacientes tratados por tres enfermeras (una de ellas de refuerzo), dos técnicos de ingreso y un solo celador. Ante la falta de espacio tienen que colocarlos en sillones, camillas o en boxes mezclados con pacientes de covid.

Celadores, enfermeras o TCAE que tienen que ir moviéndose entre distintas plantas, y aún así no pueden atender a todos los pacientes que esperan pruebas, consultas o en la propia entrada de urgencias, donde no se conoce la gravedad de su situación sin una evaluación previa.

Esta situación explica las imágenes que han denunciado desde el 12 de Octubre donde se ven pacientes en camillas y sillas de ruedas en los pasillos, una sanitaria poniendo una vía de rodillas en el suelo y los trabajadores desbordados.

Una situación similar denuncian en el Hospital de Henares donde en algunas situaciones llegan a haber dos enfermeras para 40 pacientes, según denuncia el MATS. A esto se suman las dobles jornadas por mandato directo cuando «no es obligatorio salvo casos de extrema necesidad como fue Filomena» y el personal de apoyo cubriendo plazas que no debería estar cubriendo.

Los sindicatos claman ante la falta de personal y los centros hospitalarios están desbordados, mientras que desde la Comunidad de Madrid no dan respuestas a sus peticiones, de las que dependen vidas.

 

Una veintena de asociaciones denuncia que en Madrid se está retirando la custodia de los niños a familias vulnerables

Organizaciones en defensa de la infancia envían a la Asamblea de Madrid un manifiesto sobre las «vulneraciones» que sufren las familias a las que el Gobierno regional retira la custodia de sus hijos e hijas: opacidad, indefensión, falta de ayuda económica y de planes para recuperar la tutela, mientras las empresas adjudicatarias de los centros de menores se enriquecen. 

Varios manifestantes vestidos con petos tachados con cruces y capirotes blancos con niños dibujados, durante la manifestación en defensa de los menores tutelados, en el centro de Madrid el 29 de enero de 2022.
Varios manifestantes vestidos con petos tachados con cruces y capirotes blancos con niños dibujados, durante la manifestación en defensa de los menores tutelados, en el centro de Madrid el 29 de enero de 2022.  Isabel Infantes / EUROPA PRESS

Embajadas extranjeras se escudan en su ‘inmunidad’ para que España pague sus despidos improcedentes vía Fogasa

Las personas contratadas en España para trabajar en una embajada, sea de un país rico o pobre, ven violados sus derechos laborales más básicos con la excusa de la ‘inmunidad diplomática’. Las oficinas extranjeras optan por no pagar las indemnizaciones que fijan los jueces y, al final, es nuestro país quien se ve obligado a asumir parte de ese coste.

El Embajador del Estado de Kuwait, Ayadah M.a. Alsaidi, entrega sus cartas credenciales al Felipe VI. — C.R.E.

Youssef El Dahrawy Basha, de 67 años y nacionalidad española, trabajaba desde 1995 en la Embajada de Kuwait en Madrid y fue despedido fulminantemente el 30 de septiembre de 2018. Le quedaban dos años para jubilarse. Fue un despido improcedente. El Juzgado de lo Social 24 de Madrid dictó que le correspondían 77.681,68 euros. Al final cobró algo más de 31.000 euros del Fondo de Garantía Salarial, el Fogasa, al declararse «insolvente» dicha embajada del rico país del Golfo Pérsico. Es decir, lo pagó España. No es el único caso, ni mucho menos.

Un caso similar fue el de Carmen Pérez, española nacida en Venezuela (Caracas, 1956), quien estuvo trabajando casi dos décadas en la Embajada de Nicaragua en Madrid, con crecientes responsabilidades, hasta que fue despedida a causa de la ruina que causó en el país el huracán Mitch en 1998. La Justicia estableció una indemnización para ella de más del triple que lo que le ofreció el Gobierno de Nicaragua, apenas tres millones de pesetas de entonces. También en su caso recibió parte de ese dinero del Fogasa, casi 13.000 euros (algo más de dos millones de las antiguas pesetas), informó hace dos años El Confidencial.

El Fogasa, que depende del Ministerio de Trabajo, es una herramienta que «tiene atribuido el abono a los/las trabajadores/as de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal de insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso«, según su propia definición. Por tanto, todo trabajador contratado por cuenta ajena en España -con alta en la Seguridad Social- cuenta, en última instancia, con esta herramienta de garantía.

Una serie de despidos improcedentes en embajadas y consulados extranjeros en España indican un patrón que muchas legaciones de países, ricos y pobres, usan para ahorrarse las indemnizaciones por despido improcedente. El ‘truco’ es que se amparan en la ‘inmunidad diplomática’ (que regula la Ley Orgánica 16/2015) para impedir que el juzgado de lo Social correspondiente pueda embargar bienes en caso de impago por despido improcedente.

Que lo pague España

Aunque el trabajador tenga razón, la embajada puede no pagar lo adeudado escudada en su inmunidad y, a menudo, la Justicia se encuentra que no puede hacer prácticamente nada al respecto, salvo declarar la insolvencia del contratador y pedir al Fogasa el abono al trabajador de la parte de la indemnización que cubre este fondo, que suele ser bastante inferior a la que corresponde.

No importa que el país representado sea inmensamente rico (como los países del Golfo Pérsico) o pobre

Al menos dos fuentes consultadas -que trabajan en embajadas y círculos diplomáticos en Madrid y pidieron el anonimato por temor a represalias- aseguran que esta práctica es común desde hace años, sin importar que el país representado diplomáticamente sea inmensamente rico (como los países del Golfo Pérsico) o pobre, como algunas naciones asiáticas, africanas o latinoamericanas.

Público ha constatado, a través de una búsqueda en las sentencias más recientes de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), esta forma de despido gratis para las embajadas -y que a menudo termina pagando España- se han dado en legaciones diplomáticas de La India [Sentencia], la República Árabe de Egipto [Sentencia] [Sentencia] y [Sentencia], la República de Italia (Scuola Statale ItalianaSentencia), Turquía [Sentencia] [Sentencia] y [Sentencia], Bosnia -Herzegovina [Sentencia], República de Macedonia [Sentencia] y Nicaragua [Sentencia], entre otras.

Sin embargo, la Justicia también reconoce el derecho de una embajada puede prescindir libremente de un trabajador una vez extinguido su contrato de duración determinada (temporal) y los juzgados no puede obligar a la legación a readmitirlo, como en recientes casos que afectan a las embajadas de
Brasil [Sentencia] e Indonesia [Sentencia].

O bien que en el contrato se establezca claramente que las disputas acerca del contrato laboral se resuelvan según las normas del país que representa la embajada, algo que sucedió en un caso de 2016 y que ganó la Embajada de Lituania.

Hasta la Agencia Espacial Europea (ESA) ha intentado esgrimir la famosa «inmunidad de jurisdicción» en el caso de un trabajador de una contrata española [Sentencia], algo que también han tratado de utilizar otros organismos internacionales como la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, cuando despidió a una recepcionista-telefonista, aunque en este caso la estrategia tampoco coló [Sentencia].

El precio de ser denunciante en una embajada

En el caso de Youssef El Dahrawy Basha, fue despedido tras denunciar una ilegalidad que se estaba cometiendo en la propia legación, en forma de sobornos y comisiones ilegales. A través de ciertos agregados diplomáticos enviados desde Kuwait, se gestionaban tratamientos médicos para ciudadanos kuwaitíes en clínicas privadas españolas, cubiertos al 100% por el estado. Las mordidas de dinero en forma de comisiones se realizaban de dos maneras: bien enviando al paciente a una clínica de menor prestigio (más barata) que la inicialmente se ofertaba, y por otro lado se prolongaban tratamientos de forma irregular.

Youssef Basha
Imagen de Youssef El Dahrawy Basha protestando frente a la Embajada de Kuwait.  Y.B.

En los casos comprobados por Público, las embajadas suelen alegar la llamada «inmunidad de jurisdicción», es decir, «el derecho del Estado a no ser demandado ni sometido a juicio ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado». En el caso de Youssef El Dahrawy Basha, como ya contó este medio en febrero, la Embajada de Kuwait se negó a cumplir la sentencia alegando «inmunidad de ejecución»: nunca protestó por el procedimiento judicial y se personó en el juzgado, pero se acogió a dicha inmunidad a la hora de no cumplir el fallo.

Al final, el juez terminó declarando la insolvencia de la Embajada de Kuwait, dado que no pudo embargar ni sus cuentas bancarias ni los bienes afectos a la actividad de la embajada. Y no será porque el emirato sea un país pobre: su PIB per cápita es de 38.760 dólares -según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI)-, superior al de España (apenas 30.160 dólares).

Para Youssef El Dahrawy Basha, denunciar irregularidades en la Embajada de Kuwait tuvo un alto precio. También para Carmen Pérez, cuando la Embajada de Nicaragua prescindió de sus servicios después de tantos años de trabajo.

Y al final, en última instancia, parte de ese precio lo terminan pagando las arcas públicas españolas.