Los responsables de los «protocolos de la vergüenza» en las residencias de Madrid declaran por primera vez en un juzgado

El exdirector de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, declaran como testigos en una investigación sobre las muertes en los centros de mayores durante la primera ola de la covid.

Varias personas se manifiestan junto a marea de Residencias y Verdad y Justicia durante un homenaje-vigilia por las víctimas de la covid-19, a 18 de marzo de 2023, en Madrid (España).

Varias personas se manifiestan durante un homenaje-vigilia por las víctimas de la covid, a 18 de marzo de 2023, en Madrid.  Gustavo Valiente / Europa Press

Tres años después de que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso aprobara los protocolos que impidieron que casi la totalidad de los residentes en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid fueran derivados a hospitales cuando estalló la pandemia de la covid-19, un juzgado va a investigar en qué condiciones murieron estas personas. Así, por primera vez declararán como testigos ante un juez el entonces responsable de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

La comparecencia tiene lugar este jueves 23 de marzo a partir de las 10.00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla. El primero en testificar será, previsiblemente, Mur, como firmante de los documentos, y sobre las 11.00 horas lo hará Reyero.

Durante la primera ola de la covid, entre marzo y abril de 2020, 7.291 mayores perdieron la vida en los geriátricos madrileños sin ser trasladados a un centro hospitalario. «Nosotros ya sabíamos que las derivaciones estaban paralizadas antes del 18 de marzo, cuando se firmó el primer protocolo», explica en una conversación con Público María Jesús Valero, portavoz de Marea de Residencias. Ella misma cuenta, entre el dolor y la indignación, que su padre fue uno de los fallecidos. Desde entonces, no ha parado de mover cielo y tierra para que «la cruda verdad» sobre lo ocurrido se esclarezca.

Cuando arrancó la pandemia en 2020 se firmaron hasta cuatro de los llamados «protocolos de la vergüenza», los días 18, 20, 24 y 25 de marzo. En esos documentos se expresaba específicamente la orden de no desplazar a personas que tuvieran un problema cognitivo o de movilidad. «Todo el mundo sabe que prácticamente cualquiera que esté en una residencia tiene, o bien una, o las dos afecciones. Así que se libraron pocos», critica Valero. Junto a otras familias víctimas de esta «desastrosa» gestión han llegado a presentar en los tribunales más de 300 querellas, de las cuales solo hay 106 abiertas.

«Más grave, aún si cabe, son las llamadas a centros de salud a causa de otras patologías diferentes a la covid que tampoco trasladaban», lamenta Valero que recuerda que el número total de fallecidos se eleva a los 9.470 residentes. La comunidad trató de apaciguar las aguas bajo la excusa de que sus decisiones se tomaron en base a criterios clínicos, pero Marea de Residencias y Verdad y Justicia dudan de esa versión e insisten en la necesidad de una investigación a fondo: «Queremos saber por qué se decidió que nuestros familiares murieran solos y sin condiciones sanitarias dignas», dice.

«Nosotros queremos dejar claro que apoyamos esta iniciativa del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid. Hasta el momento, es el único que se ha atrevido a llamar a declarar a los auténticos responsables y ha cumplido con el auto del Tribunal Supremo que mandaba indagar el origen y la autoría de estas resoluciones prohibitivas», asevera Valero.

Las trabajadoras se suman a las denuncias

El Gobierno de Ayuso nunca llegó a medicalizar los geriátricos, como se había comprometido cuando se dispararon los casos de coronavirus. De hecho, fueron los propios trabajadores de los centros de mayores quienes denunciaron inicialmente la «situación de descontrol» en el confinamiento.

«No teníamos nada, ni medios, ni un mal gotero para que pudieran hidratarse. Ya no digo salvarles o alargarles la vida, sólo dejarles morir con dignidad«, recuerda María Ángeles Maquedano, auxiliar en una residencia. La trabajadora confiesa que las semanas que transcurrieron desde que se declaró el estado de alarma hasta Semana Santa (cuando «por fin empezaron a llevarse a la gente a los hospitales») fueron las peores en sus 15 años de experiencia en el sector.

Maquedano asegura que no se dio un trato adecuado a los mayores «porque no había recursos de ningún tipo» y narra cómo los residentes se contagiaron al no poder separar entre los infectados con covid y los que no «por una cuestión de espacio y de falta de directrices». Al presagiar lo que se vaticinaba y enterarse de las primeras muertes, muchos familiares intentaron sacar a sus mayores de los centros, pero la mayoría no lo consiguió. «Nos contactaban hasta por redes sociales para saber algo de los residentes porque la dirección del geriátrico no facilitaba ninguna información, y apenas podían comunicarse con ellos«, afirma la auxiliar.

Llama la atención que no haya sido hasta ahora cuando hayan llamado a declarar a Reyero, cuando fue él mismo quien reconoció tras dimitir, en unas declaraciones recogidas por este medio, que el Gobierno de Ayuso le negó la ayuda que pedía para poder salvar las vidas de los residentes. Es más, la propia Audiencia de Madrid ha llegado incluso a considerar «improcedente» que declararan los responsables. Por ello, aunque las asociaciones por la verdad y la dignidad de los fallecidos en las residencias reciben la noticia de la investigación en el juzgado con los brazos abiertos, aún no dan nada por conseguido y ponen la vista en Europa como próximo escalón jurídico al que apelar.

 

La hija de una residente de un centro investigado por la Fiscalía aborda a Ayuso: «¿Comes cinco comidas por 4,60 euros?»

La mujer consiguió hablar con la presidenta madrileña sobre la residencia Francisco de Vitoria de Alcalá. La Fiscalía abre diligencias tras las denuncias por las «pésimas condiciones» de los mayores ingresados y la mala calidad de la comida.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de la región, a 16 de marzo de 2023.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de la región, a 16 de marzo de 2023.  Daniel González / EFE

La Fiscalía de Madrid inició este miércoles una investigación sobre las denuncias contra la residencia Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares, dependiente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El Ministerio Público ha pedido documentación a diferentes organismos sobre las quejas en relación «a las pésimas condiciones» en las que se encuentran los mayores ingresados y los trabajadores del centro y la mala calidad de la comida que se sirve a los mayores.

Julia Martínez, hija de una residente, es una de las personas que lleva meses alzando la voz y denunciando la pésima situación del centro. El jueves de la semana pasada dio un paso más. Invitada por Unidas Podemos a acudir al debate en la Asamblea de Madrid, decidió abordar directamente a Ayuso en los pasillos de la cámara. 

«Le pregunté si ella comía cinco comidas al día por 4,60 euros», cuenta Martínez, según publica El PaísEl diario destaca que la mujer relató a la presidenta madrileña la falta de material y de personal en la residencia, «con los abuelos abandonados, sin agua caliente muchos días, con solo cuatro grifos de agua potable… Y ahora, con legionela». Y no, Ayuso admitió que ella no come por menos de 5 euros al día.

Según Julia Martínez, de 48 años, la jefa del Ejecutivo madrileño se comprometió a estudiar la rescisión del contrato con la empresa que suministra los alimentos. Sin embargo, este miércoles Ayuso puntualizó en rueda de prensa que lo que le transmitió a la hija de la residente es que le «gustaría acompañarla un día» y «conocer de primera mano» las instalaciones. Algo que, dijo, hará cuando «tenga la oportunidad».

Las palabras de Ayuso se enmarcan en la estrategia de huida hace adelante que la Comunidad de Madrid está tomando con las residencias. El Gobierno autonómico ha negado que haya legionela en la Francisco de Vitoria. Sin embargo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares detectó niveles graves de presencia de dicha bacteria durante una inspección sanitaria. Según detalló el consistorio, se encontraron «varias muestras con más de 8.000 de unidades formadoras de colonias» en el agua de las duchas del centro, cuando se considera que más de 1.000 unidades formadores de colonias ya representan «una situación grave, donde se requiere una actuación inmediata».

La Comunidad de Madrid se ha limitado a decir que los problemas en la residencia se arreglaron «hace tiempo». En paralelo, la Fiscalía investiga la denuncia presentada por Unidas Podemos, que recoge las quejas de familiares y trabajadores respecto a las condiciones en las que se encuentran los residentes, tanto en la cantidad y calidad de la comida, como en la asistencia necesaria para el día a día al no cumplir la ratio de trabajadores.

La formación morada denuncia que la comida que se está dando a los residentes «no cumple con los mínimos estándares de calidad» y se encuentra «en mal estado muchas veces», incluyendo en ocasiones «gusanos, con hongos o estando prácticamente podrida».

Según la formación, «muchos de los residentes no pueden comer por sí mismos ni ver lo que están comiendo», lo que a su juicio puede suponer un delito contra la salud pública. Podemos incluía en la denuncia una serie de fotografías para advertir del estado de la comida que se da a los residentes. Para la formación, se trata de hechos conocidos por la residencia y su dirección, al hilo de lo cual recuerda «las continuas denuncias» de los familiares al centro y a la Comunidad de Madrid.

En su denuncia, la formación asegura que hay personas que «han perdido peso» y habla de condiciones de «desnutrición» en los residentes que llega incluso a relacionar con fallecimientos en el centro. Los familiares de uno de los internos denunciaron que había perdido 14 kilos en apenas diez meses desde que entró en el centro. Cuestionado en su momento por ello, el responsable de las residencias de Madrid, José Manuel Miranda, quitó gravedad al asunto alegando que el paciente llegó con sobrepeso y que ahora «está en su peso ideal».