A los partidos republicanos no se les permitió concurrir a las elecciones que alumbraron el régimen del 78

El denominado “segundo Gobierno de la Monarquía” los mantuvo en la ilegalidad.

A los partidos republicanos no se les permitió concurrir a las elecciones que alumbraron el régimen del 78

Adolfo Suárez (UCD) y Felipe González (PSOE) votan en las elecciones constituyentes de junio de 1977, a las que no se permitió concurrir a los partidos republicanos

El PSOE y su secretario general, el también presidente del Gobierno Pedro Sánchez, han vinculado este miércoles, de forma oral y escrita, los años 1931, cuando se proclamó la II República, y 1978, cuando se aprobó la Constitución vigente, ley básica del actual régimen del 78. Sin embargo, lo que supuso el pacto del 78 es legitimar la forma de Estado monárquica y la restauración borbónica impuestas por Franco en la persona de Juan Carlos de Borbón y sus herederos, y es que en la Transición no sólo no se convocó un referéndum para elegir la forma de Estado entre monarquía y república, sino que a los partidos que no aceptaban la monarquía no se les permitió concurrir a las elecciones de junio de 1977 –comicios constituyentes, pues alumbraron la Constitución de 1978 y con ella el régimen del 78–, porque el denominado “segundo Gobierno de la Monarquía” los mantuvo en la ilegalidad.

Esas generales de junio de 1977 –las primeras desde las de febrero de 1936, que habían alumbrado el Gobierno del Frente Popular, cuyos avances fueron el detonante del golpe de Estado franquista– se celebraron con numerosos partidos en la ilegalidad. Es el caso de ARDE (Acción Republicana Democrática Española), que había sido fundado en el exilio, fruto fundamentalmente de la fusión de los restos de la Izquierda Republicana de Manuel Azaña y de la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, dos de los partidos que habían integrado el Frente Popular en las generales de febrero de 1936. Y el del PTE (Partido del Trabajo de España), la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores), la LCR (Liga Comunista Revolucionaria) o el MC (Movimiento Comunista), que habían sido fundados en la clandestinidad. Como el PCE (m-l) [Partido Comunista de España (marxista-leninista)], la OCE-BR (Organización Comunista de España – Bandera Roja) o el PCE (r) [Partido Comunista de España (reconstituido)]. O como ERC (Esquerra Republicana de Catalunya)LAIA (Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia)EHAS (Euskal Herriko Alderdi Sozialista) o EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia), que además de republicanos y de izquierdas, como todos los anteriores, eran soberanistas. Todos ellos se habían negado a aceptar lo que el PSOE o el PCE sí habían aceptado para ser legalizados y poder concurrir: la legalidad monárquica y la bandera rojigualda, dos de las bases del régimen del 78 que estaba a punto de nacer.

En las elecciones de junio de 1977, varios de esos partidos entonces aún ilegales –el PTE o la ORT– apoyaron diversas candidaturas y otros –el PCE (m-l) o la OCE-BR– optaron por instar al boicot y la abstención, pero ninguno de ellos pudo presentarse a unos comicios a los que, además del PSOE o el PCE –dos de los partidos que habían integrado el Frente Popular en las generales de febrero de 1936–, sí pudieron concurrir formaciones procedentes del franquismo como la UCD o AP e incluso abiertamente fascistas y ultraderechistas como Falange y sus diversas escisiones o Fuerza Nueva, pese a la relación de miembros suyos con diversos y graves episodios de pistolerismo durante la Transición del franquismo al régimen del 78.

La mayoría de los partidos republicanos que no pudieron presentarse a los comicios de junio de 1977 fueron siendo legalizados tras las elecciones, pero en esos comicios constituyentes los electores no tuvieron la oportunidad de votar directamente opciones republicanas. Esos partidos no fueron legalizados hasta que la reforma del franquismo triunfó efectivamente sobre la ruptura con el franquismo, es decir hasta que esas opciones republicanas –en algunos casos herederas directas de la II República, aplastada por el franquismo, y defensoras de la legitimidad y de la legalidad de aquella “república democrática de trabajadores de toda clase” [artículo 1 de la Constitución de 1931]– fueron efectivamente neutralizadas. El denominado “juancarlismo”, utilizado durante décadas para intentar legitimar el régimen del 78, ha acabado haciendo aguas y, con Juan Carlos I en Abu Dabi, el propio régimen necesita de nuevos referentes para su legitimación, pero, diga lo que diga Sánchez, el régimen del 78, coronado por una monarquía restaurada por Franco, no es heredero precisamente de la II República.