ANA MARÍA PASCUAL

Verano de 2015. El fiscal Miguel Ángel Subirán pone en conocimiento de sus superiores que dos policías locales de Palma de Mallorca, según le informan, han irrumpido en una reunión de la cúpula policial en el Cuartel de San Fernando de la capital balear lanzando amenazas contra la jueza del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, Carmen González, que les investigaba, y contra él propio fiscal.

«Vais a conseguir que con una pistola haga una tontería», «Me da igual 20 que 30 años», expresiones que recogió la prensa local según fuentes presenciales, mencionando que los agentes se estaban refiriendo al «mariconazo del fiscal» y a la «hija de puta de la juez».

Las amenazas sobre tiros a una juez y a un fiscal acabaron en nada. Se abrió una investigación, pero ninguno de los mandos policiales presentes en la reunión dio la misma versión: uno estaba mirando por la ventana y no se enteró de nada; otro escuchó los insultos a la jueza pero no los referidos al fiscal; y así con todos los presentes. Comenzaba entonces una larga campaña de acoso para el fiscal Subirán en completa soledad.

El motivo fue la investigación en curso entonces sobre la mafia en la Policía Local de Palma y sus vinculaciones con el Grupo Cursach, el más poderoso emporio empresarial de la noche mallorquina, liderado por Bartolomé Cursach. El caso Cursach, cuya investigación realizada por el fiscal Subirán y por el juez que sustituyó a Carmen González cuando esta pidió el traslado, en ese mismo verano de 2015, Manuel Penalvaha quedado desnortado al no llevar la Fiscalía Anticorrupción todas las pruebas, audios y testigos. Los 17 procesados han quedado absueltos en medio del perdón pronunciado al borde del llanto por el fiscal Tomás Herranz.

En cambio, el juez Penalva y el fiscal Subirán van a ser enjuiciados en unos meses. Contra ellos penden acusaciones de revelación de secretos, detenciones ilegales y obstrucción a la justicia en varias piezas derivadas de la investigación sobre la mafia policial. En total, la Fiscalía Anticorrupción pide 118 años para Penalva y 121 para Subirán.

Según ha podido saber Público, en su escrito de defensa el fiscal Subirán ha incorporado una grabación sobre la campaña de acoso que sufrió y que incluso le situaba como investigado por delitos de pederastia en los juzgados de Inca (Mallorca). Una trampa para periodistas, a tenor del contenido y del contexto del audio. En la grabación, el fiscal se cerciora de que la persona, un periodista, que le transmitió esa información la recuerda de cara a una posible testifical en el juicio.

Falsa causa abierta por pederastia

SUBIRÁN: Lo primero, lo de siempre, ¿te pillo bien, te pillo mal?
PERIODISTA: Sí, sí, me pillas bien, conduciendo con el manos libres, pero bien.
S: Bueno, mira, te quería decir lo siguiente: el abogado nuestro, si sigues un poco la película, Barinaga, un abogado de Logroño que nos sigue, bueno, ha hecho uso, bueno, en un escrito, ha hecho uso o va a hacer uso de aquello que me contaste tú de Garau que te había, que os había dicho a vosotros, los periodistas o los medios de comunicación, que yo tenía abierta una causa en los juzgados de Inca por pedofilia o pederastia o como se diga.
P: Sí, me suena. Ahora mismo al 100% no me acuerdo.
S: ¿Te acuerdas que estando aquí en la MDQ coincidimos comiendo un bocata y me lo contaste?
P: ¿Eh? Sí, correcto. Sí.
S: Bueno, pues no era, más ni menos, que esto. Que el abogado me lo ha contado esta mañana y a mí no me ha parecido bien no contártelo a ti. Ya está. ¿Me entiendes? Eso. Fui yo además el que te pregunté al final: «¿Pero quién te ha dicho eso?» y me dijeses tú: «Jaime Garau». Ya está. Punto.
P: Sí, correcto.
S: Correcto, sí. Se lo he contado al abogado y el abogado ha hecho uso de esto. 

Este diario ha intentado ponerse en contacto con Jaime Garau, policía local de Palma de Mallorca, sin éxito: ni ha respondido al teléfono ni ha contestado al correo electrónico enviado durante la tarde de este lunes.

Garau fue procesado en la pieza separada Talavera del caso Cursach por un presunto delito de obstrucción a la justicia, junto con un funcionario de prisiones. Ambos estaban acusados de intimidar a ‘el Ico’, hijo de la narcotraficante La Paca, para que firmara en la cárcel una carta retractándose de las declaraciones que había hecho sobre Garau por cobrarle presuntamente mordidas para no acabar cerrándole su bar de copas. Jaime Garau resultó absuelto.

Según ha podido saber este diario, Subirán conoció la confidencia en 2019 y la puso en conocimiento de sus superiores: presuntamente un policía se estaba encargando de divulgar que estaba siendo investigado por pederastia. Pero la Fiscalía no tomó cartas en el asunto, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas.

Robos, seguimientos y allanamientos

El juez Penalva y el fiscal Subirán han recibido todo tipo de amenazas, seguimientos, allanamiento de sus domicilios, robos y campañas difamatorias en buena parte de la prensa local. Dos veces se encontraron la puerta de sus casas abiertas de par en par, en una clara amenaza, les quemaron los coches, al fiscal le robaron la moto. El acoso acabó con sus carreras y hoy están jubilados por estrés traumático.

Fuentes cercanas a Miguel Ángel Subirán relatan a este diario el episodio vivido por el fiscal en el que un individuo del Este le sorprendió por la noche y le insultó, pasándose el dedo por el cuello en varias ocasiones en señal de amenaza y le presionó en el hombro hasta que Subirán acabó arrodillado en el suelo frente a él.

El entorno de Bartolomé Cursach, los policías investigados y sus abogados iniciaron una campaña en prensa para desacreditar al juez Penalva y al fiscal Subirán, al que incluso llegaron a tildar de «desequilibrado», como pudo comprobar este diario. Algunos medios de comunicación baleares parecían el altavoz de los investigados.

A esta campaña en prensa se unió el hallazgo, gracias a la intervención de las conversaciones telefónicas de dos periodistas de Palma y al posterior requisamiento de sus móviles, de un chat que mantenían Subirán y varios agentes de la Unidad de Blanqueo de Capitales que intervenían en la investigación. Basándose en el contenido de los mensajes, los abogados de los investigados denunciaron presiones del fiscal y del juez a los testigos que sostenían las acusaciones en el caso. 

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha anulado como prueba la información obtenida mediante la incautación de los móviles a los dos periodistas de Mallorca, lo que podría influir en el juicio contra el juez y el fiscal ya que nunca se habría llegado al chat mencionado sin el espionaje a los informadores.

Insinuaciones de relaciones entre el fiscal y un policía

Pero la campaña contra el fiscal y el juez también procede de la propia Fiscalía Anticorrupción. El fiscal Tomás Herranz indicó en su informe final en el juicio del caso Cursach que Subirán no investigó a un policía porque mantenía una relación sentimental con él, según había manifestado un testigo. Sin embargo, nadie testificó en el juicio sobre ese rumor, según ha comprobado Público. ¿De dónde sacó Herranz semejante información como para lanzarla en el alegato final de la Fiscalía?

La Fiscalía General del Estado tiene la oportunidad de poder responder a esta pregunta, de llegar al fondo del asunto. El policía sobre el que se refirió Herranz, Vicente Gómez, le ha denunciado ante la Fiscalía General por esa insinuación falsa y carente de sustento, según su denuncia. Junto a su hermano, Juan Miguel, también policía, han puesto en conocimiento del fiscal general las acusaciones que vertió el fiscal Herranz contra ambos, que acudieron al juicio como testigos de la vinculación de los policías mafiosos con el Grupo Cursach.