«No existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido», dice un documento enviado a la Audiencia Nacional.
El Ministerio del Interior de España negó que hubiese ordenado las repatriaciones a Marruecos de niños y adolescentes no acompañados que ingresaron al país durante la entrada masiva de migrantes registrada en mayo pasado al enclave español de Ceuta.
En una respuesta a la Audiencia Nacional, que, tras un recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, dio un plazo de 24 horas al Ministerio del Interior para que justificara si efectivamente había dado la orden de la devolución de los menores, la institución indica que el procedimiento fue solicitado por la ciudad autónoma de Ceuta.
Además, argumenta que su escrito del 10 de agosto enviado a Ceuta, que dio pie a las repatriaciones, no constituye una orden, sino que se «limita a poner de manifiesto que el ministro de Interior (Fernando Grande-Marlaska) ruega se proceda efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos», reseña la Cadena Ser.
Por ello, el Ministerio del Interior indica a la Audiencia Nacional que no es el órgano competente para investigar el asunto. «No existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la Sala a la que nos dirigimos», dice el documento presentado ante el tribunal.
Asimismo, la cartera del Interior manifiesta que los acuerdos de retorno de menores ya están en manos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta.
Más tarde, se conoció que la Audiencia Nacional, aunque se declaró competente para resolver el recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la repatriación, decidió rechazar la medida cautelarísima de suspensión de las devoluciones que pedían los recurrentes.
Devoluciones paralizadas
Las repatriaciones de menores comenzaron el viernes pasado; sin embargo, el lunes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta paralizó las devoluciones por un lapso de 72 horas, tras las denuncias de representantes de cinco niños sobre su detención ilegal en la frontera.
Diversas organizaciones han denunciado que estas devoluciones violan tanto las leyes internacionales como las nacionales.
«Están vulnerando tanto la legislación internacional como la ley nacional. Las repatriaciones se están llevando a cabo de forma colectiva sin haber escuchado a los niños y sin asistencia letrada», comentó Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children.
Por su parte, Lourdes Reyzábal González-Aller, presidenta de Fundación Raíces, manifestó que agotarán los esfuerzos legales para «detener este pisoteo grosero de los derechos de la infancia más vulnerable» y no pararán «hasta que se garantice al menos la asistencia letrada a todos y cada uno de los niños».
Más de 25 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Save The Children y Fundación Raíces, enviaron una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que detenga las repatriaciones.
En la misiva, según recoge Amnistía Internacional, las organizaciones señalan que «tras la llegada de un niño o niña migrante no acompañada, las autoridades deben realizar una evaluación individual del interés superior de cada niño o niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar, sea la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen».
Las alertas al Gobierno español por estas repatriaciones también llegaron desde el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Migrantes, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía.
La posición oficial
Del lado oficial, Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, dijo que en relación con estas devoluciones «se está actuando teniendo como máxima prioridad la protección del interés del menor».
Entretanto, en el escrito que envió el Ministerio del Interior a la Audiencia Nacional, firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, se describe que «como consecuencia de las entradas de personas el 17 y 18 de mayo se hizo necesario implementar medidas para garantizar la efectiva protección y tutela de sus derechos e intereses así como el retorno de dichos menores a Marruecos».
Asimismo, se indica que Ceuta «ha venido solicitando la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados», que ambos países firmaron en Rabat en 2007.
