Una investigación de Lighthouse Reports, en colaboración con lamarea.com y elDiario.es, analiza el papel de la ganadería industrial en el ecocidio.
Los peces muertos se volvían a contar por toneladas en las playas del Mar Menor (Murcia) el pasado verano. Era la segunda vez que ocurría desde 2019 y las imágenes abrieron los telediarios del país. Lo que no se vio y obvió el Gobierno de Murcia es el crecimiento explosivo de macro-granjas y la contaminación de aguas por los vertidos de purines procedentes de la ganadería porcina. Así lo advertía el informe Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) unos meses antes, en marzo de 2019.
El documento hacía hincapié en la “alta concentración” de cerdos –casi 680.000 cabezas “en pocos municipios”–. Esto viene acompañado de la problemática sobre su tratamiento de residuos, su almacenaje y la dispersión sobre parcelas agrarias: “Está asociada a presiones derivadas del manejo de residuos ganaderos en explotación (filtración y desbordamiento de balsas) y a los derivados de la gestión de purines en agricultura (superficie agraria asociada a explotación, transporte, manejo y tratamiento del estercolado)”, se explica en el citado informe.
Sin embargo, y a pesar de conocer el documento, el Gobierno de la Región de Murcia no tomó ninguna medida al respecto. “No responde a la realidad de la zona, es decir, a la verdad”, ha respondido la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente a las cuestiones enviadas por un equipo de periodistas de la organización internacional de periodismo Lighthouse Reports, elDiario.es y lamarea.com. Las afirmaciones se basan “exclusivamente en un control visual de 5 balsas de almacenamiento sin ningún otro tipo de comprobación o estudio”, añade la Administración autonómica. El informe, no obstante, explica que se seleccionaron un 10% del total de 500 balsas de la zona, es decir, 50.
Ahora, Lighthouse Reports, en colaboración con estos dos medios españoles, ha llevado a cabo durante los últimos meses una investigación que pone de nuevo en evidencia la responsabilidad de la cría intensiva de cerdos en el ecocidio de paraje natural. El estudio incluye entrevistas a decenas de personas implicadas, pruebas fotográficas de las explotaciones tomadas con drones, la revisión de documentos públicos y diferentes peticiones de transparencia.
La relación de las macrogranjas porcinas con la muerte del Mar Menor
Las actividades agrarias han sido señaladas como las culpables principales del deterioro del ecosistema, y han puesto en pie de guerra a gran parte de la población murciana. Carol Rivière es vecina de San Pedro del Pinatar (Murcia) y portavoz de la plataforma Por Un Mar Menor Vivo. Ella ha vivido muy cerca el desastre, a escasos metros de la orilla de la laguna: “En 2019, cuando se produjo el primer ecocidio, no pude ni bajar, pero el olor y las imágenes que luego vi no se me han borrado de la mente”, confiesa.
Rivière se refiere a la rápida degradación que ha sufrido el Mar Menor en los últimos años. Aunque a ella le cuesta hablar del tema, desde ese año se involucró en la lucha por tratar de salvar la albufera, en la cual no se baña desde 2016. Rivière tiene claro el importante papel que juega la agricultura, pero cree que se está denostando la responsabilidad de la ganadería y, más en concreto, de las explotaciones intensivas de porcino. “Cuando yo hablo con mis vecinos no tienen conciencia de que las granjas de cerdos supongan un problema. Al estar lejos del Mar Menor, creen que no afecta”, explica. Algo que corrobora una pareja que desayuna frente a la laguna: “No, no, las granjas están más en el interior de Murcia. Aquí cerca no hay”, comentaban.
En términos ambientales, los purines están considerados como el principal problema derivado de las explotaciones intensivas de porcino. Según una investigación de la Fundación Nueva Cultura del Agua y el MITECO, en estas macrogranjas se producen alrededor de 2 metros cúbicos de purines por cerdo al año, cuya concentración de nitrógeno es 40 veces superior a la de las aguas residuales. Entre sus principales impactos se incluye la contaminación por nitratos de los acuíferos y de las aguas superficiales por materia orgánica y amoníaco, y las emisiones de metano, amoníaco y gases nitrosos. Como consecuencias principales de esto se encuentra la visible degradación del ecosistema y la contaminación de agua potable a la que pueden acceder los vecinos de la zona.
En Murcia en general y en el área de influencia del Mar Menor en particular, la concentración de grandes explotaciones es tal que, según denuncian desde la Coordinadora de Lorca y el Valle del Guadalentín, “no hay suficiente tierra para echar todos los purines que se producen en la región”. Tal y como explican algunos expertos como Jose Luis Arostegui, investigador en Hidrogeología del Instituto Geológico y Minero (IGME) y miembro del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, la contaminación por residuos ganaderos también acaba filtrándose al Mar Menor. “Hay que evitar los vertidos porque el aporte del acuífero viene de una descarga por un proceso natural. Si ese agua que se está transfiriendo está contaminada, transfiere de forma natural ese agua al Mar Menor, que está encima.”, explica.
A ello se suman, además los problemas que tienen las balsas de recogida de purines dentro de las propias granjas. El decreto por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas recoge la obligatoriedad de impermeabilizar las balsas de purines en las explotaciones. Un hecho que, de acuerdo con los datos oficiales, parece que ha venido siendo la excepción en lugar de la norma. Así, según el mencionado análisis del MITECO de marzo de 2019, más del 90% de las balsas de purines de la industria porcina “no cumple las normas estipuladas de construcción (principalmente en lo concerniente a la impermeabilización), lo que origina un gran riesgo de infiltración, lixiviación y escorrentía”.
El equipo de Lighthouse Reports ha comprobado sobre el terreno de la cuenca del Campo de Cartagena la situación de estas balsas de desechos que, debido a sus deficiencias, resultan potencialmente peligrosas para el medioambiente. Las fotografías obtenidas muestran residuos ganaderos vertidos directamente al medio, balsas sin aparente impermeabilización artificial, grandes montones de estiércol acumulados sobre la tierra y en definitiva, un retrato del maloliente panorama de las macro-granjas de Fuente Álamo (Murcia), en las proximidades del Mar Menor.
La reconocida abogada ambientalista Victoria Hormigos es una de las expertas que ha revisado las fotografías realizadas para esta investigación. Tras analizarlas, destaca la existencia de una gran tubería procedente de una de las granjas que expulsa los residuos líquidos fuera de las balsas directamente al medio natural. Hormigos considera que podría tratarse de presuntos vertidos ilegales, aunque señala que son las autoridades quienes deben validarlo sobre el terreno.
En otros casos, como sucede en las siguientes fotos, la abogada aprecia aparentes vertidos que podrían deberse al desbordamiento de los depósitos. Una problemática recogida en el informe del MITECO donde se denuncia “una deficiencia en el cálculo del volumen necesario de almacenamiento”, lo que acaba provocando que “un alto porcentaje de las balsas presenten pérdidas por rebosamiento”. En este caso, las fotos que pueden verse a continuación pertenecen a una granja situada a escasos metros de un colegio en la pequeña localidad de La Pinilla, también en el término municipal de Fuente Álamo.
Las imágenes respaldan los datos del Ministerio, en cuyo estudio se asegura que “parte de estos residuos pueden infiltrarse en el terreno, lo que produce una contaminación de las aguas superficiales y subterráneas que afectan directamente al estado del Mar Menor”. Se aportan, además, en el citado informe, cálculos estimados de la cantidad de purines del sector porcino que pasarían acuífero: 152.744 kg de nitrógeno/año, “siempre y cuando no se llenen más de una vez al año las balsas”. A ello habría que sumar más de 100.000 kg de emisiones de nitrógeno a la atmósfera en forma de amoniaco. Unos datos que, según argumentan varios de los expertos consultados, se quedarían cortos puesto que las balsas se llenan varias veces al año.
De esta forma, se estima que solo el sector porcino situado en la cuenca vertiente del Campo de Cartagena aporta al menos un 17% del total del nitrógeno que acaba en el acuífero del Mar Menor. A pesar de ello, la cabaña porcina no ha parado de crecer en Murcia: entre 1997 y 2020 ha pasado de 1,5 millones de cabezas a más de 2,1 millones. Aunque hay picos y valles en la serie histórica, desde 2013 no ha dejado de aumentar, produciéndose el mayor crecimiento entre 2019 y 2020, con 220.000 cerdos más en toda la comunidad, en un momento en el que la problemática del Mar Menor es sobradamente conocida por las autoridades.
Solo en el entorno del Mar Menor, el Gobierno de Murcia reconoce haber aprobado la ampliación de 39 granjas desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad, lo que ha supuesto más de 35.000 cerdos más en la zona de influencia de la laguna. Teniendo en cuenta los datos de la Fundación Nueva Cultura del Agua, esto representa unos 70.000 metros cúbicos de purines más cada año, el equivalente a 21 piscinas olímpicas llenas de heces. Asimismo, explican que en la actualidad tienen 2 peticiones de creación de nuevas granjas y 9 de ampliación en dicha zona pero subrayan que “esto no quiere decir que finalmente consigan la autorización”.
Desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente remarcan que las balsas “están impermeabilizadas de forma natural, método que está reconocido por la legislación nacional”. En defensa de este tipo de protección se remiten a un estudio –”este sí científico y sobre el terreno”, explican– elaborado por investigadores de una cátedra de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) patrocinada por el Ayuntamiento de Fuente Álamo para la “gestión ambiental para la sostenibilidad de la ganadería intensiva de porcino”.
Este informe reconoce que las balsas estudiadas no son completamente impermeables pero defiende que “la afección al subsuelo se considera muy somera y no se evidencia riesgo para el acuífero” (ni por tanto, para la contaminación de cuencas como el Mar Menor). Este estudio en concreto se refiere a una muestra de 8 balsas de las 500 que se localizan en la región.
Esta última afirmación pertenece al director de la cátedra de la UPCT, Ángel Faz Cano, también dirigente de otra cátedra en la misma universidad sobre la “Gestión sostenible de purines: una necesidad prioritaria en medio ambiente y ganadería”. Dicha cátedra cuenta con el patrocinio de la gigante cárnica CEFUSA, suministradora de El Pozo y también parte del conglomerado empresarial Grupo Fuertes, con una enorme presencia en la agroindustria de la comunidad.
La dejadez y la “manipulación política” que mata al Mar Menor
Sin embargo, y a pesar de que solo el sector porcino aporta al Mar Menor, como mínimo, 1 de cada 6 kg de nitrógeno, un informe de la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino del Gobierno de Murcia elaborado en 2019 y obtenido gracias a la Ley de Transparencia, reconoce que no se estaban controlando los nitratos procedentes de las explotaciones ganaderas. En este documento, firmado por el ex director general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de Murcia, Francisco Jose González Zapater, se admite que desde que se aprobó el decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar Menor y la entrada en vigor de la ley con el mismo fin, “únicamente han trabajado en la aplicación de ambas normas y en la legislación en materia de nitratos, 2 personas”. Unos medios, que a vista de los datos disponibles resultan insuficientes para una problemática tan importante.
“Las balsas y el reparto de los purines en las tierras no se está controlando porque no pasarían ninguna inspección. Todos los ayuntamientos saben los problemas que hay pero les da igual. No hacen nada”, denuncian desde la Coordinadora de Lorca y el Valle del Guadalentín, cuyos miembros están acostumbrados a encontrarse con ilegalidades y problemas al lado de sus casas.
La aprobación de la citada ley de protección del Mar Menor es posterior a este informe, aunque las consecuencias señaladas se extienden hasta el presente. En él ya se reconocía que “los purines y otros estiércoles, mal gestionados, suponen un riesgo para el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena y para el Mar Menor”. Por ello, y dada la concentración de explotaciones porcinas existentes, este instrumento “prohíbe la implantación de nuevas explotaciones porcinas y su ampliación”en las zonas colindantes al Mar Menor. Asimismo, se crea -a través de su artículo 58- un registro electrónico de movimientos de deyecciones ganaderas. Sin embargo, a pesar de la emergencia que requiere la situación, este instrumento no se ha puesto en marcha hasta agosto de este año, en el momento en el que se producía una de las grandes muertes masivas de seres vivos en la laguna.
A pesar de todo ello, las acciones determinadas por el gobierno murciano para responder a esta crisis no han surtido efecto en el presente. Así lo afirma la bióloga Julia Martínez, también directora ejecutiva de la Fundación Nueva Cultura del Agua y ex-miembro del anteriormente citado Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. Martínez ocupó el cargo entre 2016 y 2017, cuando decidió abandonarlo por la “manipulación política” existente, como también hicieron otros 8 de 18 miembros del grupo: “Era una absoluta pérdida de tiempo. Lo que hacíamos no valía para nada, las decisiones ya estaban tomadas”, admite Martínez.
Por otro lado, Aróstegui, pese a permanecer en el organismo en calidad de experto en Hidrología, admite que podría hacerse más: “No se está actuando sobre el acuífero. Se está monitorizando un poquito pero estamos muy lejos de lo que, en mi opinión, habría que hacer”. Reconoce que la ganadería porcina en la zona “es importante” y recomienda prestar más atención al uso agrícola de los purines, así como la impermeabilización de las balsas en las granjas.
Otras voces apuestan por medidas más radicales, en el sentido etimológico del concepto: es decir: ir a la raíz del problema. En este sentido, las moratorias parecen no ser suficientes. Un estudio sobre la vulnerabilidad ambiental de los ecosistemas relacionados con la industria porcina, realizado por investigadores de la Universidad de Murcia y la Universidad Complutense de Madrid, defiende que la cuenca vertiente del Mar Menor “debería paulatinamente reducir y/o concentrar las explotaciones ganaderas intensivas en suelos de carácter industrial menos proclives a dañar los ecosistemas vulnerables donde actualmente se ubican”.
María Giménez Casalduero, jurista y coautora del estudio, explica además que otro gran problema del modelo integrador (el predominante en la industria porcina, basado en la adquisición de varias fases productivas por una gran empresa a un ganadero particular) es que resulta realmente difícil determinar quién es el responsable de los delitos medioambientales que puedan producirse. Al ser un modelo productivo que engloba a varios titulares, no queda claro quién tiene la responsabilidad ambiental”, explica Giménez, actual coordinadora de partido Más Región. “Es un modelo de producción industrial que coloca al ganadero integrado en una situación de total desequilibrio frente a la gran empresa”.
Entre las conclusiones de la investigación también se denuncia un “abuso de la excepcionalidad” legislativa por parte de los responsables políticos. Esto, unido a la dejadez administrativa que denuncian los colectivos activistas como Coordinadora Lorca y Valle del Guadalentín, acaba derivando en una sensación de impunidad respecto al sector porcino: “No se está controlando porque no pasarían ninguna inspección. El problema es que hay tantos políticos en la empresa como empresarios en la política. El sector ha colocado a tantísimas personas en la administración que ahora prácticamente trabajan para ellos.” explican desde la plataforma.
A través de una petición de transparencia, los investigadores de Lighthouse Reports, lamarea.com y elDiario.es han podido saber que el SEPRONA –el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil– ha denunciado únicamente 51 infracciones de 14 granjas porcinas en el área de influencia del Mar Menor en más de cuatro años (desde 2016 hasta el presente). Si tenemos en cuenta solo aquellas relacionadas con las balsas y los purines, la cifra desciende a 8 casos: 5 por contar con balsas de purines sin impermeabilizar o por no acreditar su impermeabilización; 2 por tener balsas que revosan; y 1 por rellenar inadecuadamente el libro registro de gestión de estiércoles y purines. Unos datos que, por otro lado, no sorprenden a Hormigos: “Existe una clara inactividad de la Administración pública a la hora de atender las infracciones medioambientales realizadas por las explotaciones intensivas” explica.
Desde la Consejería Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente no han impuesto ninguna sanción a granjas porcinas por problemas derivados del almacenamiento de estiércoles y purines en el ámbito de influencia del Mar Menor desde octubre de 2019, el momento en el que un informe de la propia consejería reconocía no estar actuando sobre esta problemática. Únicamente cuentan con una propuesta de apertura de 3 expedientes sancionadores, actualmente en fase de redacción. Desde la citada fecha solo se han realizado 40 inspecciones en la zona, es decir, menos de dos inspecciones al mes, según los datos enviados a este equipo de investigación.
De esta forma, la inactividad institucional sigue afectando directamente al estado ecológico del Mar Menor. Las valoraciones de los expertos tampoco son optimistas con el futuro de la cuenca: “El acuífero no se va a recuperar. Necesitaríamos muchísimas décadas”, comenta Arostegui. “Cuando se contamina un acuífero es la señal de que la contaminación está muy avanzada y de que es casi irrecuperable”. Ante una situación que sólo parece poder ir a peor, destaca aún la falta de responsabilidades y una respuesta efectiva que tome en consideración la dimensión ganadera del problema. Los vecinos y vecinas de la región, sin embargo, no se resignan a perder el paraje natural en el que se han criado. El pasado 7 de octubre, el centro de Murcia se llenó de miles de personas que pedían “futuro” para la laguna apenas un mes y medio después del último gran episodio de mortandad marina: “No pararemos hasta volver a tener un Mar Menor vivo, para nuestra generación y para las generaciones futuras”, terminó una de las portavoces.