La disputa entre los taxistas y el gobierno regional de Madrid vuelve a la casilla de salida dos años después del último gran enfrentamiento, la huelga de enero de 2019. El gremio claudicó entonces tras dos semanas de paro para reclamar una regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC), el formato con el que operan los servicios a demanda de Uber o Cabify. No lo consiguieron, y además se encontraron al poco con una reforma del reglamento del taxi que daba vía libre a la entrada de empresas -en un sector dominado por los autónomos-, la acumulación de licencias por parte de una sola sociedad o la amortización de los permisos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid la acaba de anular y, en un contexto electoral, los taxistas están muy atentos a lo que planteen los partidos. «Todo se puede hablar», avanza ahora la Comunidad de Madrid. Tanto Uber como Cabify han declinado comentar la decisión judicial.
El decreto del Taxi en Madrid incluirá un precio fijo del servicio y planes de amortización de licencias
La sentencia del Tribunal Superior llega a instancias de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), mayoritaria en el sector, que había recurrido el cambio normativo. La resolución no entra en el fondo de las reclamaciones y anula el decreto por un defecto de forma: entre el articulado que se sometió a información pública y el que finalmente se aprobó hubo cambios «esenciales», de los que se debería haber dado cuenta y no introducir de tapadillo a última hora: permitir que las personas jurídicas sean titulares de licencias, acumular múltiples permisos o autorizar que los ayuntamientos amorticen su número total.
«Esto fue como el timo del tocomocho o el juego del trilero», describe ahora Julio Sanz, presidente de la FPTM, que entiende que la norma de 2019 «ha causado mucho perjuicio», que es necesario «volver al punto de punto origen» y que hay que «enmendar, corregir y mejorar» de nuevo el reglamento original, de 2005, «pero no con estas malas artes del Partido Popular».
La referencia al PP tiene sus matices, porque quien era presidente de la Comunidad a la aprobación del decreto era Ángel Garrido, al término de un mandato breve marcado por la dimisión a regañadientes de Cristina Cifuentes. Garrido se pasó en seguida a Ciudadanos, que lo hizo consejero de Transportes en el gobierno de coalición que acaba de saltar por los aires, cuando precisamente venía anunciando una norma para regular por fin las VTC y «profesionalizar» a los conductores, a los que se iba a exigir un examen teórico. Ahora todo queda en suspenso. El departamento de Transportes, tras la expulsión de los consejeros de Ciudadanos y hasta las elecciones del 4 de mayo, ha pasado a depender de la Consejería de Vivienda, que ocupa David Pérez.
Un portavoz de la Consejería evitaba esta semana comentar los pormenores de la sentencia, de la que decía no tener aún constancia oficial, pero anunciaba voluntad pacificadora: «Tenemos disposición de diálogo, y [la sentencia] implica tener una oportunidad para volver a tratar de consensuar el reglamento, introducir mejoras y que haya una correcta convivencia entre taxi y VTC. La comunidad no tiene intención de mantener un litigio», aseguró. Sanz también tiene en cuenta la campaña: «Hay que valorar las intenciones de los que se postulan como nuevo equipo de gobierno, no sabemos qué puede pasar. Es el momento de que los grupos políticos deben dejar claro qué van a hacer con el taxi y las VTC, quiénes defienden a los ciudadanos y al sector, que nos defendemos de los caprichos de los políticos, que van dejando los puestos y nos dejan en una situación muy precaria», emplaza.
El conflicto entre taxis y VTC es una guerra de posiciones que dura más de un lustro y en el que las victorias siempre son parciales. Desde que el gobierno de Mariano Rajoy limitó la concesión de licencias VTC a una por cada 30 de taxi, pasando por las huelgas de 2018 ante la evidencia de que la proporción distaba mucho de cumplirse, o el decreto-ley de otoño de ese año, ya con los socialistas en el Gobierno, en el que se descargaba en las comunidades autónomas la regulación específica y se establecía que las autorizaciones estatales solo podrían emplearse para desplazamientos interurbanos, dando un plazo de carencia de cuatro años a modo de indemnización.
Las grandes ciudades también han intentado terciar. En Madrid, el gobierno de Manuela Carmena dejó lista una ordenanza para controlar los horarios, los lugares de estacionamiento y la circulación de los VTC sin pasajeros, pero el cambio en la alcaldía dejó la norma en suspenso. Ahora, el equipo de José Luis Martínez-Almeida ultima otro texto, que opta por «uberizar» la normativa de los taxis, autorizando los precios cerrados e imponiendo códigos de vestimenta. El futuro de la norma autonómica dependerá de las elecciones. Para entonces, faltará solo año y medio para que se cumplan los cuatro años de gracia que dio el Ministerio de Fomento; después serán las comunidades las que podrán establecer los límites en sus territorios.
En Madrid ciudad había a fecha de 1 de marzo 15.714 licencias de taxi. Las de VTC eran 8.023, casi la mitad del total estatal, según datos del Ministerio de Transportes. El presidente de la federación de taxistas madrileños avisa: «Utilizaremos todos los recursos para que se beneficie al colectivo y los usuarios. Que se cumpla la ley para todos: no se trata de desvirtuar al taxi para dar más cabida a las VTC, sino que [estas] también tienen que tener unas restricciones».