Diez años de cárcel, 29 de inhabilitación para el cargo de juez y tres multas que ascienden a 40.500 euros. Es la petición de condena que ha formulado el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, en su escrito de acusación contra el magistrado Salvador Alba. El representante del Ministerio Público reclama además una indemnización aún sin cuantificar para Victoria Rosell en concepto de responsabilidad civil por los daños que infligió a la jueza durante l a operación maquinada para perjudicar la carrera política y profesional de la también exdiputada de Podemos.

Garrido atribuye a Alba la comisión de los delitos de prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento oficial y revelación de secretos, los mismos cuatro que le imputó la instructora de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Margarita Varona, en el auto de apertura de procedimiento abreviado, el paso previo al juicio oral.

La petición de condena de la Fiscalía se une a las propuestas por la acusación particular, ejercida por Victoria Rosell en calidad de víctima, y las acciones populares, representadas por el partido político Podemos y por el periodista Carlos Sosa, pareja de la jueza, que reclaman para Alba penas de entre 12 y 13 años y medio de cárcel, de hasta 41 años de inhabilitación y multas que oscilan entre los 103.00 y los 135.000 euros. Rosell ha cifrado además en 80.000 euros la indemnización por los daños y perjuicios morales que le han ocasionado las actuaciones del juez.

El fiscal superior de Canarias considera acreditado que Alba actuó movido por un “ánimo espurio” cuando sustituyó a Rosell en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria y alteró las reglas básicas de un proceso penal que instruía, la investigación por delito fiscal contra el administrador de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, con el fin “no confesado” de “perjudicar profesionalmente” a la jueza.

Garrido sostiene que el magistrado ahora acusado “ejerció arbitrariamente el poder” que le confiere su condición y “mercadeó” con el empresario para tratar de obtener una documentación que acreditase que entre Ramírez y la pareja de Rosell existían relaciones mercantiles. Para ello tuvo que realizar “una pluralidad de acciones arbitrarias e ilícitas”, «fuera de las vías legales y con grosera infracción de las normas procedimentales”

“ Un acuerdo corrupto”

En su relato de los hechos, el fiscal recuerda que Alba concertó una reunión reservada con Ramírez días después de expresar a Sergio Armario, abogado de Seguridad Integral Canaria, su “indisimulado deseo” de incorporar a la causa los contratos de publicidad con empresas vinculadas a Carlos Sosa. En ese encuentro, celebrado el 16 de marzo de 2016 en el despacho que Alba tiene en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde ejerce como titular, el juez le solicitó “la ejecución de un favor procesal” y concertó la entrega de una documentación. Garrido mantiene que, como contrapartida, el juez asumió el compromiso de archivar la causa contra el empresario por un supuesto incumplimiento del deber de abstención de Rosell.

“Ambos se beneficiaban del acuerdo corrupto, el magistrado porque obtenía su retribución buscada de la documental contractual que, para su provecho o para el de un tercero, supondría el definitivo impulso a la querella ya promovida (por el exministro José Manuel Soria) contra la entonces diputada Victoria Rosell, y el investigado porque vería archivado su procedimiento judicial por delito fiscal”, explica.

La Fiscalía acusa a Alba de idear una estratagema para “blanquear” su “atentoria conducta contra el deber de integridad, probidad e imparcialidad que el ejercicio de la función jurisdiccional imponía al magistrado”. Según su escrito de acusación, el juez  “diseñó el modo de cómo unir a la causa los contratos que, mediante la promesa de cargarse el procedimiento judicial que instruía y de que la fiscal (Evangelina Ríos) se tendría que joder, le iba a entregar como precio del clandestino acuerdo” el empresario.

De esta manera, Alba citó de urgencia a Ramírez para tomarle declaración en sede judicial el 23 de marzo con un guión “previamente amañado” y con el compromiso de unir a las actuaciones los contratos que acreditaban un vínculo hasta 2009 (cinco años antes de la apertura de las diligencias y antes de que Rosell y Sosa fueran pareja) entre una sociedad de Ramírez, Gestiones y Asesoramiento 3.000, con “empresas con las que había estado relacionado la pareja de la anterior instructora”, así como la prestación del servicio de limpieza de las oficinas deCanarias Ahora, periódico que dirige Sosa, por medio de la empresa Ralons Servicios, propiedad del empresario. Esa declaración de Ramírez discurrió “por el camino previamente ideado, diseñado y convenido reservadamente” por ambos.

Hechos “deformados a su conveniencia”

El fiscal remarca que, una vez finalizada esta comparecencia, Alba pidió a la secretaria del juzgado una copia de la grabación, a sabiendas de que su divulgación provocaría “un perjuicio para el crédito profesional” de Rosell, y se la facilitó al periodista Fernando Lázaro, que publicó su contenido en El Mundo el 25 de marzo.

En relación al delito de falsedad documental, el fiscal expone que Alba remitió el 20 de abril de 2016 un informe al Tribunal Supremo que contenía afirmaciones “inexactas, mendaces e inveraces” y que ocultaban datos procesales clave de la investigación a Miguel Ángel Ramírez. En concreto, tapó “el hecho nuclear y decisivo del pacto reservado” que había formalizado con el empresario, su declaración “orientada”. “Deformó a su conveniencia” los hechos e “hizo pasar por espontáneo (la comparecencia del empresario) lo que urdió en secreto”, agrega.

El escrito de acusación recuerda que cinco días después de recibir este informe, la Sala Segunda del alto tribunal español admitió a trámite la querella, finalmente archivada, que José Manuel Soria presentó contra Victoria Rosell, su rival política en las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015.