La Fiscalía concluye que contratar a dedo 24 veces al cuñado del alcalde no es corrupción

El ministerio público archiva las diligencias contra José Manuel Aranda, primer edil de Calatayud y senador conservador, y contra el marido de su hermana tras concluir que una facturación de más de 30.000 euros por llevar pleitos sin concurso previo durante cuatro años encaja en la normativa local.

El alcalde de Calatayud y senador por el PP, José Manuel Aranda, durante una comisión de la cámara alta.
El alcalde de Calatayud y senador por el PP, José Manuel Aranda, durante una comisión de la Cámara Alta.  PARTIDO POPULAR

De haber concluido que así era, el siguiente episodio habría sido una denuncia ante la Sala Segunda del Supremo, ya que el acta de senador confiere a Aranda la condición de aforado estatal, una situación que no va a darse salvo que alguien opte por denunciar el asunto en la vía judicial.

La denuncia, cuyo relato de hechos no se ve cuestionada en el auto de archivo ni tampoco lo fue por el propio Ayuntamiento de Calatayud durante la investigación preliminar desarrollada por la Fiscalía zaragozana, exponía que el consistorio efectuó «una encomienda personal y directa» a R. G. M. para intervenir en «distintos procedimientos judiciales en defensa de los intereses» del consistorio «sin haber mediado ningún procedimiento de contratación, durante al menos los años 2019 a 2022″.

Esas contrataciones, añadía la denuncia, se produjeron «amparándose en la relación familiar existente, y sin mediar contrato alguno». La investigación de la Fiscalía ha constatado el segundo de esos datos, aunque el resultado de las pesquisas le lleva a no entrar si el primero pudo haberse producido.

Más de 30.000 euros por 24 pleitos en cuatro años

R. G. M., que dirige un despacho de abogados de cierto prestigio en la pequeña ciudad aragonesa, tuvo cierta relevancia mediática hace unos años al haber actuado como abogado de Francis Franco, nieto del dictador, durante una parte del proceso en el que este fue encartado por su presunta participación en un atentado a una patrulla de la Guardia Civil, asunto en el que fue exonerado por la Audiencia de Teruel tras una condena inicial en el Juzgado de lo Penal de esa provincia.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Público, entre abril de 2019 y mayo de 2022 el letrado giró al Ayuntamiento de Calatayud un total de 24 facturas por una cuantía bruta de 30.950 euros, aunque lo ingresos netos fueron de 25.842 una vez descontadas las retenciones del IRPF por valor de 5.108 euros.

Los servicios, a un ritmo de cuatro pleitos en 2019 (4.476 euros brutos), otros tantos un año después (5.808), 14 más (18.367) al siguiente y dos (2.299) en 2022, fueron facturados por R. G. M. como profesional independiente, no como servicios del despacho.

El grueso de ellos se ventilaron en la jurisdicción social o en la contencioso-administrativa, aunque en este caso con una vertiente laboral ya que muchos de ellos se centraban en asuntos de clasificación profesional y de salarios de trabajadores municipales tras la aprobación de una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo). La mayoría de estos últimos los perdió el consistorio bilbilitano.

«Queda excluida la pretendida comisión de un delito»

El «juicio inicial de valoración sobre el contenido de la denuncia» efectuado por la Fiscalía de Zaragoza concluye con el «archivo de las presentes diligencias de investigación, sin perjuicio del derecho de la parte denunciante a reproducir su pretensión por vía judicial», a partir de un «informe técnico elaborado por la técnico responsable de la Unidad de Personal» del consistorio.

Ese dictamen concluye que «cuando el valor estimado del servicio de defensa del Ayuntamiento ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social que se solicita a cualquier despacho en cualquier procedimiento no exceda de 5.000 euros (…) no se requería ninguna tramitación sustantiva o procedimental adicional más allá de la propuesta de gasto firmada por la concejal-delegada y la presentación de la factura».

Es decir, que en el Ayuntamiento de Calatayud los responsables políticos tienen cobertura legal para contratar a dedo a cualquier abogado que vaya a cobrar menos de 5.000 euros, no se aclara si brutos o netos, por defender al consistorio en una de esas dos jurisdicciones.

«Excluida la exigencia de procedimiento específico, salta a la vista que también queda excluida la pretendida comisión de un delito«, señala la Fiscalía.

Otra investigación abierta sobre la gestión municipal

La decisión de la Fiscalía supone un respiro para Aranda en vísperas de la tradicional etapa de luchas internas en los partidos políticos que rodea la configuración de las listas para las elecciones municipales, autonómicas y generales del próximo año, que se prevén especialmente tensas entre los conservadores aragoneses tras el carrusel de cambios orgánicos de los últimos tiempos.

Sin embargo, la que afectaba al alcalde y su cuñado no es la única investigación que mantiene abierta la Fiscalía de Zaragoza sobre la gestión municipal en Calatayud.

Desde hace unos meses, y tras haberle transferido las pesquisas la Fiscalía Anticorrupción por motivos de competencia, el ministerio público indaga las relaciones que mantiene con el consistorio la empresa Transfer, especializada en señalización vial y en la que trabaja como jefe de producción el concejal de Movilidad, Héctor Sarria, también del PP.

Esa firma ha resultado adjudicataria de algunas contratas municipales y ha participado en la ejecución de otras como subcontratada, en muchos casos con el área que dirige el edil como responsable de la supervisión de esos trabajos.

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Archivos de los servicios secretos de Polonia señalan a Juan Pablo II como encubridor de pederastas

Una investigación asegura que Karol Wojtyla no actuó con decisión en varios casos de abusos en Cracovia, una dinámica que se perpetuó durante su etapa como Papa, con casos tan escandalosos como los de Marcial Maciel, Karadima o la trama de Boston

Transmisión en 3D de la canonización de Juan Pablo II.Transmisión en 3D de la canonización de Juan Pablo II. Archivo EFE / Christian Escobar Mora

“Durante su misión como arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla sabía de sacerdotes que abusaban de niños y los ayudaba a evadir el castigo, incluso transfiriéndolos a otras parroquias”. Estas duras acusaciones pertenecen al periodista holandés Ekke Overbeek, quien durante años ha estado investigando documentos de la Iglesia polaca que, asegura, demostrarían que el futuro san Juan Pablo II encubrió agresiones sexuales a menores, y que lo siguió haciendo siendo Papa. Casos escandalosos como los de Marcial Maciel, el ex cardenal McCarrick o la protección en Roma del cardenal de Boston, Bernard Law, tras la publicación de ‘Spotlight’, impidiendo que fuera juzgado en Estados Unidos, así lo demuestran.

“Nunca fue parte de la solución, sino del problema”, constata el periodista, quien ha publicado un avance de su investigación en Nieuwsuur. El grueso de tres años de análisis de documentos de los servicios secretos de la dictadura polaca –la Iglesia del país tiene cerrados los archivos de la época hasta 2042– saldrán a la luz el año que viene en un libro que lleva por título Máxima culpa y que demuestra cómo Wojtyla tapó los casos de al menos cuatro sacerdotes. La Iglesia del país ha salido en tromba a defender al Papa polaco, elevado a los altares por Francisco en 2014 en una canonización exprés.

“Encontré casos concretos de sacerdotes que abusaron de niños en la archidiócesis de Cracovia, donde el futuro Papa era arzobispo. El futuro Papa lo sabía y, sin embargo, trasladó a esos hombres. Eso dio lugar a nuevas víctimas”, subrayó el investigador.

Uno de esos depredadores fue el sacerdote Eugeniusz Surgent, quien mantuvo correspondencia con el futuro Juan Pablo II durante su estancia en prisión y que, tras su salida, pudo seguir trabajando como sacerdote. Esta revelación tira por tierra los argumentos de los defensores de Wojtyla, que sostienen que el polaco solo comenzó a conocer casos de abusos en 1985, cuando recibió un informe de un sacerdote estadounidense, quien le alertó de lo que, casi dos décadas después, explotó en Boston. Las revelaciones de Overbeek demostrarían que, ya desde la década de los sesenta, el futuro Papa conocía de primera mano la existencia de abusos y tuvo la oportunidad de acabar con ellos de raíz. Y que no lo hizo.

Cultura del encubrimiento

Y es que, ante las denuncias de abusos, Wojtyla optó por transferir a los sacerdotes pederastas a otras parroquias, o con sus familias. En los casos más graves, instaba a los depredadores a pasar una temporada en un monasterio. Pero no eran sancionados con la expulsión del ministerio ni, mucho menos, denunciados ante las autoridades. La persecución de la Iglesia polaca durante la dictadura podría haber explicado algunas de esas actuaciones, aunque no justificarlas. Pero las decisiones posteriores de Wojtyla, ya siendo Juan Pablo II, confirman que la cultura del encubrimiento fue una constante de su pontificado.

La reacción, como casi siempre, vino tarde. Tal y como confirma Nieuwsuur, mientras Overbeek estaba dando los toques finales a su libro, la iglesia polaca se puso en contacto con las víctimas de Surgent, y anunció que se había decidido investigar la época. En Polonia, han sido varios miles de víctimas las que han denunciado abusos a menores. La Comisión Estatal creada en 2020 ha constatado cómo el 30% de los abusos perpetrados en el país tuvieron como responsable a un miembro de la Iglesia católica. Ni la diócesis de Cracovia ni la Santa Sede han querido participar en el reportaje del programa holandés.

“Casi todos los documentos que se han recopilado directamente sobre Wojtyla han sido destruidos, pero se lo menciona muy a menudo en otros que no lo fueron. Y si los pones todos juntos, son piezas de un rompecabezas que forman la imagen de cómo se manejó el abuso infantil por parte de los sacerdotes”, asegura Overbeek, quien sostiene que “el razonamiento de la Iglesia, de los defensores del Papa, se reduce al hecho de que él no lo habría sabido (de los abusos); que comprendió la gravedad de la situación muy tarde y que primero pensó que era un problema de Estados Unidos. Todos esos argumentos ahora pueden descartarse”.

La Iglesia polaca, en tromba en su defensa

Sin embargo, la prensa católica polaca ha salido en tromba a defender a su pontífice santo. Así, tal y como recoge Katholich.de, el diario Rzeczpospolita, de Varsovia ha dado recientemente un informe favorable a Wojtyla, recogiendo un caso de abusos datado en 1970 en el que el futuro Juan Pablo II tomó “todas las decisiones necesarias en aquel momento’: expulsión rápida de la parroquia, suspensión y orden de vivir en un monasterio hasta que se resolviera el asunto”.

Estos medios añaden que los documentos del servicio secreto del régimen comunista de la época “deben ser evaluados con cautela” . Por su parte, quien fuera postulador de la causa de canonización de Juan Pablo II, Slawomir Oder, ve las acusaciones de encubrimiento contra Karol Wojtyła cuando era arzobispo de Cracovia como “completamente absurdas”. Así lo ha destacado a la agencia de noticias católica polaca KAI en una entrevista en la que confirma que todas estas cuestiones fueron investigadas por la postulación.

Oder, quien también trabaja por la canonización de los padres de Wojtyla, rechaza cualquier acusación de que el Papa polaco favoreciera o escondiera bajo la alfombra los abusos sexuales a menores cometidos por parte de sacerdotes. Para él, estas acusaciones no son más que un intento de socavar la autoridad de Juan Pablo II que es comparable a la “eterna lucha entre el bien y el mal”. El postulador ve la mano del diablo que vuelve para luchar contra este Papa, que fue un “poderoso intercesor del pueblo ante Dios”.

Lo cierto es que, junto al drama de la pederastia en la Iglesia, subyace una cuestión mucho más profunda, y que revela la dinámica de encubrimiento que se dio durante décadas en la institución a nivel mundial, y que tuvo en Juan Pablo II a su máximo exponente. Un Wojtyla que, durante años, ni hizo caso a las denuncias de abusos contra algunos de los máximos exponentes de la restauración conservadora tras la apertura del Concilio Vaticano II y que amparó a pederastas tan famosos como el fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel, al que llegó a llamar “apóstol de la juventud”.

Y es que, pese a que las acusaciones en su contra llegaron a Roma ya en 1988 (anteriormente, en 1954, siendo Papa Pío XII, ya habían aparecido denuncias que finalmente cayeron en el olvido), Juan Pablo II no quiso abrir expediente alguno contra Maciel. Hoy ambos han fallecido: el fundador de la Legión, como el mayor depredador de menores de la historia reciente de la Iglesia; el Papa polaco, como santo universal.

El caso de Maciel no fue el único. El líder del Sodalicio, Luis Figari, también campó a sus anchas durante años, como lo hizo Theodore McCarrick, uno de los cardenales más poderosos de Estados Unidos y al que Francisco arrebató la púrpura y hoy está siendo juzgado por tribunales norteamericanos.

Los Legionarios de Cristo tardaron más de tres décadas en reconocer los abusos de su fundador, protegido como en el caso de McCarrick por Juan Pablo II y su fiel secretario Estanislao Dzwisz, que hace pocos meses fue absuelto en una investigación sobre abusos en Polonia que amenazaba con implicar al propio Papa polaco.

La contrapartida, en ambos casos, era evidente: una fuerte financiación proveniente de México y Estados Unidos, y nuevas vocaciones sacerdotales para el proyecto de involución en la Iglesia católica. Roma cumplió, ninguno pisó la cárcel. El último ejemplo, el de los abusos de Nicola Corradi en el Instituto Próvolo de La Plata, declarados prescritos por la Justicia.

En otros casos, como el de Fernando Karadima, uno de los formadores de buena parte del episcopado chileno, y abusador impune durante años, terminaron por juzgarse. Otros no corrieron con tanta suerte. Cuando en 2002 estalló el escándalo por la investigación del Boston Globe, que reveló miles de casos de pederastia y que llevó a la bancarrota a media iglesia católica de Estados Unidos, el cardenal de Boston, Bernard Law, dimitió de su cargo pero, en lugar de afrontar sus responsabilidades, viajó a Roma… y nunca regresó. La Santa Sede, primero con Juan Pablo II y después con Benedicto XVI, denegó las peticiones de extradición de la justicia norteamericana, y acabó muriendo entre los muros vaticanos.

Ratzinger, al banquillo

Wojtyla no es el único Papa acusado de encubrimiento. El mismo Benedicto XVI tendrá que declarar en las próximas semanas acusado de haber amparado a un cura pederasta cuando era arzobispo de Múnich, y se convertiría en el primer pontífice en sentarse en el banquillo por su potencial responsabilidad en los abusos de la Iglesia.

La polémica estalló en 2016 a raíz de las acusaciones de abusos contra el sacerdote Peter Hullermann, trasladado a la diócesis pastoreada por Ratzinger tras ser encontrado culpable de abusos en Essen. Ahora ha llegado a los tribunales, que tratarán de dilucidar si el Papa emérito aceptó la llegada del cura sabiendo las razones de su traslado, y determinará las posibles consecuencias civiles y penales de su posible encubrimiento. Ratzinger, de 95 años, en ningún caso podría entrar en prisión.

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