Hace unos días supe por casualidad de la existencia en el Congreso de los Diputados de una pintura titulada “Ejecución de los Comuneros de Castilla”. El cuadro pertenece a Antoni Gisbert y data de 1860. En él se rememora la decapitación de Juan de Padilla, Juan Bravo, y Francisco Maldonado, líderes de la revuelta que unió a una parte de la nobleza y del campesinado contra los abusos de Carlos de Hasburgo, en 1521. La derrota de los comuneros supuso la abolición de las libertades castellanas, pero también el inicio de una larga lista de actuaciones monárquicas contra el autogobierno de los pueblos peninsulares, que se agravaría de manera especial durante la dinastía borbónica. Lo llamativo es el desconocimiento y el olvido que rodean este episodio.
El caso del cuadro del Congreso ya es revelador. El propio Gisbert es un artista poco conocido. Y sin embargo, tuvo un papel destacado entre los pintores de su generación. Buena parte de su obra está dedicada a popularizar revueltas democráticas y antimonárquicas de la historia española. Desde la ejecución de los comuneros castellanos al fusilamiento del general Torrijos, enconado luchador contra el absolutismo de Fernando VII. La preocupación por estos temas no resulta extraña si se tiene en cuenta que Gisbert había nacido en Alcoy, plaza emblemática del liberalismo progresista, del republicanismo y del socialismo y el anarcosindicalismo más tarde.
Ya en su tiempo, mientras el republicanismo se extendía en diferentes ciudades de España, su retrato de los comuneros ejecutados fue presentado como una crítica a la monarquía y como “un grito de rebeldía por la defensa de las libertades”. Nunca antes estas gestas populares habían encontrado un reconocimiento similar en el mundo de la pintura. También por eso, el arte de Gisbert tuvo dificultades para hacerse un sitio. El cuadro acabó en el Congreso gracias a las gestiones del dirigente progresista Salustiano Olózaga. Sin embargo, poco a poco caería en el olvido, y hoy se encuentra, prácticamente escondido, en una escalera de emergencia de la primera planta del edificio.
La invisibilización de las libertades castellanas abolidas tras la batalla de Villalar, en Valladolid, contrasta con la importancia que ha tenido en la reflexión de destacados defensores del federalismo, el republicanismo y la plurinacionalidad en la historia española posterior. Un buen ejemplo de ello es el de Anselmo Carretero, uno de los intelectuales del PSOE que con más profundidad pensó esta cuestión.
Nacido en Segovia e ingeniero industrial de profesión, Carretero había luchado en el bando republicano durante la Guerra Civil y tras el triunfo del bando franquista acabó exiliado en México. Desde allí, y hasta su muerte en 2002, escribió numerosas obras –Las nacionalidades españolas (1952 y 1977) o Los pueblos de España(1980)– en las que defendió con originalidad diversas propuestas de organización federal para lo que el mismo definía como una “nación de naciones”.
En sus trabajos, Carretero sostenía que los antiguos reinos hispánicos habían ido configurando la personalidad de los pueblos ibéricos modernos y que su evolución política, social y económica había determinado las diferencias existentes entre ellos. Una de sus tesis más sugerentes era que el unitarismo que ahogaba esta diversidad no podía achacarse a Castilla, sino al autoritarismo monárquico. En su opinión, Castilla había sido originariamente un país municipalista, federal y democrático. Y los propios comuneros castellanos que en 1521 luchaban contra los impuestos abusivos y la prepotencia de Carlos I habían sido las primeras víctimas del centralismo oligárquico concentrado en Madrid. En otras palabras, Carretero defendía que no había sido Castilla, sino las monarquías absolutistas de los Austrias, y sobre todo, de los Borbones, quienes habían limitado las ansias de autogobierno de los diversos pueblos peninsulares.
Esta tesis de Carretero, en realidad, había sido sostenida por otros pensadores republicanos en momentos clave de la historia española. De entrada, por Francesc Pi i Margall, el más destacado –y por desgracia, olvidado– teórico del federalismo peninsular, quien llegó a ser presidente de la I República española en 1873. Y también por pensadores como Fernando de los Ríos o Manuel Azaña, quienes defendieron estas ideas en los debates sobre la Constitución republicana de 1931 y sobre el Estatuto de Cataluña de 1932.
Pi dibujó de manera precisa el papel que el despotismo monárquico había tenido en la supresión violenta de la realidad plurinacional de la península. En su obra principal, Las nacionalidades, de 1887, dejó escrito que “Castilla fue, entre las naciones de España, la primera que perdió sus libertades; las perdió en Villalar, bajo el primer rey de la casa de Austria” Y así, “esclava, sirvió de instrumento para destruir la de los otros pueblos: acabó con las de Aragón y las de Cataluña bajo el primero de los Borbones”.
Esta lectura de la historia llevaba a Pi a otra conclusión: las resistencias a las políticas centralizadoras y uniformistas de los Borbones llevadas a cabo por diferentes pueblos hispanos debía ser vista como una defensa de las libertades de todos ellos. Esa fue su opinión señalada sobre la resistencia que en Cataluña enfrentó a las tropas de Felipe V en 1714. Refiriéndose a la derrota de los rebeldes que defendían el autogobierno contra el ejército borbónico, Pi escribió una frase resumía claramente esta idea: “allí, en aquel fuego, ardieron no solo las instituciones de Cataluña, sino también la libertad de España. Se había alcanzado la unidad política, pero la unidad en el despotismo”.
Estas palabras impresionaron a dirigentes republicanos de comienzos del siglo XX, como el propio Manuel Azaña. Azaña, como es sabido, fue uno de los defensores más convencidos del Estado integral –o mejor, integrador– previsto en la Constitución de 1931, así como del Estatuto de Cataluña, en 1932. En su defensa del Estatuto, precisamente, se sumó a la ya consistente tradición republicana que señalaba a la monarquía católica, centralista, como la auténtica enemiga del autogobierno del conjunto de pueblos peninsulares y de la fraternidad entre ellos. En su discurso antes las Cortes, Azaña insistió en recordar que la “región castellana” había sido “la primera confiscada y esclavizada” por exigir en 1521 unas libertades y un autogobierno que solo la nueva Constitución republicana había sido capaz de garantizar. En esa larga historia, alegaba Azaña, había que situar las propias reivindicaciones catalanas, puesto que Catalunya era, de hecho, “el último Estado peninsular procedente de la antigua monarquía católica que sucumbió al peso de la Corona despótica y absolutista”. Por eso mismo, concluía Azaña retomando las viejas palabras de Pi, “el defensor de las libertades catalanas [de 1714] pudo decir, con razón, que él era el último defensor de las libertades españolas”.
Que la memoria de estas gestas, así como la de numerosas iniciativas municipalistas, federales, confederales y republicanas de los siglos XIX y XX, no haya emergido con más fuerza entre nosotros, no parece gratuito. Y es que la pulsión centralista, uniformadora, impulsada por los Borbones y por dictaduras como las de Primo de Rivera o Franco, no ha dejado de actuar sobre el presente. Es más, en los últimos tiempos, con la excusa de la crisis económica o del conflicto abierto en Catalunya, la hemos visto cobrar nueva fuerza de la mano de las derechas radicalizadas de Vox, el PP o Ciudadanos.
Este neo-nacionalismo español que azuza el enfrentamiento y la desconfianza entre los pueblos y gentes de la península, convirtiendo la “indisoluble unidad de la Nación española” en un elemento de imposición y de criminalización de los adversarios políticos, no es nuevo. Hunde sus raíces en una larga historia de abusos y de ataques al autogobierno que tiene en la represión de los Comuneros de Castilla uno de sus momentos fundantes.
La virulencia de los nuevos recentralizadores puede llevar a pensar que lo prudente sería esconder a los comuneros –como ya ocurre con su cuadro en el Congreso– evitando así “provocar” a quienes podrían sentirse interpelados por su memoria. Pero sería un error enorme. Y es que lo que la España y la Europa actual reclaman es precisamente lo opuesto: poner a dialogar a las diferentes tradiciones que a lo largo de la historia peninsular han pugnado por buscar un acomodo democrático, libremente consentido, a la pluralidad de los pueblos y gentes de la Pell de Brau a la que se refería Salvador Espriu.
Esto significa, desde luego, recuperar el pensamiento olvidado de Pi, de Azaña, e incluso del propio Carretero (que no por casualidad tuvo un papel destacado en los diálogos establecidos entre los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall). Pero también supone rescatar las propuestas de otras figuras como Castelao, el portugués Antero de Quental, Blas Infante, Lluís Companys, Salvador Seguí, Federica Montseny, y muchos otros que intentaron hacer un sitio a alternativas federales y confederales más acordes con la realidad plurinacional de la península.
Zapatero tuvo valentía al menos de abrirse a este debate. Pedro Sánchez, no. Apeló al federalismo y la plurinacionalidad para hacerse con la Secretaría General de su partido. Pero desde entonces ha intentado contemporizar con las pulsiones recentralizadoras presentes tanto en su partido como en Ciudadanos o el Partido Popular. Seguramente haría falta un impulso ciudadano, social, transversal y amplio, para modificar esta actitud. Porque lo contrario –secundar a la derecha nacionalista, pensar que la democracia en España puede avanzar sin que su plurinacionalidad de facto devenga plurinacionalidad política, de iure– sería un error. Una ilusión peligrosa que volvería a mancillar la memoria de los comuneros castellanos y que pondría en riesgo, como otras veces en la historia, libertades de todos arduamente conquistadas.
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