El juez investiga si el Gobierno de Rajoy pagó con fondos reservados seguimientos al extesorero
El Periódico de Catalunya / Madrid
09·09·20 | 10:08
El extesorero del PP Luis Bárcenas, en 2017. EFE
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha levantado el secreto de sumario de la pieza 7 de la macrocausa ‘Tándem’, también conocida como el ‘caso Villarejo’, y estudia imputar a dos exministros del PP: Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal. Estas son las claves de la investigación judicial.
¿Qué se investiga en la macrocausa ‘Tandem’?
Las pesquisas tratan de esclarecer las presuntas actividades ilícitas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre del 2017. La macrocausa consta de ocho piezas y la operación Kitchen es la séptima de ellas.
¿Qué se investiga en la operación Kitchen?
La tesis de los investigadores es que se costeó con dinero de los fondos reservados un operativo parapolicial cuyo fin sería conseguir documentación comprometedora para el PP que pudiera conservar el extesorero del partido Luis Bárcenas, con el objetivo de ocultársela a la justicia. Cuando sucedieron los hechos, ya estaba abierta la investigación judicial por la presunta financiación irregular del partido al hilo de la ‘trama Gürtel‘. La operación Kitchen nació a raíz del descubrimiento de un ‘pendrive’ en el domicilio de Villarejo en el que se habla del citado operativo parapolicial.
¿Cuántos imputados hay?
La investigación se inició en el 2018 y, desde entonces, las actuaciones se han dirigido ya contra el máximo mando de la policía en aquella época, el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, así como sus adjuntos y diversos comisarios e inspectores, incluidos el propio Villarejo y el que fuese jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño. En cuanto a políticos, ya estaba siendo investigado el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien hasta la fecha ha preferido no declarar. A él se podrían sumar Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior y superior directo de Martínez, y María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y exsecretaria general del PP. También está imputado el empresario Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal.
¿En qué consistió la operación?
Esta operación policial encubierta se puso en marcha entre el 2013 y el 2014 por parte de Villarejo (entonces adjunto a la DAO de la Policía) y se trataba de un plan para captar como confidente a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas. Para ello, presuntamente se usaron fondos reservados aprobados cuando Fernández Díaz era ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy. La operación coincidió con el escándalo sobre la fortuna del extesorero y los presuntos pagos en dinero negro a dirigentes del PP. Bárcenas ingresó en prisión el 27 de junio de 2013.
¿Qué papel jugaba cada uno?
Sergio Ríos, chófer del matrimonio Bárcenas. Habría recibido 48.000 euros de los fondos reservados del Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas, conseguir documentación comprometedora para el PP y pasarla a mandos de la Policía. La operación se llama ‘Kitchen’ en referencia al propio Ríos, apodado como ‘el cocinero’.
Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad. Se investiga si autorizó el pago de los fondos reservados para Kitchen. Hasta ahora se ha negado a declarar ante el juez, pero ha tirado de la manta ante la Fiscalía Anticorrupción. Advirtió en varios mensajes de que si él era citado a declarar, posteriormente lo sería Jorge Fernández Díaz y «probablemente MR», en referencia a Mariano Rajoy.
La cúpula policial de la época. El entonces Director Operativo Adjunto (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, habría encargado a sus subordinados obtener del chófer de Bárcenas información «que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado» -al que definen como ‘zulo’- dicha documentación comprometedora para pasarla después a la cúpula policial. Entre dichos subordinados estarían los entonces inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, el que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, y los comisarios Enrique García Castaño y Manuel Gómez Gordo.
Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior. Anticorrupción cree que los «indicios» de su participación para que se llevara a cabo la operación Kitchen «son muy numerosos y concluyentes», como cuatro mensajes de móvil que envió a su número dos. En uno de ellos escribió: «La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe (…) ese material lo había dado ‘B’ a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda».
María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP. Según la fiscalía, tenía un «interés personal» en el espionaje a Bárcenas porque la documentación que se buscaba en la operación era «supuestamente comprometedora para ella» y también para otros altos dirigentes del partido.
Decenas de pruebas sobre los 20 años de corrupción estructural en la formación de Aznar y Rajoy llegan a juicio
A… pero B
Dinero que el Partido Popular declaró al Tribunal de Cuentas como ingresos procedentes de donativos anónimos que en realidad formaban parte de su caja b. El PP recibió entre 1990 y 2008 donativos de varias decenas de empresarios, muchos de ellos contratistas de la administración pública, y en muchos casos por cantidades superiores a los 60.000 euros al año, según los papeles de Bárcenas. La Ley de Financiación de Partidos Políticos prohibía expresamente recibir donaciones de empresas que contrataban con la Administración, y prohibía recibir más de 60.000 euros al año de un único donante.
La ley estableció este veto para evitar que una empresa tuviera la tentación de donar grandes cantidades de dinero a un partido a cambio de que le adjudicasen contratos públicos.
Con una parte de esas cantidades que engrosaban la caja b, el PP pagó distintos servicios del partido: sobresueldos trimestrales y semestrales a los principales dirigentes, distintas ayudas a otros cargos, obras en su sede central, pagos para adquisición de sedes provinciales o compra de participaciones de un medio de comunicación, según Bárcenas. Con el sobrante, el tesorero troceaba las aportaciones de empresarios en cantidades inferiores a 60.000 euros y las ingresaba en una sucursal del Banco de Vitoria en la cuenta oficial de donativos del PP. Con esta treta el PP conseguía blanquear parte del dinero opaco.
Acebes, ÁngelMinistro de Interior y secretario general del PP entre 2004 y 2008
Los papeles de Bárcenas registran pagos de sobresueldos en b a Ángel Acebes durante su etapa como secretario general del partido. Eran pagos no declarados a Hacienda, ni por el PP ni por Acebes, que niega haber recibido ese dinero.
Entre los gastos anotados por Bárcenas en sus papeles figura la compra de participaciones de Libertad Digital, medio de comunicación afín al PP que por aquel entonces aireaba las teorías de la conspiración sobre la participación de ETA en los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004.
Ángel Acebes, tras una reunión del comité de dirección del PP, en 2004.MG / EFE
Bárcenas sostuvo ante el juez que Acebes ordenó la compra de aquellas participaciones. “No recuerdo si hablé con el tesorero de este tema y si el partido compró acciones”, declaró este al juez. Acebes aseguró que en su partido nadie tenía constancia de que existiera una caja b y eludió cualquier responsabilidad sobre la gestión financiera: “Yo no era el superior jerárquico de Álvaro Lapuerta. No es mi competencia controlar al tesorero. No tuve responsabilidad en materia económica. El cargo de secretario general era un cargo político, no contable”. Los secretarios generales del PP de la etapa investigada repitieron estos argumentos cuando el juez les preguntó por su responsabilidad.
Acusados
Cinco personas se sentarán en el banquillo de los acusados. Dos cargos del Partido Popular, el extesorero, Luis Bárcenas; y el exgerente, Cristóbal Páez, como responsables de la gestión financiera del partido. Y tres profesionales del despacho de arquitectura, entre ellos el propietario Gonzalo Urquijo, que dirigió las obras de reforma de la sede del PP en Génova 13 y que supuestamente cobró en negro una parte de los trabajos y no pagó los impuestos correspondientes. El juicio también va contra el PP como responsable civil subsidiario por los impuestos que supuestamente no abonaron sus gestores financieros, Páez y Bárcenas.
Arenas, JavierMinistro y secretario general del PP entre 1996 y 2000
Participó en la reunión del Palacio de La Moncloa en la que Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, acordaron con Mariano Rajoy los términos en los que el extesorero continuaría cobrando del partido pese a su imputación en el caso Gürtel. Durante más de dos años, Bárcenas conservó secretaria, chófer y una sala de la sede nacional del PP donde guardaba sus documentos, además de recibir uno de los mayores sueldos del partido: 200.000 euros al año.
Arenas, como secretario general del PP (2000-2004), figura entre los dirigentes que cobraba sobresueldos trimestrales, según los papeles de Bárcenas. En su declaración ante el juez Ruz negó haber cobrado sobresueldos y tener competencias sobre la gestión de las finanzas del partido. Durante la investigación, el entorno de Bárcenas sugirió que había una conversación grabada entre el extesorero y Javier Arenas donde se destapaba el escándalo. Nunca se ha localizado dicha grabación.
ArquitectoGonzalo Urquijo
El PP reformó casi al completo la sede nacional del partido durante varios años. El proyecto y la ejecución de las obras se le encargó a la empresa UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES, propiedad del arquitecto Gonzalo Urquijo. La investigación descubrió que una parte de los trabajos de la sede principal del PP fueron abonados “con fondos ajenos al circuito económico legal” de una “caja B” de la formación política. La empresa de arquitectura no pagó ni el IVA ni el impuesto de sociedades correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008 por más de un millón y medio de euros, según la investigación.
Aznar, José MaríaPresidente del Gobierno entre 1996 y 2004, presidente del PP entre 1990 y 2003
Cuenta que nunca supo nada sobre los manejos de Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas entre 1990 y 2004, cuando dirigió el PP. Esa ha sido su respuesta cada vez que le han preguntado, aunque nunca en presencia de un juez. La primera vez que declarará por la caja b del PP será como testigo en el juicio de la Audiencia Nacional. Aznar contestó así hace dos años en el Congreso de los Diputados: “Sobre la supuesta caja b del PP, mientras usted no demuestre su existencia —y no está demostrada su existencia— yo digo que no existe ninguna caja b del Partido Popular, lo afirmo. Por tanto, no existe ninguna organización del Partido Popular dedicada a cometer actos delictivos. Otra cosa distinta es que puede haber personas que hayan hecho actos que se hayan situado fuera de la ley o no hayan sido respetuosos con la legalidad, pero hay que diferenciar muy bien lo que significa la organización de lo que significan algunas personas en relación con la organización”.
El expresidente del Gobierno José María Aznar durante su comparecencia en el Congreso, en 2018. JAIME VILLANUEVA
Bárcenas, Luis
Se ocupó de las finanzas del PP desde los 34 años hasta los 53, como gerente primero (1990-2008) y como tesorero después (2009). Trabajó siempre desde la sala de máquinas de Génova, 13, y sólo desde 2004 entró en las instituciones al ser elegido senador por Cantabria. Dejó su escaño en 2010 por su imputación en el caso Gürtel. Fue condenado a 29 años de cárcel en esa causa. Ahora afronta un nuevo juicio donde la Fiscalía le pide cinco años de cárcel por delito fiscal, apropiación indebida y falsedad documental.
Bárcenas sostiene que el sistema de financiación ilegal que controló desde 1990 no es ni un invento suyo ni tampoco es secreto, pues lo conocían los principales dirigentes del partido, que en esos años fueron José María Aznar y Mariano Rajoy como presidentes, y los secretarios generales, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal. Cuenta Bárcenas que estos dirigentes conocían la donación opaca que hacían los empresarios y decidían en qué se gastaba ese dinero. Y que los secretarios generales y vicesecretarios del PP cobraron sobresueldos trimestrales o semestrales de esa caja b.
La gestión de Bárcenas como gerente y tesorero en el PP coincidió con un enriquecimiento personal que no se correspondía con sus ingresos laborales y que le llevó a esconder en dos cuentas suizas hasta 48 millones de euros. Bárcenas atribuyó esa fortuna nunca declarada a sus negocios privados y a su pericia en las inversiones bursátiles. Pero el extesorero nunca pudo acreditar que las cantidades que ingresó en Suiza procedían de sus negocios privados.
Caja b
El juez José de la Mata hace esta descripción del sistema de financiación ilegal de la formación conservadora. “El Partido Popular utilizó entre 1990 y 2008 una contabilidad paralela o “Caja b” que se habría nutrido de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial, y que, de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, habría sido destinada, al menos, a los siguientes fines:
a) al pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el Partido.
b) al pago de gastos generados en campañas electorales.
c) al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido o relacionados con su actividad.
d) así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del Partido”.
Cohecho
El juez Pablo Ruz llegó a imputar a los empresarios que supuestamente habían donado grandes cantidades de dinero al PP, según la contabilidad paralela de Bárcenas. Pero los informes periciales que solicitó no fueron capaces de determinar si las supuestas aportaciones de los empresarios estaban vinculadas a la adjudicación de contratos públicos, lo que hubiera supuesto un delito de cohecho. El juicio del caso Gürtel, la trama corrupta que se enriqueció con adjudicaciones amañadas en administraciones gobernadas por el PP, permitió reabrir la investigación del supuesto cohecho tras la confesión de algunos implicados. El juez Santiago Pedraz, actual instructor, tiene abierta una investigación sobre las adjudicaciones de seis ministerios a empresas donantes del PP durante la etapa de Gobierno de José María Aznar.
Cospedal, Dolores
Era la secretaria general del PP en los últimos meses de funcionamiento de la caja b. Sostiene que nunca conoció la existencia de ese mecanismo de financiación ilegal y que no cobró los dos sobresueldos de 7.500 euros anotados en los papeles de Bárcenas. Demandó al extesorero del PP y logró que la Audiencia Provincial de Toledo obligase a Bárcenas a indemnizarle con 50.000 euros por vulneración al honor.
Dolores de Cospedal, en el centro de la primera fila de la sala de vistas, escucha, sin mirar al monitor, la respuesta de Bárcenas a través de videoconferencia desde la cárcel, en 2013.ULY MARTIN
Cospedal contactó con el comisario José Manuel Villarejo cuando estalló el escándalo para estudiar estrategias de defensa del partido para obstaculizar las investigaciones del caso Gürtel o responder a las maniobras de Luis Bárcenas. Su director general de seguridad en el Gobierno de Castilla-La Mancha, el policía Andrés Gómez Gordo, participó en la captación de un confidente para espiar a Bárcenas e intentar sustraerle documentación comprometedora para el PP, según la investigación abierta en la Audiencia Nacional en el caso Kitchen.
Del BurgoJaime Ignacio
Diputado de UPN que entre 1991 y 1992 hizo de correo para llevar dinero de la caja b al entonces consejero de Salud del Gobierno navarro, Calixto Ayesa. El juez Ruz le preguntó y Del Burgo confirmó que él personalmente había hecho las entregas de efectivo que Bárcenas apuntaba en la contabilidad paralela del PP.
Pregunta. ¿Le concuerda a usted haber hecho seis recogidas entre 1991 y 1992?
Respuesta. Reconozco que recogía esas cantidades que se le daban al señor Ayesa. Si el señor Ayesa dice que totalizaban 3,9 millones [de pesetas], pues esa es la verdad. Además, coincide con las anotaciones que hay ahí [en referencia a los papeles de Bárcenas]. Yo reconozco que efectivamente esas anotaciones pueden ser absolutamente ciertas. Es verdad que yo recogía dinero, esas cantidades son correctas yo no tengo nada que decir. Como no era un asunto que no me tocaba de forma personal, no contaba el dinero, me limitaba a recogerlo y trasladarlo.
P. ¿Quién toma el acuerdo de pagar esas cantidades?
R. El presidente, el presidente del partido.
P. ¿Quién era?
R. José María Aznar.
Delito fiscal
El Partido Popular no presentó declaración por el impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio de 2008 ni efectuó pago alguno a cuenta por este tributo en dicho ejercicio, según el juez instructor del caso de la caja b. El PP entendió aquel año que no estaba obligado por ley a hacerlo y tramitó su baja en la declaración de este impuesto.
El juez relata que el PP omitió la presentación de la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a 2008 sobre las donaciones ilegales que registró Bárcenas en sus papeles —más de un millón de euros en un año electoral—, lo que significa que “habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública una cuota de, al menos, 220.167 euros”. Esa cuota defraudada supondría la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, imputable a quien actuara como administrador o responsable legal de la formación política, en esto caso el tesorero, Luis Bárcenas, y el gerente de la formación, Cristóbal Paez. Con el dinero de las donaciones ilegales se pagaron parte de las obras de reforma de la sede del PP.
Donación anónima
La Ley de Financiación de los Partidos Políticos permitía las donaciones anónimas: no había que declarar ante nadie el nombre de la persona o empresa que aportaba al dinero. Este hecho impedía un mínimo control por parte del Tribunal de Cuentas sobre la legalidad de esas ayudas. Aunque la ley prohibía expresamente aportaciones superiores a 60.000 euros al año de un único donante, y también prohibía que pudieran donar empresas contratistas de la administración, la trampa era muy sencilla. Según lo investigado en el caso de los papeles de Bárcenas, el sistema del PP era imposible de descubrir por parte del Tribunal de Cuentas. Un donante anónimo, contratista de la administración pública, entregaba al tesorero del PP un sobre con 180.000 euros en efectivo. El tesorero hacía tres paquetes de 60.000 euros y ordenaba al cajero del PP que lo ingresara como tres donaciones anónimas. En la contabilidad oficial del PP quedaba reflejado como un asiento absolutamente legal, y el Tribunal de Cuentas nunca puso la más mínima objeción.
Garzón, Baltasar
El juez que desarticuló desde la Audiencia Nacional la trama corrupta que dirigía Francisco Correa para enriquecerse a través de los contratos amañados que dirigentes del PP adjudicaban a sus empresas. Garzón fue condenado e inhabilitado por ordenar grabaciones en la cárcel a los principales imputados con sus abogados. Fue la primera víctima del caso Gürtel que él destapó.
Baltasar Garzón, durante el juicio contra él en el Tribunal Supremo, en el que se enfrenta a la acusación de prevaricación por ordenar las escuchas en la instrucción del ‘caso Gürtel’, en 2012.CLAUDIO ALVAREZ
Iglesias, Rosalía
La esposa de Luis Bárcenas ingresó en prisión hace dos meses para cumplir una pena de 12 años tras confirmarle el Supremo la condena de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel. Aunque era su marido quien llevaba la gestión del patrimonio de la pareja, el tribunal consideró que Rosalía Iglesias “tenía pleno control y capacidad de gestión sobre las cuentas bancarias de su titularidad, suizas o españolas, a través de las que el matrimonio ocultó su patrimonio y lo hizo circular”. Bárcenas sostiene que su mujer sólo firmaba los papeles que él le entregaba. Pero el tribunal atribuyó a Iglesias “una conducta claramente activa en orden a cooperar en esta dinámica de defraudación, ocultación y posterior afloramiento del dinero ilícitamente obtenido por su esposo”. “Su participación”, concluye la sentencia, “no se limitó a plasmar su firma en cierta documentación”.
Libertad Digital
La empresa de comunicación Libertad Digital atravesaba dificultades financieras en 2004 y el PP compró acciones de ese medio de comunicación por 410.000 euros. Bárcenas declaró que fue el secretario general del PP, Ángel Acebes, quién le ordenó comprar participaciones de un medio de comunicación que entonces defendía la teoría de la conspiración del 11-M para atribuir a ETA la matanza de los trenes. El locutor Federico Jiménez Losantos demandó a EL PAÍS cuando este periódico informó sobre la compra de participaciones de Libertad Digital con dinero de la caja b del PP. Pero algunos meses después de presentada la demanda, Losantos la retiró: “Lo que en aquellas fechas llamé gravísima afirmación sin fundamento alguno, hoy, a la vista de las diligencias del juzgado y del reconocimiento del propio Bárcenas, existen dudas de hecho y de derecho que hacen aconsejable la renuncia a la acción”.
Matas, Jaume
Expresidente balear y exministro de Medio Ambiente en el Gobierno de José María Aznar. Su nombre figura en los papeles de Bárcenas con aportaciones de 5.400 euros para el pago de un piso. Matas aseguró al juez que nunca había recibido dinero b del PP pero admitió que la formación conservadora le pagó el alquiler de un piso en Madrid que utilizó cuando ya no era ministro y estaba pendiente de iniciar la campaña electoral en Baleares.
Páez, Cristóbal
Fue gerente del PP muy poco tiempo pero trabajo algunos años a la sombra de Luis Bárcenas. Su nombre aparece en los papeles con un sobresueldo de 6.000 euros que Páez reconoció.
Palencia, RafaelDonante
Empresario clave en la investigación abierta sobre el supuesto cohecho en la adjudicación de contratos a donantes del PP. Palencia se reunió con el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, por indicación de Luis Bárcenas. El empresario propuso a este alto cargo de la Comunidad de Madrid donar dinero al PP a cambio de que le adjudicaran contratos públicos. De Miguel grabó esa conversación, que acabó en el juzgado y permitió abrir una nueva investigación sobre el supuesto cohecho.
‘Papelesde Bárcenas’
Luis Bárcenas acumulaba a comienzos de 2010 numerosas sospechas de corrupción y seguía imputado en el caso Gürtel. El tesorero se paseaba algunos días con una cartera de piel marrón tamaño folio donde guardaba documentos sobre la historia oculta de su partido. Se mostraba indignado con el trato que algunos dirigentes del PP le estaban dando, según contaba a personas que intentaban ayudarle. Se lamentaba de que no se le protegiera lo suficiente frente a jueces y fiscales cuando él había cuidado de todos y tenía información suficiente para tumbar al partido y a sus principales dirigentes. El tesorero guardaba la información explosiva en esa cartera de piel marrón y se la mostró a varias personas: eran los papeles de la caja b.
Fragmento de uno de los documentos que forman parte de los ‘papeles de Bárcenas’.
Cuando EL PAÍS hizo públicos esos papeles, el 31 de enero de 2013, Bárcenas negó su autenticidad y tildó de chapucera esa contabilidad. Pero pronto rectificó y confesó ante el juez Pablo Ruz: “No hay un solo apunte que no se corresponda con un hecho real y todos los apuntes y las cantidades son rigurosamente ciertas”.
Querellas y demandas contra EL PAÍS
EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas y al menos una decena de las personas que aparecían reflejadas en las anotaciones del tesorero del PP demandaron al periódico por vulneración al honor, injurias y calumnias. El expresidente José María Aznar, su yerno, Alejandro Agag; la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez; los secretarios generales y vicesecretarios del PP de distintas etapas (Angel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Dolores de Cospedal); el arquitecto Gonzalo Urquijo; el empresario Luis del Rivero o el locutor Federico Jiménez Losantos perdieron o retiraron sus demandas. Las sentencias avalaron siempre el trabajo del periódico. Durante meses, los principales dirigentes del PP acusaron a EL PAÍS de fabricar unos papeles falsos e intentaron que los jueces condenaran al periódico a rectificar aquella información.
Rajoy, Mariano
Salió presidente a la tercera y para entonces, noviembre de 2011, el caso Gürtel ya envenenaba el futuro de un partido sobre el que empezaba a pesar una grave sospecha de corrupción masiva. Los papeles de Bárcenas, conocidos en febrero de 2013, acabaron de dar la puntilla a Rajoy y al PP, que se desplomó en las siguientes elecciones generales. Pero el presidente del Gobierno aguantó en el cargo hasta que una moción de censura le apartó del poder en junio de 2018 tras hacerse pública la primera sentencia del caso Gürtel. Rajoy asegura que nunca cobró los sobresueldos que figuran en los papeles. Como presidente del PP, fue quien ascendió a Barcenas al cargo de tesorero nacional y le mantuvo cuando ya estaba imputado con el sueldo más alto de toda la organización.
Mariano Rajoy, durante su declaración como testigo en el juicio del ‘caso Gürtel’, en la Audiencia Nacional en 2017. POOL / REUTERS
Sobresueldos en b
Los principales dirigentes del PP entre 1990 y 2009 gozaron de varios sueldos oficiales con sus correspondientes retenciones de IRPF. Pero Bárcenas sostiene que además de esos salarios que les pagaba el partido –o las instituciones donde estaban- había un “sobresueldo” opaco al fisco que recibían cada trimestre y que suponía, de media, 24.000 euros al año. Ninguno de los dirigentes que recibió ese dinero habría cometido delito fiscal al no declararlo porque la cuota defraudada es muy inferior a 200.000 euros. Ese es uno de los motivos por los que la investigación judicial no se detuvo en los sobresueldos a la cúpula del PP, porque no suponían ninguna infracción penal. Por eso no se investigó a fondo y los beneficiarios lo negaron siempre con vehemencia.
Andrés Arauz seguido por un pelotón de seguidores durante la campaña electoral
Las encuestas sonríen a Andrés Arauz en el esprint final de la campaña de las elecciones presidenciales en Ecuador. Al frente de la plataforma Unión por la Esperanza, el candidato izquierdista representa el retorno del correísmo a un país herido y polarizado por culpa de la pandemia y de las políticas de austeridad implementadas por el presidente saliente, Lenín Moreno.
Salvo sorpresa mayúscula, Arauz, que tiene 35 años, es economista y fue ministro en el último Gobierno de Rafael Correa, se impondrá este domingo con algo más del 30% de los votos. Ocho puntos más, según esos mismos sondeos, que el segundo candidato en liza, el conservador Guillermo Lasso (22%), que ha recorrido el país machando una promesa: «empleo, empleo y más empleo». Tras ambos candidatos se sitúa en tercer lugar el ecologista indígena Yaku Pérez. Sus promesas de internet para todos y respeto de la naturaleza le granjeará alrededor del 14% de las papeletas.
En total, hay dieciséis candidatos y todos cerraron oficialmente la campaña el jueves por la noche, una campaña que se ha visto muy limitada por las restricciones ligadas a la pandemia de la COVID-19. La jornada electoral también representa un desafío mayúsculo en un país donde el voto es obligatorio y tiene 12 millones de electores. A estos se suman, aunque de forma voluntaria, los emitidos por la populosa diáspora ecuatoriana: tan solo en España hay casi 180.000 ecuatorianos que podrán votar este domingo, también bajo estrictas medidas de bioseguridad.
En plena pandemia, Ecuador celebra este domingo unas elecciones presidenciales cruciales para su futuro que ponen fin a la era de Lenín Moreno. Tres candidatos destacan entre los 16 que se presentan: dos de ellos representan los extremos entre los que ha oscilado la política ecuatoriana en la última década. El tercero es un candidato indígena y ecologista.
La mayoría de los sondeos, auguran que el candidato más votado será el exministro correísta Andrés Arauz, que está al frente de la plataforma Unión por la Esperanza. Economista de 35 años, podría convertirse en el presidente más joven de la historia del país. Su victoria fortalecería el eje de izquierdas latinoamericano.
El segundo candidato con más apoyos sería el liberal conservador Guillermo Lasso, quien ha machacado durante la campaña que creará empleo, empleo y más empleo. Un mensaje que suena a miel en los oídos de un país empobrecido por la pandemia y la austeridad. Las encuestas pronostican que obtendrá algo más de 22% de apoyos, 8 puntos menos que Arauz y 8 puntos más que el ecologista Yaku Pérez, cuyo respaldo a uno u otro candidato podría ser decisivo en una más que probable segunda vuelta.
También puede ser decisivo el voto de los ecuatorianos que viven en el extranjero. Tan solo en España hay 178.000 electores, representando más de un tercio de la diáspora ecuatoriana. Tanto en España como en Ecuador, la jornada electoral supone un enorme desafío sanitario.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha aclarado en varias ocasiones que seguirá la presión hacia el Gobierno de Nicolás Maduro, pero todavía no está claro qué tan incondicional será la ayuda que le ofrecerá a una oposición venezolana fragmentada, inmersa en acusaciones de corrupción y más cercana al mandatario saliente Donald Trump que al Partido Demócrata.
Durante meses, la campaña Latinos por Trump hizo circular videos en las redes sociales con mensajes que vinculaban al ahora presidente electo Joe Biden con el mandatario venezolano Nicolás Maduro y la izquierda latinoamericana. En ellos, asociaban al Partido Demócrata con el socialismo para poder atraer el voto latino en Florida. Una estrategia que, a la luz de los resultados, les funcionó.
A pesar de la campaña de desinformación, el mismo Elliot Abrams -representante especial de Venezuela, quien estuvo a cargo de la política de Donald Trump hacia ese país durante los últimos 4 años- aseguró que hay un consenso entre demócratas y republicanos sobre la necesidad de mantener la presión sobre Maduro. Agregó que no espera mayores cambios en la política de Estados Unidos hacia Venezuela cuando Joe Biden llegue a la Casa Blanca el 20 de enero.
“Es un dictador, simple y llanamente”, dijo Biden sobre Nicolás Maduro. “Solo un tirano evita el envío de comida y medicina a la gente que dice liderar. La comunidad internacional tiene que apoyar a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Es tiempo para que Maduro deje el poder y permita una transición democrática. La gente de Venezuela merece algo mejor”, agregó Biden antes de iniciar su campaña.
De hecho, asesores de Biden han dicho que no planean levantar las sanciones contra Maduro ni contra su larga lista de funcionarios y allegados. Al contrario, Biden quiere incrementar la presión contra el presidente venezolano, haciendo crecer el círculo de países que busca un cambio en Venezuela, según recogió el Washington Post.
“El gobierno de Biden va a seguir aplicando presión sobre el régimen de Maduro aunque es posible que veamos una diferencia en el estilo y en táctica”, le explicó a France24 Evan Ellis, profesor de estudios latinoamericanos del Centro Estratégico de la Universidad de Guerra de Estados Unidos.
Los retos de la oposición para ganarse la confianza de Biden
La posición de Biden frente a Maduro parece clara aunque pueda cambiar de matiz y centrarse más en el diálogo y la diplomacia, pero lo que falta por definirse es la postura del nuevo gobierno frente a la oposición venezolana. Esta enfrenta varios retos para ganarse la confianza del Partido Demócrata y del presidente electo.
Dos columnistas de The New York Times defienden la existencia de «datos importantes sobre la fiabilidad» de estos fármacos, que se perfilan como una solución «escondida a la vista» a la escasez de vacunas.
Imagen ilustrativaFoto: Lindsey Wasson / Reuters
Ante la escasez de vacunas contra el covid-19 en los países más ricos del mundo y el temor de algunos de las naciones más pobres a no recibirla siquiera, una solución «escondida a la vista» podría estar en los fármacos desarrolladas por China y Rusia, y pronto, quizás, por la India. Así lo afirman en un artículo para The New York Times Achal Prabhala, activista de salud pública de la India que promueve una distribución más amplia de las vacunas, y Chee Yoke Ling, una abogada de Malasia que trabajó durante una década para mejorar el acceso a los medicamentos en China.
Los analistas recuerdan que, aunque las vacunas de China y de Rusia fueron inicialmente «descartadas» por los medios occidentales y globales —en parte debido a la percepción de que eran «inferiores» a las fabricadas por Moderna, Pfizer-BioNtech o AstraZeneca—, la evidencia acumulada con el tiempo demuestra que «también funcionan bien». En este sentido, recuerdan que la prestigiosa revista médica The Lancet ha publicado esta semana los resultados provisionales del ensayo de fase III de Sputnik V, que muestran que el fármaco ruso tiene una tasa de eficacia del 91,6 %.
Por otro lado, una serie de países han aprobado ya las vacunas chinas de Sinopharm y de Sinovac, así como la rusa Sputnik V. Cuando examinaron estas vacunas, «tomaron decisiones informadas», basadas en los datos sobre su seguridad y eficacia proporcionados por los fabricantes chinos y rusos —gran parte de ellos también publicados en revistas científicas revisadas por pares—, o después de realizar ensayos independientes, enfatizan los autores. Asumir lo contrario —aseguran— «es dudar de la capacidad o integridad de estos gobiernos, algunos de los cuales cuentan con sistemas reguladores de salud equiparables a los de EE.UU. o de Europa».
Ante la gran escasez de vacunas y los retrasos en la entrega, Francia, España y Alemania ahora están empezando a hablar de la posibilidad de realizar pedidos de vacunas chinas y rusas. «La semi-desesperación», al parecer, finalmente los ha llevado a denunciar los prejuicios contra las vacunas no occidentales, estiman los expertos.
«Datos importantes sobre la fiabilidad»
Aunque «el escepticismo perdura» en algunos países y han surgido críticas sobre el lanzamiento temprano de las vacunas por parte de China, Rusia y la India —defendido por los tres gobiernos como una medida de emergencia necesaria y como una práctica «legal» aplicada también por algunos reguladores en Occidente— ahora «hay datos importantes sobre la fiabilidad» de las vacunas de China y Rusia, enfatizan los analistas. No obstante, admiten que aún es demasiado pronto para corroborar esta fiabilidad en el caso de la vacuna india Covaxin.
Los autores del artículo admiten la necesidad de divulgar al público más información sobre los antídotos chinos y ruso, aunque aseguran que «lo mismo se aplica hasta cierto punto a las principales vacunas occidentales», pues aún no se han puesto a disposición todos los detalles o datos brutos de los ensayos de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna, «ni siquiera para los investigadores».
«Llegó la hora de empezar a confiar»
En definitiva, la creciente evidencia de que las vacunas de China y de Rusia son fiables «debe tomarse en serio y rápido», sobre todo «considerando los problemas de suministro en todo el mundo», subrayan los expertos, al tiempo que recuerdan que la mayoría de las vacunas producidas en Occidente «ya han sido compradas por los países ricos». Además, explican que la mayoría de las grandes compañías farmacéuticas de Occidente se han resistido a otorgar licencias de sus vacunas a fabricantes no occidentales, mientras varios países ricos están bloqueando una propuesta de la India y de Sudáfrica para que la Organización Mundial del Comercio suspenda temporalmente algunas protecciones de propiedad intelectual para las vacunas anticovid y tratamientos relacionados.
Entretanto, según el análisis de datos de la firma de analítica Airfinity realizado por los dos expertos, Sinovac ya ha firmado acuerdos para exportar este año más de 350 millones de dosis de su vacuna a 12 países; Sinopharm alrededor de 194 millones de dosis a 11 países; y Sputnik V alrededor de 400 millones de dosis a 17 países. Los tres fabricantes han declarado públicamente que tendrán capacidad de producir hasta 1.000 millones de dosis cada uno en 2021, y los tres han autorizado sus vacunas a fabricantes locales en varios países.
Una forma de hacer que estas vacunas sean «deseables» para más personas que las necesitan, sería someterlas a una evaluación formal por parte de una organización internacional con experiencia técnica, sugieren los expertos. Sin embargo, «el problema actual» reside en que las reglas de la Organización Mundial de la Salud para la certificación de vacunas están «sesgadas» a favor de los países ricos, esencialmente occidentales, denuncian los activistas, al tiempo que explican que la OMS obliga a los países desarrolladores que no están en su «lista de confianza» a someterse a la llamada ‘precalificación’, «un proceso laborioso y que requiere mucho tiempo».
Algunos médicos y activistas han presentado propuestas para aumentar la distribución mundial de vacunas producidas en Occidente. Aunque estos llamamientos «tienen buenas intenciones», también asumen que las vacunas de los países occidentales son «las únicas que vale la pena tener y esperar», puntualizan los autores, para concluir que una solución «más sencilla» ya existe a día de hoy: «llegó la hora de empezar a confiar en las vacunas de otros países».
El demócrata Ron Wyden subrayó que “el Congreso tiene la obligación moral y económica para con el pueblo estadounidense de mejorar las relaciones entre EE.UU. y Cuba. | Foto: EFE
De ser aprobado el proyecto de ley eliminaría la Sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Extranjera, la Ley Helms-Burton y la Ley Torricelli
El presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, Ron Wyden, demócrata por Oregón, presentó este viernes ante la Cámara Alta del Congreso la Ley de Comercio entre Cuba y EE.UU. de 2021 para levantar el bloqueo contra La Habana, y establecer relaciones comerciales con ella.
“El embargo de nuestra nación a Cuba es un artefacto de la década de 1960. Continuar con esta política de aislamiento anticuada y dañina sería un fracaso del liderazgo estadounidense».
«Si bien Trump aumentó las tensiones con Cuba durante su desastroso período en el cargo, soy optimista sobre el nuevo curso diplomático del presidente Biden”, subrayó el senador demócrata.
El político estadounidense subrayó que “el Congreso tiene la obligación moral y económica para con el pueblo estadounidense de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba de la manera más rápida y segura posible”.
Junto a Ron Wyden en el proyecto de ley se encontraban los senadores estadounidenses Patrick Leahy, Richard Durbin, y Jeff Merkley.
Por su parte el senador de Vermont Patrick Leahy, señaló en el sitio oficial de presentación de los senadores de Estados Unidos que “la Ley de Comercio Estados Unidos-Cuba de 2021 derogaría los principales estatutos que codifican las sanciones contra Cuba, incluida la Ley Helms-Burton”.
Además agregó que también se tomarían en cuenta “otras disposiciones que afectan el comercio, la inversión y los viajes con Cuba. También establecería relaciones comerciales normales con el país”.
De ser aprobado el proyecto de ley eliminaría la Sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961y derogaría la Ley Helms-Burton y la Ley Torricelli o Democracia Cubana (Cuban Democracy Act).
informan sus resultados provisionales de un ensayo de fase 3 de la vacuna Sputnik V COVID-19 en The Lancet . Los resultados del ensayo muestran un fuerte efecto protector consistente en todos los grupos de edad de los participantes. También conocida como Gam-COVID-Vac, la vacuna utiliza un enfoque de adenovirus recombinante heterólogo que utiliza adenovirus 26 (Ad26) y adenovirus 5 (Ad5) como vectores para la expresión del pico del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) proteína. El uso de dos serotipos variables, que se administran con 21 días de diferencia, está destinado a superar cualquier inmunidad de adenovirus preexistente en la población.
Entre las principales vacunas COVID en desarrollo hasta la fecha, solo Gam-COVID-Vac utiliza este enfoque; otros, como la vacuna Oxford-AstraZeneca, utilizan el mismo material para ambas dosis. La vacuna anterior para la enfermedad por el virus del Ébola, también desarrollada en el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya (Moscú, Rusia), era similar, con Ad5 y el virus de la estomatitis vesicular como virus portadores
cuyos resultados detallados se esperan pronto, y la vacuna basada en Ad5 del Instituto de Biotecnología de Beijing CanSinoBIO, cuyo ensayo de fase 3 comenzó en septiembre de 2020.
Los virus portadores están modificados y no pueden iniciar una infección productiva; entran en las células, expresan la proteína de pico y luego se detienen (porque no pueden continuar el ciclo de vida normal del virus), aunque un análisis de alta sensibilidad también mostró que se expresaron algunos genes Ad, aunque a un nivel bajo.
Las células infectadas por la vacuna son finalmente destruidas por la misma inmunidad que están diseñadas para provocar. Los adenovirus recombinantes se han utilizado ampliamente como vectores de vacunas porque pueden acomodar grandes cargas genéticas y, aunque no pueden replicarse, activan los sensores de inmunidad innata lo suficiente como para asegurar un compromiso robusto del sistema inmunológico.
Se cree que su robustez física permite el almacenamiento a temperaturas de alrededor de –18 ° C, lo que es factible para muchas cadenas de suministro. La desventaja de las vacunas basadas en adenovirus recombinantes es que se requieren grandes dosis, por lo general 10 10 o 10 11 partículas, lo que plantea grandes exigencias en la fabricación y cuantificación necesarias para su implementación a escala mundial.
Entonces, ¿qué hay de los datos de la vacuna Sputnik V COVID-19 publicados aquí? Los datos de la primera fase 1/2 publicados en septiembre de 2020 mostraron resultados de seguridad prometedores y dieron una indicación de que la respuesta inmune estaba en un nivel consistente con la protección.
Los receptores generaron fuertes respuestas de anticuerpos a la proteína de pico, que incluían anticuerpos neutralizantes, la proporción de la inmunoglobulina total que inhibe la unión del virus a su receptor. También mostraron evidencia de respuestas de células T, consistente con una respuesta inmune que no debería disminuir rápidamente. El informe provisional de los datos de la fase 3 ahora presentado
incluye los resultados de más de 20 000 participantes, el 75% de los cuales fueron asignados para recibir la vacuna, y el seguimiento de eventos adversos e infecciones. Con un poder de estudio planificado del 85%, los reclutados tenían 18 años o más, alrededor del 60% eran hombres y casi todos eran blancos. Las comorbilidades, un riesgo conocido de gravedad de COVID-19, estuvieron presentes en aproximadamente una cuarta parte de los que ingresaron al ensayo. 62 (13%) de 4902 personas en el grupo de placebo y 16 (0,1%) de 14964 participantes en el grupo de vacuna habían confirmado la infección por SARS-CoV-2 desde el día 21 después de la primera dosis de vacuna (el resultado primario) . Un gráfico resuelto en el tiempo de la tasa de incidencia en los dos grupos mostró que la inmunidad requerida para prevenir la enfermedad surgió dentro de los 18 días posteriores a la primera dosis. Esa protección se aplicaba a todos los grupos de edad, incluidos los mayores de 60 años, y las historias de casos anecdóticos de los vacunados pero infectados sugieren que la gravedad de la enfermedad disminuye a medida que se desarrolla la inmunidad. Tres muertes ocurrieron en el grupo de la vacuna en individuos con comorbilidades extensas y no se consideraron relacionadas con la vacuna. No se registraron eventos adversos graves considerados relacionados con la vacuna, pero se informaron eventos adversos graves no relacionados con la vacuna en 45 participantes del grupo de vacuna y 23 participantes del grupo de placebo. La eficacia de la vacuna, basada en el número de casos confirmados de COVID-19 de 21 días después de la primera dosis de la vacuna, se informa como 91.6% (IC 95% 85.6–95.2) y la disminución sugerida de la gravedad de la enfermedad. después de una dosis es particularmente alentador para las estrategias actuales de ahorro de dosis.
Pero el resultado que se informa aquí es claro y se demuestra el principio científico de la vacunación, lo que significa que ahora otra vacuna puede unirse a la lucha para reducir la incidencia de COVID-19.
Declaramos que no hay intereses en competencia.
Referencias
1.
Logunov DY
Dolzhikova IV
Shcheblyakov DV
et al.
Seguridad y eficacia de una vacuna COVID-19 heteróloga prime-boost heteróloga basada en vectores rAd26 y rAd5: un análisis intermedio de un ensayo de fase 3 controlado aleatorio en Rusia.
Lanceta. 2021;( publicado en línea el 2 de febrero ).
Solo 2 meses más tarde a principios de noviembre tras la aplicación masiva donde según los datos de importación se ha elaborado más de 2500 m cúbicos de dióxido de cloro se observa una reducción de la mortalidad casi a cero y una clara reducción de la curva de infecciones colocando Bolivia en un lugar único ya que los países colindantes siguen estando con curvas incrementales.
La nueva ley nacional permite a las universidades certificar y producir dióxido de cloro como CDS para uso terapéutico.
La implementación ha sido posible gracias al esfuerzo de varios agrupaciones medicas , en especial la COMUSAV liderado por Dra. P. Callisperis & Dra. Suxo en Bolivia.
La COMUSAV (Coalición Mundial de Salud y Vida) reúne mas de 4000 médicos en 24 Países que están utilizando el CDS con un éxito rotundo por su eficacia sin efectos nocivos en las dosis usadas.
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