El ministro de Defensa de Brasil, Fernando Azevedo e Silva, anunció este lunes 29 de marzo la renuncia a su cargo.
Azevedo e Silva dio a conocer su decisión a través de un comunicado, en el que no brindó detalles del motivo de su salida.
La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Iberoamérica y para el Caribe, Cristina Gallach, realizará una visita oficial a Venezuela de dos días que comenzará este lunes con la respuesta humanitaria a la pandemia y el apoyo al diálogo político en Venezuela como puntos principales de la agenda.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación anunció en un comunicado que Gallach ampliará su gira centroamericana para poder visitar Venezuela.
Gallach mantendrá «numerosos contactos con los principales actores venezolanos», representantes del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, con representantes de la oposición democrática, de la sociedad civil, academia, empresas y ONG «para ver de qué manera puede España contribuir a la resolución de la actual situación de Venezuela y de los venezolanos».
Fuentes del Gobierno han informado a Europa Press que Gallach se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno venezolano, Jorge Arreaza.
Más complicado será reunirse al menos en persona con el líder de la oposición, Juan Guaidó, quien ha dado positivo por coronavirus tras varios días de malestar y por tanto está cumpliendo cuarentena. En cualquier caso, el propio Guaidó ha destacado que sus síntomas son leves.
Durante su visita, la secretaría de Estado también tiene previsto mantener reuniones para interesarse por la amplia colonia española en Venezuela, ya que en el país caribeño residen más de 150.000 ciudadanos españoles.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56178618
La Defensoría del Pueblo del Ecuador emitió un apabullante informe sobre las protestas de 2019, en el que denuncia posibles ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad.
Las conversaciones entre Pekín y Washington celebradas recientemente en Alaska demuestran que EE.UU. «no puede aceptar el doloroso hecho de que China ahora es su igual», escribe el analista Martin Jacques en un artículo para Global Times en el que repasa las conclusiones de la reunión bilateral.
Jacques, profesor invitado en el Instituto de Relaciones Internacionales Modernas de la Universidad de Tsinghua y miembro sénior del Instituto de China en la Universidad de Fudan, recuerda, en primer lugar, que la sesión de apertura de la reunión estuvo lejos de la «delicadeza diplomática» habitual en estas cumbres.
Así, ese día el director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores de China, Yang Jiechi, respondió de manera contundente a las críticas contra Pekín lanzadas por la delegación estadounidense, «desafiando no solo la posición de EE.UU., sino su propia legitimidad», y todo ello «ante los medios de comunicación del mundo», recuerda el experto.
Jacques destaca que, normalmente, «esta no es la manera china» de comportarse en tales ocasiones, por lo que se trata de «una señal de que algo ha cambiado». «Hay un nuevo sentido de confianza por parte de los chinos»: de que pueden «ganar la discusión»; de que son «al menos iguales» a EE.UU.; de que la historia «está de su lado» y de que hablan «desde una posición de fuerza», mientras que Washington lo hace «desde una posición de debilidad», expone el autor del artículo.
El analista indica que, hasta ahora, «los estadounidenses siempre se han considerado a sí mismos como los que dirigen el espectáculo», mientras que en esta ocasión «la conmoción visible en el lenguaje corporal» de la delegación norteamericana apuntaba a «la comprensión, consciente o inconsciente, de que ese ya no era el caso». Esto fue «evidente» también en medios occidentales como la BBC, que suele ser «invariablemente crítica» con China, pero ahora informó sobre la reunión «con una neutralidad desconocida, como si estuviera aturdida por el cambio de roles».
La segunda conclusión que se desprende del diálogo —aunque ya era evidente por las señales que llegaban desde la Casa Blanca— es que «no habrá retorno al ‘statu quo'», pues el actual presidente de EE.UU., Joe Biden, está «desesperadamente ansioso por parecer tan hostil hacia China» como lo fue su predecesor, Donald Trump, estima el experto. «Las fuerzas subyacentes que actúan aquí son muy profundas», argumenta Jacques, señalando que EE.UU. «está en el proceso de llegar a la dolorosa comprensión de que China es ahora su igual», pero no puede «decidirse a aceptar o consentir lo que ya es una realidad histórica».
«Adicto a su arrogancia», Washington «no pudo ver venir lo descaradamente obvio», de forma que ahora la relación China-EE.UU. «tendrá que repensarse sobre una base completamente nueva, a saber, una relación de reciprocidad e igualdad», enfatiza el autor del artículo, si bien puntualiza que «el problema es que Estados Unidos está aún «muy lejos de pensar así».
De momento, la cooperación bilateral se desarrollará «tema por tema», reconstruyendo los contactos y comunicaciones entre los dos países y «acabando de la mejor manera posible con la toxicidad y destrucción desenfrenada provocada por Donald Trump», pronostica Jacques, para concluir que incluso aunque esto «no será fácil», debería, «en caso de apuro», ser posible, ya que la falta de colaboración entre los dos países en temas como el cambio climático pondría en peligro «el futuro mismo del planeta y de la humanidad».
Se viene repitiendo desde hace semanas, pero con la llegada de la primavera y el buen tiempo que la acompaña, aumentan los franceses que deciden coger un vuelo a Madrid, y también a otras zonas de España, para pasar el fin de semana y salir de fiesta, olvidándose de que el mundo padece una pandemia que ya se ha llevado por delante la vida de más de 2,7 millones de personas, 75.000 de ellas en España y más de 94.000 en Francia.
En Francia está establecido en toque de queda a las 7 de la noche, los locales de ocio y la hostelería se encuentran cerrados desde hace cinco meses y en varias regiones del país rige un confinamiento estricto. La comparación con la Comunidad de Madrid es clara: en la región, que alberga la capital del país, el toque de queda es a las 11 de la noche y la hostelería permanece completamente abierta hasta esa hora con algunas pequeñas limitaciones de aforo, que no siempre se cumplen.
Desde que el fenómeno comenzó a producirse han sido numerosas las críticas a este ‘turismo de borrachera’, como se le ha llegado a denominar, que se produce en un momento en que España se encamina hacia una cuarta ola y con Madrid registrando las peores cifras de contagios y muertes del país (a excepción de Ceuta y Melilla).
Tanto la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han repetido que los turistas franceses no llegan tan solo para salir de fiesta y consumir alcohol, sino que vienen a disfrutar de los museos y de la oferta cultural del territorio. Incluso, la presidenta madrileña ha hecho llamamientos a los ciudadanos del país vecino para que vengan a disfrutar de la «libertad» que ofrece su región, como un modo de reactivar la maltrecha economía lastrada por la pandemia.
Desde la oposición las críticas han sido duras. Mónica García, candidata de Más Madrid a presidenta en los próximos comicios regionales que se celebrarán el 4 de mayo, ha dicho que «la señora Ayuso está haciendo un efecto llamada al turismo de borrachera» y que ha puesto «unas luces de neón en toda Europa». «Mientras a los madrileños se nos está pidiendo responsabilidad y no estamos pudiendo ir a ver a nuestros familiares, resulta que en el piso de al lado nos están montando fiestas ilegales que no tienen control ni regulación», ha afirmado García.
Durante esta Semana Santa la movilidad en el interior de España está limitada y los ciudadanos tienen prohibido desplazarse a otras Comunidades Autónomas. Se trata de una medida que en algunas regiones lleva vigente incluso desde hace meses y que en estas fechas se ha extendido a toda la nación para evitar la propagación del coronavirus.
Muchos ciudadanos asisten a la paradoja de contemplar la llegada, en algunos casos masiva, de turistas extranjeros, mientras que ellos no pueden desplazarse a sus lugares de origen o a visitar a familiares de primer grado.
Las mismas restricciones en cuanto a movilidad interna existen en otros países europeos, como es precisamente el caso de Francia, donde un ciudadano del sur no puede desplazarse a París pero sí puede viajar a España. De hecho, los españoles podrían hacer lo mismo, tomar un vuelo a París, pero los alicientes de encontrarse una ciudad cerrada sin ocio que disfrutar no son efectivos.
Por el contrario, el caso de Madrid es paradigmático, porque desde hace meses contempla las medidas más laxas para paliar la situación sanitaria, a pesar de ser la región española que acumula el mayor número de muertes, de contagios y de pacientes en UCI. Esta situación está atrayendo a un buen número de visitantes que pretenden evadirse de las restricciones de su lugar de origen.
Desde la Embajada de Francia en España han reiterado que «los desplazamientos internacionales son fuertemente desaconsejados» y además «desaconsejan rotundamente viajar a España por motivos de ocio». Además, han recomendado que «para evitar sanciones y sobre todo por respeto y solidaridad» se obedezcan las reglas vigentes en el país para luchar contra la pandemia.
Los viajeros franceses que ingresen en España vía aérea tienen que presentar una prueba PCR negativa de una antigüedad inferior a las 72 horas. Además, a partir de mañana, 30 de marzo, esta prueba se exigirá también a aquellos que se desplacen por carretera.
En los últimos días se han hecho virales las imágenes del centro de Madrid, con multitud de ciudadanos franceses llenando terrazas y calles, consumiendo alcohol, sin usar adecuadamente la mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad, cantando por las calles e incumpliendo el toque de queda.
Asimismo, han protagonizado fiestas ilegales en pisos turísticos en un momento en el que está prohibido el encuentro en domicilios entre no convivientes.
Muchos internautas han tocado este asunto con humor, mezclando las fiestas protagonizadas por algunos ciudadanos franceses con las declaraciones de los mandatarios de la capital y la región madrileña sobre el atractivo cultural de la región:
La polémica madrileña es quizá mayor debido a que sus autoridades han liderado un discurso que anima a la llegada de visitantes extranjeros, pero lo cierto es que los turistas alemanes, ingleses y franceses, sobre todo, están llegando a otras partes del país.
Así sucede en el caso de las Islas Canarias y las Islas Baleares, o de otras comunidades también tradicionalmente turísticas, como son Cataluña o la Comunidad Valenciana, aunque estos territorios contemplan medidas más estrictas para luchar contra la pandemia.
La Comunidad Valenciana ha implantado las medidas más duras de todo el país a pesar de tener la menor incidencia, con tan solo 28 casos cada 100.000 habitantes. Mantiene el cierre de la hostelería a las 6 de la tarde, el toque de queda a las 10 de la noche, los encuentros con no convivientes están limitados a 4 personas y el comercio cierra a las 8 de la tarde.
Por su parte en Cataluña se mantiene el cierre de la restauración a las 5 de la tarde, el cierre del comercio no esencial los domingos y el toque de queda a las 10 de la noche.
Sin embargo, se espera que durante esta semana lleguen solo a la isla de Mallorca hasta 40.000 turistas alemanes. En el resto del país también se prevén las visitas.
España tiene actualmente una incidencia acumulada de 138 casos por cada 100.000 habitantes durante las últimos 14 días. Desde la última semana el país asiste a un ligero aumento de los contagios, lo que hace presagiar que podría encontrarse ante el inicio de la cuarta ola de la pandemia.
El repunte de casos vivido tras las fechas navideñas, con el relajamiento de las medidas para luchar contra la extensión del virus por cierta parte de la población, ha hecho que las autoridades hayan decidido que para esta semana, que no es lectiva, en la que la mayoría de los trabajadores tienen al menos dos jornadas festivas y que tradicionalmente ha sido una de las de mayores movimientos entre regiones del año, se haya prohibido la movilidad entre los territorios.
La Comunidad de Madrid fue la única que no estuvo de acuerdo con la implementación de esta medida, aunque finalmente la ha acatado. Esta región registra los peores datos sanitarios del país. Con un 14 % de la población total del país, acumula el 19 % de los positivos y también el 19 % de los fallecimientos. Además, actualmente prácticamente dobla la media del país de pacientes covid en planta (6,09 %) y en UCI (18,4 %), con un 11,14 % y un 34,29 %, respectivamente. Su incidencia acumulada, de 241, la más alta de la Península, también es muy superior a la media.
Fuente: (https://actualidad.rt.com/actualidad/387817-madrid-capital-europea-turismo-borrachera)
MADRID
ACTUALIZADO:
La Unión Sindical Obrera (USO) ha cifrado el seguimiento de la huelga que ha convocado para este lunes en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el 30% en toda España, a falta de conocer los datos de seguimiento por comunidades autónomas. USO ha convocado a los casi 8.750 trabajadores del SEPE a secundar dos jornadas de huelga en protesta por la falta de medios humanos y materiales en el organismo: la primera se está desarrollando hoy y la segunda, mañana martes.
El paro afectará a los tres turnos de trabajo del SEPE: entre las 7.00 y 15.30 horas para la plantilla con jornada de mañana; entre las 7.00 y las 18.00 horas en jornada de mañana y tarde y de especial dedicación; y entre las 13.00 y las 22.00 horas, para el turno de tarde.
Los servicios mínimos que se han establecido desde la dirección del organismo público para ambos días es de 12 puestos para servicios centrales; seis puestos para las direcciones provinciales, y un puesto para las oficinas de prestaciones.
USO demanda que se aumente la plantilla fija un 50%, unas directrices comunes de gestión, la modernización de las aplicaciones informáticas y el fin de la precariedad
USO ha decidido ir a la huelga ante las «graves deficiencias» del organismo, que no han sido atendidas a pesar de las peticiones y denuncias realizadas por USO en los últimos meses.
El sindicato ha subrayado que, a principios del mes pasado, los trabajadores del SEPE pidieron medidas «más drásticas» para acabar con esta situación, por lo que han recurrido a la convocatoria de dos jornadas de huelga.
Entre las demandas de USO para el SEPE se encuentran la de aumentar la plantilla fija un 50% para afrontar el volumen de trabajo del organismo; el establecimiento de directrices comunes de gestión para todas las direcciones provinciales del organismo; la actualización y modernización de las aplicaciones informáticas que utiliza el SEPE; el reconocimiento del derecho de la plantilla en materia de traslados y concursos, y el fin «inmediato» de la precariedad y temporalidad del personal interino.
Actualmente, el sistema informático del SEPE no está del todo operativo después de sufrir el pasado 9 de marzo un ciberataque que paralizó el uso de sus servicios en la web. No obstante, con el paso de los días, el SEPE ha ido recuperando algunos de ellos con la ayuda de expertos informáticos.
UGT estima que los servicios del SEPE son más esenciales ahora que nunca, por lo que considera «inadecuadas» las protestas
Así, es posible pedir cita previa, comunicar periodos de actividad, remitir certificados de empresa y realizar solicitudes colectivas de ERTE por covid, entre otros.
También es posible utilizar sus servicios de protección por desempleo excepto la verificación de documentos y consultas sobre la prestación.
La Federación de Servicios Públicos de UGT ha calificado de «inadecuada» e «inoportuna» la huelga convocada por USO en el SEPE, aunque entiende que hay motivos suficientes para hacerla. No obstante, subraya que ahora mismo hay abiertas distintas mesas de negociación para encauzar las vías de solución a los problemas que existen en el SEPE.
«La huelga debe ser una herramienta de protesta y presión cuando se han agotado todas las posibles vías de diálogo, algo que no ocurre en esta ocasión. Mientras haya negociación no se puede ir a la huelga«, ha afirmado el sindicato, que ha pedido que no se use este instrumento «de forma manipuladora».
El sindicato ve «inoportuna» la convocatoria de una huelga en el SEPE dado que sus servicios son ahora más esenciales que nunca por la pandemia.
«En estos momentos, cuando el organismo se empieza a recuperar de su último envite [el ciberataque], plantear una convocatoria de huelga no va a ayudar a la negociación que se está llevando a cabo y solo va a suponer un aumento en el retraso de las tareas del servicio que presta el SEPE y a empeorar la visión de la ciudadanía del trabajo que realiza este servicio público esencial», sostiene UGT.
El sindicato no descarta movilizaciones en un futuro si los responsables políticos no atienden las reivindicaciones acordadas en el marco del Plan de Avance y Transformación que, según UGT, «recoge la inmensa mayoría de las propuestas que casualmente son objeto de la convocatoria de la huelga».
Madrid se convierte en un experimento para grandes acuerdos. Los cuatro ediles de Carmena buscarán ejercer de puente con el PSOE y obligar a los de Errejón a sumarse en posición de inferioridad
Madrid vuelve a ser el gran experimento de la izquierda en España. Cuatro ediles de Más Madrid, la sigla creada por Manuela Carmena en 2019 y que ahora lidera Rita Maestre, han anunciado su alejamiento de la portavoz e intentan quedarse con la estructura de la formación. Se trata de un movimiento de enorme importancia en los equilibrios de la izquierda española. Y en la sombra actúa Podemos. El partido de Pablo Iglesias, según ha podido saber Vozpópuli, intenta crear las condiciones para abrir un debate en el seno de la izquierda sobre una coalición o alianza estratégica con el PSOE en los próximos años
La desavenencia entre Rita Maestre e Íñigo Errejón contra los cuatros ediles intérpretes de la corriente de Carmena (Luis Cueto, Marta Higueras, José Manuel Calvo y Felipe Llamas) viene de lejos. Este diario ha informado en sendas exclusivas sobre cómo el grupo municipal se ha ido fragmentando. Hasta que este jueves los cuatro concejales han oficializado la ruptura. Oficialmente rehúyen esa palabra, puesto que consideran que su vocación es “recuperar” el espacio político de convergencia que representó Carmena. Pero de facto se ha inaugurado un conflicto contra los de Maestre.
Los ediles díscolos de Más Madrid no pretenden moverse hacia un grupo mixto en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. O sea que técnicamente no plantean una escisión: en juego están los fondos públicos que cada formación recibe del Consistorio. Pero aspiran a ocupar el espacio político de Más Madrid y dejar a Maestre desplazada. De hecho, han llamado a la nueva corriente “Recupera Madrid”.
Ese movimiento representa, en realidad, tan solo una jugada de un tablero mucho más complejo. Varios dirigentes de Unidas Podemos quieren tender puentes con el PSOE y en ambos partidos interesa el papel que pueden desempeñar los ediles de Carmena. Todo se encuentra en una fase embrionaria, admiten las fuentes consultadas, pero la suerte parece estar echada. De hecho, este jueves en la rueda de prensa los ediles díscolos de Más Madrid han calificado de «error» su división con Podemos en 2019.
Los ediles que quieren separarse de Maestre gozan, por ejemplo, del apoyo de fundadores de Podemos como Juan Carlos Monedero. Felipe Llamas es amigo íntimo del profesor de la Complutense, quien, por cierto, insiste en formar una candidatura para la alcaldía a pesar de la imputación en el caso Neurona, aunque podría contentarse con un puesto en la lista.
José Manuel Calvo, otro edil muy cercano a Carmena, mantiene una buena relación con excompañeros del partido morado del sector pablista. Higueras y Cueto, en cambio, se ubican en una posición de cercanía al PSOE: la antigua mano derecha de Carmena trabajó en el gobierno de Patxi López, y Cueto, considerado el más pragmático del grupo, mantiene buenas relaciones con otros ediles socialistas.
Las miradas de Podemos se dirigen a ese grupo y a la posibilidad de que ejerza de puente para la construcción de una alianza estratégica con el PSOE de cara a las elecciones municipales de 2023. La corriente de Recupera Madrid ocupa lo que en Podemos consideran la “centralidad” en un espacio de izquierda amplio, que va desde Pablo Iglesias hasta el PSOE. Son ellos, por tanto, los únicos que pueden actuar de sherpas para encontrar el camino que conecte a las dos formaciones.
Si la corriente de los de Carmena logra afianzar ese proyecto, que puede definirse de muchas maneras (desde frente común hasta coalición), los de Errejón y Maestre se quedarán inevitablemente excluidos. Y deberán decidir entre la irrelevancia o la integración en ese nuevo espacio. El cálculo general es que este espacio se consolide alrededor de dos siglas conectadas entre ellas, con Maestre fuera de la ecuación. En el caso de Podemos, la alianza permitiría paliar su grave descalabro territorial. La formación morada nació como artefacto digital y televisivo. Y seis años después no ha sabido edificar algo parecido a una estructura.
En las últimas elecciones autonómicas de Madrid, Podemos entró en la Asamblea por un puñado de votos. Mientras que en el Ayuntamiento sigue sin representación. Madrid era, por otro lado, la ciudad en la que Podemos tenía sus círculos más activos, pero todo se ha ido derritiendo. Y la fusión con Izquierda Unida no aportará esa militancia que se necesita para plantar cara de verdad al PSOE.
Finalmente, Podemos mira con interés a la posible fusión del PP con Ciudadanos. Saben que hay conversaciones en la derecha sobre el asunto y creen que más adelante populares y naranjas avanzarán hacia algo parecido a una coalición. En el caso de Madrid, además, los morados consideran que José Luis Martínez-Almeida es un candidato fuerte contra quien resulta conveniente no desperdiciar votos.
La reflexión de fondo que hacen en Podemos es que España ha pasado de un sistema bipartidista a un multipartidismo fragmentado. Iglesias utilizó el desencanto y la rabia social como palanca para entrar en las instituciones, pero ahora ese motor se ha gripado. Así que algunos en el espacio morado admiten que la política va hacia una dinámica bipolar. Madrid puede convertirse en ese gran experimento de la izquierda. Los ediles de Carmena pueden jugar en eso un papel determinante. Aunque la gran pregunta sigue siendo si el PSOE, con sus habituales divisiones internas en la capital, estará por la labor.
Estas investigaciones civiles se inician para revisar que se cumpla la normativa, no porque la Fiscalía haya detectado indicios de delito en la gestión de las residencias. En caso de detectarse algún incumplimiento, la Generalitat podría imponer al centro una sanción administrativa.
La trabajadora de una residencia de ancianos de Zarautz observa desde la ventana. — Juan Herrero. / EFE
La Fiscalía de Barcelona ha abierto esta semana unas 230 investigaciones civiles a residencias de ancianos de la ciudad, a las que requerirá documentación para revisar su gestión y sus protocolos, tanto en lo relativo a la afectación del coronavirus como a su trabajo habitual.
Fuentes de la Fiscalía han explicado que se estudiarán aspectos como el trato a los residentes contagiados –también a las condiciones de los ancianos sin coronavirus– y los protocolos para trasladarles al hospital o para que reciban asistencia médica en la misma residencia.
También requerirá información sobre el trato con los familiares y cómo se hacen las visitas, tanto si hay contagios en el centro como si no los hay, y se revisará el grado de afectación de la pandemia a cada residencia así como la vacunación a los ancianos.
Estas investigaciones civiles se inician para revisar que se cumpla la normativa, no porque la Fiscalía haya detectado indicios de delito en la gestión de las residencias.
En caso de detectarse algún incumplimiento, la Generalitat podría imponer al centro una sanción administrativa.
Estas 230 investigaciones se suman a otras ocho diligencias civiles abiertas durante el y a dos investigaciones penales que siguen en curso, todas en la ciudad de Barcelona.
En mayo, la Fiscalía investigaba penalmente a un total de 25 residencias en toda Catalunya: 10 eran en la ciudad de Barcelona, y dos siguen vigentes.
En el ámbito civil, en mayo había 81 actuaciones en toda Catalunya, de las cuales 15 en Barcelona: de estas, ocho siguen abiertas.
VALÈNCIA
«Este es un paso adelante. Vamos a definir el valencianismo del siglo XXI que no tiene que ser otra cosa que buscar soluciones para todos los ámbitos de la vida de los valencianos, porque valencianismo tiene que ser mejorar la vida de la gente», explica una de las voces más mediáticas y populares del Bloc, el diputado al Congreso por Compromís, Joan Baldoví, cuando se le pregunta por el congreso de refundación del partido –con cambio de nombre incluido- previsto para los próximos 26 y 27 de junio.
El actual congreso ha sido definido por diferentes voces como «de continuación» del anterior, celebrado el 2016, cuando Àgueda Micó accedió a la secretaría general de la formación al frente de una propuesta regeneradora. «En cierta forma, aquel congreso supuso un relevo generacional, no solo por la edad, sino también ideológico», señala un militante que entonces estuvo presente, aunque hoy no participa del día a día del partido. La llegada de Micó se hizo no sin polémica, con una candidatura alternativa presidida por Rafa Carbonell, representando lo que a menudo se conoce como la «vieja guardia». La división de este sector –Enric Morera [entonces secretario general y hoy presidente de les Corts y del partido] apoyó a Micó- fue clave en la victoria aplastante de los renovadores, con un 87% de los votos. Después de muchos años de ser el sector crítico, ahora pasaban a ser el oficialista. Aun así, la resolución del congreso fue relativamente consensual e integradora, con Rafa Cabonell ejerciendo de coportavoz durante un año hasta su dimisión.
«En estos años, el sector que entonces perdió se ha ido diluyendo y ahora nos encontramos con un congreso en que no hay batalla por el poder y podemos centrarnos en profundizar el debate ideológico», explica Papi Robles, diputada a les Corts y secretaria comarcal del Bloc en València. Para ella esto es «una oportunidad fantástica».
Desde la antigua Unitat del Poble Valencià, que después se convertiria en el Bloc Nacionalista Valencià, este espacio político siempre se ha reconocido dentro del concepto de «nacionalismo». Una palabra que, significativamente, ha desaparecido de las actuales ponencias políticas, sustituida por el término «soberanista». El cambio no es inocente y tampoco ha gustado a todo el mundo.
Baldoví explica el cambio como «una apuesta para reforzar nuestros postulados» y para «salir del marco donde nos intenta poner la derecha». Para el congresista, el cambio «no supone renunciar a nada, sino una ampliación de las soluciones valencianistas, que no son solo la lengua, el autogobierno o la financiación, que también, sino todos los aspectos de la vida de los valencianos».
El objetivo final detrás esta apuesta hay el nada disimulado intento de convertir Compromís en la fuerza hegemónica de la izquierda valenciana: «No tiene sentido que una fuerza política no quiera ser hegemónica entre su electorado ni que no aspire a gobernar. Nosotros queremos definir el futuro de nuestro país», concluye Baldoví. Una hegemonía que parecía un objetivo muy cercano el 2015, cuando se quedaron a solo cuatro diputados y 53.000 votos del PSPV. Una distancia que se agrandó considerablemente el 2019 y que todavía lo haría más en unas nuevas elecciones, según la mayoría de encuestas.
Jordi Sebastià, que fue alcalde de Burjassot y después eurodiputado, explica que «se va demostrando que los movimientos de izquierdas que están arraigados en el territorio, como el BNG, los independentistas catalanes o nosotros mismos, somos los que estamos aguantando y ampliando la base. El cambio vendrá por aquí». Sebastià también apunta que «hace falta una ideología fuerte, porque es lo que te hace resistir en los peores momentos» y que, si bien también hacen falta líderes carismáticos y marketing político –»tal como tiene Compromís»-, hace hincapié en esta coherencia. Precisamente es la carencia de coherencia lo que critica la corriente Bloc i País –que agrupa a los antiguos oficialistas antes del tumbo del 2016- a las ponencias ideológicas del congreso.
«Toda la argumentación nos recuerda lo que hizo el PSPV hace cuarenta años, cuando disfrazó de posibilismo sus renuncias y además acusó a los otros de marginales – explica Vicent Fernàndez Capilla, portavoz de Bloc i País-, de hecho, en algunas cosas el PSPV todavía es más nacionalista que la actual propuesta del Bloc». Para Fernàndez Capilla, el problema no es tanto el cambio de nomenclatura de «nacionalista» a «soberanista», sino el hecho «de esconder la soberanía nacional en diferentes soberanías hasta hacerle perder valor y diluirla».
Para Papi Robles, en cambio, la redefinición ideológica «es coherente» y «si hubiera sido así cuando yo me afilié todavía hubiera ido más de cabeza, aunque también puedo entender la reticencia al cambio». Para esta diputada, nacida en Orihuela, aunque ya hace muchos años que vive en València, esta actualización «es necesaria porque no podemos seguir siendo un partido de Alcoi para arriba. Y cuando vamos al sur como Bloc generamos reticencias. Necesitamos una marca con la cual podamos colaborar con fuerzas similares que ya hay en aquellas comarcas».
Donde sí que hay consenso en todas las fuentes es en la apuesta por Compromís, un proyecto político que «ha demostrado su valía» y todo el mundo apuesta para reforzar y avanzar, con divergencias sobre la vía, hacia una mayor integración de las fuerzas que componen la coalición.
La propuesta del congreso de refundación se aprobó a finales del 2019 y, en un principio se tenía que haber celebrado el junio del 2020, pero la situación de emergencia sanitaria lo impidió. Ahora, la dirección del Bloc ha decidido salir adelante a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia, en parte porque la renovación de cargos está obligada estatutariamente. «A nosotros nos habría gustado hacer un congreso muy participativo, juntar mil o dos mil personas y llevar caras conocidas que animan a la gente a afiliarse», explica Robles, quien también reconoce que celebrarlo en la actual situación «está enfangando el debate».
La diputada a les Corts Mònica Àlvaro, miembro de Bloc i País, centra las críticas precisamente en el funcionamiento técnico del congreso: «antes que nada tendría que ser un congreso extraordinario, un hecho que ni siquiera se ha planteado, pero es que además, en plena pandemia, no se puede hacer participativo ni la dirección ha querido habilitar el voto telemático, por el que volvemos a la fórmula antigua del voto delegado». Unas carencias que, a parecer suyo, dificultan la participación. Y como ejemplo cita la reciente consulta a la militancia para el cambio de nombre, en la cual solo ha participado un tercio de los afiliados. «Es que ni siquiera había la opción de continuar con el mismo nombre», concluye Àlvaro, la corriente de la cual había pedido la abstención.
Para Robles las propuestas de nombre «son enmendables en el congreso, pero queríamos llegar con una propuesta ya votada por todo el mundo si finalmente se decide el cambio». Pero para esta diputada «es un cambio que proviene de un mandato del anterior congreso, además de una renovación de una marca que está desprestigiada y de suponer una oportunidad de vincularse más en Compromís». Todas las opciones propuestas incluían la marca Compromís detrás. La más votada, con un 60% de los votos, fue Més–Compromís.
Fuente: (https://www.publico.es/politica/congreso-bloc-compromis-pais-valencia.html)
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, responde preguntas mientras realiza su primera conferencia de prensa formal en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington. — Leah Millis / REUTERS
El equipo económico de Joe Biden baraja los naipes de una reforma fiscal de la que todavía se desconoce el calado y las cartas que asumirán los cambios tributarios. Pero la partida tendrá varios componentes sobre la mesa. Uno de ellos es que será el mapa impositivo que modelará el ciclo de negocios poscovid. Otro, que dará cumplimiento a la promesa electoral del dirigente demócrata de aumentar la presión fiscal a los ricos. Y un tercero, que seguirá la convicción del propio Biden de la necesidad de elevar las obligaciones con el Tesoro americano de los ingresos superiores a los 400.000 dólares anuales. Sobre estas tres premisas girará el viraje a la histórica doble rebaja impositiva –de rentas y sociedades– de la Administración Trump –con modificación del complejo Código Fiscal estadounidense de por medio– de 2017 que benefició a las clases más pudientes del país más rico del mundo y que ha ejercido de combustible adicional para que, una vez más, hayan sido el estrato social que más se ha beneficiado financieramente de la travesía por la Gran Pandemia. El acopio de riqueza es de tal dimensión, que Bharat Ramamurti, uno de los asesores del Consejo Económico Nacional (NEC, según sus siglas en inglés) acaba de avanzar a Bloomberg que no se descarta que la cantidad estipulada como base impositiva para aumentar los gravámenes del IRPF americano –los 400.000 dólares anuales– no sea un baremo individual, sino de ingresos familiares. Ni que la reforma lleve aparejada una nueva revisión del complejo Código Fiscal, aunque puedan tramitarse en el Congreso por piezas legislativas separadas.
El planteamiento inicial que opera en la sala de máquinas de la Casa Blanca se basa en evidencias de la ampliación de la desigualdad de ingresos y en el respaldo de la opinión pública a un cambio sustancial en el sistema tributario americano. «El año 2020 mostró las numerosas fragilidades de nuestra sociedad», enfatiza Heather Boushey, otra de las economistas del NEC, a lo que su une la «dramática caída de ingresos larvada por la doble rebaja impositiva republicana de 2017», lo que ha propiciado que el presidente –explica esta asesora– «se haya sentado a sopesar qué tipología y rediseño de mapa tributario demanda el país». Elevar los gravámenes sobre las rentas altas y las ganancias de capital, reducir las amplias y numerosas exenciones a las empresas y una expansión de capacidad impositiva de los estados «ayudarían a establecer un orden de prioridad sobre la recaudación para destinar, también por orden preferente, hacia infraestructuras, planes para combatir el cambio climático, los servicios de asistencia social o a inversiones en educación y sanidad», afirma Boushey. Una lectura que también está en el debate legislativo. Porque desde el Senado, su Comité Financiero, ha iniciado una investigación sobre el impacto de la covid-19 en el empleo y la inversión con la actual estructura impositiva estadounidense.
La transformación del modelo tributario también deja otros retazos. Tanto del subdirector del NEC, David Kamin, como de Lily Batchelder, asistente en materia impositiva de la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Una contribución mínima de pago de impuestos a las empresas, conceder a los estados capacidad recaudatoria sobre activos bursátiles y patrimonio inmobiliario a precios de mercado, lo que les debe conferir una mayor asunción de responsabilidades tributarias, y un aumento en el impuesto de la renta a los ingresos altos. Además de la «idea de eliminar de forma efectiva las masivas lagunas fiscales que existen sobre las grandes riquezas y que les permiten escapar del pago de impuestos, sobre todo por las ganancias de capital, pero también sobre los ingresos ordinarios, una de las deficiencias palpables de nuestro sistema», aclara Kamin, lo que supone que «acabar con los obsequios que el modelo traslada a las clases más pudientes y a las corporaciones empresariales americanas» y con una parte sustancial de la reforma fiscal de la era Trump. «En estos momentos, sopesamos todos los gravámenes altos del espectro», anticipa Boushey.
La nada velada declaración de intenciones de la Administración Biden se sustenta en el enorme recorrido alcista de la riqueza de los más ricos. Pero también en la amplia brecha de desigualdad, de género, de salarios y racial, uno de los asuntos, este último, que más preocupa al inquilino demócrata de la Casa Blanca para restablecer la paz social estadounidense, la prioridad marcada en el top de su agenda política. El patrimonio del 10% de las familias más ricas de EEUU se elevó en 8 billones de dólares el pasado ejercicio, cifra algo inferior a la suma de los PIB de Japón y de Alemania, tercera y cuartas economías globales, según datos de la Reserva Federal. Sin embargo, si se añaden cálculos como los del think tank Economic Policy Institute, el panorama resulta aún más agravante. Porque el 1% de los hogares más pudientes engrosaron 4 billones de dólares en sus cuentas bancarias, esencialmente de los excelentes beneficios de activos bursátiles que les deparó un año que acabó registrando récords de cotización a pesar de la crisis sanitaria y de las súbitas y profundas caídas en las primeras semanas de la epidemia. Aunque también por la lenta pero constante –aunque volátil– revalorización de los inmuebles y de los tipos de interés en zonas próximas a cero que catapultaron sus carteras de inversión. En contraste, el estudio refleja que el 80% de las pérdidas laborales en 2020 se concentraron en el 25% de asalariados con menor poder retributivo. La ya asumida recuperación en K asimétrica en EEUU –con un programa de estímulo, el tercero, de 1,9 billones de dólares y que, en conjunto, las tres inyecciones de ayudas, superan los 5 billones, más del triple de los desembolsos que la Casa Blanca movilizó tras el credit crunch de 2008– debe abordar la debilidad a la que ha conducido la covid-19 entre las clases bajas y en la amplia clase media americana, anticipa el equipo de Biden.
Como congresista, el presidente demócrata contribuyó con su voto contrario a que, a finales de 2012, la intención del entonces inquilino del Despacho Oval, George W. Bush, de convertir en permanente el 82% de las rebajas fiscales impulsadas durante su todavía primer mandato cayera en saco roto. Entre su equipo económico arrecia la doctrina de la senadora y rival de Biden en las primarias demócratas, Elizabeth Warren, de que el sistema impositivo americano «gane en progresividad» para perpetuar una estructura legislativa que abarque tres generaciones, y de que los cambios fiscales «son una herramienta sustancial» de la necesaria transformación social del país.
Los investigadores señalan que las familias más ricas de EEUU usan instrumentos para eludir y evadir impuestos
A esta teoría también contribuyen otras aportaciones. Como la que aporta el Internal Revenue Services (IRS), la instancia federal encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias y que proclama la fuga del 21% de sus rentas en los hogares del 1% más rico de EEUU. También amparada por académicos y economistas. Como lo corrobora un working paper del IRS publicado recientemente por Wall Street Journal, que alerta, además, de que seis puntos de esas huidas de las obligaciones tributarias están asociadas a sofisticados mecanismos de evasión que no suelen ser detectados por los auditores y los servicios tributarios federales. La investigación del IRS ha sido respaldada por investigadores de la London School of Economics, Carnegie Mellon, y de Berkeley, la universidad californiana, que inciden en que las familias más ricas de EEUU usan un abanico de instrumental financiero para mantener en secreto su riqueza y eludir y evadir impuestos. Bien en paraísos fiscales o mediante cuentas en centros offshore. El tramo alto de pagos impositivos está situado, según datos de 2018 del Economic Policy Institute, en 421.926 dólares anuales por familia. Sin embargo, su promedio de ingresos real es de 1,316 millones de dólares, afirma este instituto de análisis. Biden valora instaurar un tipo impositivo en el entorno del 40% para ellos. Mientras que la senadora Warren insiste en crear un nuevo gravamen, del 0,5% de sus ganancias, a este tramo de ingresos, lo que reportaría a las arcas del Tesoro 1,4 billones de dólares adicionales a lo largo de la década. El tamaño del PIB español.
