Hagamos algo de historia.
El Sáhara Occidental es una extensión de 266.000 kilómetros cuadrados, algo mayor que Ecuador, que se encuentra ubicado en África del Norte, delimitado por el Océano Atlántico, Mauritania, Marruecos y Argelia. Su superficie es básicamente desértica, el desierto del Sáhara, pero con 1.100 kilómetros de costa, lo que le da un indiscutible valor geoestratégico y pesquero, además de minero. España ocupó ese territorio desde 1883. Tras algunos levantamientos de independencia, en 1973 se crea el Frente Polisario, acrónimo de Frente Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, con el objetivo de alcanzar la independencia de España. Por su parte, desde el momento en que Marruecos alcanza su independencia, en 1956, reclama esa región.
En los estertores del franquismo, en 1974, España ya intenta desvincularse del Sáhara y propone que se celebre un referéndum de autodeterminación entre los habitantes, algo que amenazaba los planes de anexión de Marruecos. Por ello, en octubre de 1975, el rey Hassan II de Marruecos, padre de Mohamed VI, comienza a hostigar militarmente al Frente Polisario y, finalmente, aprovechando la convulsión que vivía España por la muerte del dictador, el 6 de noviembre de 1975 organiza la famosa Marcha Verde, el envío de 350.000 civiles a ocupar el Sáhara.
España se desentiende, lo que supone, sin contar con los saharauis, ceder el control de su colonia a Marruecos y Mauritania, los dos países que se disputan la región. Miles de ellos se exilian en campamentos de refugiados en la ciudad argelina de Tinduf, el único país que les apoya. El Frente Polisario fundó en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y entra en guerra con Mauritania y con Marruecos. En 1979 firma la paz con Mauritania. En cambio Marruecos sigue acosando militarmente a los saharauis y entre 1981 y 1987, construye una serie de ocho muros en el desierto, con una longitud de más de 2700 km, sembrado con millones de minas, con el objetivo de cortarle el territorio en dos al Polisario e impedirles la movilidad.
Ante la
promesa en 1991 de la comunidad internacional de convocar un referéndum sobre el destino del Sáhara, y especialmente de la ONU, que crea la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (
Minurso), los guerrilleros firman un alto el fuego con Marruecos.
Desde entonces, la ONU y la comunidad internacional ha ido dando largas y burlando su compromiso con el pueblo saharaui, argumentando problemas con la elaboración del censo, aceptando los impedimentos de Marruecos. Por ello, y tras unas violaciones del alto el fuego por el ejército marroquí, el
14 de noviembre de 2020 el Frente Polisario emite un comunicado donde anuncian el fin del compromiso con el alto el fuego firmado entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos en 1991 y da 12 horas a la Minurso para que abandone los territorios del Sáhara Occidental por su demostrada incapacidad para solucionar el conflicto. Desde entonces los enfrentamientos se han sucedido a lo largo del muro creado por Marruecos para dividir el Sáhara. El muro está vigilado por el ejército marroquí. Tiene trincheras, alambradas de espinos y una extensa franja sembrada de minas antipersona y anticarro. Se calcula que existen entre 7 y 10 millones de artefactos explosivos, muchos de ellos de fabricación española. Marruecos no ha firmado el tratado internacional contra esas minas.
Como señalábamos al principio, Marruecos ha reconocido que el último conflicto con España es una nueva embestida para presionar a España por su no cooperación en sus intenciones de anexionarse el Sáhara. Uno de los motivos que han llevado al rey de Marruecos a esta ofensiva es que se encuentra crecido tras el apoyo mostrado por el entonces presidente estadounidense Donald Trump en el mes de diciembre, cuando a golpe de tuit reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de la decisión de Marruecos de establecer relaciones diplomáticas con Israel. («Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco’s serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!», señalaba el tuit de Trump el 10 de diciembre, ya no disponible por
estar suspendida su cuenta de Twitter).
Pero la decisión de Trump, por mucho que también siga siendo apoyada ahora por Biden, no se ajusta a la legalidad internacional. Ningún Estado del mundo reconoce que el Sáhara forme parte de Marruecos. La legislación internacional es clara al respecto: Sáhara es uno de los
17 territorios no autónomos («territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio»), que se encuentran bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin de terminar el colonialismo. Fue
introducido en la lista de los territorios no autónomos el 15 de diciembre de 1960 a través de la resolución 1542 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando todavía era una provincia española. Los servicios jurídicos del Consejo de Seguridad de la ONU emitieron
un informe el 12 de febrero de 2002 donde volvieron a recordar que:
«El 14 de noviembre de 1975, concluyó en Madrid una Declaración de Principios sobre el Sáhara Occidental entre España, Marruecos y Mauritania (‘el Acuerdo de Madrid’), por la que los poderes y responsabilidades de España, como Potencia administradora del Territorio, se transfirieron a una administración tripartita temporal. El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España por sí sola no podría haber transferido unilateralmente. El traspaso de la autoridad administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó a la condición internacional del Sáhara Occidental como Territorio no autónomo».
Ya un
auto de 2014 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española declaraba que «España sigue siendo la potencia administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial».
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, desde el pronunciamiento de Trump del pasado año, no ha modificado su postura, negándose a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y asegurando que el contencioso se ha de resolver en el campo multilateral de Naciones Unidas.
Marruecos, como ha reconocido, ha aprovechado la asistencia humanitaria al líder del Polisario Brahim Ghali,
atendido por COVID en España, para volver utilizar a sus ciudadanos como munición desechable al servicio de las ambiciones del rey marroquí. Envió el pasado mayo a emigrantes subsaharianos que se encontraban en Marruecos y a niños engañados en autobuses a Ceuta, sin conocimiento de sus padres. Incluso ahora está impidiendo que las jornaleras de su país que se encontraban en España en la campaña de recogida de la frase puedan volver a Marruecos y deban permanecer en la península sin trabajo ni residencia sobreviviendo con el apoyo de la sociedad y de algunos contratistas que las han seguido manteniendo alojadas. Todo ello para presionar a España y a la UE con el chantaje de una crisis migratoria, sabiendo lo rentable que esas crisis son para los países periféricos de Europa, véase los ingresos que logra Turquía por los servicios prestados de contención.
Todo esto no quiere decir que el manejo de la cuestión saharaui haya sido correcta por los sucesivos gobiernos españoles. Si la monarquía marroquí ejerce todo su chantaje y violación de la legalidad internacional, la monarquía española ha mostrado una grave irresponsabilidad desentendiéndose del futuro de un territorio que un día fue español y que, por tanto, debería haber garantizado un proceso de descolonización respetuoso y soberano para con esos ciudadanos. Sin embargo, el desinterés de los todos los gobiernos españoles por resolver esa situación ha dejado a los saharauis a merced de las ambiciones expansionistas de una monarquía dictatorial que no duda en provocar todo el daño que pueda (represión, persecución y acciones militares) a quienes se resisten a la anexión. Un detalle que se olvida con frecuencia es que los ciudadanos saharauis de más edad tienen en su poder documentos de identidad españoles emitidos anteriormente a noviembre de 1975, incluso cartillas de cotización de la Seguridad o documentos de filiación al ejército español. Imaginen que un día España decida que las Islas Canarias ya no son españolas y deja abandonados a los españoles que viven en ellas.
Pero también las Naciones Unidas tienen una gran responsabilidad en este eterno conflicto, han pasado treinta años desde que les prometiera un referéndum a los saharauis y nada se ha movido, treinta años en los que ese pueblo, en torno a medio millón de personas, está malviviendo de la mendicidad internacional en campos de refugiados en el desierto divididos entre territorio argelino, territorio ocupado por Marruecos y territorio bajo control del Polisario.