La todavía secretaria general, que hasta 2017 parecía destinada a las más altas cotas en el PSOE, pierde todo el liderazgo institucional y orgánico tras salir derrotada en dos primarias y ceder la Junta de Andalucía.
Juan Espadas derrota a Susana Díaz y será el candidato del PSOE andaluz Espadas reclama ya todo el liderazgo en el PSOE andaluz: “Aquí no hay bicefalia”
A la memoria de Humberto Tito Prado
La gran victoria electoral de Pedro Castillo en Perú, pese a las campañas de temor “al comunismo” lanzadas por los medios de comunicación y los partidos de la burguesía, constituye la evidencia de que los pueblos de América Latina desean un cambio urgente frente a tanta miseria, violencia y muerte que está dejando este capitalismo agónico del siglo XXI, exacerbado por la pandemia de la COVID-19.
La heroica revolución popular y democrática que se está produciendo en Colombia, contra uno de los más repugnantes regímenes fascistoides del continente, es otra evidencia más que anuncia la aurora de un nuevo día. En Colombia se ha caído la careta pseudo democrática de un régimen oligárquico, antidemocrático, asesino, paraco, que mata por decenas cada año líderes sindicales, comunales, indígenas, ecologistas para beneficio de una oligarquía repugnante lacaya de Estados Unidos y la principal exportadora de cocaína del mundo.
El pueblo y la juventud colombianos se han levantado contra la pobreza, el desempleo, la migración forzada, la represión y las corruptas instituciones políticas que los gobiernan, resistiendo a pecho descubierto en los bloqueos de las carreteras las balas asesinas de la policía junto a las de los paramilitares aupados por el gobierno Duque-Uribe.
La juventud chilena también nos muestra el camino hacia un nuevo amanecer al derrotar con la movilización constante la vergonzosa constitución heredada de la dictadura de Pinochet, que fuera sostenida por más de dos décadas por una alianza de socialdemócratas y liberales. Se acabó. El pueblo chileno no solo ha logrado instalar una Asamblea Constituyente, sino que ha electo para que le represente una camada de activistas, feministas, ecologistas y de izquierda, repudiando a los partidos tradicionales.
Los pueblos originarios del continente también se han puesto en marcha arrancando importantes victorias políticas contra las oligarquías neoliberales y racistas. En Bolivia, su movilización fue decisiva para la derrota de la dictadura de la señora Añez. En Ecuador, hace dos años derrotaron un plan neoliberal de Lenin Moreno, y acaban de presentar una candidatura presidencia propia con capacidad de disputar electoralmente el poder.
En Brasil han salido decenas de miles de personas a las calles en todas sus ciudades para decir contundentemente un fuera a Bolsonaro y su régimen. En todas partes, pese a la pandemia, nuestros pueblos latinoamericanos se movilizan contra un sistema capitalista cada vez más inhumano, que se aprovecha de la pandemia de la COVID-19 para aumentar la explotación y la miseria, que desconoce los derechos laborales conquistados en décadas de luchas, que impone reformas fiscales regresivas para cargar sobre las espaldas populares el peso de la crisis mientras la burguesía permanece exonerada, que recorta los presupuestos sociales a educación y salud pública, cuando más se necesitan, en cambio sostienen el pago de pública la deuda a bancos y bonistas.
Ante este cuadro general de barbarie capitalista, pero sobre todo de lucha denodada de los pueblos, alguien ha dicho recientemente: “es la hora de la izquierda”. Sí, pero tiene que ser la hora de UNA NUEVA IZQUIERDA.
Tiene que ser una propuesta política capaz de estar a la altura de los retos que el momento demanda. Esa izquierda no puede estar representada por el grotesco régimen nicaragüense, que cada vez más parece sacado de una novela de García Márquez, Roa Bastos o Miguel Ángel Asturias, y que usurpa el nombre de lo que fue la gloriosa Revolución Sandinista.
Esa nueva izquierda no puede estar representada por la triste caricatura en que se ha convertido el Proceso Bolivariano que dirigió Hugo Chávez que, mientras se chacharea de socialismo, las sanciones norteamericanas solo sirven para degradar los derechos de la clase trabajadora, empezando por el salario, mientras se sigue enriquecimiento la burguesía oficialista y de “oposición” que se hermanan en la corrupción que ahoga a ese pueblo.
Debe surgir una nueva izquierda que no se quede en los límites del “progresismo” incapaz de pasar de administrador del capitalismo, tratando de apagar el fuego social con medidas “redistributivas” basadas en una pobre política de “transferencias”, financiadas con más préstamos o con exportaciones de materias primas, sin atreverse a tocar los intereses del capitalismo nacional y extranjero.
Pero también esta Nueva Izquierda debe tener la virtud de superar el ultraizquierdismo y la autoproclamación, y ser capaz de acompañar la experiencia de los pueblos con las diversas direcciones políticas, dialogando con las masas, celebrando sus pequeños triunfos democráticos y económicos, pues la revolución no tiene etapas, pero la conciencia de la gente sí.
Debe ser una Nueva Izquierda que asuma un programa que levante sin temor las demandas de todos los oprimidos para unir sus luchas hacia una nueva sociedad bajo los principios de la democracia popular, el multiculturalismo, la libertad, los derechos de las naciones originarias, de la cultura afrodescendiente, de las mujeres, de los colectivos LGBTi, contra el extractivismo, por respeto a la naturaleza, los derechos de la clase trabajadora y el socialismo.
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La Generalitat ha multado con 4.000 euros a dos participantes en la marcha de España 2000 en Benimaclet (València) el pasado 12 de octubre por exhibir banderas franquistas en la vía pública. Es la primera vez que la Generalitat impone sanciones por este tipo de hechos.
Así se especifica en las sanciones a dos participantes a las que ha tenido acceso Europa Press. Se les impone esta cantidad por incumplir la prohibición de exhibir públicamente elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas, lo que se considera una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática valenciana. Contra la sanción cabe recurso de alzada y esta resolución no pone fin a la vía administrativa.
La sanción llega tras un proceso en que las personas multadas han alegado que dichos actos «no son constitutivos de infracción», así como que la bandera con el águila de San Juan no es «ni preconstitucional ni anticonstitucional».
No obstante, la resolución concluye que el escudo que exhiben es el franquista, que estuvo en vigor entre 1938 y 1977, por lo que es «contrario a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas», de acuerdo con la ley de la Generalitat.
Así, la resolución justifica los 4.000 euros de sanción (la ley contempla entre 2.001 y 10.000 euros) ya que la Generalitat debe «evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación de la sublevación militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron la sublevación militar y la dictadura».
«En este caso, la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas en la manifestación del barrio de Benimaclet, junto a la exhibición de simbología nazi, la bandera de la falange, los saludos fascistas y las antorchas, convierte dicha manifestación en un acto de promoción y exaltación en público de la dictadura franquista, y, por tanto, de quienes ocasionaron un grave quebranto al régimen de libertades y al sistema democrático del estado español, cuya repetición de futuro debe ser prevenido y evitado por los poderes públicos», reza la resolución.
De igual manera, la exhibición en el transcurso de la manifestación de símbolos franquistas, considera que «comporta además una inaceptable difusión pública del desprecio y humillación de las víctimas que a causa de la defensa de los valores democráticos fueron objeto de un largo historial de terror, persecución y eliminación por parte de la dictadura franquista».
Esto «añade un perjuicio a la dignidad de las víctimas y a la de sus familiares en forma de ofensa pública, circunstancia que por aplicación del principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones necesariamente debe operar como agravante de la sanción y en aras a la prevención de futuras conductas de igual contenido».
