En Colombia las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la líder social Yeisi Campo en una zona rural en el departamento del Cauca. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, con este crimen ya serían 93 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del año. El Gobierno de Iván Duque constantemente se enfrenta a críticas por no poder controlar la violencia armada y no respetar los acuerdos de paz.
Es requerido por los presuntos delitos de peculado doloso, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.
La Fiscalía general de la Corte de Apelaciones de Roma aceptó este miércoles la solicitud de extradición hecha por Venezuela del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien se encuentra en Italia y es requerido por los presuntos delitos de peculado doloso, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.
En un documento emitido por el procurador de Roma, Luigi Giuliano, se expresó que el Fiscal General de esa Corte, Roberto Cavallone, manifestó su opinión favorable a la extradición de Ramírez, hecha por la Justicia venezolana, según un tuit del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez.
Según el texto, el fiscal general no consideró suficientes las defensas de Ramírez y estimó que el caso no era de persecución política y que habría infligido «daño para la República Bolivariana de Venezuela».
Del mismo modo, se afirma que Venezuela hizo la solicitud de extradición por los delitos de peculado doloso, evasión de licitación, asociación para delinquir y financiación del terrorismo, que tienen correspondencia en el ordenamiento jurídico italiano.
Se explica también que «no existen elementos» para creer que el proceso penal pendiente ante la autoridad judicial de Venezuela «sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos o que el país no respetará los derechos fundamentales del imputado».
Asimismo, se asevera en el texto que «parece necesario» que el Estado que hace el requerimiento «asegure los tiempos y métodos para el desarrollo del proceso penal y la detención cautelar».
El exministro es investigado en Venezuela por al menos siete casos de corrupción y posee solicitud formal de extradición y alerta roja de Interpol.
En julio del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró «procedente» la solicitud de extradición del exministro de Petróleo y expresó que asumía el compromiso ante Italia de que Ramírez será juzgado bajo «las debidas garantías» y «únicamente por su presunta participación» en la comisión de estos delitos.
Ramírez, quien fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2002 y 2014 durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, también se desempeñó como embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre 2014 y 2016. Fue acusado por la Fiscalía venezolana de liderar una trama de corrupción, junto a su primo Diego Salazar, y el empresario Jorge Enrique Luongo, de la que habrían obtenido más de 1.347 millones de euros a través del blanqueo de capitales, entre 2011 y 2012.
Ramírez también está vinculado al caso del «buque fantasma«, propiedad de la empresa inexistente Petro Saudi Saturn, contratada en 2010 para la explotación de gas costa afuera como parte del proyecto Gran Mariscal de Ayacucho, que habría estado inoperativo el 60 % del tiempo, y por el que el Estado pagó 1.175.300 dólares.
Asimismo, el expresidente de PDVSA también está relacionado con el caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena, donde presuntamente se manipularon los escaladores AGA y el Factor K, componentes necesarios para la fijación del precio del crudo.
Los «errores de cálculo» en los escaladores AGA pudieron generar pérdidas de hasta 6 dólares por barril (para la determinación de regalías), mientras que la desviación del factor K pudiera superar los 5.000 millones de dólares, entre 2009 y septiembre de 2017.
El funcionario boliviano se refirió al titular de la OEA como «una persona que ha defendido los informes que han causado la muerte de bolivianos inocentes».
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reconoció este miércoles las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, administración que él apoyó.
Asimismo, rindió un homenaje a las víctimas de estos hechos, perpetrados por las fuerzas de seguridad bolivianas entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019, que dejaron un saldo de 22 muertos y decenas de heridos.
Durante una reunión virtual del Consejo Permanente de la OEA, Almagro pidió un minuto de silencio por las víctimas de las masacres y luego se puso de pie en señal de respeto.
Tras la acción, Héctor Arce Zaconeta, el embajador de Bolivia ante el organismo, calificó de «impostura» la posición de Almagro.
«Considero una gravísima impostura que una persona que ha defendido los informes que han causado la muerte de bolivianos inocentes, finalmente sea quien haya planteado un minuto de silencio», manifestó Arce, en referencia a Almagro y al informe de auditoría de la OEA que desacreditó las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia.
Arce añadió que «el mejor homenaje, la mejor muestra de respeto que se puede hacer por estas personas, es abrirse a una investigación totalmente limpia y transparente» sobre lo sucedido en Bolivia, y que se entreguen los documentos que se han solicitado a la OEA.
Por su parte, el titular de la cartera de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima Magne, expresó su inconformidad con las declaraciones del jefe de la OEA y advirtió que Almagro pretende «esquivar» su responsabilidad por «el golpe de Estado» ejecutado contra el expresidente Evo Morales.
También resaltó que el titular de la OEA debe responder al planteamiento infundado que hizo sobre el supuesto «fraude» electoral en las presidenciales de 2019.
«Admitir ‘masacres’ y esquivar responsabilidad por el golpe de Estado, es reconocer los efectos y negar las causas. El secretario general de la OEA debe responder por su acusación improbada de ‘fraude’ que sirvió de justificativo para el Gobierno de facto», señaló Lima Magne.
En su informe, la OEA concluyó que hubo supuestas «irregularidades» en las elecciones y señaló que era «improbable estadísticamente» que el entonces mandatario Evo Morales hubiese ganado. Con ello, avivó las violentas manifestaciones que se llevaban a cabo en el país suramericano, que culminaron con un golpe de Estado y la toma del poder por parte de Áñez.
La presidenta de facto tomó el poder el 12 de noviembre. Tres días después, en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, se produjo una masacre por parte de militares y policías, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de Áñez. El saldo de esta matanza fue de 12 personas asesinadas y 125 heridas.
El 19 de noviembre sucedió otra masacre, esta vez en la localidad de Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar, que buscaba despejar una planta de hidrocarburos bloqueada por manifestantes, acabó con la vida de 10 personas.
Pero no fueron las únicas masacres. El informe «Crisis de Estado, violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019», de la Defensoría del Pueblo, señala que el 11 de noviembre de 2019, un día después de la salida de Morales y cuando Áñez anunció que asumiría el poder (que se concretó formalmente un día después), hubo una fuerte represión policial contra la población que se oponía al golpe en la Zona Sur de La Paz, concretamente en Pedregal, Rosales, Chasquipampa y Ovejuyo; ahí tres personas perdieron la vida y 18 resultaron heridas.
Entretanto, el 13 de noviembre se produjo una manifestación que fue intervenida por las fuerzas policiales en el municipio de Montero, en el departamento de Santa Cruz. Ahí fue asesinado Roberth Ariel Calisaya Soto, de 20 años, producto de un disparo de arma de fuego.
Además de estas cuatro matanzas, según un documento aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, hubo muertos y heridos en el municipio de Betanzos, Potosí; y en Yapacaní, Santa Cruz.
Las medidas discriminatorias de Washington contra La Habana se han recrudecido aún más por las condiciones de la pandemia de coronavirus, lamentó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, comentó este jueves la relación de la actual situación social en Cuba con el bloqueo de la isla por parte de EE.UU.
La diplomática criticó la «abierta insolencia» con la que las autoridades estadounidenses achacan las protestas registradas en Cuba el pasado fin de semana a las acciones del Gobierno local.
«Un cinismo particular de Washington consiste en que durante todo el período de existencia de la Cuba revolucionaria, persiguió deliberadamente una estrategia de sofocar al país, discriminar a su pueblo y destruir la economía», afirmó Zajárova.
Esas «sanciones interminables y absolutamente ilegales» han afectado fuertemente incluso a los suministros de «los bienes de consumo más esenciales, incluidos los alimentos y los medicamentos», lamentó la vocera, quien resaltó que las medidas se han recrudecido aún más durante la pandemia de coronavirus.
Según la diplomática, se trata de una estrategia de fomento de las llamadas ‘revoluciones de colores’ que ya fue aplicada en otros países con gobiernos que no eran del agrado de Washington.
«La lógica es simple. […] Primero, […] se introducen las sanciones, se crean o se traen desde fuera problemas artificiales, pero que ejercen presión sobre la situación socioeconómica del país. Sobre esta base se provoca una tensión, se fomentan los sentimientos antigubernamentales. Y cuando la ‘masa crítica’ se acumula, toda la culpa recae sobre el Gobierno nacional», describió Zajárova.
En medio de la difícil situación de Cuba, en EE.UU. se oyen llamados a una intervención militar en el país. En un comentario al programa ‘Going Underground’, de RT en Inglés, el reconocido cineasta estadounidense Oliver Stone recordó que esos planteamientos se remontan incluso a los años 1960, cuando la Revolución cubana prácticamente acababa de triunfar.
«Todavía tenemos esa política retrógrada de EE.UU. y todavía tenemos un embargo a Cuba después de 60 años. Y la noticia de hoy es solo una más en una larga crisis de eventos que suceden cada pocos años. Esto ha estado ocurriendo durante décadas. Es una pena», dijo el director, que citó como ejemplo de una política razonable hacia la isla la emprendida por la Administración de John F. Kennedy, el cual, según cree, quería poner fin a la Guerra Fría.
La administración de Luis Arce cree que el armamento se pudo haber utilizado en diversas masacres que dejaron decenas de muertos.
Crece el escándalo internacional por el presunto envío de armamento desde Argentina hacia Bolivia tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en el 2019, mientras Mauricio Macri lideraba el Ejecutivo de su país. La polémica se despertó la semana pasada, porque la Cancillería plurinacional dio a conocer una carta en la cual un general de la Fuerza Aérea Boliviana agradecía al embajador argentino el traspaso de «material bélico», cuando Jeanine Áñez gobernaba de facto.
En Buenos Aires, el embajador de Bolivia, Jorge Ramiro Tapia Sainz, atiende a RT para comentar el posicionamiento de su nación, las posibles acciones legales contra la administración de Macri, el rol de los medios en el golpe y las renovadas relaciones bilaterales con Argentina tras la llegada del peronismo al poder.
RT: En las últimas horas la Policía de Bolivia anunció el hallazgo de las armas presuntamente enviadas por el Gobierno de Mauricio Macri. ¿Se puede probar el uso que se le dio a ese armamento?
T.S.: Habría que poner en contexto la información que trae nuestro comandante de la Policía. Hubo personas del anterior Gobierno argentino que negaron el envío de material bélico a Bolivia. El expresidente, la exministra de Seguridad [Patricia Bullrich] y el excanciller [Jorge Faurie]. Pero la mentira tiene patas cortas, poco a poco se van esclareciendo varios de estos temas.
Se ha verificado que esa nota de agradecimiento sí ha ingresado a la Embajada argentina en Bolivia. La Fuerza Aérea Boliviana también verificó el ingreso de armamento procedente de Argentina. Pero, resulta que esa nota no decía todo lo que llegó, porque de los 40.000 cartuchos que se mencionan, en verdad había 70.000. Además, entró un grupo de élite para, supuestamente, proteger los predios de la Embajada argentina. Según las normas bolivianas, para que un grupo extranjero armado ingrese, tiene que pronunciarse el Congreso.
RT: Pero, el armamento encontrado, ¿está sin usar o fue utilizado?
T.S.: Hay que hacer el peritaje correspondiente. Si vamos a las fechas, el 10 de octubre renuncia Evo Morales para evitar un enfrentamiento, el 11, de una manera nada clara y salteándose los procesos de posesión, asume la usurpadora del poder Jeanine Áñez, y a los dos días se produce la nota de agradecimiento del material bélico. Lo hace una fuerza que no debería hacerlo. Si era material antimotines, debería agradecer el comandante de la Policía, no el comandante de la Fuerza Aérea. Después de eso, se producen las masacres.
RT: Mientras avanza la indagación, ¿la administración de Bolivia sospecha que el armamento está implicado en las masacres de Senkata y Sacaba?
T.S.: Por supuesto. La investigación debe determinar si las armas fueron utilizadas, y dónde. Pero hay un antecedente. Son 37 muertes, miles de heridos y perseguidos.
RT: El canciller boliviano, Rogelio Mayta, no descartó un pedido de extradiciones para exfuncionarios argentinos. ¿Cuál podría ser el proceder judicial? ¿Se están preparando acciones legales contra Macri?
T.S.: Siguiendo nuestras normas, se van a seguir todos los procedimientos. Si existe la posibilidad de comprobar que hubo daño explícito hacia Bolivia, se tendrá que avanzar en esos mecanismos, pero no me adelanto a nada. Esperemos que la Justicia actúe y que determine si se piden extradiciones e indagaciones.
RT: ¿Qué opina sobre la denuncia que presentó el Gobierno de Alberto Fernández contra Macri y su administración por presunto contrabando de armas?
T.S.: La forma en que han llevado el material bélico, amerita una investigación. Hay que determinar si se saltearon los procesos necesarios. Por ejemplo, un canciller [Faurie] no puede desconocer que salgan estas armas hacia Bolivia. Todo se canaliza a través de Cancillería. También hay que ver si esto salió sin permiso, si participó la Aduana y si el país receptor también recibió esto sin los procedimientos correctos.
RT: Esta no es la primera vez que Macri tiene cruces con la comunidad boliviana.
T.S.: Cuando era gobernador de la Ciudad de Buenos Aires se produjeron represiones en un predio contra peruanos, paraguayos y bolivianos. Y dijo comentarios xenófobos, que no los voy a repetir, por los cuales nunca se disculpó. Por ello se indicó en su momento que nosotros no asistiéramos a ningún acto suyo, por la falta de respeto que tuvo hacia nuestro país.
RT: Muchos medios de comunicación se han empecinado por decir que el derrocamiento de Evo Morales no fue un golpe de Estado. ¿Por qué cree que pasó esto?
T.S.: Hay un trasfondo político, ideológico. Las pruebas son contundentes. Las leyes han sido violadas en mi país. Áñez es la única presidenta que en un proceso «democrático» se ha posesionado fuera del Congreso, sin el quórum de parlamentarios. Ha habido persecución a los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados que podían seguir en la línea sucesoria. Han quemado sus casas, amenazado a sus familias para que renuncien. La Policía se amotinó y las Fuerzas Armadas quitaron el respaldo que le deben al Gobierno democráticamente elegido. Esto no tiene otro nombre que golpe de Estado.
RT: Mirándolo en retrospectiva, ¿fue un error estratégico que Morales se haya postulado para un cuarto mandato consecutivo?
T.S.: La autodeterminación de los pueblos es fundamental, sería bueno que esto se lo pregunten a gobiernos como el de Rusia o Alemania, que llevan varios mandatos.
RT: Allí no hubo golpes de Estado de forma reciente.
T.S.: Bueno, el presidente Morales ya reconoció que fue un error, y creo que no hubiésemos tenido un problema mayúsculo en caso de haber leído adecuadamente lo que pasaba en ese momento. Los que creemos en la vía democrática hacemos autocrítica. No sabíamos que había gente desalmada que podía tomar el Gobierno con un golpe.
RT: Muchos afirman que durante la administración de Áñez hubo una dictadura, pero también es cierto que logró el aval del Tribunal Constitucional para ocupar el cargo de forma interina, el mismo Tribunal que ya había habilitado la cuarta postulación de Evo Morales, más allá de la Carta Magna. Entonces, ¿cómo define usted a ese Gobierno que se instaló de modo irregular?
T.S.: Un Gobierno no democrático, sería el término. Hablamos de totalitarismo. Hemos vivido pánico, amenazas, las calles de Bolivia estaban militarizadas, no había derecho a la protesta y las instituciones como tal fueron violentadas. Quitaron a muchos servidores públicos que ingresaron por la vía legal. Como nunca, nuestras cárceles estaban llenas de manifestantes. En una democracia, no se puede matar para llevar adelante un Gobierno. Eso lo cataloga como una verdadera dictadura.
RT: ¿Cómo mejoraron las relaciones diplomáticas entre los países vecinos?
T.S.: Es un momento de países hermanos, que están avanzando mucho de forma bilateral. Actuamos en comisiones para mitigar el covid, y valoramos el avance que tuvo Argentina en investigación, con la implementación de la vacuna Sputnik-V y su desarrollo de medicina nuclear. Frente a ello, investigadores bolivianos van a venir a Argentina para capacitarse.
También tratamos temas de comercio exterior, intentando habilitar una zona franca en Bolivia para que productos puedan venir a Argentina por una hidrovía, y viceversa, sumada a otra en la ciudad de La Plata [Argentina]. Sobre la venta de gas a Argentina, estamos analizando los acuerdos y verificando en qué condiciones están nuestros ductos. Además, queremos llevar adelante una organización de productores de litio, que hay en ambos países, y avanzamos en temas educativos. Vamos a tener una relación de progreso y bienestar, pero lo que nunca queremos, es hablar de tráfico de armas.
Un hombre ha matado este jueves a su pareja sentimental con un disparo de escopeta en la puerta de un colegio de Málaga capital y luego se ha suicidado con la misma arma. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el asesinato de la mujer, de 46 años, según han informado a Efe fuentes de la investigación.
Los hechos han ocurrido sobre las 9:00 en la calle Fernán Núñez de Málaga. A esa hora, el servicio Emergencias 112 Andalucía recibió más de una decena de llamadas alertando de que se habían producido disparos en plena calle y que podría haber dos fallecidos, por lo que inmediatamente el centro coordinador activó a la Policía Nacional, Policía Local y Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).
No constan denuncias previas de violencia de género entre las partes, según ha confirmado la Policía, que ha precisado que la víctima y su pareja, de 55 años, convivían desde hacía dos años.
De confirmarse el crimen machista, serían 25 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, según los datos oficiales del Gobierno. La cifra ascendería a 1.103 desde 2003, año en el que se comenzó el recuento.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. La llamada es gratuita y no deja rastro en la factura telefónica. aunque sí hay que eliminarla del registro del teléfono.
