«Con todo este historial, con sus deudas, impagos y una investigación policial complejísima que duraba ya dos años e incluía presunto tráfico de drogas, ¿cómo es posible que José Luis Moreno obtuviese cuantiosos créditos bancarios cuando eran conocidos sus impagos, era un moroso de Hacienda y estaba siendo investigado por la Guardia Civil por liderar una organización criminal?» Por Ana Pardo de Vera
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La mujer de Moreno Bonilla cierra la cuenta de Twitter donde presume de ser gerente de BidafarmaLa Junta de Andalucía niega que haya dado un contrato millonario a BidafarmaDesvelamos el documento que destapa la “traición” del PP y del Cacof a las farmacias de Andalucía
La Junta de Andalucía ha anunciado que comenzará el reparto de lotes de tres mascarillas para las personas mayores de 65 años y pensionistas como medida de prevención y de apoyo a los colectivos más vulnerables ante la pandemia del coronavirus. Serán un total de 7,5 millones de mascarillas sin coste los que se distribuyan entre la población andaluza.
En este acuerdo ha participado la cooperativa Bidafarma, que será la encargada de la logística para llevar las mascarillas a las farmacias, y el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos. Resalta que en la gerencia de Bidafarma se encuentra Manuela Villena López, que sustenta el cargo de gerente de relaciones institucionales desde septiembre de 2017 y, además, es la esposa de Juan Manuel Moreno Bonilla. “Nos resulta muy sospechoso que la distribución de mascarillas se haya hecho a través de Bidafarma, la empresa de la que es directora de relaciones institucionales la mujer de Moreno Bonilla y de la que es vicepresidente el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos”, comenta a ElPlural.com Jesús María Ruiz García, portavoz socialista de Sanidad en el Parlamento de Andalucía. Además, también explica que «el contrato puede llegar a los 7 millones de euros», teniendo en cuenta que el precio máximo de las mascarillas fijado por el Gobierno es de 0,96 centimos.
El portavoz socialista sigue insistiendo en sus sospechas: “Pero no nos extraña que exista esta participación cuyo contrato desconocemos. También desconocemos el procedimiento, si ha habido un expediente de licitación o si ha habido más ofertas o no. No nos extraña porque el Gobierno de Moreno Bonilla ya ha iniciado algunas relaciones con Bidafarma, como es el caso de la administración de la farmacia hospitalaria en algunas provincias como un pilotaje”. En el Parlamento andaluz se ha preguntado al Ejecutivo por esta cuestión, pero el portavoz de sanidad no ha recibido ninguna información al respecto, tal como asegura a este periódico.
Como se asegura en un comunicado de la propia cooperativa, “esta colaboración se suma a las ya realizadas con la administración sanitaria andaluza y los colegios profesionales”, en los que la cooperativa “ha gestionado la logística para transportar los medicamentos de dispensación hospitalaria desde los hospitales a las farmacias comunitarias”, así como “el reparto de material de protección frente al coronavirus entre profesionales sanitarios de las farmacias andaluzas”.
“Moreno Bonilla tiene que explicar la relación que existe entre la empresa Bidafarma, el gobierno de la Junta y los colegios farmacéuticos”, ha señalado Ruiz este mismo jueves, haciendo hincapié en que “en un momento tan delicado como éste, no podemos dar lugar a que haya sospechas de trato de favor”.
El dirigente socialista urge a Moreno Bonilla a que “explique cómo ha sido el procedimiento de adjudicación, si ha habido varios licitadores, cuáles han sido los criterios para adjudicar las mascarillas, qué papel ha desempeñado Bidafarma: si solamente las distribuye, y a cambio de qué, o si las ha comprado”.
También se ha sumado a esta petición la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía que «despeje cuanto antes las dudas sobre un posible trato de favor» del Gobierno andaluz a la empresa «en la que trabaja su esposa», Bidafarma, encargada de distribuir los 7,5 millones de mascarillas gratuitas que entrega la Junta a personas mayores y vulnerables.
La líder de la confluencia, que cree que Moreno debe responder personalmente a esta cuestión, ha incidido en que les preocupa este asunto más por que el contrato «no aparece, no lo encontramos, y no sabemos qué tipo de procedimientos ha seguido la JUNTA para seleccionar a la empresa que distribuirá esas mascarillas». «El contrato debe ser cuantioso aunque también desconocemos su cuantía», ha recalcado.
“La cooperativa Bidafarma no es adjudicataria total ni parcial de contrato alguno relacionado con la actuación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en materia de reparto de mascarillas a la población. Bidafarma asume la logística de esa acción sin contraprestación económica alguna”, explica a este medio Alfonso Pedrosa, director de comunicación de la cooperativa.
Pedrosa detalla que ellos han sido contactados directamente por el Consejo Andaluz de Farmacia, sin interlocución previa de la cooperativa con la Junta de Andalucía: «Es la Consejería la que, en función de sus estimaciones y previsiones, indica al Consejo de Colegios cuántas mascarillas van a cada provincia y, dentro de cada provincia, cuántas van a cada farmacia. Las estimaciones de reparto de la Consejería se basan en el porcentaje de potenciales beneficiarios de mascarillas que retiran su medicación en una determinada provincia y en una determinada farmacia. El Consejo de Colegios pide a Bidafarma que asuma sin coste la labor logística de la acción por dos razones: porque copa el 74% del suministro de medicamentos a las farmacias andaluzas y nadie tiene esa capacidad especializada de respuesta logística en la Comunidad; y porque es una cooperativa, de la que son propietarios los profesionales que trabajan en las farmacias, y tiene por ello toda la confianza de los profesionales para asegurar la calidad de la entrega del material a los pacientes».
Por su parte, Antonio Mingorance, vicepresidente de Bidafarma, durante su intervención hizo hincapié en «la necesidad de la actividad institucional de la cooperativa junto al resto de instituciones del sector para la defensa del modelo farmacéutico español. Una actividad institucional que la cooperativa ha llevado a cabo con las administraciones públicas, asociaciones de pacientes, sociedades científicas y universidades». Una actividad institucional que viene motivada según Mingorance porque «somos farmacéuticos y no podemos permanecer ajenos, como profesionales sanitarios, a desempeñar nuestra labor al lado de los pacientes. Por nuestra responsabilidad social corporativa, como empresa de un sector esencial, no podía permanecer impasible ante una emergencia nacional de estas dimensiones. Por poner en valor el papel de la farmacia y el uso racional del farmacéutico».
El conocido y polémico medico granadino, Jesús Candel, ha subido hoy a las redes su último video cargado de polémica. Uno más de los centenares de alegatos que Spiriman lanza contra la corrupción y los supuestamente corruptos en el Sistema Andaluz de Salud.
Pero en esta ocasión, Candel, incorporar para su escucha una grabación en la que, según afirma, es Antonio Mingorance, presidente del Colegio de Farmacéuticos andaluces y presidente del Grupo Cooperativo Farmanova, quien habría pronunciado graves amenazas.
Nuevamente en este video, el líder de las mareas blancas, vuelve a la carga contra el PP y si recientemente recurría al trabajo de la esposa del líder Bonilla para establecer relaciones, ahora lo hace con el hermano del presidente del PP de Granada y candidato a la alcaldía Sebastian Pérez.
En la región donde se perpetró el crimen opera una célula del Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC.
Cuatro miembros de una misma familia han sido asesinados este domingo en una zona rural del municipio colombiano de Cravo Norte, departamento de Arauca, informa la prensa local.
Un grupo de individuos armados llegaron a una finca de la vereda El Corozo y abrieron fuego contra los presentes. Las víctimas de la masacre han sido identificadas como Juan Manuel Garcés Garcés, Raúl Alberto Garcés Garcés (hermanos) y sus dos sobrinos Joaquín Garcés González y Ángel Garcés González.
Tras el ataque, se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario con participación de personería municipal, fuerza pública y militar, en el que se tomaron algunas medidas para garantizar el orden público. Según Radio Nacional de Colombia, en la región donde se perpetró el crimen opera una célula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.
Las autoridades locales indicaron que trabajaran para esclarecer el motivo del ataque y dar con sus autores. En los últimos meses, se han registrado en Cravo Norte constantes alteraciones de orden público y casos de secuestros extorsivos. Esta es la masacre número 51 en lo que va de 2021.
Miguel Díaz-Canel afirmó que las concentraciones populares en San Antonio de los Baños son «provocación sistemática que promueve la contrarrevolución».
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó este domingo San Antonio de los Baños, municipio situado al suroeste de la ciudad de La Habana, donde se han registrado concentraciones populares en medio de récords de contagios por covid-19.
En un discurso público, el mandatario aseguró que no van a permitir que nadie manipule la situación del país caribeño, al tiempo que calificó estos actos de «provocación sistemática que promueve la contrarrevolución».
«No permitiremos que nadie manipule nuestra situación, ni que defiendan una causa que no es cubana, una causa que es meramente anexionista, y a eso convocamos a los comunistas y revolucionarios del país», afirmó. «La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios», añadió.
El mandatario declaró que la situación de salud pública de la isla se ha visto agravada por el continuo bloqueo económico impuesto desde hace años por EE.UU.
«De manera muy cobarde, muy sutil, muy perversa, a partir de las situaciones más complicadas que tuvimos en las provincias, estos del imperio yankee empiezan ahora a aparecer con doctrinas de intervención para fortalecer el criterio de que el Gobierno cubano no es capaz de salir de esta situación», dijo el mandatario.
«Si quieren saber de qué es capaz Cuba, abran el bloqueo», propuso el presidente de la nación caribeña. «¿Eso no es genocidio? ¿Eso no es crimen de lesa humanidad? Yo creo que la vida [y] la historia nos demuestran qué está detrás de todo esto, de acabar con la revolución cubana», aseveró.
Díaz-Canel subrayó que el Ejecutivo que encabeza tiene toda la voluntad política para discutir y para reconocer los problemas del pueblo cubano, así como para participar en la solución y saber cuál es la verdadera causa, sin dejarse confundir.
«Explicamos que estábamos en una coyuntura difícil, a partir de las medidas que adoptó la Administración Trump de EE.UU. con el objetivo de asfixiar la economía del país, para provocar un estallido masivo y llamar a una intervención humanitaria», continuó el político.
Asimismo, explicó que desde su Gobierno han sido honestos a la hora de informar al pueblo cubano acerca de la situación que atraviesa el país desde hace un año. «Cuba resiste al bloqueo. Jamás doblegaremos nuestras banderas«, enfatizó.
Los datos más recientes fueron reportados por las autoridades cubanas este domingo y se corresponden al día anterior, 10 de julio. En esa jornada se registraron 6.923 contagios, para un acumulado desde el inicio de la pandemia de 238.491 con 32.088 casos activos, 109 pacientes en estado crítico, 124 pacientes graves y 1.537 fallecidos.
La emergencia sanitaria se deja sentir con más fuerza en la isla que en otros países de la región, debido, en parte, al continuo bloqueo por parte de EE.UU., que fomenta el desabastecimiento en la nación caribeña.
Durante el mandato de Donald Trump se recrudeció el bloqueo y aumentaron las sanciones que pesan sobre la isla, sobre todo entre 2019 y 2020. Su Administración reforzó las restricciones a los viajes de estadounidenses a Cuba —incluyendo los culturales y educativos—, impuso nuevas multas contras bancos extranjeros que operan activos financieros relacionados con La Habana, restringió el envío de remesas y amplió la lista de organismos y organizaciones cubanas con las que las instituciones estadounidenses tienen prohibido establecer contacto, entre otras medidas.
El pasado mes de junio, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que exige el fin del bloqueo comercial, económico y financiero que el país norteamericano mantiene contra Cuba desde hace casi 60 años.
Durante su intervención en la sede de la ONU, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, informó que los daños acumulados en seis décadas de bloqueo alcanzan los 147.853 millones de dólares, y acusó a Washington de aprovechar la pandemia para aumentar la presión contra la isla.
De hecho, solo en materia de salud, las afectaciones ascendieron a 198.348.000 dólares entre abril y diciembre de 2020; 38 millones más que entre abril de 2019 y marzo de 2020, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según las autoridades haitianas, el sospechoso, nacido en el país caribeño, aspiraba a ocupar la Presidencia.
Las autoridades haitianas han anunciado el arresto de un médico que reside en Florida como sospechoso «central» en el ataque armado que costó la vida del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio.
El detenido, Christian Emmanuel Sanon, de 63 años y nacido en Haití, aspiraba a ocupar el cargo de presidente del país, según ha precisado en rueda de prensa el jefe de Policía Nacional , Léon Charles.
«Vino en junio en un avión privado con objetivos políticos y contactó con una empresa de seguridad privada para reclutar a las personas que realizaron el acto», contó Charles, que detalló que se trata de la empresa venezolana CTU, con sede en EE.UU., recoge The New York Times.
Según el jefe de Policía, la misión inicial del grupo fue la de proteger a Sanon, pero luego las tareas cambiaron. Muchos de los mercenarios arrestados contactaron con Sanon.
La Policía registró la casa de Sanon y encontró una visera de la agencia antidrogas estadounidense DEA, dos vehículos, 20 cajas de cartuchos, 24 blancos no usados y 4 matrículas de la República Dominicana.
La madrugada en la que se produjo el ataque contra la residencia privada de Moïse en Puerto Príncipe, uno de los atacantes gritó que eran parte de una operación de la DEA, lo que fue después desmentido por la agencia antidrogas.
Sanon es el tercer arrestado nacido en Haití con lazos estadounidenses. Otros 18 detenidos son colombianos, en su mayoría militares retirados.
«Hoy en AP aparece que la empresa mercenaria que contrató a los colombianos involucrados en magnicidio de Haití es de un activista de Juan Guaidó, Antonino Intriago, jefe de una compañía mercenaria establecida en Florida», sostuvo la también ministra de Finanzas.
El trágico tema de ‘falsos positivos’ sigue generando polémica en la vida interna de Colombia. La Asociación de las Madres de Falsos Positivos advierte que los fallecidos en estos crímenes serían más de 10.000 en todo el país, sin embargo, las cifras del Gobierno son mucho más bajas. La representante de la organización, Jacqueline Castillo, explica que el temor y la falta de recursos impiden a las familias denunciar estos hechos.
El Consejo de Ministros aprobará el proyecto de la Ley de Memoria Democrática el próximo martes, en un contexto sociopolítico muy diferente al que dio una «apoteósica fiesta» de despedida en las estaciones ferroviarias a la División Azul en su marcha hacia el frente ruso justo 80 años antes, el 13 de julio de 1941.
Aquel día hubo un «fiestorro espectacular» en Madrid y en otras ciudades desde las que partían tropas, no solo con «una marabunta» en los andenes, sino también desde que salían de los cuarteles y por las calles repletas y engalanadas, según explica a Efe el escritor e historiador Carlos Caballero Jurado, quien calcula que siguen vivos apenas una quincena de los 46.500 divisionarios.
Tras la derrota bélica, el franquismo silenció a la División Azul, obviada incluso en los libros sobre la guerra, al menos hasta bien entrada la Guerra Fría, por lo que fue «una gran desconocida» durante mucho tiempo, dice a Efe el vicepresidente de la Fundación División Azul, Alfonso Ruiz de Castro.
Gran desconocida pese a haber supuesto «una de las gestas militares más importantes de toda la historia de España», como indica a Efe el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro.
Si bien los adioses a soldados que van a la guerra suelen ser tristes, el ambiente festivo en julio de 1941, cuando partieron los primeros 18.000 expedicionarios, respondía a que en esa ocasión se trataba de voluntarios, expone Caballero, autor de La División Azul, La división española de Hitler y Españoles contra Stalin.
Además, recuerda, estaban alentados por «el millón de afiliados» que tenía Falange dos años después de acabar la Guerra Civil, quienes apoyaban que España se sumara por fin a combatir junto al Eje, aunque fuera de esa manera parcial.
Propiciaba también el ámbito festivo que fuera un contexto de posguerra del primer franquismo, con el entusiasmo social por mostrar en público la adhesión al régimen, en este caso a una iniciativa que habían pugnado por protagonizar las semanas anteriores Falange y el Ejército.
El historiador explica que casi todos los divisionarios eran «voluntarios ideologizados» anticomunistas
Caballero sostiene que prácticamente todos los divisionarios eran «voluntarios ideologizados» anticomunistas, y que fueron muy escasos los que tenían otros propósitos, como hacer méritos ante las autoridades para limpiar su expediente o el de algún familiar, o los meramente aventureros o mercenarios.
Pudo haber más entre los que se alistaron, que fueron más de 100.000, seguramente unos 150.000, según sus cálculos, pero hubo «una enorme criba» con informes hasta de los párrocos para tratar de que no se colaran quienes tenían otros fines, aunque muchos hayan falseado su ideología juvenil, como asegura Caballero que hicieron el cineasta Luis García-Berlanga y el actor Luis Ciges.
Por entonces la Alemania nazi ofertó a España decenas de miles de puestos de trabajo en sus fábricas y campos agrícolas, lejos del frente, pero tuvieron poca demanda en comparación con el alistamiento militar, por lo que tampoco el doble salario alemán y español para la División Azul pudo ser un motivo mayor que el del ideal antibolchevique, añade Caballero.
No opinan así, sin embargo, otros autores, como José Luis Rodríguez Jiménez, quien en su obra De héroes e indeseables sobre la División Azul expone que estaba mucho más nutrida por republicanos que trataban de eludir la cárcel; en especial en los reemplazos de 1942 y 1943 más que en la primera expedición de 1941, como también explica Xosé Manoel Núñez Seixas en Camarada invierno.
También lo cree el historiador Xavier Moreno Juliá, quien en su libro La División Azul apuntaba al deseo de muchos divisionarios de no ser considerados desafectos por el régimen franquista, así como a la influencia de los motivos económicos, pues el sueldo triplicaba al de un obrero de la época.
«El primer culpable es Franco», afirma Ruiz acerca de que la División Azul haya sido «una gran desconocida», y opina que el dictador «como buen gallego, nadaba y guardaba la ropa», por lo que igual que autorizó el contingente de voluntarios en 1941 ante el avance alemán, lo replegó en 1943 ante el contraataque soviético.
Ruiz de Castro: «El primer culpable es Franco»
Siempre con la intención de «apuntarse al carro de los vencedores», opina el vicepresidente de la Fundación División Azul, quien relata que Franco hizo «mutis por el foro» y silenció a los excombatientes, hasta que solo después de 1954, tras el regreso de los prisioneros en el buque Semíramis, propició su realce, para poder destacar su propia lucha contra el comunismo, ya en un contexto de realineamiento con Estados Unidos.
Coincide en que es una gran olvidada el presidente de la Fundación Franco, que expone que la División Azul «no tiene el peso en la historia que se merece»; e «incluso en el propio Ejército español se la ningunea o no se habla de ella», lamenta Chicharro.
Discrepa Caballero, pues entiende que es un episodio bélico de la historia española más conocido que otros, «por lo extraño y llamativo» que resultó, y porque muchas familias contaron con un divisionario o han tenido uno próximo.
Eso sí, coincide en el «borrado» que pretendió la dictadura al principio, como muestra que en una historia de la II Guerra Mundial escrita por generales españoles y publicada en 1949 con ocho volúmenes, dos de ellos dedicados al frente ruso, ni siquiera se mencione a la División Azul; o que apenas la cite Ramón Serrano Suñer, concuñado de Franco y ministro de Exteriores en 1941, en sus memorias de 1947 Entre Hendaya y Gibraltar.
«Las hermandades no surgen en el 42 o el 43, cuando vuelven, sino a partir del 54. ¿Y qué hace Franco con las hermandades? Pues lo mismo, las descafeína», señala Ruiz, hijo de divisionario y representante de la fundación surgida en 1991, en el 50 aniversario.
A las hermandades, generalmente provinciales, de las cuales varias permanecen activas, solo podían asociarse los que fueron combatientes y sus familiares directos, mientras que la Fundación División Azul acoge también a simpatizantes.
«¿Y qué hace Franco con las hermandades? Pues lo mismo, las descafeína», señala Ruiz de Castro
Ruiz indica que de la hermandad madrileña siguen vivos hoy día cuatro excombatientes y cree que una veintena podrían estarlo aún en total, mientras que Caballero apunta que de la alicantina pervive uno y de la valenciana otros dos, y su cómputo es que en la actual pandemia de covid sobrevive una quincena a lo sumo, casi todos ya centenarios y no en plenas facultades.
Sobre las repatriaciones de restos de divisionarios desde cementerios de Rusia, Ruiz valora que el Ministerio de Defensa continúe sufragándolas, pero lamenta que lo haga «por la puerta de atrás», en actos sin publicidad y con aviso solo a familiares.
De entre los combates en los que participó la División Azul sobresale la batalla de Krasni Bor, una acción defensiva ocurrida el 10 de febrero de 1943 que impidió que los soviéticos rompieran el cerco a Leningrado (San Petersburgo), el cual se prolongó casi un año más.
«Fue una de las batallas más grandes que ha librado el Ejército español, aunque se haya olvidado de ellos; el nivel de heroísmo que allí se produjo está muy por encima de cualquier tipo de ideología», afirma Chicharro.
Lo cree también Ruiz, e indica que esa defensa se estudia en academias militares de otros países, mientras que Caballero relata que el Ejército soviético disparó 40.000 piezas de artillería esa mañana y murieron 1.200 españoles en pocas horas, casi una cuarta parte de los 5.000 «caídos» de la División Azul.
El octogésimo aniversario coincidirá el martes con el envío a las Cortes del proyecto de ley con preceptos para atajar las expresiones públicas de exaltación del franquismo y disolver entidades que enaltezcan al dictador, como la Fundación Francisco Franco.
Incorporará las sugerencias hechas por el Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto, incluido el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, lo que a juicio de Chicharro ha sido «un varapalo» para el Gobierno.
Calvo considera que la apología ya supone un «vilipendio» a las víctimas de la dictadura
No obstante, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dijo esta semana que habrá una vía para conjugar su pretensión de impedir pronunciamientos a favor del franquismo, bajo el supuesto de que la apología supone «vilipendio» a las víctimas de la dictadura.
El presidente de la Fundación Francisco Franco asegura, en cambio, que no le afectará a su organización si la norma «dice que siempre que se haga con menosprecio o humillación de las víctimas», ya que, subraya: «Desde luego jamás hemos humillado ni menospreciado a ninguna de las víctimas, nunca jamás».
«Con esa coletilla que han tenido que incluir (la sugerencia del CGPJ), pues les diría que los muertos que matan gozan de buena salud; no van a poder ilegalizar (la fundación) mientras persista el estado de derecho en España», opina.
Cree que el Gobierno utiliza otra vez «el comodín Franco» para esconder sus dificultades, como hizo con la exhumación, e indica que su fundación «cultural, humanística y docente» tiene tomadas medidas para continuar su actividad aunque «esa ley totalitaria» supere el trámite parlamentario, sin desvelar si se refiere al traslado al exterior.
La sentencia recayó sobre militares y jerarcas de Chile y Uruguay, que son acusados de la muerte de ciudadanos italianos.
El Tribunal Supremo de Italia confirmó este viernes las cadenas perpetuas a 14 personas involucradas en el Plan Cóndor, la represiva operación de las dictaduras de Suramérica, puesta en marcha en las décadas de 1970 y 1980 contra la disidencia de izquierdas.
La sentencia recae sobre 14 militares y jerarcas de Chile y Uruguay, que son acusados de la muerte de una veintena de ciudadanos italianos en la puesta en marcha del Plan Cóndor.
De esta manera, la Corte ratificó el fallo emitido en julio de 2019 por el Tribunal de Apelación de Roma, en segunda instancia, contra los represores.
En principio la sentencia recaía sobre 24 personas; no obstante, el número ha ido disminuyendo, por la muerte de varios de los acusados.
El militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 74 años, es uno de los condenados y es el único que ha estado de manera presencial en el proceso —aunque este viernes no acudió a la audiencia—, puesto que vive en Italia, luego de escapar de la justicia uruguaya en 2007.
Esta sentencia final llegó después de 23 años de iniciado el proceso, que arrancó cuando el dictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón y, entonces, el fiscal de Roma Giancarlo Capaldo abrió su investigación sobre posibles víctimas italianas en las dictaduras suramericanas.
Plan Cóndor, también conocido como Operación Cóndor, fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por Estados Unidos1 que incluía operaciones de inteligencia y asesinatos de opositores. Fue implementada oficial y formalmente en noviembre en 1975 por las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur —Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela—2. El gobierno de Estados Unidos proporcionó planificación, coordinación, formación sobre la tortura, apoyo técnico y suministró ayuda militar a las juntas militares3 durante las administraciones de Johnson, Nixon, Ford, Carter y Reagan. Este apoyo para violaciones de los derechos humanos se canalizó con frecuencia a través de la CIA.4
El Plan Cóndor se produjo en el marco de la estrategia de Estados Unidos en la Guerra Fría, guiada por la Doctrina de la Seguridad Nacional, promoviendo las dictaduras, con el fin de suprimir sectores políticos de izquierda, e impulsar un nuevo modelo económico centrado en garantizar beneficios crecientes a los sectores más conservadores y con mayores recursos materiales.5
Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, violación y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como «subversivas del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología».1 El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política, el peronismo, el sindicalismo, las agrupaciones estudiantiles, la docencia, el periodismo, el campo artístico, la teología de la liberación y el movimiento de derechos humanos. Los llamados «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50 000 personas asesinadas, 30 000 desaparecidas y 400 000 encarceladas.6
Con el antecedente del decreto Noche y Niebla en la Alemania nazi7 y similitudes con la «estrategia de la tensión» utilizada en Italia en los años 1970, la doctrina encarnada en la Operación Cóndor surge, según la profesora estadounidense Joan Patrice McSherry (Long Island University),3 en la década de 1960 en la Escuela de las Américas y las Conferencias de Ejércitos Americanos,8 en las cuales Estados Unidos enseña a los oficiales latinoamericanos instruidos en ellas acciones «preventivas» (torturas) en la región.
Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos durante la presidencia de Richard Nixon, ha sido señalado como el autor e ideólogo del Plan Cóndor.
Por otra parte, conviene destacar el contexto en que se pone en marcha la Operación Cóndor. A mediados de los años 1970, tras una serie de golpes de Estado, se cuenta con una verdadera red de dictaduras en el Cono Sur y en América Latina:
– En Paraguay, el general Alfredo Stroessner llega al poder en 1954 tras un golpe de Estado.
– En Brasil, los militares derrocan en 1964 al gobierno democrático y popular de João Goulart.
– En Bolivia, el general Hugo Bánzer llega al poder en 1971, después de una serie de golpes de Estado.
– En Uruguay, se instala una dictadura cívico-militar en 1973, coincidiendo con el plan general diseñado para el Cono Sur, donde crecen movimientos populares de envergadura.9
– En Chile, el general Augusto Pinochet toma el poder en 1973 tras su golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende.
– En Argentina, la junta militar presidida por el general Jorge Rafael Videla toma el poder en 1976 tras un golpe de Estado.
El periodista estadounidense A.J. Langguth atribuye a un operativo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense (como parte defensiva de la Guerra Fría, para impedir la propagación del comunismo en América Latina) la organización de las primeras reuniones entre funcionarios de seguridad uruguayos y argentinos para discutir la vigilancia de los exiliados políticos, así como su actuación como intermediaria en las reuniones entre los dirigentes de los escuadrones de la muerte brasileños, la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y agentes uruguayos;10 en Argentina había comenzado a actuar la Triple A desde el 21 de noviembre de 1973 (cuando Juan Domingo Perón todavía era presidente), en una coordinación criminal con la dictadura de Pinochet en Chile, tal como lo demostraron las investigaciones sobre la Operación Colombo, un modelo de guerra sucia que se ejecutó en 1975.11
Pero Estados Unidos hizo más que organizar los encuentros: la división de servicios técnicos de la CIA suministró equipos de tortura a brasileños y argentinos (entre otros) y ofreció asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo humano puede resistir, señala también Langguth.10
En 2007, la profesora Joan Patrice McSherry, apoyándose en un documento desclasificado de la CIA fechado el 23 de junio de 1976, confirma el secuestro y tortura de refugiados chilenos y uruguayos en Buenos Aires.12 Dicho documento explica que ya «a principios de 1974, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos subversivos».
