El juicio contra perpetradores de ‘falsos positivos’ en Colombia es admirable, pero el Gobierno de Duque no va a cesar esas prácticas ilegales, opina un experto.
La Fiscalía colombiana anunció el sábado que el excomandante del Ejército del país, el general en retiro Mario Montoya será imputado por su responsabilidad en las ejecuciones de 104 personas presentadas como rebeldes abatidos en combate dentro de la práctica conocida como los ‘falsos positivos’, un caso que involucra a 1500 militares.
Durante una entrevista concedida este domingo a la cadena HispanTV, el profesor investigador titular en la UNERG, Ángel Rafael Tortolero Leal, ha alabado el hecho de que se proceda a enjuiciar a los autores de este acto “criminal”, pero también ha puesto de relieve que el Gobierno de Colombia, presidido por el presidente ultraderechista Iván Duque, no cesará tales operaciones contra su pueblo.
“Nos contenta la noticia, por un lado, porque aspiramos a que se haga justicia, pero estamos claros que estamos frente de un Gobierno que no va a ceder a sus posiciones y es el Gobierno más impopular que ha tenido Colombia”, ha recalcado el experto.
De acuerdo con el analista, no hay que olvidar que existen unos autores intelectuales y “quién dio la orden expresa de que se hicieran este tipo de desmanes”.
Según el entrevistado, la oligarquía que gobierna Colombia le está “llegando cerca al brazo de la justicia” por ese motivo, seguramente “lo muevan todo para no cambiar nada” y terminen sacrificando en este ajedrez perverso a los autores materiales, que recibieron órdenes y “que nos les exime de responsabilidades porque hubieran podido haberse opuesto”.
Los ‘falsos positivos’ fueron perpetrados mayoritariamente entre 2002 y 2010, durante los dos periodos del expresidente Álvaro Uribe, el más férreo opositor a la negociación de paz con la guerrilla de las FARC. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) estableció que entre 2002 y 2008 hubo más de 6400 víctimas de estos crímenes.
La investigación está a cargo de la JEP, instancia creada tras los acuerdos con Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que indaga los crímenes tanto de los exguerrilleros como los agentes del estado. Sus magistrados escucharon este viernes y sábado, los testimonios de las víctimas de las atrocidades de los militares.
Los activistas ahora promoverán la creación de un Tribunal de los Pueblos para juzgar a los políticos.
Un hombre emite su voto durante un referéndum en Ciudad Juárez, México. 1 de agosto de 2021 Foto: José Luis González / Reuters
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró este lunes los resultados de la inédita consulta popular que se realizó el domingo y en la que el 97 % de los participantes votó a favor de «esclarecer las decisiones políticas tomadas en años pasados«, lo que para el oficialismo significaba enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
«Quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es la primera consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país. Es algo realmente trascendente. Es el inicio formal legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa», afirmó el presidente en una conferencia de prensa en la que descartó que este ejercicio haya sido «un fracaso» debido a que votaron solamente 6,6 millones de personas, lo que representa el 7 % del padrón electoral.
Para que los resultados fueran vinculantes, es decir, para que efectivamente se abriera la puerta a investigaciones penales en contra de los exmandatarios, se necesitaba que participara por lo menos el 40 % del padrón, equivalente a 37 millones de personas.
Sin embargo, López Obrador advirtió que «la democracia nunca fracasa» porque es el mejor sistema de gobierno.
«Lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta un intocable absoluto en ningún nivel, para que no se deje de respetar al pueblo«, dijo.
También recordó que antes se hablaba mucho de la democracia participativa, pero consideró que era mera demagogia porque no se llevaba a la práctica una forma de gobernar que le preguntara al pueblo.
Antecedentes
La jornada del domingo, agregó, representó un antecedente favorable con miras a la consulta de revocación de mandato que se realizará en marzo de 2022 para que la ciudadanía decida si quiere que él continúe o no como presidente, cargo que constitucionalmente debe cumplir hasta diciembre de 2024.
«La próxima vez van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura, eso le vamos a heredar a las nuevas generaciones. Por eso estoy contento por los resultados», dijo.
Para demostrar la trascendencia de esta consulta, precisó que tuvo el nivel más alto de participación de ejercicios anteriores.
Por ejemplo, recordó, en 1993 se realizó un plebiscito de reforma política del Distrito Federal, que hoy es la Ciudad de México, en el que votaron 330.812 personas, y en 1999 más de dos millones de ciudadanos se pronunciaron en contra del fraudulento rescate bancario conocido como Fobaproa, pero no les hicieron caso.
En 2018, en tanto, se llevó a cabo una consulta para cambiar la sede del nuevo aeropuerto internacional, en la que participaron poco más de un millón de personas.
¿Qué pasó?
López Obrador propuso el año pasado una consulta para que la ciudadanía decidiera si quería que sus antecesores fueran investigados y, eventualmente, enjuiciados.
Uno de los problemas que afectó la convocatoria de este ejercicio fue que, el año pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia avaló su realización, en lugar de redactar una pregunta concreta, acordó una frase larga, inentendible y confusa que fue motivo de debate hasta el último momento.
«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?», decía el enunciado de la discordia al que solo se podía responder con un ‘sí’ o un ‘no’.
El Gobierno y los activistas que promovieron la consulta también denunciaron las trabas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo al que incluso acusaron de boicot, y el silencio de la mayoría de los medios de comunicación que no convocaron a la gente a votar.
En ese sentido, López Obrador reiteró este lunes sus críticas. «No tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia. Fingen ser demócratas. Se pudo haber extendido el número de urnas, de casillas. Se pudo haber pedido colaboración de gobiernos estatales, municipales, del pueblo pero ni se hablaba del tema», dijo en referencia al INE.
Lo que sigue
Los promotores de la consulta reiteraron que, como habían dicho desde el principio, la votación del domingo era un punto de partida, no de llegada, puesto que ahora promoverán la creación de un Tribunal de los Pueblos que juzgue los crímenes de los pasado gobiernos.
En conferencia de prensa Alina Duarte, Epigmenio Ibarra, Omar García y Ariadna Bahena, quienes encabezaron el grupo ciudadano que impulsó una campaña nacional para impulsar la consulta, explicaron que la jornada representó «un parteaguas para la democracia mexicana» porque fortalece la participación directa como un contrapeso a todo tipo de poderes.
Por eso, anticiparon que el Tribunal estará integrado por personalidades de la sociedad civil y por víctimas. El evento en el que se formalizará esta propuesta se realizará el 8 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México.
«El objetivo es que se pueda juzgar a la luz del derecho internacional y del derecho mexicano las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, contra la economía popular, el saqueo general del país, contra el medio ambiente, violaciones de derecho a la información (…), garantizar el derecho a la verdad y a la memoria de las víctimas y a coadyuvar con el sistema de justicia para reparar los daños causados, esclarecer los hechos y garantizar la no repetición de los crímenes», señalaron en un comunicado.
De esta forma, el Tribunal podría complementar el trabajo de la Comisión de la Verdad que ya comenzaron a proponer desde el oficialismo, como una alternativa para juzgar los crímenes cometidos en las últimas décadas en el país
En el contexto de la consulta popular en la que los mexicanos votaron sobre el enjuiciamiento de los expresidentes, la analista política Nydia Egremy afirmó que hubo «una campaña de descrédito, de abierto sabotaje» a la participación «a través de los medios, sobre todo los de la derecha». Respecto a esta votación, dijo que «es un primer paso para que los ciudadanos mexicanos hagan vinculante su voluntad ante esa ley ya existente».
Tanto el partido Morena como los promotores de la consulta popular en México criticaron duramente al Instituto Nacional Electoral (INE), al que acusan de permitir fallas sistemáticas y no difundir la importancia del ejercicio entre la ciudadanía. En el mismo tono se expresó el profesor de ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfredo Jalife-Rahme quien considera que el INE «representa el peor peligro» para que los ciudadanos expresen su voluntad.
Los cofundadores de la compañía trabajaron anteriormente en agencias de inteligencia de Israel.
Una empresa secreta de vigilancia israelí, financiada desde EE.UU., es capaz de piratear aplicaciones cifradas como WhatsApp o Signal, advierte un artículo de Forbes publicado la semana pasada.
Paragon Solutions no tiene un sitio web, y tampoco hay mucha información sobre la empresa en Internet, pero, según LinkedIn, la compañía cuenta con más de 50 empleados. Fuentes del sector consultadas por Forbes sostienen que el producto de la ‘startup’ de vigilancia, fundada en 2019 y con sede en Tel Aviv, supuestamente le dará a la Policía el poder de acceder de forma remota a las comunicaciones cifradas de mensajería instantánea, como WhatsApp, Signal, Facebook Messenger o Gmail. Un ejecutivo de la industria precisó que el ‘software’ también promete obtener un acceso más duradero a un dispositivo, incluso cuando se reinicia. El producto espía supuestamente piratea aplicaciones de mensajería utilizando vulnerabilidades en las formas principales en que opera el ‘software’.
El cofundador, director y accionista principal de la empresa es Ehud Schneorson, excomandante de la Unidad 8200, una división del Cuerpo de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel. Los otros cofundadores —el director ejecutivo Idan Nurick, el director de tecnología Igor Bogudlov y el vicepresidente de investigación Liad Avraham— son exespías israelíes, mientras que el director cofundador y ex primer ministro del país hebreo Ehud Barak también forma parte de la junta. Por otro lado, la empresa cuenta con al menos un importante patrocinador financiero estadounidense: Battery Ventures, con sede en Boston (Massachusetts).
Expertos de la industria estiman que Paragon está tratando de diferenciarse de otros proveedores con su nuevo programa. Así, un alto ejecutivo de la firma aseguró que la compañía solo vendería sus productos de vigilancia a países que cumplan con las normas internacionales y respeten los derechos y libertades fundamentales, mientras que —afirma—la entidad por ahora no tiene clientes. Asimismo, la empresa supuestamente promete acceso a aplicaciones de mensajería instantánea en un dispositivo, en lugar de un control completo de todo el teléfono.
La polémica por el ‘malware’ Pegasus
La noticia llega en medio del escándalo en torno al ‘malware’ Pegasus, desarrollado por la empresa de vigilancia israelí NSO Group. Una investigación conjunta de 17 medios de comunicación reveló en julio que el ‘software’ espía —cuya licencia es vendida por NSO Group a Gobiernos para que rastreen a terroristas y grandes criminales—, había sido utilizado para ‘hackear’ los teléfonos inteligentes de periodistas, activistas, ejecutivos de negocios y políticos de diferentes países.
El documento precisa que al menos 50.000 dispositivos han sido infectados en todo el mundo y que se cree que el ‘malware’ es capaz de robar toda la información de un ‘smartphone’, incluidos nombres y números de teléfono de cada contacto, mensajes de texto y de redes sociales, correos electrónicos, etc.
¿Cómo saber si un móvil está infectado con el ‘software’ espía israelí Pegasus?
