Expertos independientes de la Comisión interamericana de derechos humanos instan a Bolivia a castigar a los responsables por la masacre en Senkata durante el golpe de Estado en 2019. Los investigadores continúan su gira por el país para conversar con los afectados en otras ciudades y este jueves se dirigen a Sacaba. El analista internacional Gabriel Villalba Pérez señala que el informe presentado por ellos desacredita las excusas de Jeanine Áñez para eludir la responsabilidad.
En Haití, ya se cuentan casi 2.000 muertos a causa del devastador terremoto del 14 de agosto, que también deja casi 10.000 heridos. Así lo señala el informe parcial de la dirección general de protección civil. Las cifras se conocen cuando se reanudan las labores de búsqueda, que se habían interrumpido por la tormenta tropical Grace.
Exmilitares colombianos presos en Haití han aceptado su responsabilidad en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, informa una fuente colombiana.
Según el canal televisivo colombiano Caracol Noticias, los testimonios de los cuatro exmilitares involucrados en el asesinato del presidente haitiano, que tuvo lugar el pasado 7 de julio en su residencia en Puerto Príncipe, fueron revelados el miércoles.
De acuerdo con el medio local, las declaraciones de los involucrados están en 15 horas de grabaciones de audio. Las pesonas que hablan en los audios son identificados como el capitán retirado del Ejército Germán Rivera García, el subteniente retirado Jheyner Carmona, el sargento retirado Ángel Yarce Sierra y el soldado profesional retirado Naiser Franco Castañeda.
Conforme a los relatos obtenidos, antes de la operación, se había avisado a los implicados que Moise disponía de entre 18 y 45 millones de dólares en su casa y si el acto se concluía exitosamente, a ellos les correspondería 18 millones de dólares.
Las declaraciones confirman que el ex funcionario del Ministerio de Justicia de Haití, Joseph Felix Badio, que otros militares les llamaban Mike, fue quien dio la orden de matar al presidente Moise, tres días antes de perpetrarse el crimen.
Mike, según dice el informe, le ordenó al capitán retirado Germán Rivera García, líder entonces de los mercenarios colombianos, que le “tocaba entrar y matar a todo el mundo, tocaba matar a todos los policías, mejor dicho, que si había hasta mascota matar la mascota, que no podía haber ningún testigo”.
“Nos vendieron la idea de que esa era la orden de captura, que era una orden de captura, pero Mike nos dijo que tocaba pelar (matar) al presidente”, detalló, por su parte, el sargento retirado.
Víctor Pineda Cardona fue quien disparó al presidente, como lo atestiguó quien se identifica como Franco en el audio.
El pasado 7 de junio, un grupo de individuos armados atacó la residencia privada del presidente haitiano, ubicada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe. El mandatario murió como consecuencias de las heridas de bala, mientras que su esposa, Martine Moise, resultó herida y fue internada en un hospital de la capital haitiana y luego trasladada en un avión ambulancia a un centro médico de Miami, en el estado estadounidense de Florida.
De acuerdo con la información facilitada por la agencia policial, 44 personas están capturados en relación al magnicidio, entre ellas figuran12 miembros de esa institución, así como 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, y seis haitianos, tres de ellos nacionalizados estadounidenses.
La declaración estadounidense ante la ONU sobre Afganistán «ilustra de forma clarísima lo poco fiable que es EE.UU.», estima el eurodiputado Manu Pineda. Según explica, Washington «abandona a su cooperante, a la población que ha cooperado con ellos en el período de ocupación o agresión». «EE.UU. monta guerritas muy lejos de sus fronteras» —añade—, mientras «Europa, que ha tenido también un papel muy activo en esta agresión, tiene que asumir su responsabilidad».
* El movimiento talibán, designado como «organización terrorista» por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.
«No existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido», dice un documento enviado a la Audiencia Nacional.
El Ministerio del Interior de España negó que hubiese ordenado las repatriaciones a Marruecos de niños y adolescentes no acompañados que ingresaron al país durante la entrada masiva de migrantes registrada en mayo pasado al enclave español de Ceuta.
En una respuesta a la Audiencia Nacional, que, tras un recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, dio un plazo de 24 horas al Ministerio del Interior para que justificara si efectivamente había dado la orden de la devolución de los menores, la institución indica que el procedimiento fue solicitado por la ciudad autónoma de Ceuta.
Además, argumenta que su escrito del 10 de agosto enviado a Ceuta, que dio pie a las repatriaciones, no constituye una orden, sino que se «limita a poner de manifiesto que el ministro de Interior (Fernando Grande-Marlaska) ruega se proceda efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos», reseña la Cadena Ser.
Por ello, el Ministerio del Interior indica a la Audiencia Nacional que no es el órgano competente para investigar el asunto. «No existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la Sala a la que nos dirigimos», dice el documento presentado ante el tribunal.
Asimismo, la cartera del Interior manifiesta que los acuerdos de retorno de menores ya están en manos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta.
Más tarde, se conoció que la Audiencia Nacional, aunque se declaró competente para resolver el recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la repatriación, decidió rechazar la medida cautelarísima de suspensión de las devoluciones que pedían los recurrentes.
Las repatriaciones de menores comenzaron el viernes pasado; sin embargo, el lunes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta paralizó las devoluciones por un lapso de 72 horas, tras las denuncias de representantes de cinco niños sobre su detención ilegal en la frontera.
Diversas organizaciones han denunciado que estas devoluciones violan tanto las leyes internacionales como las nacionales.
«Están vulnerando tanto la legislación internacional como la ley nacional. Las repatriaciones se están llevando a cabo de forma colectiva sin haber escuchado a los niños y sin asistencia letrada», comentó Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children.
Por su parte, Lourdes Reyzábal González-Aller, presidenta de Fundación Raíces, manifestó que agotarán los esfuerzos legales para «detener este pisoteo grosero de los derechos de la infancia más vulnerable» y no pararán «hasta que se garantice al menos la asistencia letrada a todos y cada uno de los niños».
Más de 25 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Save The Children y Fundación Raíces, enviaron una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que detenga las repatriaciones.
En la misiva, según recoge Amnistía Internacional, las organizaciones señalan que «tras la llegada de un niño o niña migrante no acompañada, las autoridades deben realizar una evaluación individual del interés superior de cada niño o niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar, sea la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen».
Las alertas al Gobierno español por estas repatriaciones también llegaron desde el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Migrantes, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía.
Del lado oficial, Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, dijo que en relación con estas devoluciones «se está actuando teniendo como máxima prioridad la protección del interés del menor».
Entretanto, en el escrito que envió el Ministerio del Interior a la Audiencia Nacional, firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, se describe que «como consecuencia de las entradas de personas el 17 y 18 de mayo se hizo necesario implementar medidas para garantizar la efectiva protección y tutela de sus derechos e intereses así como el retorno de dichos menores a Marruecos».
Asimismo, se indica que Ceuta «ha venido solicitando la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados», que ambos países firmaron en Rabat en 2007.
Según el fundador de WikiLeaks, se pretendía utilizar el país con el objetivo de «lavar dinero de las bases impositivas de EE.UU. y de países europeos».
En las redes sociales se está viralizando un video grabado en 2011 que fue publicado por la cuenta de Twitter de WikiLeaks, en el que su fundador, Julian Assange, ofrece su interpretación acerca del objetivo de la intervención internacional en Afganistán.
«El objetivo es utilizar Afganistán para lavar dinero de las bases impositivas de EE.UU. y de países europeos a través de Afganistán y traerlo de vuelta a las manos de las élites de la seguridad transnacional«, afirmaba Assange.
Según sus palabras, «el objetivo es una guerra eterna, no una guerra exitosa».
Tras casi veinte años en territorio de Afganistán, las tropas de EE.UU. empezaron a retirarse del país esta primavera, lo que motivó el inicio de las ofensivas talibanas para recuperar el poder y el territorio perdido con la intervención estadounidense. El pasado domingo, los talibanes tomaron el control de Kabul, la capital, y dieron por finalizada su ofensiva en todo el país.
Tras la entrada de los talibanes en la capital afgana, EE.UU. comenzó este domingo a evacuar en helicópteros a sus diplomáticos de su Embajada en Kabul, pese a que un mes antes el presidente Joe Biden aseguró que no contemplaba un escenario como ese bajo «ninguna circunstancia».
* El movimiento talibán, designado como «organización terrorista» por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.
Según los primeros análisis realizados por la Brigada de Delitos Ambientales (Brida) de la Comunidad Autónoma, se ha descartado por el momento la posibilidad de que se trate de un episodio de anoxia o falta de oxígeno, ya que los valores detectados en el agua son normales, informó el diario La Verdad.
Por su parte, la plataforma SOS Mar Menor denunció la situación y alertó que «el Mar Menor está muriendo». Entretanto, las redes sociales se han llenado de mensajes de indignación y los usuarios han denunciado la muerte masiva de peces, con fotografías y videos que dejan ver animales marinos sin vida sobre 500 metros de la línea de costa.
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y la WWF España han puesto en la mira la «ineficiente gestión» por parte de gobierno regional, que ha provocado una oleada de quejas por parte de la ciudadanía y de asociaciones que velan por la conservación del entorno natural.
Por su parte, especialistas e investigadores llevaban tiempo advirtiendo que la zona estaba sometida a una presión extrema. La laguna colinda con una extensa zona de agricultura intensiva, que abarca unas 60.000 hectáreas. Los deficientes sistemas de alcantarillado de las ciudades cercanas, así como los vertidos de las actividades mineras, han agravado el problema.
A esa versión se oponen los agricultores, que aseguran no ser culpables de la crisis y argumentan que sus actividades cumplen plenamente con la legislación medioambiental.
La periodista española y cofundadora del partido de extrema derecha Vox, Cristina Seguí, ha conseguido ser reiteradamente ‘trending topic’ en Twitter durante los últimos tres días por sus desagradables comentarios aludiendo a la situación de Afganistán y, en concreto, a las lúgubres perspectivas a las que se enfrentan sus mujeres y niñas.
El tuit que ha levantado las mayores críticas e indignación se refería al ofrecimiento del Gobierno de las Islas Baleares para acoger mujeres y niñas refugiadas afganas, al que la periodista ha respondido: «¿Necesitáis niñas para los puteros de la isla, Francina Armengol?», en alusión directa a la presidenta de esta región española.
La barbaridad espetada por Seguí ha sido contestada, además de por multitud de ciudadanos anónimos, por periodistas, políticos, activistas y otras personalidades, como Esteban Navarro, Gonzalo Boye o Julián Macías Tovar.
Algunas de las palabras más repetidas al comentar esta publicación han sido «vergüenza» o «asco», incluso algunas personas, como el periodista y profesor Antón Losada, no ha dudado en asegurar que Seguí ha cometido varios delitos, como calumnia y acusación falsa.
Seguí no solo ha mantenido la publicación y no se ha retractado, sino que ha reafirmado su postura en numerosas publicaciones posteriores a las que ha añadido nuevas polémicas, igualmente censuradas por numerosos usuarios.
En los sucesivos tuits no ha dudado en mostrar su desconocimiento geográfico y social calificando a la sociedad afgana, así como a otras como la pakistaní o la indonesia, de «moras», término popular con connotaciones peyorativas que habitualmente se usa para designar a las personas naturales del Magreb. Así, no se sabe si, de manera intencionada, confunde etnia, cultura, religión e ideología, cubierto de una pátina de xenofobia.
Además, la exmilitante de Vox (abandonó la formación ultraderechista en 2014) ha agregado a la acusación vertida hacia Armengol otra de iguales características contra la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, otra de las regiones españolas que se ha ofrecido al acogimiento de refugiadas afganas.
«Deplorable» y «miserable» han sido otros de los calificativos que le han dedicado políticos de otros partidos y otras muchas personas.
Lo cierto es que la de Cristina Seguí no ha sido una actitud aislada, sino que desde que se produjo la toma de Kabul por los talibanes el pasado domingo, tras la salida de las tropas estadounidenses, en España la ultraderecha no ha parado de utilizar la situación afgana para atacar al Gobierno y, más en concreto, al movimiento feminista.
Así, el primer día fue tendencia por este motivo la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que se acusaba de no hacer nada por la situación de las mujeres en el país asiático. A partir de ahí, se comenzaron a publicar múltiples tuits preguntándose dónde estaban las feministas y que hacían para paliar la situación de mujeres y niñas afganas.
Esta última corriente acabó siendo contrarrestada por un alud de tuits que se preguntaban por el papel de las feministas en cualquier ámbito a modo de ironía, utilizando el humor tan propio de esta red social.
