El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló durante su conferencia matutina sobre el video que publicó este fin de semana en sus redes sociales el excandidato presidencial Ricardo Anaya, en el que lo acusa de querer encarcelarlo con «mentiras y dos testigos balines». El mandatario aseguró que no tiene nada que ver con el tema.
«Él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es mentira, eso es falso. Lo que da origen a esta situación es una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido, en su momento», aseguró.
Agregó que dicha denuncia por la cual el panista es llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar ante un juez también, se juntó con otra que realizó el exdirector de Pemex Javier Lozoya en el que acusa a legisladores y dirigentes de partidos de recibir dinero para la aprobación de la reforma energética.
También aseguró que los problemas que enfrenta Anaya surgieron después de que se hiciera muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto y luego «se le volteara», hecho que consideraron una «traición».
«No sé si se acuerdan que en el debate dijo que iba a meter a el expresidente Peña a la cárcel, pues a partir de ahí también se le generaron problemas porque sintieron que estaba traicionando. Entonces, se le juntaron estas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara», dijo.
El presidente presentó durante la conferencia los videos donde Javier Lozano, secretario del trabajo durante la administración del presidente Felipe Calderón, acusa a Anaya de corrupción; y uno más en el que Ernesto Cordero, secretario de economía también durante el gobierno de Felipe Calderón, habla de la denuncia que presentó contra Anaya por el delito de lavado de dinero.
«Que Anaya dé la cara, que no me eche la culpa, ¡que no sea marrullero!, se les hace fácil decir «Me persiguen, me persiguen»; nosotros no somos represores, no odiamos, no somos como ellos. Somos distintos, tenemos principios ideales, tenemos moral. Pero es una maniobra politiquera el querer salir así. Que vaya y declare, y que demuestre que no recibió dinero», sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Cuando se lucha por una causa se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente», agregó el jefe del Ejecutivo federal.
«El que nada debe nada teme, él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad, si tiene su conciencia tranquila, incluso no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente«, dijo el mandatario en conferencia de prensa.
¿Qué fue lo que dijo Anaya?
Este fin de semana el excandidato presidencial Ricardo Anaya publicó en sus redes sociales un video en el que asegura que presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere «fregar a la mala» porque le estorba para las elecciones de 2024 y porque no le gusta lo que dice en sus videos.
«Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor», escribió.
En el video, Anaya también asegura «estar limpio», no tenerle miedo al presidente, e ir un paso adelante. También dijo que estará ausente una temporada para recaudar pruebas contundentes para «desenmascararlos».
Horas más tarde, el exdirigente del PAN publicó un nuevo video en el que asegura que la Fiscalía General de la República le hizo llegar un citatorio para que se presente a una audiencia.
«López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan «solo» suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope», manifestó.
En las elecciones de 2018 Anaya consiguió obtener el 22,27% de los votos, mientras López Obrador 63,42%.
El exmandatario de Brasil Luiz Inácio Lula de Silva en una conferencia en Ginebra, 6 de marzo 2020.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil desestimó una denuncia contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por un caso de corrupción.
Una jueza de Brasilia (la capital) anuló el domingo la denuncia que acusaba a Lula por supuesto caso de corrupción en torno a una casa de campo, según ha informado la defensa del exmandatario.
La denuncia presentada por el MinisterioPúblico Federal (MPF) de Brasil, había sido tramitada en juzgados de Curitiba a cargo del entonces juez Serio Moro, que acusaba a Lula de recibir de la constructura Odebrecht una casa de campo en el municipio de Atibia a modo de soborno.
En marzo pasado, el proceso fue canceladopor la Corte Suprema; no obstante, el MPF insistió en reabrirlo, alegando que presuntamente el expresidente había incurrido en corrupción y lavado de dinero tras supuestamente beneficiar a contratistas de Odebrecht en obras efectuadas en Sao Paulo.
Sin embargo, la jueza Alves aseguró que no existen pruebas para responsabilizar al líder del Partido de los Trabajadores (PT). “La justa causa no fue demostrada en la ratificación acusatoria”, remarcó.
De este modo, la sentencia de rechazo de acusaciones contra el exmandatario se asumirá a otras 16 anteriores en las que él fue totalmente absuelto, han dicho los abogados de Lula, al señalar que “nada puede reparar los 580 días de prisión ilegal, la violencia y el sufrimiento infligidos a Lula y su familia”.
En 2018, el exjefe del Estado brasileño fue condenado por corrupción y lavado como beneficiario de un tríplex en Guarujá (litoral de Sao Paulo) y estuvo detenido desde abril de ese año hasta noviembre de 2019 en la sede de la Policía Federal de Curitiba. En 2020, fue condenado a 17 años en segunda instancia, acusado de recibir sobornos de constructoras, relacionados con un sitio en Atibaia (Sao Paulo), a cambio de influir en la obtención de contratos en Petrobras. El líder socialista siempre ha rechazado estas acusaciones en su contra.
La violencia que se vive en Colombia es superior a cualquiera que se esté viviendo en otro país, incluyendo Afganistán, dice un analista.
“Realmente, esta es una crisis superior a lo que está ocurriendo en Afganistán, puesto que el acuerdo de paz no se está cumpliendo de ningún modo. Ni el dinero ha llegado al campo, ni ha habido desarrollo de la sociedad, ni hay paz”, dijo en una entrevista concedida el domingo a la cadena HispanTV, el analista político Carlos Santa María en referencia a la masacre número 66 en lo que va de año en el país suramericano.
Para el analista colombiano, cada masacre indica que el proceso de paz es cada vez más difícil en Colombia. “La Idea es realmente que menos líderes y menor presión estén en el próximo escándalo que haya, que es el dinero que, a mi juicio, se llevan estas elites que están manejando el país. Esos escándalos tienen que desaparecer, y ¿cómo se hace?, pues eliminando a los líderes y a la gente, de hecho, seguir hablando de paz, es realmente absurdo”, matizó.
Al respecto, subrayó que existe un espectáculo de ficción en Colombia, donde el 97 % de los casos de violencia quedan en la impunidad, lo que demuestra que es una crisis superior a cualquiera que se esté viviendo en otro país.
El genocidio en Colombia no cesa: el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señala que en lo que va del presente año, en Colombia se han perpetrado 66 masacres y se podría encaminar a superar la vergonzosa cifra de 97 masacres registradas en 2020.
Además de las masacres, otro blanco de la violencia son los líderes sociales, pues en menos de ocho meses del 2021 asesinaron a 109 y desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han sido ultimados 1225 líderes.
Diferentes organizaciones de derechos humanos han condenado las matanzas en Colombia y han enfatizado la necesidad de cumplir con los acuerdos pertinentes para combatir la inseguridad y reforzar la protección de los grupos más vulnerables.
La idea de la Unión Europea de crear una fuerza militar propia no es mera coincidencia con lo que pasa en Afganistán, sino “una quimera”, opina un analista.
El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, pidió el sábado la creación de una fuerza militar del bloque comunitario para lograr una autonomía estratégica, después de la magnitud de la crisis desatada en Afganistán.
Borrell dijo que Europa debería estar preparada para actuar por su cuenta y no seguir dependiendo de Estados Unidos.
En una entrevista concedida este lunes a la cadena HispanTV, el periodista Francisco José Saavedra ha comentado que lo que intenta hacer Borrell es “subsanar el gravísimo error que tuvo la semana pasada”, cuando dijo que la UE tenía que negociar con los talibanes en Afganistán.
De acuerdo con el experto, la creación de un ejército europea es una “quimera”, ya que los países de Europa no pueden llegar a un acuerdo por sus diferencias en política exterior. Además, ha continuado, dado que la mayoría de los países de Europa forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), encabezada por EE.UU., Washington no va a permitir la creación de ese ejército.
Un informe de Amnistía Internacional consiguió documentar 64 casos de personas judicialmente perseguidas «por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión». Desde enero pasado se hicieron efectivas 40 penas de muerte. Las graves vulneraciones de derechos humanos no aparecen en los informes del Gobierno español, que en 2020 autorizó nuevas exportaciones de armas y municiones.
Una persona pasa junto a una imagen del monarca saudí en el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz en Jeddah el pasado 17 de julio de 2021. —Ahmed Yosri/REUTERS
Mohammad al Otaibi tuvo una mala idea: fundar una asociación defensora de los derechos humanos en Arabia Saudí, una de las últimas monarquías absolutistas del planeta. Su papel de miembro fundador de la Unión por los Derechos Humanos le ha costado una condena de 17 años de cárcel. Su tocayo Mohamad al Bajadi, creador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA), aún no sabe cuánto tiempo tendrá que estar preso: está recluido sin cargos ni juicio desde mayo de 2018.
Ambos casos figuran en el último informe elaborado por Amnistía Internacional (AI) sobre la represión salvaje que el régimen de Salmán bin Abdulaziz mantiene contra sus compatriotas. El documento se centra en lo ocurrido en ese reino desde diciembre de 2020, cuando Arabia Saudí abandonó la presidencia de la cumbre del G20. Cuando la comunidad internacional dejó de mirar formalmente hacia Riad, el Gobierno dijo adiós a su cara amable y recuperó la senda de la opresión hacia activistas de derechos humanos, periodistas o tuiteros.
Tras concluir la presidencia saudí del G20, los tribunales locales «dictaron duras penas de prisión por simples tuits e impusieron restrictivas condiciones –como prohibiciones de viajar o el cierre de cuentas de las redes sociales– a personas que ya habían quedado en libertad tras haber cumplido condena», subraya el documento.
Carlos de las Heras, portavoz de AI España para Arabia Saudí, señala a Público que «el año pasado las autoridades saudíes llevaron a cabo una estupenda campaña de relaciones públicas de cara al exterior: hicieron algunos anuncios positivos, como la reducción del número de condenas a penas de muerte y ejecuciones». Sin embargo, «esos signos de apertura o reforma se han convertido en un espejismo».
La organización de derechos humanos ha conseguido documentar 64 casos de personas «judicialmente perseguidas por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión». De ellas, 39 continuaban en prisión, «mientras que las restantes habían quedado recientemente en libertad condicional tras haber cumplido condena o estaban en espera de juicio por cargos relaciones con su libertad de expresión y su labor de derechos humanos».
En la mayoría de los casos «el Tribunal Penal Especializado había dictado condena en juicios manifiestamente injustos, empañados por meses de reclusión en régimen de incomunicación y de aislamiento, sin asistencia letrada durante los periodos de detención, los interrogatorios y el juicio, a lo que se sumaba la admisión indiscutida, en los tribunales, de ‘confesiones’ extraídas mediante tortura que, en muchas ocasiones, desembocaron en condenas a muerte».
De hecho, las condenas a la pena capital, que habían experimentado un descenso del 85% durante la presidencia saudí del G20, han crecido notoriamente desde entonces. En diciembre, tras el fin de la cumbre celebrada el mes anterior, hubo nueve ejecuciones de presos. En lo que va de 2021 suman ya 40.
El documento cita el caso de Mustafa al Darwish, un joven saudí de la minoría chií ejecutado en junio pasado, tras tres años con una condena a muerte sobre su espalda. Entre los cargos en su contra figuraban acusaciones tales como una supuesta «participación en rebelión armada contra los gobernantes, bloquear carreteras y sembrar la discordia«, «formar una red terrorista armada y disparar contra agentes de seguridad» o «buscar la ruptura de la cohesión nacional mediante su participación en más de 10 disturbios».
AI recoge las declaraciones de Mustafa al Darwish durante una de las vistas judiciales ante el Tribunal Penal Especializado. «Mi confesión no es válida, porque me amenazaron, me pegaron y me torturaron para extraer una confesión. También me torturaron en zonas sensibles del cuerpo hasta que perdí el conocimiento. Confesé por temor a perder la vida», denunció.
En ese contexto, AI también ha documentado «decenas de casos de personas que siguen condenadas a muerte en la actualidad, y que fueron juzgadas y condenadas por el Tribunal Penal Especializado por diversos cargos relacionados con su oposición al gobierno, su participación en protestas contra éste y su presunta implicación en ataques o asesinatos». «Todas ellas fueron condenadas en juicios manifiestamente injustos, empañados por denuncias de tortura durante la detención, que no fueron investigadas, en ningún caso, por la fiscalía», remarca.
En otro apartado, el informe recalca que «todas las personas recientemente juzgadas o condenadas por el Tribunal Penal Especializado han sido sometidas a régimen de incomunicación y, durante meses, han permanecido recluidas en régimen de aislamiento, sin poder mantener ningún contacto regular con el mundo exterior».
De hecho, en casi ninguno de los casos «se permitió consultar a sus representantes legales desde el momento de su detención hasta el principio del juicio, y algunas de ellas fueron sometidas a tortura y a otros malos tratos durante sus primeros meses de detención». «Otras fueron condenadas a duras penas de prisión, o a muerte, en juicios ostensiblemente injustos», subraya AI.
Abdulrahman al Sadhan, empleado de la Media Luna Roja que tuvo la osadía de criticar al régimen desde su cuenta de Twitter, fue detenido sin orden judicial y sometido a desaparición forzada, desde el momento de su detención en marzo de 2018 hasta que le permitieron llamar por primera vez a su familia, el 12 de febrero de 2020.
Sus seres queridos explicaron a AI que «mientras permaneció recluido en régimen de incomunicación, había sido sometido a descargas eléctricas, palizas, flagelación, suspensión en posturas en tensión, privación del sueño, amenazas de muerte, insultos, humillación verbal y régimen de aislamiento». En abril pasado fue condenado a 20 años de cárcel.
También en abril llegó la condena contra el defensor de los derechos humanos Khaled al Omeir, quien recibió una pena de siete años de prisión. «No tuvo acceso a asistencia letrada ni durante el juicio ni durante el periodo de detención previa a éste. Pasó largo tiempo en régimen de aislamiento, y afirma que en prisión preventiva, antes de los interrogatorios, lo mantenían con los ojos vendados durante horas», relata AI.
Oportunidades de negocios
Estas graves violaciones a los derechos humanos son omitidas en los distintos informes elaborados por la Oficina Económica y Comercial del Gobierno de España en Riad. Tanto la «guía de negocios» actualizada en junio pasado y que contiene «información relativa a la situación actual del país, tanto política como económica», como la «Guía País» sobre Arabia Saudí, publicada un mes antes, excluyen cualquier alusión a los casos de persecución contra opositores políticos, tuiteros o defensores de derechos humanos.
Según ha podido constatar Público, el documento titulado «Guía País» no hace ni una sola mención a los derechos humanos, algo que tampoco ocurre en la guía de negocios. En ambos documentos sí puede encontrarse una alusión directa al sector de Defensa como uno de los ámbitos «prioritarios» donde las empresas españolas pueden buscar oportunidades comerciales.
Casi una treintena de licencias
En efecto, España es uno de los principales suministradores de armamento a Arabia Saudí. En 2020 –último periodo del que existe información disponible– la junta interministerial que se encarga de autorizar o rechazar las solicitudes de exportación de armamento español dio su visto bueno a 26 licencias de material de defensa por valor de 215,3 millones de euros.
Según consta en el contrainforme elaborado por la campaña Armas Bajo Control –integrada por AI, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau– hubo autorizaciones por un valor de 1 millón de euros en armas pequeñas, 4 millones en armas ligeras, 122 millones en munición o 75 millones en aeronaves, además 6,2 millones en equipos de formación de imagen o contramedida, que incluyen cámaras y equipos de proceso de imagen, «susceptibles de ser usados en los bombardeos de Yemen».
Desde las oficinas de AI España, De las Heras sostiene que «el Gobierno no puede ignorar la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí». «España no puede ni debe vender armas a países que puedan utilizarlas para llevar a cabo violaciones a los derechos humanos», agregó.
La Secretaría de Estado de Comercio ha defendido en reiteradas ocasiones que las armas vendidas por España no son utilizadas para la vulneración de derechos humanos, al tiempo que reivindica las garantías que ofrecen los protocolos vigentes a día de hoy. No obstante, las actas de la junta interministerial que analiza dichas operaciones son secretas.
El Consello de Contas de Galicia aleta de que agencias, fundaciones, consorcios y demás entes públicas manejan más de 1.588 millones de euros de fondos públicos de manera opaca y sin que muchas de ellas justifiquen sus gastos ni su actividad.
El aparato de propaganda del PP gallego lleva años dibujando la imagen de Alberto Núñez Feijóo como un eminente gestor, austero en la administración del dinero de todos y eficaz a la hora de obtener la mejor relación calidad-precio en la prestación de servicios públicos. Pero tras más de once años de gobierno, la realidad desmiente ese perfil. Feijóo ha ejecutado recortes que han minado la calidad de la educación y de la sanidad; ha mantenido a Galicia entre las comunidades más pobres y con más pobres, y ha puesto en manos privadas la gestión de políticas relevantes convirtiéndolas en negocio para unos cuantos afortunados. En ocasiones a través de los clásicos chiringuitos que el PP tanto dice denostar, pero a los que tanto acude.
Valga la introducción para contextualizar el Informe Económico-Financiero de las Entidades Instrumentales Autonómicas aprobado el mes pasado por el Consello de Contas de Galicia, el ente fiscalizador de las cuentas del sector público gallego. Alerta de que, sin incluir al Servicio Galego de Saúde (Sergas), el 15% del presupuesto de la comunidad autónoma, es decir más de 1.588 millones de euros, está manejado por organizaciones e instituciones dependientes de la Xunta pero con autonomía para operar al margen de la administración autonómica: organismos autónomos comerciales, entidades públicas empresariales, agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles…
Feijóo, en marzo, en la toma de posesión de consejeros del Consello de Contas. —XUNTA
En total suman 117 sobre las que el Consello de Contas alerta de que apenas pueden ser controladas en su actividad, que se alimentan de fondos públicos sin que sus cuentas puedan ser adecuadamente fiscalizadas para deducir la idoneidad de sus gastos, y que algunas han requerido enormes inyecciones de capital público para camuflar un endeudamiento exagerado. No todas pueden considerarse chiringuitos en el sentido peyorativo del término, pero la mayoría sí funcionan como tales.
«Las memorias de la mayoría de los organismos autónomos no cumplen su función de explicar, comentar y ampliar el resto de datos contables y carecen de valor informativo», señala el Consello, que advierte de que falta «información económico-financiera» y «sobre indicadores de gestión y coste de actividades». Es decir, la más relevante para deducir si chiringuitos, fundaciones, agencias y consorcios cumplen las normas contables y de gasto que están obligadas a observar.
«Lo que el Consello de Contas le viene a decir a la Xunta es que las figuras a través de las cuales ha creado una administración paralela no cumplen la función para la que estaban pensadas», sostiene Iago Tabares, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en la Comisión Insitucional y de Administración del Parlamento de Galicia. «Y evidencian una vez más que el Gobierno de Feijóo hace lo contrario a lo que dice que va a hacer. En el 2010 anunció que iba a acabar con esa administración paralela, pero lo que ha hecho ha sido mantenerla y aumentarla. Son chiringuitos pensados para eludir las normas de contratación administrativa y para actuar con discrecionalidad en la contratación de personal».
El ex diputado socialista en el Congreso y portavoz del PSOE en el Parlamento de Galicia, Pablo Arangüena, mantiene una postura igualmente crítica: «Algunas entidades no rinden ni siquiera cuentas y es cierto que ha descendido su número en la última década, igual que en el resto del Estado, pero manejan el mismo presupuesto, lo que implica que se ha tratado de una reordenación cosmética», afirma. «No hay control real de eficiencia del gasto, los chiringuitos siguen a plena potencia y en ellos se gestiona una parte significativa del gasto público autonómico y se sigue enchufando a allegados del PP», concluye.
El aparato de propaganda de Feijóo ha convertido al presidente de la Xunta en un adalid de la defensa de lo público. Cuando una de las estrategias recurrentes de su acción de gobierno consiste en crear entidades instrumentales para, con el dinero público, generar golosos negocios para la banca y la gran empresa.
La última inciativa ha sido la Sociedad para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, que gestionará los cerca de 20.000 millones de euros que la Xunta prevé obtener de los fondos Next Generation de la UE. El 60% del capital está en manos de Abanca, formada por las antiguas cajas de ahorro y hoy propiedad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet; de Reganosa, dedicada al transporte y regasificación de gas natural y propiedad de la familia Tojeiro, a su vez titular de Gadisa, la mayor red de supernercados de Galicia; y de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), otra entidad dependiente de la Xunta pero participada al 49% por Naturgy.
La Xunta asegura que la nueva sociedad está «abierta a nuevos socios» y que se apoya «en tres principios rectores: involucrar a las pymes, hacer de la I+D+i un elemento transversal y fomentar la colaboración público-privada». Viendo su accionariado, sólo el tercer principio está garantizado. En el consejo no se sientan las pymes ni los investigadores ni los científicos, sino los representantes de la banca, las eléctricas y las grandes fortunas del país — Roberto Tojeiro tiene un patrimonio que algunas fuentes estiman en 415 millones de euros—.
«No puede ser que la gestión de proyectos esenciales para el futuro de Galicia se diseñe al margen de las instituciones», subraya Iago Tabares. «No estamos en contra de la colaboración público-privada, pero sí del desmantelamiento de lo público», añade el portavoz del BNG.
La entidad que gestionará los fondos europeos en Galicia no figura en el análisis del Consello de Contas, que se refiere al ejercicio del 2019. Pero hay muchas entidades a su imagen y semejanza, y sobre algunas el informe arroja serias dudas en torno a su gestión y a la procedencia de que sigan existiendo.
Sobre las agencias, gestionan 698 millones y, al contrario de lo que ha sucedido con la Administración central, que ha ido prescindiendo de ellas, han sido el modelo preferido por Feijóo para gestionar áreas de gasto tradicionalmente desarrolladas de forma centralizada: «infraestructuras, innovación, equipamiento tecnológico, turismo y servicios sociales, entre otras». El Consello no ha podido acreditar que esas agencias «estén aplicando los mecanismos de gestión transparente por objetivos».
Sobre las sociedades públicas, advierte de su «escaso nivel de autofinanciación» y pone en duda «que sus actividades sean mercantiles o empresariales». Y en cuanto a las fundaciones, asegura que su dependencia de las subvenciones autonómicas, superior al 80%, «evidencia la incapacidad para usar el modelo según su verdadera esencia, que no es otra que la de incentivar la participación de la financiación privada en actividades de interés general».
El Consello recomienda a la Xunta -sus informes no son vinculantes- que someta a auditoría a todos los organismos públicos instrumentales y que actualice la normativa para controlar sus cuentas. Porque aunque en general las entidades presentan un nivel de solvencia «razonable», en algunos hay verdaderos agujeros negros por los que se cuelan cantidades astronómicas de dinero público.
Es el caso de Xestur, creada a los tres años de que Feijóo accediera a la Xunta para «la realización de actividades urbanísticas». Entre el 2014 y el 2019, la Xunta tuvo que realizar «sucesivas inyecciones de capital por importe de 229 millones para que Xestur pudiera hacer frente a su endeudamiento», advierte el informe. La deuda de los chiringuitos y entidades dependientes de la Xunta alcanzó los 820 millones en el 2018 y cayó hasta los 573 millones en el 2019. Pero sólo porque el Gobierno autonómico enjugó la deuda de Xestur con más dinero público, en una situación similar a la que padece la Sociedad Pública de Investimentos (SPI), destinada a construir, explotar y mantener infraestructuras autonómicas, y que también arrastraba un enorme endeudamiento.
Ni Xestur ni la SPI están participadas por la iniciativa privada. Curiosamente, las entidades instrumentales de la Xunta que dan pérdidas no cuentan con ella. Las que rinden beneficios, sí. Algo pone en duda esa imagen de buen gestor de lo público que la propaganda atribuye a Feijóo.
Otro ejemplo: tampoco está participado el Instituto Galego de Promoción Económica, creado por Fraga en 1992 a imagen del Instituto de Crédito Oficial (ICO), al objeto de apoyar mediante préstamos y subvenciones la actividad empresarial y productiva. A los dos años de la llegada de Feijóo, el Igape fue el epicentro de la Operación Campeón, que motivó la detención de los altos cargos del Instituto que su Gobierno avalaba acusados de fraude, lavado de capitales y tráfico de influencias por conceder irregularmente préstamos y subvenciones a empresarios cercanos al PP.
Hoy, según el Consello de Contas, el Igape arrastra un íncide de morosidad impensable en cualquier entidad crediticia pública o privada. «Una parte significativa de los deudores no devolvieron los préstamos concedidos por el Igape. En concreto, más de la mitad de los vencimientos de capital de los préstamos concedidos no llegaron a ser cobrados», señala el informe. Los impagados ascienden a 62,6 millones de euros, «lo que representa un impago del 47%». Y no cabe relacionar la morosidad con la crisis sanitaria, porque, como recuerdan los autores del análisis, éste es sobre el ejercicio del 2019, meses antes de la pandemia.
El ICO tenía hace un año una tasa de morosidad del 4,73%. La media de la banca española, en plena crisis, estaba el mes pasado en el 4,6%. ¿Puede considerarse una buena gestión tenerla en el 47%?
Otra de las denuncias del Consello de Contas se refiere a que la Xunta lleva once años incumpliendo la ley del 2010, impulsada por el propio Feijóo, que obliga su Gobierno a poner en marcha un registro de entidades instrumentales en el que figuren también sus cuentas anuales. En el portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico aparece ese registro, pero, de nuevo es pura propaganda. Sólo hay un link que remite al listado del Inventario de Entidades del Sector Público del Ministerio de Hacienda. Los autores del informe alertan de que han tenido que trabajar con esa documentación, y no con la que debería haberles proporcionado desde el 2010 la Administración autonómica.
Valeriano Martínez, conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia. — Ana Varela / XUNTA
Por su parte, la Consellería de Facenda asegura que, contra lo que dicen los economistas del Consello de Contas, no hay 117 entidades instrumentales, sino sólo 69, porque el inventario del Ministerio de Hacienda incluye entes como los organismos dependientes de las universidades o que pertenecen al sector público local o estatal, «que no cumplen los requisitos para ser considerados parte del sector público autonómico». Fuentes de ese departamento, que dirige el ex auditor del Consello Valeriano Martínez, afirman que el decreto que regulará el registro de entidades ya está en trámite.
Público preguntó a la Consellería de Martínez si considera que el sector de las entidades instrumentales está bien dimensionado, si la Xunta está satisfecha con las fundaciones en las que participa, si debe modificarse el modelo de Xestur y si tasa de morosidad del Igape, que afecta a casi la mitad de los préstamos que concede, cuestiona su gestión . La Consellería no respondió a esas preguntas y apuntó que «desde el 2009, cuando Feijóo llegó al poder», se ejecutó «una acción continuada en materia de racionalización de las entidades instrumentales» que ha permitido ordenar la supresión de 97 y mejorar la situación de otras 63.
