CARACAS (sep) — El jefe de la delegación del Gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que jamás atenderá a una agenda del diálogo que sea fijada por el representante designado por Estados Unidos para los asuntos con la nación caribeña, James Story.
«Esta declaración de Story: 1) insulta a la Mesa de Diálogo en México, pero sobre todo 2) insulta a los delegados de la PU a quienes parece darles órdenes. El Gobierno Bolivariano jamás atenderá una agenda que intente imponer este personaje. Que vaya a naricear a Supermán», escribió él también presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
Esta declaración de Story: 1) insulta a la Mesa de Diálogo en México, pero sobre todo 2) insulta a los delegados de la PU a quienes parece darles órdenes. El Gob Bolivariano JAMÁS atenderá una agenda que intente imponer este personaje. Que vaya a naricear a Supermán https://t.co/IlSwKqXJpC
El representante del Gobierno de Estados Unidos señaló el 23 de septiembre a través de las redes sociales que «un acuerdo negociado e integral es la única oportunidad que tiene Maduro para que se le flexibilicen las sanciones«.
Lo peor no es que un lobby defienda una posición infumable, lo sangrante es ver como algunos políticos paracaidistas y otros murcianos, en especial quienes están en el Gobierno, sean incapaces de pensar en la Región y prefieran empobrecernos para mantener una agricultura que está desmantelando la marca Murcia
Operarios retiran del mar los peces muertos que han aparecido en las playas del Mar Menor en Murcia. EFE/Juan Carlos Caval/ Archivo
El Mar Menor yace moribundo a la espera de una solución que nadie parece querer darle. La Fundación Ingenio, que el otro día indicaba que sus clientes les pedían que en los envíos no ponga Murcia sino España, sigue erre que erre. El efecto del Mar Menor es regional y no entiendo como Proexport, cuyo presidente creo que es lorquino, no empieza a pensar que una pequeña parte de la Comarca de Cartagena no puede acabar con la marca que nos engloba a todos.
A costa de repetir lo dicho, los productos agrícolas no son los únicos que se producen en la Región. Conforme el desastre del Mar Menor se vaya conociendo más, la marca Murcia irá arruinándose afectando a otros productos: los cebaderos, la ganadería, llegando a otras zonas como el vino de Jumilla o los melocotones de Cieza. Todo ello por no hablar de los problemas que van a tener los pescadores para colocar sus productos, que están cayendo en precios.
La pérdida de la marca Murcia también ha comenzado a llegar al trasvase, con el problema añadido de que éste no solo riega las tierras cercanas al Mar Menor, sino toda la Región. Sus envíos también se verán sometidos a la presión que supone un desastre ecológico de atención mundial y que tendrá efectos en la política nacional. No olviden que este desastre es digno de un ‘Salvados’ u otro tipo de programa parecido y sus efectos tras la emisión serán iguales o mayores a aquel ‘Informe Semanal’ que acabó sentenciando otro trasvase y que tendrá importantes efectos sobre el turismo regional.
En la zona de los alrededores del Mar Menor, los negocios turísticos están afrontando grandes pérdidas. Estos negocios representan sobre el PIB más del doble que la agricultura de la zona, pero carecen de una organización institucional parecida a la agraria, en parte porque los representantes del sector turístico no sólo ni están ni se les espera. Aquí, descontando cuatro excepciones la sociedad civil, parece colonizada por el poder político. En consecuencia, el turismo está muriendo y con ellos los ingresos derivados. Solo hay que mirar los precios de las casas en alguna de las zonas de alrededor del Mar Menor; lo que traerá problemas a la larga.
Parece claro que para el lobby agrícola la laguna es un vertedero. De ahí que la solución que ande en boca de todos sea la de abrir las golas, como si el intercambio de agua fuera superior a la cantidad de nitratos que vierten y no supusiera de facto la muerte del Mar Menor. La idea anda calando en la sociedad porque se lo crean o no para algunos este desastre es una oportunidad para construir un relato que llevan pensando meses para salirse con la suya. La propia Fundación Ingenio, como han demostrado las recientes noticias, no va dejar ni de colocar su mensaje pagado, ni de presionar para lograr sus objetivos, aunque estos sean arruinarnos a todos.
Piensan que en esta Región todos vivimos de la agricultura, como hacían nuestros bisabuelos. Pretenden que volvamos a tiempos pretéritos y buscan sacrificar a la agricultura, el turismo, la industria y el trasvase por una porción de terreno que rodea el Campo de Cartagena que está matando al Mar Menor. Lo peor no es que un lobby defienda una posición infumable, lo sangrante es ver como algunos políticos paracaidistas y otros murcianos, en especial quienes están en el Gobierno, sean incapaces de pensar en la Región y prefieran empobrecernos para mantener una agricultura que está desmantelando la marca Murcia. Así que nos toca organizarnos y darle voz al Mar Menor y las necesidades de esta Región. Les espero el día que convoquen una manifestación porque el Mar Menor se lo merece.
La pérdida de la marca Murcia también ha comenzado a llegar al trasvase, con el problema añadido de que éste no solo riega las tierras cercanas al Mar Menor, sino toda la Región. Sus envíos también se verán sometidos a la presión que supone un desastre ecológico de atención mundial y que tendrá efectos en la política nacional. No olviden que este desastre es digno de un ‘Salvados’ u otro tipo de programa parecido y sus efectos tras la emisión serán iguales o mayores a aquel ‘Informe Semanal’ que acabó sentenciando otro trasvase y que tendrá importantes efectos sobre el turismo regional.
En la zona de los alrededores del Mar Menor, los negocios turísticos están afrontando grandes pérdidas. Estos negocios representan sobre el PIB más del doble que la agricultura de la zona, pero carecen de una organización institucional parecida a la agraria, en parte porque los representantes del sector turístico no sólo ni están ni se les espera. Aquí, descontando cuatro excepciones la sociedad civil, parece colonizada por el poder político. En consecuencia, el turismo está muriendo y con ellos los ingresos derivados. Solo hay que mirar los precios de las casas en alguna de las zonas de alrededor del Mar Menor; lo que traerá problemas a la larga.
Parece claro que para el lobby agrícola la laguna es un vertedero. De ahí que la solución que ande en boca de todos sea la de abrir las golas, como si el intercambio de agua fuera superior a la cantidad de nitratos que vierten y no supusiera de facto la muerte del Mar Menor. La idea anda calando en la sociedad porque se lo crean o no para algunos este desastre es una oportunidad para construir un relato que llevan pensando meses para salirse con la suya. La propia Fundación Ingenio, como han demostrado las recientes noticias, no va dejar ni de colocar su mensaje pagado, ni de presionar para lograr sus objetivos, aunque estos sean arruinarnos a todos.
Piensan que en esta Región todos vivimos de la agricultura, como hacían nuestros bisabuelos. Pretenden que volvamos a tiempos pretéritos y buscan sacrificar a la agricultura, el turismo, la industria y el trasvase por una porción de terreno que rodea el Campo de Cartagena que está matando al Mar Menor. Lo peor no es que un lobby defienda una posición infumable, lo sangrante es ver como algunos políticos paracaidistas y otros murcianos, en especial quienes están en el Gobierno, sean incapaces de pensar en la Región y prefieran empobrecernos para mantener una agricultura que está desmantelando la marca Murcia. Así que nos toca organizarnos y darle voz al Mar Menor y las necesidades de esta Región. Les espero el día que convoquen una manifestación porque el Mar Menor se lo merece.
Un vídeo revela otra medida brutal de la Policía de EE.UU.; esta vez tres agentes en Missouri dejan que su perro muerda a un hombre negro durante un arresto.
Las imágenes captadas el lunes por un transeúnte en el suburbio de Woodson Terrace, del condado de San Luis, muestran cómo dos policías presionaron al individuo contra el capó del vehículo patrullero mientras que un tercero se quedó a unos metros de distancia. Luego, los oficiales dejaron que un perro policía mordiera y tirara de la pierna y el pie del sospechoso mientras este gritaba, informaron el jueves los medios locales. Esto ocurre mientras en el vídeo se aprecia cómo las personas que van por la calle le gritan en vano a los uniformados que no permitan que el perro muerda al hombre.
El incidente provocó indignación también en línea, por lo que el Departamento de Policía de Woodson Terrace emitió un comunicado el mismo día, aparentemente defendiendo las acciones de sus oficiales. Sin embargo, el fiscal de San Luis prometió una “revisión exhaustiva” de lo sucedido, reportan esta semana diversos medios estadounidenses.
Según el comunicado, los agentes atendieron una llamada sobre alguien que entró sin autorización a un negocio y se negó a irse. Los policías alegan que el individuo los amenazó con matarlos y se identificó como un “ciudadano soberano”, en alusión a un grupo de personas afiliadas que no reconocen el poder del gobierno para cobrar impuestos o enjuiciarlos. Además, el sujeto gritó obscenidades, se negó a seguir órdenes, por lo que le advirtieron varias veces que, si no obedecía, desplegarían al perro policía.
Entretanto, el diario de San Luis Post-Dispatch dijo que el hombre negro no representaba “una amenaza aparente” para los tres oficiales blancos, por lo que, indicó, “este incidente tiene todas las características de los policías que deciden emitir su forma personal de justicia callejera”.
“No hubo nada tan urgente en el arresto de Woodson Terrace que impidiera que los oficiales probaran técnicas alternativas para que prevalecieran las cabezas más frías”, afirmó el diario. “El único mensaje parecía ser: si tú, como persona afrodescendiente, muestras la más mínima resistencia, esto es lo que podemos hacerte”, añadió.
Asimismo, Michael Gould, un experto en perros policía, comentó al canal KTVI que el vídeo era “perturbador” y calificó el uso de la fuerza por parte de los oficiales como “problemático”. Reconoció que no sabía exactamente lo que estaban experimentando los agentes, pero subrayó que las imágenes parecen mostrar que tenían al hombre bajo control.
Este caso y otros recientes que apuntan a la Policía de EE.UU. pone de relieve que no han tenido resultado las promesas de las autoridades para revisar la actuación racista y brutal de los agentes, luego de que el asesinato del afrodescendiente George Floyd por un policía en Minesota, en mayo de 2020, provocara masivas manifestaciones.
Comité Nacional de Paro de Colombia convoca a la gente a protestar por vida, paz, democracia, corrupción y rechazar el nuevo paquetazo neoliberal del presidente.
El Comité Nacional de Paro ha convocado a una jornada de movilizaciones pacíficas para el próximo día 28 para repudiar las políticas económicas del ultraconservador presidente Iván Duque, además de pedir otras reivindicaciones.
Del mismo modo, saldrán a las calles de Colombia para protestar contra la reforma tributaria y el Presupuesto General de la Nación, el cual está en vías de tramitación. Desde el Paro Nacional han lamentado que la guía económica colombiana para el año que viene “aumenta en un diez por ciento el pago de la deuda externa e interna”.
Según el convocatorio, en la marcha exigirán además una reforma a la policía, que está acusada de uso excesivo de fuerza contra los manifestantes, además del fin de la persecución de los líderes sociales.
Colombia ha sido escenario de multitudinarias protestas, que iniciaron el 28 de abril y se prolongaron por más de dos meses, para rechazar la reforma tributaria y en reclamo de equidad, oportunidades laborales y garantías para protestar.
Durante ese tiempo, según cifras del propio Estado, murieron al menos 50 personas y más de 3000 resultaron heridas en las confrontaciones entre civiles y la policía. Diferentes agrupaciones sociales han estado denunciando un clima generalizado de impunidad, que ha llevado al país a los niveles más altos de violaciones de derechos humanos y de asesinatos de líderes sociales.
Fue detenido este jueves en el aeropuerto de la isla italiana de Cerdeña en cumplimiento de una orden europea de busca y captura emitida por el Tribunal Supremo de España.
El expresidente de Cataluña, Carles PuigdemontFoto: Gianni Biddau / AFP
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares, según ha informado parte de su equipo jurídico.
El político catalán fue detenido este jueves en el aeropuerto de la isla italiana de Cerdeña, en virtud de una orden europea de busca y captura emitida por el Tribunal Supremo de España. Tras haber pasado la noche en la cárcel de Sassari, el magistrado del Tribunal de Apelaciones de esa localidad ha decidido dejarlo en libertad con la única condición de que deberá comparecer de nuevo en el juzgado el próximo 4 de octubre, cuando se celebrará la vista para valorar la demanda para su entrega a España.
De este modo, Puigdemont recupera su libertad de movimientos y podrá regresar a su domicilio en Bélgica. Previamente, se especulaba con que tuviera prohibida su salida de la isla hasta que el órgano judicial no se pronunciara sobre la validad de la euroorden y su extradición a España.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
Ahora, el siguiente paso depende de la Justicia italiana. Este mismo viernes ha sido puesto a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sassari, el tribunal competente en esta cuestión.
Manifestación frente al consulado italiano en Barcelona tras la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont, 24 de septiembre de 2021.Lluis Gene / AFP
El magistrado italiano deberá decidir en primer lugar si la orden de detención cumplía con la legislación vigente y, si es así, abrir un proceso. A continuación de deberá decidir si se concede la extradición solicitada por España o se deja a Puigdemont en libertad.
Esta segunda opción ya se ha producido con anterioridad. En julio de 2018 el expresidente catalán fue detenido en Alemania y la Justicia del país germano solo aceptó extraditarle para ser juzgado por el delito de malversación, pero no por el de sedición o rebelión. Fue entonces la Justicia española la que no aceptó la extradición en tales términos, con lo que Puigdemont fue puesto en libertad.
Un año después, el Supremo español reactivó la orden contra el político catalán, y en esta ocasión fueron los tribunales belgas los que no atendieron la petición española.
Si finalmente se materializa la extradición, Puigdemont sería juzgado por el Tribunal Supremo, puesto que al ser europarlamentario sigue estando aforado, acusado de los delitos por los que se conceda la entrega a España, presumiblemente sedición.
¿Hay más posibilidades en Italia?
El mayor obstáculo que ha encontrado el Tribunal Supremo para lograr hacer efectivas las órdenes europeas de busca y captura y la posterior extradición son las diferencias entre los códigos penales de los distintos Estados miembros de la Unión Europea.
En la mayoría de países los delitos de rebelión y sedición, por los que se persigue a Puigdemont y a otros políticos catalanes huidos, no están tipificados en la misma forma que en el ordenamiento jurídico español y, entre otras características, los hechos enjuiciados requieren de violencia para ser calificados así.
En el caso de Italia quizá el tipo penal más similar a la sedición española sería el delito de ‘violenza o minaza a un pubblico ufficiale’ (violencia o amenazas a un funcionario público), con el que se castiga la violencia o resistencia a un funcionario llevadas a cabo por una multitud de personas reunidas. Está penado con entre seis meses y cinco años de cárcel si no se utilizan armas. Las autoridades judiciales italianas ahora tendrán que valorar si los hechos de los que se acusa a Puigdemont encajan en este u otro tipo delictivo de su código penal nacional.
¿Qué dice la defensa?
Según Gonzalo Boye, la euroorden de detención según establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se encuentra suspendida por imperativo legal.
El abogado hace referencia a la resolución emitida el pasado 30 de julio por el Tribunal General de la Unión Europea, en la que se aludía a la orden de detención europea dirigida contra Lluís Puig i Gordi, objeto del mismo proceso penal, que había motivado la presentación de una cuestión prejudicial a la Corte. «Dado que el proceso penal en cuestión fue suspendido por esta solicitud, también se suspendió la ejecución de las órdenes de detención europeas, como indicó España», se indica en el texto.
Además, la resolución sostiene que «la Vicepresidenta del Tribunal General considera que, mientras el Tribunal no se haya pronunciado en la decisión prejudicial Puig Gordi y otros, no hay motivo para considerar que las autoridades judiciales belgas o las autoridades de otro Estado miembro podrían ejecutar las órdenes de detención europeas emitidas contra los diputados al Parlamento Europeo y entregarles a las autoridades españolas».
Horas antes de la puesta en libertad del político catalán a primera hora de esta tarde, Boye, que lidera el equipo jurídico del expresidente, opinaba en declaraciones a la Cadena Ser que Puigdemont sería liberado en los próximos días porque la orden de detención no es «ejecutable» y afirmaba que de momento solo había intervenido la Policía, pero en cuanto interviniesen las autoridades judiciales italianas se produciría la liberación de su defendido.
Gonzalo Boye, abogado internacional defensor del expresidente catalán Puigdemont. Berlín, 1 de febrero de 2019.Reiner Zensen / www.globallookpress.com
Así, el letrado ha recordado que el TGUE fue informado por España de que la orden no era ejecutable y por tanto levantaron las medidas cautelares, y que el propio tribunal europeo indicó que si se producía una situación «de riesgo» deberían volver a pedir las medidas cautelares de protección a Puigdemont.
En este sentido, los abogados de Puigdemont ya han anunciado que presentarán en nombre del político una nueva demanda de medidas cautelarísimas ante el Tribunal General de la Unión Europea «lo antes posible» solicitando que se le devuelva su inmunidad parlamentaria.
¿Qué dice el Tribunal Supremo de España?
Por su parte, el Tribunal Supremo de España alega que la orden europea de búsqueda y captura sí está vigente actualmete.
De hecho, Pablo Llarena, el juez instructor de esta causa ya ha enviado un escrito en el que sostiene que «la euroorden está activa, no se ha modificado». En el oficio confirma que Puigdemont sigue en rebeldía y alega que la consulta no modificó la orden de captura.
¿Sin inmunidad?
Tras presentarse a las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en mayo de 2019, Puigdemont consiguió un escaño y obtuvo la inmunidad parlamentaria, aunque el pasado mes de julio la Justicia europea se la retiró, alegando que no había riesgo de detención.
El político abandonó España con el fin de eludir la acción de la Justicia española el 29 de octubre de 2017, después de la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal en Cataluña y de que el Gobierno de España interviniera la autonomía de Cataluña y le destituyera como presidente de la Generalitat.
Fue acusado de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos y desde entonces ha estado prófugo de la Justicia española, que ha emitido tres euroórdenes en su contra, la última de ellas es la que ha motivado su detención este jueves.
Sin embargo, la inmunidad puede no ser la clave de este caso, sino si la autoridad judicial de ejecución (en este caso la italiana, como antes lo fue la alemana o la belga) está facultada para denegar la entrega de la persona buscada mediante una orden de detención europea basándose en los motivos de denegación previstos en su Derecho nacional, pero que no están contemplados, como tales, en el marco de decisión sobre la orden de detención europea. Es en este contexto en el que cobra importancia la legislación interna de cada país.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias para España?
La noticia de la detención de Carles Puigdemont puede revolucionar el panorama político en España. El tiempo transcurrido y el año y medio de pandemia por medio han hecho que el proceso soberanista catalán se desinfle. Además, los indultos a los presos indenpendentistas terminaron por apagar la llama, a pesar de que en el seno de parte de la sociedad catalana sigue vivo el deseo de luchar por la soberanía.
Además, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la fuerza independentista a la que pertenece el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se ha moderado durante los últimos tiempos, mientras que el partido soberanista más extremo, Junts per Catalunya (JuntsxCat), ha caído hasta ser la segunda fuerza en la región, no ostenta la alcaldía de Barcelona y es irrelevante a nivel nacional.
Puigdemont mantuvo su protagonismo al menos un año y medio después de la celebración del referéndum y su estancia en el exterior, sin embargo, hace tiempo que dejó de acaparar los focos y este arresto le ha devuelto de nuevo al núcleo de la actualidad.
Diálogo
La Mesa de Diálogo sobre Cataluña establecida entre el Gobierno de España y el de la Comunidad Autónoma acaba de celebrar su segundo encuentro después del primero que tuvo lugar hace año y medio. Parece que las relaciones comienzan a restablecerse y a volver a la normalidad entre ambas administraciones.
Todo ello con el rechazo de Junts, el partido al que pertenece Puigdemont y socio de ERC en el Gobierno regional, que no ve con buenos ojos el acercamiento al Ejecutivo español. Ahora está por ver cómo repercutirá en este marco de diálogo la detención del expresidente y su posible futura extradición.
Presupuestos
También en estas fechas está pendiente la negociación de los Presupuestos Generales para 2022 en el Parlamento español y el Gabinete de Pedro Sánchez espera contar con el apoyo de ERC, como en el anterior ejercicio, para sacar adelante las cuentas públicas.
La irrupción de nuevo del proceso judicial en torno al expresidente catalán podría dificultar este apoyo y suponer un punto de inflexión en la legislatura del presidente socialista, Pedro Sánchez.
Las primeras reacciones
El presidente español, Pedro Sánchez, ha reaccionado a la detención subrayando que su Gobierno siempre ha mostrado «respeto a todos los procedimientos judiciales» y también «a las decisiones judiciales que se puedan tomar». En segundo lugar, ha afirmado que Carles Puigdemont «tiene que comparecer y presentarse ante la Justicia». «Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo, la única vía para poder reencontrarse», ha dicho el mandatario, que ha reiterado que «el diálogo es hoy si cabe más necesario».
Por su parte, el actual presidente de Cataluña, Pere Aragonés, ha exigido la retirada de las órdenes de detención contra Puigdemont. «Basta de persecución política. Basta de represión», ha dicho este viernes en una declaración institucional.
La ministra de Justicia de España y magistrada, Margarita Robles, ha afirmado este viernes en la televisión pública que «si hay una euroorden y ha habido una detención, no podemos hablar de ilegalidad» y que las decisiones «corresponden única y exclusivamente a los tribunales». «Todos los ciudadanos tienen que responder de sus actos ante los tribunales de justicia», ha dicho Robles, que sostiene que «eso es aplicable para el señor Puigdemont y para cualquiera».
Robles respondía a las palabras del presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que ha afirmado que la detención de Puigdemont es «incomprensible», porque «se basa en una orden de detención judicial suspendida por el TJUE», por lo que afirma que se trata de «detención ilegal», según ha publicado en su cuenta de Twitter.
Desde que el 1 de octubre de 2017 se llevara a cabo el referéndum por la autodeterminación de Cataluña y la posterior declaración unilateral de independencia han transcurrido cuatro años de batalla jurídica. Tras la marcha al extranjero de Puigdemont y de algunos miembros de su Gobierno, una jueza de la Audiencia Nacional decretó prisión incondicional para los máximos responsables de la organización del plebiscito y decretó la primera euroorden contra Puigdemont y el resto de políticos huidos.
En marzo de 2018 otro magistrado, en este caso del Tribunal Supremo, ordenó reactivar la euroorden, lo que dio pie dos días más tarde a la detención del expresidente catalán en Alemania.
Sin embargo, el punto de inflexión llegaría el 14 de octubre de 2019, cuando el Supremo hace pública la sentencia que condena a penas de hasta 13 años de cárcel para siete consejeros y dos líderes sociales condenados por sedición. Es al día siguiente cuando se reactiva por tercera vez la euroorden contra Puigdemont.
Durante este 2021 la lucha del político catalán se ha centrado en mantener la inmunidad parlamentaria, que le fue retirada en marzo por el Parlamento Europeo y devuelta en junio por el TGUE, para ser finalmente retirada de nuevo por este tribunal apenas un mes y medio después.
El presidente de Bolivia, Luis ArceFoto: Alfredo Estrella / AFP
El presidente de Bolivia, Luis Arce, ofreció una entrevista a RT, luego de su primera intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.
En sus declaraciones, el mandatario se refirió a la situación de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo «andar, comportamiento y conducta» es cuestionado por varios países de América Latina.
«El potenciamiento de la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños] es una alternativa y, por lo tanto, enterrar la OEA», señaló Arce, como una de las opciones que se baraja frente a este organismo regional. «Es un organismo que justamente nace de la vida política para reemplazar a la OEA», añadió.
La Celac, dijo, «marca la posibilidad de poder acordar» sobre los «intereses y necesidades comunes» de los países de la región.
Arce insistió en que a la OEA, actualmente, lo que más se le cuestiona es la conducta de su secretario general, Luis Almagro, quien, indicó, «es el que le está poniendo un sello negativo», «le ha dado un tinte político» e «injerencia» a la organización.
Reiteró que bajo su liderazgo se apoyó el golpe de Estado en Bolivia, luego que la OEA presentara un informe preliminar de los comicios de 2019, que no estaba en el acuerdo firmado con el entonces gobierno de Evo Morales, «donde se insinuaban irregularidades»; anomalías «que nunca después se demostraron», pero que, sin embargo, «a partir de eso estallaron todos los hechos, inclusive de violencia», en el país suramericano, que dejaron 38 muertos y la instalación de un gobierno de facto, que encabezó Jeanine Áñez.
«Una mercancía más»
El mandatario boliviano también se refirió a la pandemia del coronavirus, sobre la cual dijo que, lamentablemente, ha mostrado que «la salud es ahora una mercancía más». «Una mercancía que, bajo el sistema capitalista actual, ha mostrado una total deshumanización«, enfatizó.
En este sentido, criticó «el hecho de que las empresas tengan la propiedad intelectual» y que no se ofrezca la fórmula para fabricar las vacunas contra el covid-19 a los países que puedan producirla y acelerar, así, el proceso de vacunación a la población. Aún con ello, aclaró, las compañías «siguen ganando».
«Queda clara la enseñanza para la humanidad: la salud no puede ser una mercancía, los avances científicos que apuntan al mejoramiento de la salud de las personas no pueden ser una mercancía»
Arce considera que el retraso en la vacunación, especialmente en los países más pobres, está generando que no se pueda superar la pandemia del coronavirus.
«Entonces, queda clara la enseñanza para la humanidad: la salud no puede ser una mercancía, los avances científicos que apuntan al mejoramiento de la salud de las personas no pueden ser una mercancía», enfatizó.
En particular, sobre la lucha contra la pandemia en Bolivia, informó que el gobierno de facto, que entregó el poder en noviembre de 2020, «no compró una sola vacuna» contra el coronavirus. Por ello, su administración fue la que logró los acuerdos para el suministro y actualmente tienen cerca de un 55 % de la población vacunada.
Modelo económico exitoso, sin FMI
Por otro lado, Arce señaló que desde 2006, la política económica de Bolivia no contempla ningún programa financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), puesto que, justificó, lo que generan los acuerdos con este organismo «son condicionalidades» con las que el Gobierno boliviano no está de acuerdo.
Esa política de no firmar acuerdos con el FMI se rompió, dijo, solo durante el gobierno de facto, que «se estaba comprometiendo a devaluar la moneda» en un contrato de crédito con el organismo.
Recordó que, por esa razón, una vez que tomó la Presidencia, Bolivia devolvió 351,5 millones de dólares al FMI, que eran parte de ese crédito solicitado en abril de 2020 por Áñez.
«Tenemos nuestro propio modelo económico que ha sido exitoso» y «está dando buenos resultados para el país», comentó el mandatario, e indicó que su propia política ha contribuido con la reducción de los índices de pobreza, desigualdad y desempleo, y ha permitido crecimiento a Bolivia.
Señaló que actualmente están escribiendo el Tomo II del Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo, que incluye «industrialización con sustitución de importaciones, incremento de productividad, diversificación del aparato productivo» y profundizar «la distribución del ingreso en el país».
Durante la entrevista, Arce también resaltó la buena relación de Bolivia con Rusia, con acuerdos en diferentes materias; y celebró el diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela en México, el cual ve «con ojos positivos».
El mandatario estadounidense afirmó que las autoridades están investigando el incidente y «habrá consecuencias».
Felix Marquez / AP
El presidente Joe Biden calificó de «indignante» el comportamiento de los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., que fueron captados el domingo pasado montados a caballo y agrediendo a varios haitianos que cruzaban el río Bravo, en la frontera entre el estado de Texas y México.
«Es horrible lo que ustedes vieron. Ver a gente como ellos, con caballos, atropellando, gente atada, es indignante», afirmó el mandatario este viernes durante una conferencia de prensa. «Les prometo que esa gente pagará. Hay una investigación en marcha ahora mismo y habrá consecuencias», agregó.
Subrayó que ese incidente «es más que una vergüenza«. Es peligroso, es un error. Envía el mensaje equivocado a todo el mundo. Envía el mensaje equivocado en casa. Sencillamente, no es lo que somos», añadió.
Además, declaró que asume la responsabilidad de la crisis migratoria que se está produciendo en la frontera y de las acciones de los oficiales de la Patrulla Fronteriza que aparecen en las imágenes. «Por supuesto que asumo la responsabilidad. Soy el presidente», dijo.
Felix Marquez / AP
Indignación en las redes sociales
Los videos y fotos de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo que intentan hacerse con el control de las multitudes de inmigrantes provocaron indignación en las redes sociales.
La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez compartió su publicación y llamó a despenalizar la inmigración. «La inmigración no debería ser un delito y su tipificación como delito es una invención relativamente reciente. Eso es una mancha en nuestro país», escribió.
«La Patrulla Fronteriza monta a caballo y acorrala a refugiados haitianos con látigos. Esto es una crueldad insondable hacia las personas que huyen del desastre y la ruina política. La Administración debe detenerlo«, dijo el director ejecutivo del comité político People First Future, Sawyer Hackett.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, prometió investigar los informes de las agresiones.
La compañía y su directora financiera, Meng Wanzhou, son acusadas de conspiración para robar secretos comerciales de hasta seis empresas estadounidenses, «en un esfuerzo por hacer crecer y operar el negocio de Huawei»
Imagen ilustrativa.Foto: ARND WIEGMANN / Reuters
El Departamento de Justicia de EE.UU. emitió este jueves una nueva acusación contra el gigante de las telecomunicaciones de China, Huawei, al que imputa de robartecnologías estadounidenses.
La acusación, presentada en una corte federal de Brooklyn (Nueva York), sostiene que tanto la compañía china como su directora financiera, Meng Wanzhou —que actualmente se encuentra en proceso de extradición a EE.UU. desde Canadá, donde fue arrestada en 2018—, conspiraron para robar secretos comerciales de no menos de seis compañías estadounidenses, «en un esfuerzo por hacer crecer y operar el negocio de Huawei«.
Dicha propiedad intelectual, según la demanda, incluye «un código fuente y manuales de usuario para enrutadores de Internet, tecnología de antenas y tecnología de prueba de robots», informa el comunicado del Departamento de Justicia. Además, asegura que esas acciones fueron parte de la práctica de la compañía, que a lo largo de décadas buscó «la apropiación indebida» de tecnologías sofisticadas de EE.UU. a través del «fraude y el engaño«.
Según se señala allí, esta maniobra permitió al gigante tecnológico reducir sus costes de investigación y desarrollo, otorgándole una ventaja competitiva, calificada en la acusación de «significativa» e «injusta».
La demanda alega que la companía se dedicaba al reclutamiento de empleados de otras empresas que fueron impulsados a «apropiarse indebidamente de la propiedad intelectual de sus antiguos empleadores». Asimismo, Huawei supuestamente disponía de un programa de bonificación para recompensar de manera financiera a los trabajadores que cumpliesen con ese objetivo.
A Huawei también se le acusa de colaborar con países como Corea del Norte e Irán —que actualmente están sujetos a sanciones por parte de EE.UU. y Europa—, e intentar «ocultar todo el alcance de esa participación». Asimismo, la demanda alega que la empresa mintió sobre su relación con una filial llamada Skycom, que supuestamente ayudó al gobierno de Irán a realizar «vigilancia doméstica, incluso durante las manifestaciones en Teherán en 2009».
Los fiscales federales afirman que cuando se les presentaron pruebas, «los acusados presuntamente hicieron declaraciones erróneas y repetidas a funcionarios estadounidenses, incluidos agentes del FBI y representantes del Comité de Inteligencia Permanente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos», según señala el comunicado.
Respuesta de Huawei
En respuesta a las recientes acusaciones, Huawei, por su parte, acusó a EE.UU. de organizar una campaña para «intimidar a sus empleados y lanzar ataques cibernéticos para infiltrarse en su red interna». Según Bloomberg, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó a Estados Unidos a «dejar de atacar injustificadamente a Huawei y otras empresas chinas».
«La nueva acusación es parte del intento del Departamento de Justicia de dañar irrevocablemente la reputación y el negocio de Huawei, por razones relacionadas con la competencia y no de la aplicación de la ley», dijo un representante de la compañía.
«Estos nuevos cargos carecen de fundamento y se basan principalmente en disputas civiles recicladas de los últimos 20 años, que han sido previamente resueltas, litigadas y, en algunos casos, rechazadas por jueces y jurados federales», informaron desde Huawei.
Enfrentamiento de Huawei con Washington
El gigante chino de las telecomunicaciones se encuentra inmerso en un enfrentamiento con Washington, que lo acusa de espiar para el Gobierno del país asiático a través de sus dispositivos, algo que la compañía desmiente.
En mayo del pasado año, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías consideradas como una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. Asimismo, el Departamento de Comercio estadounidense incluyó en su ‘lista negra’ a Huawei.
Mientras tanto, el Gobierno de EE.UU. también ha presionado a sus aliados en Europa para que cierren las puertas de sus redes nacionales 5G a las compañías chinas. Sin embargo, los operadores de ciertos países europeos, como España, Reino Unido, Italia y Suiza, ya han expresado abiertamente su interés en la tecnología del gigante chino.
El Ministerio de Justicia canadiense confirmó que la ejecutiva es libre de salir del país.
Meng Wanzhou Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press / AP
Canadá ha dejado en libertad este viernes a Meng Wanzhou, la directora financiera de Huawei arrestada en el 2018 a petición de Washington, después de que EE.UU. retirara la solicitud de extradición, informa AFP.
La decisión de la jueza adjunta de la Corte Suprema de la provincia de Columbia Británica, Heather Holmes, se produjo después de que Meng llegara unas horas antes a un acuerdo de ‘enjuiciamiento diferido’ con Estados Unidos para evitar cargos por fraude por delitos graves.
El Ministerio de Justicia canadiense confirmó que la ejecutiva es libre de salir del país.
«En los últimos 3 años, mi vida ha dado un vuelco», dijo la directora financiera tras la audiencia y señaló que para ella «ha sido una época de trastornos» «como madre, esposa y ejecutiva de una empresa». «Pero, creo que todas las nubes tienen un lado positivo. Realmente fue una experiencia inestimable en mi vida… Como dice el refrán, cuanto mayor es la dificultad, mayor es el crecimiento», agregó.
Unas horas después de que Canadá liberara a Meng, el primer ministro del país norteamericano, Justin Trudeau, anunció que los ciudadanos Michael Kovrig y Michael Spavor –que fueron detenidos en el 2018 en China y acusados de delitos contra la seguridad nacional tras el arresto de la directora financiera de Huawei– se dirigen a casa.
«Confidencial de Huawei»
Meng fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en diciembre del 2018 por una orden de arresto de EE.UU., y fue acusada de cargos de fraude bancario y electrónico por supuestamente engañar a HSBC (HSBA.L) sobre los negocios del gigante de equipos de telecomunicaciones en Irán, de lo que se informó por primera vez en el 2012.
Según comunicó Reuters en 2012 y 2013, la empresa registrada en Hong Kong Skycom y Meng ocuparon un lugar destacado en el caso penal de Estados Unidos en su contra. La agencia informó de que Skycom había ofrecido vender al menos 1,3 millones de euros en equipos informáticos de Hewlett-Packard embargados al mayor operador de telefonía móvil de Irán en 2010. Al menos 13 páginas de la propuesta estaban marcadas como «confidencial de Huawei» y llevaban el logotipo del gigante tecnológico chino.
Reuters también reveló numerosos vínculos financieros y de personal entre Huawei y Skycom, incluido el hecho de que Meng había formado parte del consejo de administración de Skycom entre febrero de 2008 y abril de 2009.
En 2019, EE.UU. incluyó a Huawei en una lista negra comercial que restringe las ventas a la empresa por actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional y política exterior del país norteamericano. La causa penal contra Meng y la empresa tecnológica se basa en la lista negra; la compañía está acusada de operar como una empresa criminal, robar secretos comerciales y defraudar a instituciones financieras. Por su parte, Huawei se ha declarado inocente.
