La finalidad es que a finales de año el consumidor medio pague un precio similar al de 2018, llegando a reducir el recibo doméstico de un consumidor medio hasta un 30 %.
El Gobierno de España ha anunciado este martes un paquete de medidas para poner freno a la escalada alcista de precios de la electricidad que sufre el país desde hace varios meses. Según ha sostenido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, «la finalidad es que el recibo de la luz al final de año sea similar al de 2018».
En total, se calcula que este paquete producirá una rebaja del 22 % de la factura de un consumidor medio, que aumentará hasta el 30 % al sumarse las rebajas impositivas que comenzaron a implementarse en julio.
La primera iniciativa destacada por la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sido la minoración de la remuneración del CO2 a las empresas que generan electricidad sin generar CO2 pero que hasta ahora se veían beneficiadas por su coste.
Según ha explicado la ministra, supondrá un recorte de alrededor de 2.600 millones de euros a las empresas energéticas de esos ‘beneficios caídos del cielo’, es decir, los beneficios que obtienen tecnologías ajenas al gas, pero que se lucran de su escalada de precios debido al modelo de formación de precios utilizado en España.
Ribera ha remarcado que la mayoría de las cuestiones que afectan al sector energético se encuentran bajo competencia de la normativa europea, por lo que ha apuntado que han «insistido ante la Comisión Europea en dar una respuesta coordinada a nivel europeo». Así, ha señalado que «es fundamental respetar el derecho comunitario«, pero que están dispuestos a actuar en aquellos aspectos en los que su Gobierno sí tiene competencia.
La ministra ha concretado que se va a «actuar en los tres componentes de la factura»: en cómo se fija el precio de la energía; cómo se responde a los costes fijos del sistema buscando una reducción muy significativa de los cargos, reducción que ha fijado en hasta el 96 %; y buscando suavizar los recargos fiscales.
Medidas
Ribera ha detallado que se establece un mecanismo por el que se minora hasta el 31 de marzo de 2022 el exceso de retribución a las compañías eléctricas como consecuencia del efecto amplificador del precio del gas: «Cada euro que sube el gas, suben dos euros el precio de la electricidad en el mercado mayorista», ha concretado, y ha añadido que se establece un suelo en el que queda exento cualquier productor de esta minoración.
También se limita el crecimiento de las facturas domésticas de gas natural de cara al otoño o invierno, de manera que se acota la capacidad de repercutir su incremento en los mercados mayoristas en las facturas.
Además, se crea un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad, que incluye subastas de energía a las que todos los operadores dominantes (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y EDP) «deberán contribuir con un porcentaje de su capacidad de generación» para poder subastar ese volumen de energía y que las pequeñas comercializadoras puedan pujar al precio que consideren razonable, que siempre tenderá a la baja, según estima Ribera.
Asimismo, se constituye un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables y se amplía la prohibición de corte de suministro para este colectivo, implementada durante la pandemia, durante seis meses más.
La ministra ha anunciado también la modificación de la ley de aguas, una reforma en la que se precisará de manera concreta cuáles son los criterios para hacer un uso racional del recurso hídrico, de manera que se fije una cuota mínima de mantenimiento de agua para preservar el ecosistema acuático, así como un máximo de agua que puedan usar las compañías hidráulicas, haciendo referencia al vaciamiento de pantanos que se ha denunciado durante este verano.
Por último, Ribera ha hecho referencia a la cuestión fiscal: la eliminación del 7 % del impuesto de producción eléctrica, previsto inicialmente hasta el 30 de septiembre, se extiende hasta el 31 de diciembre. Además, se reduce el impuesto especial de electricidad del 5,1 % hasta el tipo mínimo del 0,5 % permitido por Bruselas.
Escalada de precios sin precedentes
Durante los últimos meses los ciudadanos españoles están asistiendo a una escalada de los precios de la electricidad que no tenía precedentes hasta la fecha. Mañana se pagarán casi 173 euros el megavatio hora, pulverizando el anterior récord histórico registrado este lunes, de 154,16 euros, que ya cuadruplicaba lo que se pagaba el mismo lunes de hace tan solo un año.
Agosto cerraba como el mes más caro en cuanto a energía eléctrica desde que se tienen registros, encadenando varios máximos históricos consecutivos. Sin embargo, en las dos semanas que van de septiembre los récords se han vuelto a batir en varias ocasiones y los recibos no paran de subir a pesar de que desde julio se ha implementado la rebaja del IVA del 21 al 10 % y se ha eliminado un impuesto sobre la electricidad que grababa otro 7 %.
La factura de la luz se encuentra así desde hace semanas en el foco del debate público y político. Las distintas formaciones del arco parlamentario han realizado diversas propuestas para afrontar este problema.
El socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos (UP), es partidario de la creación de una empresa pública de energía, siguiendo el modelo de Francia y otros países del entorno, y de establecer máximos en la remuneración de algunas tecnologías. Por su parte, desde la oposición el Partido Popular, sostenía la necesidad de la consolidación de las rebajas impositivas y planteaba la posibilidad de asumir algunos de los costes ahora integrados en la factura de la luz con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
¿Qué pasa en el sistema eléctrico español?
El aumento de los precios de la energía eléctrica es un fenómeno que está afectando a todos los países europeos, dependientes de los precios de los mercados mayoristas. Este crecimiento viene de la mano de los precios del gas, que no han parado de crecer en los últimos tiempos, así como de la remuneración de los derechos de emisión de CO2, asociado a esa misma fuente energética, también en alza.
Sin embargo, no todos los países repercuten esas subidas de la misma manera en las facturas de sus consumidores domésticos, sino que la manera de formar los precios finales en cada Estado hace que los hogares noten más o menos estos aumentos.
En el mercado español entran en la subasta de la energía –que se prevé que se va a necesitar– en primer lugar las tecnologías más baratas y menos contaminantes, como son la energía solar, eólica o hidráulica. Si con esta oferta no se cubre la demanda, comienzan a entrar otras energías más caras, como el gas. Sin embargo, para fijar el precio final para el consumidor se toma en cuenta el de la tecnología más cara, a cuyo precio se remunera a todas las demás.
Así, se producen situaciones como la de la energía hidráulica, la más barata de producir y con instalaciones que hace mucho que fueron amortizadas, que es ampliamente sobrerretribuida al ser pagada al mismo precio que el gas, lo que se denomina como ‘beneficios caídos del cielo’. En ese precio se incluye lo correspondiente a los derechos de CO2, que es la partida que el Consejo de Ministros ha acordado reducir para las tecnologías no contaminantes en un monto de 2.600 millones de euros.
De esta manera, el mercado no incentiva la producción de suficiente energía barata para abastecer al sistema, sino más bien su escasez para así ser remunerada a mucho mayor precio.
