La red social Facebook ha vuelto a desactivar la cuenta de la cadena HispanTV; esta vez con el pretexto de publicar “contenido pornográfico”.
El lunes por la noche (hora local) Facebook cerró la cuenta, sin una advertencia previa. Al entrar de nuevo se lee un mensaje que informa de un bloqueo temporal de publicaciones. En el aludido aviso no se aclara cuanto tiempo durará el castigo.
La causa de esta sanción, según relata Facebook, es algo sorprendente: “compartir contenido pornográfico”, una acusación sin fundamento e incluso ridículo, pues la divulgación de este tipo de contenidos es ilegal según las leyes de la propia República Islámica de Irán.
En respuesta a la queja de HispanTV, Facebook ha respondido que actualmente no es posible zanjar este problema ya que cuenta con menos revisores disponibles debido a la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
La cadena iraní en lengua española HispanTV ha sido en reiteradas ocasiones objeto de la censura mediática de las multinacionales estadounidenses de tecnología, como Google y Facebook.
Esto mientras los medios alternativos, como el nuestro, han tenido, en años recientes, gran acogida en las redes sociales y miles de personas se han decantado por ellos, ya que informan con veracidad y exactitud y, sobre todo prefieren ser la voz de aquellos que no la tienen.
Las autoridades del país persa han denunciado a menudo que las ofensivas contra los medios de comunicación iraníes constituyen una flagrante “violación de la libertad de expresión y la libre circulación de la información”.
Gobierno boliviano informa de que en 2020 se produjo un intento de magnicidio contra el presidente Arce, en el que estarían implicados los asesinos de Jovenel Moise.
Durante una rueda de prensa realizada este lunes, el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Eduardo del Castillo, ha revelado una serie de documentos que demuestran que varias personas implicadas en el magnicidio del expresidente de Haití, Jovenel Moise, en víspera de las elecciones de 2020, estuvieron en Bolivia para intentar asesinar a Arce.
“Existió un intento de desestabilizar el país mediante un plan elaborado para no dejar a nuestro candidato, y actual presidente Luis Arce Catacora, asumir el mando emanado de las urnas y en Bolivia hubo un intento de magnicidio”, ha destacado Del Castillo.
Conforme al ministro boliviano, Luis Fernando López, el exministro de Defensa del gobierno de facto de Jeanine Áñez, fue uno de los integrantes en hacer los contactos con los grupos mercenarios y paramilitares.
En este sentido, Del Castillo se ha referido a un informe del portal estadounidense The Intercept publicado en julio que puntualizó queLópez habría estado dispuesto a dar un golpe militar contra la asunción de Arce o atacar a su Gobierno incluso después de que tomara el poder.
Por otra parte, el alto funcionario boliviano ha enfatizado que varias personas que aparecen actualmente involucradas en el asesinato del mandatario haitiano el pasado 7 de junio, se encontraban en Bolivia durante los días antes y después de las elecciones del país. “Esto no es coincidencia”, ha resaltado.
De acuerdo a Del Castillo, German Alejandro Ribera García, excapitán colombiano arrestado en Haití, y Arcangel Pretel Ortiz, acusado de ser uno de los autores del magnicidio de Moise habrían estado en Bolivia entre el 16 y el 19 de octubre de 2020. “Este [Germán Ribera], quien aceptó haber participado en el asesinato del presidente de Haití, llegó a Bolivia dos días antes de las elecciones nacionales”, ha aseverado.
Según el titular boliviano, los sicarios que pretendían operar en Bolivia tenían experiencia en operaciones militares, uno de ellos ligado a la empresa militar estadounidense Blackwater.
El ministro ha puesto de relieve que este sujeto que intentó asesinar a Luis Arce, mató al presidente de Haití y tuvo operaciones militares en los Emiratos Arabes Unidos (EAU).
Del Castillo ha cerrado sus declaraciones alertando a “quienes ya saben lo que están haciendo y lo que intentaron hacer”, que el Gobierno de Bolivia es consciente de todo “lo que están intentando hacer ahora y lo que pretenden hacer los próximos días”.
“Lo único que les pedimos e instamos es que dejen de hacer o planificar esa arremetida que están planificando desde hace bastantes meses”, ha denunciado el ministro.
En plena Guerra Fría, una emisora y un boletín controlados por un servicio propagandístico del Reino Unido se dedicaron a atacar a movimientos de izquierda y llamaban a exterminarlos.
El Departamento de Investigación de Información (IRD, por sus siglas en inglés) de Reino Unido, servicio propagandístico secreto del país durante la Guerra Fría, promovió y luego ocultó el exterminio de hasta tres millones de simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia (PKI) y de movimientos de izquierda en la década de 1960, según documentosdesclasificados y citados por The Guardian.
De acuerdo a los papeles publicados recientemente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el operativo —que empezó a inicios de 1965— preveía que un grupo de funcionarios británicos, liderados por Ed Wynne, crearan una emisora y un boletín dirigidos por supuestos disidentes indonesios.
El objetivo era contener al primer presidente de Indonesia, Sukarno, quien promovía una política independentista y aplicaba un enfoque de confrontación hacia Malasia, apoyando a los rebeldes en el país vecino.
Sukarno se apoyaba en diferentes, y a veces opuestas, fuerzas políticas, incluidos el Islam político, los millones de partidarios del PKI y una parte de los militares, aunque en su mayoría los oficiales rechazaban tal coalición.
Propaganda contra el Gobierno
Dadas las circunstancias de la Guerra Fría y el papel que jugaba el Partido Comunista en Indonesia, la radio encubierta había elegido al mandatario como el principal objetivo de sus ataques. Además, criticaba «tantos personajes en la jerarquía del Gobierno, el Ejército y el servicio civil como podamos encontrar», admite Wynne en un informe.
La radio y los materiales escritos estaban dirigidos para influenciar principalmente a las capas altas de la sociedad indonesia. Las 28.000 copias de uno de los periódicos llegaban a «generales, medios de comunicación de derecha e incluso al propio Sukarno», según Wynne.
El 30 de septiembre de 1965, cuando la campaña propagandística estaba «en pleno apogeo», tuvo lugar un fallido golpe de Estado organizado por los militares procomunistas. A pesar de haber asesinado a seis generales, no pudieron conseguir sus fines y fueron aplastados. En los días posteriores, llegó al poder un grupo de derecha encabezado por el general Suharto, el segundo presidente de la República.
A finales de octubre de ese año empezaron masivas matanzas a los miembros del PKI y todos los sospechosos de tener inclinaciones izquierdistas. Tari Lang, hija de la fallecida defensora de derechos humanos Carmel Budiardjo recuerda que «cualquiera que fuera de izquierda era arrestado» y no solo los miembros del PKI».
«Eliminar el cáncer comunista»
Con el inicio de las matanzas, los propagandistas no redujeron la intensidad de sus ataques contra el partido político. «No clamamos por la violencia, pero exigimos en nombre de todos los patriotas que este cáncer comunista sea eliminado del cuerpo del Estado», escribían en un número especial del boletín.
En cuanto al PKI, lo comparaban a «una serpiente herida», afirmando que «ahora es el momento de matarlo antes de que tenga la oportunidad de recuperarse».
«La dilación y las medidas a medias solo pueden conducir a […] nuestra destrucción definitiva y completa», afirmaban los propagandistas, reiterando que los miembros del PKI «y todo lo que representa» debían ser «eliminados para siempre«.
Encubrir el exterminio
Se estima que durante las operaciones realizadas por comandos especiales o fuerzas militares y pandillas locales, murieron entre 500.000 y tres millones de personas.
Ante los alarmantes hechos, los funcionarios británicos trataban de «ocultar el hecho de que las carnicerías contaran con el apoyo de generales«, revela una evaluación de operación escrita por el funcionario del IRD, Norman Reddaway, en 1966.
El propagandista también alabó el trabajo del equipo de Wynne, afirmando estar «en sintonía» con los generales de derecha. «La máquina de noticias fue nuestro garrote, el boletín y nuestras operaciones poco ortodoxas, nuestro estilete», señaló Reddaway, agregando que «el descrédito de Sukarno fue un éxito rápidamente».
Los informes también señalan que el movimiento de Sukarno les estaba costando unos 250 millones de libras esterlinas al año, pero lograron contrarrestarlo a un costo mínimo en cuestión de meses. «Estoy encantado de que se haya eliminado a un buen número de comunistas«, reconoció Reddaway en otra misiva.
«Daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar a cabo su lucha contra el crimen», declaró el mandatario.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este lunes el estado de excepción en todo el país «para llevar a cabo control de armas, inspecciones y patrullajes 24 horas al día», en el marco del «plan nacional de seguridad».
El mandatario destacó el problema del narcotráfico y anunció varias medidas para combatir la delincuencia. «Todos los sectores sociales y políticos debemos trabajar en absoluta unidad, porque en las calles de Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico«, reiteró Lasso.
«Empezando de inmediato nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles, porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional […] para llevar a cabo control de armas, inspecciones, patrullajes 24 horas al día, requisiciones de drogas, entre otras acciones», afirmó.
«Daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar a cabo su lucha contra el crimen«, declaró. En ese contexto, anunció también la creación de la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, «que se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía nacional y de las Fuerzas Armadas que sean demandados por simplemente cumplir con su deber».
Asimismo, Lasso precisó que las autoridades indultarán a los agentes que fueron «injustamente condenados por haber cumplido con su labor».
El presidente dijo que «la falta de oportunidades empuja a muchas personas al consumo de drogas», añadiendo que se formará un comité interinstitucional para prevenir el consumo de drogas y reinsertar a consumidores en la sociedad.
El juez John O’Sullivan le imputó ocho cargos y le denegó la libertad condicional. La próxima comparecencia fue fijada para el 1º de noviembre.
El diplomático venezolano Alex Saab, extraditado el pasado sábado a EE.UU. desde la isla africana de Cabo Verde, fue llevado este lunes al tribunal del Distrito Sur de Florida, donde el juez John O’Sullivan le imputó ocho cargos, siete de ellos por presunto lavado de dinero y uno por supuesta conspiración para cometer este delito.
Alex Saab —que resultó detenido en circunstancias irregulares en junio de 2020 por las autoridades caboverdianas— fue imputado por O’Sullivan desde una celda en Miami, donde se encuentra detenido.
La audiencia fue realizada a través de teleconferencia. La defensa solicitó libertad bajo fianza para el acusado, pero la petición fue denegada. De momento, la próxima comparecencia se ha fijado para el próximo 1º de noviembre.
Más temprano, el Ministerio de Justicia de Cabo Verde informó que el diplomático venezolano tendría un proceso judicial «justo y equitativo», sin condena a pena de muerte o cadena perpetua, conforme a la Constitución del país africano y según las garantías ofrecidas por Washington.
Venezuela, por su parte, ha calificado la extradición de Saab como un «secuestro» que vulnera el derecho internacional y diplomático, e insiste que su detención en Cabo Verde se hizo de manera «ilegal» sin una orden de captura, «violando las leyes del país y la Convención de Viena».
Saab fue detenido en Cabo Verde cuando iba rumbo a Irán en una misión diplomática para adquirir medicinas y alimentos para Venezuela. El funcionario hizo una parada técnica en la isla africana para recargar combustible pero las autoridades lo detuvieron pese a su condición diplomática. Tras la detención, la defensa del embajador denunció el hecho como una arbitrariedad y advirtió que había sido víctima de abusos, torturas y violación de sus derechos humanos.
«Una puñalada mortal»
Tras la extradición del diplomático, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que la medida aplicada por EE.UU. había significado el fin del proceso de diálogo que realizaba su gobierno con sectores de la oposición radical en México, ya que en septiembre pasado Caracas había sumado a Saab como «delegado pleno» de la mesa de negociaciones.
«El Gobierno de Estados Unidos le aseguró a la Plataforma Unitaria que no se iba a llevar a Alex Saab porque iba a romper con el diálogo. […] Y lo hizo, con alevosía, con espíritu criminal», declaró.
«El Gobierno de EE.UU. sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la comisión de diálogo en México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México, lo sabía el Gobierno de EE.UU. y actuó», expresó Maduro, quien adelantó que están en gestiones ante la Naciones Unidas para solucionar el caso del diplomático venezolano.
Para el mandatario venezolano, EE.UU. no quiere diálogo, ni democracia, ni paz, ni avance para su país.
La extradición de Saab ocasionó que Caracas se retirara y suspendiera el viaje a México para comenzar una nueva ronda de negociación con la oposición radical, encuentro que estaba previsto para el domingo 17 de octubre.
EE.UU. señala a Caracas
Este lunes, el portavoz del Departamento de Estado del gobierno estadounidense, Ned Price, criticó que Caracas decidiera suspender las negociaciones en México por el caso Saab.
«Están poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar, por encima del sustento de los millones de venezolanos«, aseguró Price, quien aseguró que su país seguirá «apoyando» el diálogo en México, que comenzó en agosto pasado y que, según él, debería reiniciarse el próximo domingo.
Durante la rueda de prensa, Price aseguró que la extradición de Saab, que ocurrió el mismo día en que se retomaba el diálogo entre el Gobierno y la oposición en México, no tenía ninguna intención de dinamitar las negociaciones porque, supuestamente, en EE.UU. «la aplicación de la ley es independiente de la política».
No obstante, minutos después el funcionario sí exigió a la justicia venezolana que liberara a seis exejecutivos de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, que están detenidos desde 2017 con condenas que van entre los ocho y 13 años de prisión por delitos de corrupción.
Según el funcionario estadounidense, los llamados «seis de Citgo» fueron «detenidos injustamente» y «deberían ser liberados de forma inmediata e incondicional».