Presentamos un informe sobre la reforma en materia eléctrica. El objetivo es garantizar a las familias del país tarifas justas por el servicio de energía y proteger minerales estratégicos, que son bienes de la nación, como el litio. Queremos que todos sepan por qué conviene la reforma constitucional al pueblo. Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. En el periodo neoliberal se intentó debilitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa sin fines de lucro, para actuar en beneficio de particulares. El país no está cerrado a la inversión extranjera, sin embargo, quedará estipulado en la ley que todo negocio deberá llevarse a cabo con ganancias razonables. Si no se hace la reforma a la Constitución, las empresas terminarán por apoderarse de todo el mercado eléctrico. A las y los legisladores les recordamos que, a diferencia de los tiempos anteriores, esta reforma no estará sujeta a negociaciones y tampoco habrá anonimato en las votaciones. Este es un asunto de interés público. La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, precisó que la reforma eléctrica consiste en la modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucional. Se propone en el artículo 25 que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 —correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, electricidad y la exploración y extracción del petróleo—; no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva. En los artículos transitorios se establece que la CFE es un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad en el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control. Será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. La CFE pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado para que se integre nuevamente como una sola empresa. Trabajarán en interconexión sus empresas: Generación, Distribución, Transmisión, Comercialización, Procura, entre otros. Para apoyar su productividad y rentabilidad, existirán como subsidiarias sus filiales CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital. A partir de la reforma el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. La reforma eliminará los contratos legados porque impactaban severamente en las finanzas de la empresa. También se cambiará el despacho de la electricidad para garantizar una mejor operatividad y flexibilidad en el sistema. Esto ayudará a mejorar las tarifas eléctricas. La energía eléctrica en el país es un asunto de seguridad nacional y un derecho humano. Cada mes vigilamos que las tarifas no sean por arriba de la inflación para cuidar la economía familiar. En cuanto a la protección del litio, la secretaria de Energía indicó que no se otorgarán concesiones y no constituirán un monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva. Agradecemos al presidente Joe Biden su disposición a trabajar de manera conjunta en la atención a las causas de la migración y el desarrollo regional. El 9 de noviembre visitaremos la sede de la ONU porque México asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de este organismo. Hablaremos sobre lo que consideramos el principal problema del mundo: la corrupción, un mal que produce la desigualdad.
Día: 26 de octubre de 2021
Juzgan a tres activistas republicanos en España en medio de una crisis de la Monarquía que no deja de agravarse Publicado: 17 dic 2020 15:14 GMT
Tres manifestantes se enfrentan a 18 meses de cárcel en un proceso en el que también hay tres policías imputados por delitos de lesiones.
Esta semana se ha celebrado en España el juicio por los sucesos ocurridos durante una manifestación antimonárquica en 2014. En él, Luis Ocampo y otros dos activistas hacen frente ante la Audiencia Provincial de Madrid a la acusación de atentado contra la autoridad en un proceso en el que la Fiscalía pide para ellos penas de 18 meses de prisión.
Los hechos sucedieron el 4 de octubre de 2014, cuando la organización Coordinadora 25S convocó una manifestación que, bajo el lema ‘Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción’, pretendía denunciar la corrupción de la institución monárquica, ya por entonces envuelta en numerosas polémicas, y reivindicar su apuesta por una República.
Los incidentes se saldaron con seis heridos, cuatro de ellos agentes de Policía, y tres detenidos, a los que se sumó una detención posterior un mes después. Fruto de ello, la Fiscalía presentó denuncias contra cuatro manifestantes, mientras que no acusó a ningún agente por excederse de sus funciones.
El juicio debía haber tenido lugar en junio, pero problemas de salud de Ocampo hicieron que fuera pospuesto hasta estos 15 y 16 de noviembre.
La fallecida abogada Doris Benegas es otra de las personas que iban a enfrentarse a este proceso. Estaba presente en aquella movilización y, según testigos, fue golpeada, detenida y posteriormente presa en los calabozos de Moratalaz.
Historia de un polémico juicio
Luis Ocampo es médico y activista desde hace años. Miembro del colectivo Coordinadora contra el Narcotráfico en el Barrio de los Pajarillos de Valladolid, su ciudad de origen, también ha participado activamente en otras organizaciones como la Coordinadora 25S o Izquierda Castellana.
Tras la intervención policial en la que este activista fue detenido, Ocampo tuvo que ser ingresado en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Se le detectó un cuadro de presíncope y sintomatología compatible con isquemia coronaria aguda, además de varias lesiones, especialmente en las muñecas. Además, pocos días después, ya en su ciudad natal, se le diagnosticó en el Hospital Universitario Río Hortega desprendimiento traumático vítreo en el ojo derecho.
Ocampo ha mantenido siempre que fue agredido por agentes de la UIP sin ningún motivo. Narra cómo la concentración, que reunió alrededor de 2.000 personas y que había sido convocada en la Puerta del Sol, tenía la intención de dirigirse hasta la plaza de Neptuno, como muchas otras que se sucedieron en aquellas fechas. «Cuando empezamos a caminar había una formación de antidisturbios que nos cerraba el paso. Intentamos hablar y negociar con ellos exponiéndoles que era una manifestación pacífica«, cuenta.
«Sin mediar ninguna motivación, empezaron a cargar», afirma Ocampo, que sostiene que los agentes con su acción intentaban «separar la primera línea», a quienes portaban la pancarta, que fueron reducidos y tirados al suelo: «Nos separaron y contra el resto no cargaron».
«Hay imágenes en las que se ve cómo golpean a una mujer y le hicieron una brecha de 5 centímetros y 1 centímetro de profundidad», sostiene el activista. «A mí me tiraron al suelo y llegué a tener hasta a tres policías encima de mí, dos de manera permanente, para esposarme», dice Ocampo, que apunta que en la posición en la que se encontró durante varios minutos, en decúbito prono, tumbado boca abajo e inmovilizado, no tenía «ninguna capacidad objetiva de resistencia». De hecho, califica el tipo de detención sufrida como «un acto de tortura express», como ha manifestado durante estas dos jornadas de juicio.
Ocampo no fue la única persona que necesitó ser ingresada, permaneciendo hasta la madrugada siguiente en un centro hospitalario. La mujer «a la que le habían abierto la cabeza» también necesitó de internamiento. Una vez dados de alta, ambos, junto a Doris Benegas, fueron conducidos a la comisaría general de Moratalaz y posteriormente al Juzgado de Instrucción. «Nos tomó declaración pero no nos dejó hablar», afirma este médico sobre la jueza de instrucción, hecho que consta en los siguientes procedimientos judiciales.
La cuarta persona procesada es detenida alrededor de un mes después. Fue identificada con posterioridad y se le acusa de portar una bandera y de intentar agredir a los antidisturbios en el casco con el mástil.
Las abundantes imágenes de lo ocurrido, así como videos, tomados por diferentes participantes en la protesta, son esgrimidas por los procesados y por su defensa para argumentar que las detenciones fueron gratuitas y que quienes ejercieron violencia en esa jornada no fueron los activistas, sino efectivos de las fuerzas de orden, miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), también conocidos como antidisturbios.
De hecho, este lunes más de una treintena de organizaciones políticas, sindicales y sociales, entre las que se encuentran la Coordinadora 25S e Izquierda Castellana, han expresado su apoyo a los tres procesados subrayando, precisamente, que hay «gran cantidad de material» audiovisual «que refleja cómo ocurrieron los hechos realmente».
Policías imputados
Durante la instrucción de este caso, la jueza encargada de conocer el proceso no observó delito alguno en las actuaciones de ningún agente, aunque sí vio indicios de delito en las de los manifestantes que ahora son juzgados.
Tras numerosos recursos de la defensa de los procesados, finalmente también tres miembros de la UIP se sentarán en el banquillo de los acusados. Aunque la Fiscalía no ha presentado cargos contra ninguno de estos agentes, la defensa de los manifestantes solicita 24 meses de prisión para uno de ellos y 12 meses de privación de libertad para los otros, acusándoles de un delito de lesiones.
Una de las acusaciones contra estos agentes procede, tras el fallecimiento de Doris Benegas, de una acusación civil interpuesta por la hija de Benegas y Ocampo.
Precisamente la negativa de procesar a los policías por parte de la jueza instructora, corregida en varias ocasiones por la Audiencia Provincial, se encuentra en el origen de la dilación del proceso, que, a pesar de abarcar una causa relativamente sencilla, lleva ya más de seis años de demora.
La polémica actitud de la Fiscalía
Durante estas dos jornadas Ocampo califica el procedimiento seguido como «totalmente correcto», con un tribunal que ha dejado intervenir a todas las partes sin limitación para explicar todas las circunstancias que han considerado pertinentes. Sin embargo, ha destacado de manera negativa la actitud de la Fiscalía, a la que califica de «impresentable».
«La Fiscalía parecía la abogada defensora de los policías, era patético y grotesco», sostiene el activista, que se pregunta «cómo una funcionaria pública de la Administración de Justicia se puede prestar a ello».
Aparte de los diferentes testigos que han ratificado la versión de los tres manifestantes, se cuenta con videos y abundante material fotográfico, cuya autenticidad nadie ha cuestionado. Sin embargo, Ocampo opina que la interpretación que se hace de ellos «es increíble» y que nunca había visto «una disociación tal de la realidad por parte de la Policía y la fiscal».
Crisis institucional en crecimiento
Los hechos que se juzgan ahora, seis años después, se enmarcan en el comienzo de una crisis institucional que, desde el nacimiento del movimiento 15M, surgió como contestación a la respuesta que las instituciones españolas, y también europeas, dieron a la crisis económica que se inició en 2008.
El trasvase de enormes cantidades de dinero público para rescatar entidades privadas, como fue el caso de las organizaciones financieras, y el endeudamiento creciente de los países del sur de la Unión Europea, seguido de las políticas de austeridad que provocaron ingentes recortes en los servicios públicos y una pérdida de soberanía, se vieron acompañados, en el caso de España, de un profundo cuestionamiento de las estructuras surgidas de la Transición, entre ellas la Monarquía.
En 2014, cuando la manifestación convocada por Coordinadora 25S tuvo lugar, hacía solo unos meses que se había producido la abdicación de Juan Carlos I y la coronación de su hijo y sucesor, el actual monarca español Felipe VI.
Precisamente, en el marco de las movilizaciones sociales iniciadas tres años atrás y que todavía eran muy activas, y de la crisis de popularidad de la institución monárquica, las manifestaciones republicanas se encontraban en el ojo de las autoridades competentes en materia de seguridad pública, según cuenta Ocampo. De hecho, tan solo una semana antes de la protesta origen de este proceso judicial, Benegas había elaborado y presentado una querella criminal por vulneración de derechos fundamentales durante el proceso de coronación de Felipe VI.
«Se bloquearon no solo las movilizaciones republicanas, sino incluso portar insignias de esa índole»
La querella estaba dirigida contra Cristina Cifuentes, en ese momento delegada del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, competente en materia de seguridad ciudadana y responsable de las fuerzas del orden en ese territorio. Ocampo señala que en 2014 «se bloquearon no solo las movilizaciones republicanas, sino incluso portar insignias de esa índole», por lo que llegaron a presentar una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la violación de derechos fundamentales durante ese periodo.
«La posición de Cristina Cifuentes fue la de no permitir que hubiera ninguna manifestación crítica hacia la Monarquía«, defiende el portavoz de Coordinadora 25S.
Protección a la Corona
La protección a la institución de la Corona está en la base de la intervención policial que se produjo ese 4 de octubre, en opinión de Ocampo, en un momento en el que la institución está más en entredicho que nunca. «No por el origen franquista de la Monarquía«, recuerda el activista sobre el nombramiento de Juan Carlos I como sucesor en la Jefatura de Estado por Franco tras jurar los principios del movimiento nacionalcatólico, «sino porque no hay futuro para este país con el actual régimen monárquico», opina.
Ahora, la celebración de este juicio sucede en un momento crucial para la supervivencia de la institución monárquica en España al coincidir con el incesante goteo de informaciones que presuntamente vinculan a Juan Carlos I con diferentes casos de corrupción que habrían jalonado prácticamente los casi 40 años de su Jefatura de Estado y que se habrían prolongado más allá de su abdicación. Para Ocampo, el juicio que se celebra ahora está de «absoluta vigencia», porque «no cabe ninguna duda de que lo que se decía en el lema de la manifestación es cierto«.
Igualmente, el proceso coincide con el hecho de que un exmonarca se haya visto prácticamente obligado a abandonar el país: Juan Carlos I se encuentra desde al menos el 3 de agosto residiendo en los Emiratos Árabes Unidos. Además, su hijo le privó de la asignación de la retribución pública que venía percibiendo desde 2014, de casi 200.000 euros anuales, aunque el erario español sigue haciéndose cargo de parte de sus gastos, como los de seguridad.
El comunicado que Felipe VI emitió el mismo día que se decretaba el estado de alarma para luchar contra la pandemia de coronavirus, además, dejaba clara la veracidad de las informaciones que apuntaban a la existencia de instrumentos jurídicos para ocultar dinero al fisco español en paraísos fiscales, el conocimiento que de ello tenía la Casa Real desde hacía al menos un año y el distanciamiento del actual monarca de su predecesor al renunciar incluso a posibles futuras herencias de dudoso origen.
En estas circunstancias se vuelve a poner en entredicho la protección que la legislación y las instituciones ofrecen a la Corona en España. El principal instrumento jurídico es el delito contemplado en el Código Penal español de injurias y calumnias contra la Corona. La tipificación de este delito ha sido motivo de controversia entre diferentes fuerzas políticas españolas, pero también motivo de señalamiento desde instituciones internacionales que apuntan que no se puede dar mayor protección a una persona por encima de las demás, que se vulnera el principio de igualdad ante la ley y que las penas impuestas son, además, desproporcionadas, en este supuesto.
Por su parte, otras instituciones del Estado, como el Congreso, también han cerrado filas, aunque sin unanimidad, alrededor de la Casa Real y, en concreto, del rey emérito. Así, esta semana se ha asistido por enésima vez al veto de la Mesa de la Cámara a la propuesta de investigación de las finanzas del exmonarca. La propuesta, esta vez de Unidas Podemos, fuerza integrante de la coalición de Gobierno, ha sido rechazada con el voto de las fuerzas conservadoras (PP, Ciudadanos y Vox), a las que se ha sumado el Partido Socialista, su socio en el Gobierno. Ni siquiera ha sido posible una investigación parlamentaria de las actividades del exjefe de Estado posterior a su abandono del cargo, de manera que el Hemiciclo ha interpretado la inviolabilidad que la Constitución española otorga al rey como una inviolabilidad vitalicia, aun después de dejar el trono, que protege también sus actividades privadas.
En este marco el conflicto entre libertad de expresión y la especial protección a la Monarquía ha venido produciendo choques cada vez más frecuentes durante los últimos años. «Lo que sabemos ahora se sabía hace 20 y 30 años, pero se tapaba. Muchos activistas fuimos procesados por denunciarlo», señala Ocampo.
Multiplicación de las protestas
Las protestas dirigidas contra la Monarquía se han amplificado en los últimos años con dos puntos de inflexión. El primero fue el conocido accidente en Botsuana en 2012 del entonces rey Juan Carlos, que dio lugar a su inédita petición de perdón y a que comenzaran a aparecer noticias relacionadas con su vida privada y sus poco transparentes negocios.
El segundo, significativo sobre todo en Cataluña, tuvo lugar en 2017. Con motivo del referéndum independentista, el rey Felipe VI protagonizó una dura intervención televisada que avivó la llama independentista en esa región y que encendió las alarmas sobre la violación de la neutralidad que la figura del rey debía observar con respecto a todos los ciudadanos y a las diferentes ideologías.
En este contexto, en las últimas décadas se han vivido episodios judiciales que han dado la vuelta al mundo por, entre otros, no ser homologables a las legislaciones de los países del entorno. Por ejemplo, en 2007 España vivió el secuestro de una publicación por primera vez en más de veinte años. La revista satírica El Jueves publicó un número en cuya portada aparecía un dibujo de los entonces príncipes Letizia y Felipe manteniendo relaciones sexuales, en referencia a una política familiar llevada a cabo por el entonces presidente Zapatero. Como cabía esperar, generó el conocido efecto Barbra Streisand, multiplicando el número de suscriptores de la publicación, aunque sus responsables fueron condenados a una sanción económica.
Más tarde llegaron la cascada de quemas de fotos del rey. Se inició también en 2007 con un acto en Girona, Cataluña. Tras la imputación penal de los responsables centenares de fotos ardieron por todo el país como protesta y se multiplicaron a su vez las imputaciones.
Incluso varias pitadas en campos de fútbol llegaron a los tribunales. En una de esas ocasiones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó una multa de 14.400 euros para Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció y promotor de la pitada al rey Felipe VI en la final de la Copa del Rey de fútbol que se disputó en el estadio Camp Nou de Barcelona el 30 de mayo de 2015. Se le acusó de los delitos de injurias al rey y de ultraje a España. Finalmente, Espot fue condenado a pagar 7.200 euros.
Nuria López
Qué hay detrás del éxodo masivo de población en Londres | BBC Mundo
Entre 2019 y 2020, Londres tuvo la mayor pérdida de población desde la Segunda Guerra Mundial. Este declive sin precedentes en tiempos de paz estuvo impulsado por un éxodo masivo de migrantes, que tuvo su epicentro en Londres y que está relacionado con el Brexit y con la pandemia de covid-19. Cerca de 1,3 millones de extranjeros se fueron de Reino Unido entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, según datos del Centro de Excelencia de Estadística Económica (ESCOE) de Reino Unido. De esa cifra, más de la mitad, unas 700.000 personas, se fueron de Londres, tradicionalmente una de las ciudades más bulliciosas y atractivas del mundo. En este video Inma Gil explica qué hay detrás de este éxodo masivo reciente.
Otro factor que fue determinante para los estadounidenses decidir mudarse fueron los incentivos fiscales, pues “las ciudades en los estados con impuestos sobre la renta bajos o nulos atraen a la mayoría de la gente”. Lugares como Florida y Texas manejan una tasa de impuesto sobre la renta individual marginal máxima de cero.
¿’Lawfare’ contra Podemos? Una sentencia contra un diputado abre un nuevo cisma en el Gobierno de España (y amenaza con llegar a la Justicia europea)
En un polémico fallo, Alberto Rodríguez fue condenado a 45 días de cárcel e inhabilitación para sufragio pasivo por dar una patada a un policía. La presidenta del Congreso le ha retirado el escaño.
La relación en el seno del Gobierno de España entre las dos fuerzas que integran la coalición, el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP), está viviendo uno de sus momento más tensos tras la polémica condena al diputado de Podemos Alberto Rodríguez.
Rodríguez ha sido condenado a 45 días de cárcel, conmutados por una multa de 540 euros, y al mismo tiempo de inhabilitación para el sufragio pasivo por unos hechos que sucedieron en 2014, antes de ser diputado, en una protesta contra el entonces ministro de Educación, el conservador Ignacio Wert.
La sentencia considera probado que en los enfrentamientos entre manifestantes y la policía, el ahora diputado dio una patada a un agente. Sin embargo, existen numerosas voces críticas tanto contra la condena como contra la aplicación de la pena impuesta. Rodríguez, que siempre ha mantenido su inocencia, ya ha anunciado que llegará hasta las últimas instancias, lo que significa que este caso será finalmente dirimido en los tribunales europeos.
Solo el testimonio de un agente
La principal crítica hacia la condena estriba en que se sustenta únicamente en el testimonio del policía que afirma que el diputado de la formación morada le propinó una patada. Sin embargo, no hay ningún video ni fotografía que le sitúe en el lugar de los hechos, aunque sí en la protesta; ningún otro agente ha corroborado la agresión; y el policía al cargo del operativo sostiene que estuvo vigilando todos los sucesos y no vio en el lugar al ahora condenado.
Ninguna otra prueba periférica corrobora la declaración del agente. El parte médico solo constata lo que el agente refiere y el tiempo para su recuperación se estima en un solo día. Otro de los informes forenses data de mes y medio después del suceso.
https://elpais.com/noticias/inhabilitacion/
Baldoví, sobre Alberto Rodríguez: «Un buen diputado está en su casa mientras Espinosa de los Monteros, condenado por fraude, está en el Congreso»
Estos puntos son constatados por dos de los magistrados que integraban el tribunal, que emitieron un voto particular abogando por la absolución. En este voto se ponía en duda la idoneidad del testimonio del agente como única prueba al considerar que no contaba con los tres criterios que debe cumplir: credibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia. Así, sostienen que la prueba practicada en el juicio está «muy lejos» de ser suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia.
Aumenta el lío jurídico
Pero si la condena ya levantó la indignación tanto en el entorno de Podemos como la del propio Rodríguez, que en sede judicial había avisado de que agotaría todos los recursos y llegaría incluso a la Justicia Europea, la aplicación de la pena ha causado todavía mayor revuelo.
La defensa de Rodríguez sostenía que la sentencia no conllevaba la pérdida de escaño y el informe solicitado a los letrados del Congreso por la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, avalaba esa tesis.
Sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, instancia que ha condenado al diputado debido a su aforamiento, requirió a Batet que le comunicará el inicio del cumplimiento de la pena impuesta, lo que se interpretó como una presión para la retirada del escaño, aunque sin especificarlo.
Finalmente Batet, contra el criterio de los letrados del Hemiciclo, decidió retirar el acta a Rodríguez que, además de anunciar la dimisión de todos sus cargos en Podemos, llegó a comunicar que se querellaría contra la propia presidenta del Congreso, aunque ya ha informado de que ha cambiado de opinión en este extremo.
Como han explicado diversos juristas, como Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, la inhabilitación para el sufragio pasivo no hace perder al diputado el cargo, si no que sólo le impediría presentarse a unas elecciones durante el tiempo que dure la inhabilitación.
Sin embargo, la ley del Régimen Electoral General sí contempla que los condenados en sentencia firme a penas privativas de libertad no pueden ostentar un cargo electo. Las dudas jurídicas, en este caso, radican en si se debe tomar como base para valorar la incompatibilidad la pena de prisión o los 540 euros de multa por los que fue conmutada.
Los letrados del Congreso optaron por esta segunda opción en un informe muy motivado. Consideran que se debe tener en cuenta la pena de multa, por ser la aplicada realmente y para no dar prioridad a una pena de prisión inexistente. Además, apuntan a que las dudas deben resolverse en el sentido más favorable al derecho fundamental a la participación política –siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional–.
Por su parte, la sala del Supremo tiene potestad para hacer cumplir su fallo, la inhabilitación para sufragio activo, pero no la tiene para indicar al Parlamento cómo interpretar la legislación, en este caso, la normativa electoral.
El último movimiento de Rodríguez
El último movimiento, hasta ahora, se ha producido este mismo martes. Alberto Rodríguez ha remitido un escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que solicita la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia y en el que arremete duramente contra la presidenta del Congreso.
El ya exdiputado acusa a Batet de «arrogarse competencias propias y exclusivas del Supremo» y de «sustituir la pena impuesta por otra de distinta naturaleza y mayor lesividad». Además, sostiene que Batet «acordó modificar la sentencia dictada por el Supremo siguiendo, y asumiendo como propia, la petición realizada en el Congreso de los diputados por el Partido Vox», la formación de ultraderecha.
Reacciones
Desde que se conoció la sentencia y la posterior decisión de la presidenta del Congreso, se han producido multitud de reacciones, pero la que ha tenido mayor repercusión ha sido la de la secretaria general de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, que ha sostenido que Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de que las pruebas demostraban que no estuvo en el lugar del altercado y que «el objetivo era quitarle el escaño».
«El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación», concluyó la líder de Podemos en Twitter.
Esta postura, unida a las tensiones por la derogación de la última reforma laboral, ha dado pie a multitud de rumores sobre la posibilidad de que se produjera una ruptura de la coalición de gobierno. Si se llegara a producir, el presidente Pedro Sánchez estaría abocado a convocar elecciones anticipadamente, en un momento en que las encuestas parecen señalar cierto fortalecimiento de las formaciones de derecha y extrema derecha.
Hasta Europa
La intención de Rodríguez de agotar los últimos recursos posibles en España hace que, con toda seguridad, el caso se acabe dirimiendo en Europa, en un contexto en el que la Justicia española se ha llevado algunos reveses en los últimos tiempos.
El caso más flagrante es el de los líderes del proceso independentista catalán, con el expresidente regional Carles Puigemont como cabeza más visible. En este caso no han sido los tribunales europeos, sino los de hasta tres Estados, Alemania, Bélgica e Italia, los que no han accedido a las pretensiones de extradición del magistrado Manuel Marchena, que es el mismo juez que ha presidido el tribunal que ha condenado al diputado de Podemos.
Esta vez la bofetada podría ser aún más sonora, al afectar al germen mismo de la democracia, después de las voces que se alzan denunciando que ha sido un golpe de la judicatura al poder legislativo y que podría originar una crisis parlamentaria si desemboca en el desencuentro de las dos únicas formaciones políticas que en la actualidad están en condiciones de formar Gobierno.
La guerra judicial contra Podemos
Desde sectores de la izquierda se denuncia que se está llevando a cabo una guerra judicial contra la coalición Unidas Podemos (UP), integrada por Podemos e Izquierda Unida. Además se alega que el poder judicial en España tiene un sesgo ideológico de derechas.
Por un lado, existe una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que se encarga de ascender a los magistrados a puestos de responsabilidad. El actual presidente del CGPJ –cargo que lleva aparejada también la Presidencia del Tribunal Supremo–, Carlos Lesmes, fue director general del Ministerio de Justica durante los dos mandatos del presidente conservador José María Aznar, entre 1996 y 2004.
En 2013 fue alzado a su actual puesto por un pleno del CGPJ donde eran mayoría los vocales propuestos por el Partido Popular (PP). Desde 2018 este órgano se encuentra en funciones, con el mandato caducado por la negativa del PP de acceder a su renovación, lo cual no le ha impedido seguir haciendo nombramientos vitalicios para puestos claves de la judicatura.
De la presunta politización de la Justicia da cuenta la conversación mantenida en 2018 por Ignacio Cosidó, portavoz del grupo Popular en el Senado, en la que presumía de que su partido conseguiría controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo «por detrás», la instancia responsable del enjuiciamiento de los diputados. Se trata de la sala presidida por Marchena que ha condenado a Rodríguez.
En este contexto, la polémica condena de Rodríguez no ha sido la única. Isa Serra, diputada y portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid hasta julio de este año, fue condenada en abril de 2020 a 19 meses de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación para sufragio pasivo, además de a pagar una multa de 2.400 euros, por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños en el marco de un desahucio en 2014. Quince meses después el Tribunal Supremo confirmó su condena.
Serra también fue condenada tan solo con el testimonio de dos agentes de Policía, sin que existieran videos o fotografías de ninguna agresión y con el testimonio contrario de otros testigos. La exdiputada regional también anunció que recurriría al Tribunal Constitucional y posteriormente a instancias europeas, si fuera necesario.
Pero lo cierto es que desde la irrupción de Podemos en el escenario nacional, sus afines han denunciado una persecución judicial. El partido ha sido denunciado docenas de veces ante los tribunales de justicia por varios motivos, el más reiterado el de financiación ilegal.
Sin embargo, aunque todas las causas han terminado finalmente archivadas, se ha criticado duramente que la mayoría de ellas fueran siquiera admitidas a trámite, dilatando un proceso que aunque finalmente queda en nada, ha hecho que la formación morada haya sufrido reiteradamente lo que se llama ‘pena de banquillo’, es decir, un menoscabo de su imagen ante la opinión pública, mientras se daba enorme difusión a la apertura de causas y casi ninguna alusión a su archivo.
Uno de los últimos procesos archivados afectaba a la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. La entonces diputada de Podemos llegó a ser imputada por una jueza, junto a otros tres diputados de su formación, por participar en una protesta laboral. Las acusaciones eran similares a las sufridas por Rodríguez o Serra, pero en ese caso se contaba con profusas grabaciones que hacían imposible dar credibilidad a los testimonios de los agentes.
Nuria López
Diseñan una computadora que tardaría un milisegundo en resolver tareas que llevarían al ordenador más potente 30 billones de años
Jiuzhang 2.0, un septillón veces más poderoso que la supercomputadora más avanzada del mundo, contribuirá a la teoría de grafos, el aprendizaje automático y la química cuántica.
En un intento de lograr la supremacía cuántica, un equipo de investigadores dirigido por el profesor Pan Jianwei, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, ha desarrollado un prototipo de computadora cuántica bautizado Jiuzhang 2.0 a través de la cual se detectaron 113 fotones. El estudio fue publicado este lunes en la revista científica Physical Review Letters.
La supremacía cuántica se da cuando un nuevo prototipo de computadora cuántica consigue realizar una tarea específica utilizando exponencialmente menos recursos que las computadoras existentes más poderosas.
Jiuzhang 2.0 se basa en el algoritmo de muestreo de bosón gaussiano expansible, un algoritmo de simulación clásico que le permite alcanzar un rendimiento sin precedentes. Este modelo es un septillón de veces más poderoso que la supercomputadora más avanzada del mundo y tardará un milisegundo en resolver tareas que llevarían al ordenador más potente existente 30 billones de años, según China Daily.
Se espera que la nueva supercomputadora se muestre muy eficaz para profundizar en los conocimientos en áreas como la teoría de grafos, el aprendizaje automático y la química cuántica.
Su versión anterior, Jiuzhang, que se presentó en diciembre del año pasado, marcó la primera vez que China alcanzó la supremacía cuántica, convirtiéndose en el segundo país del mundo en lograr esta meta.
Exespía saudita califica de «psicópata», «asesino» y «amenaza para el planeta» al príncipe heredero Mohamed bin Salmán
Saad al Jabri huyó a Canadá luego de que el rey Salmán designara a su hijo como heredero al trono.
El ex alto cargo de la inteligencia saudita, Saad al Jabri, ha descrito al príncipe heredero de la monarquía, Mohamed bin Salmán, como un «psicópata sin empatía» que pretende matarlo por los secretos que mantiene sobre él y su entorno.
Al Jabri es el antiguo asesor del depuesto príncipe heredero Mohamed bin Nayef y permanece exiliado en Canadá desde 2017, luego de que el rey Salmán destituyera al último y eligiera en su lugar a su hijo Mohamed bin Salmán. En reiteradas ocasiones, el exespía ha acusado al nuevo heredero al trono de conspirar para asesinarlo.
«Estoy aquí para dar la alarma sobre un psicópata, asesino en Oriente Medio, con recursos infinitos, que representa una amenaza para su gente, los estadounidenses y el planeta», expresó Al Jabri en una entrevista concedida a CBS News.
El exfuncionario calificó a Bin Salmán de «psicópata sin empatía», que «no siente emociones, [y] nunca aprendió de su experiencia», mientras que, asegura, Al Jabri y otros «han sido testigos de atrocidades y crímenes cometidos por este asesino».
Asimismo, el hombre asegura que el príncipe heredero mantiene en cautiverio a dos de sus hijos y a su yerno, tratando de usarlos como moneda de cambio para que regrese a Riad.
Por otra parte, Al Jabri mencionó que durante una reunión con Bin Nayef en 2014, que él también presenció, Bin Salmán afirmó que podría envenenar al entonces rey Abdalá para despejar el camino al trono para su padre, el rey actual. El exjefe de inteligencia asegura que existen al menos dos grabaciones de aquella reunión y que él conoce dónde se encuentran.
El rey Abdalá murió en 2015 debido a causas naturales, dejando el trono al rey Salmán. Su hijo Mohamed bin Salmán goza de amplias facultades de poder, siendo vice primer ministro, ministro de Defensa, presidente del Consejo de Asuntos Políticos y de Seguridad y presidente del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo.
El príncipe heredero se ha mostrado como un político altamente controvertido: ha relajado algunas de las más estrictas leyes religiosas en el reino, permitiendo a las mujeres conducir autos y abriendo cines, entre otras medidas. Al mismo tiempo, ordenó el arresto de cuantiosos miembros de la familia real leales a Bin Nayef, a los que conllevó a ceder parte de su riqueza. Riad también continuó la campaña militar en Yemen, manchada de acusaciones sobre ataques indiscriminados y causar una crisis humanitaria en la nación.
«Este hombre no se calmará hasta que me vea muerto»
Muchos medios occidentales señalan la responsabilidad de Bin Salmán en el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. El crítico del régimen saudita fue desmembrado durante su visita al consulado saudita en Estambul por un grupo de sicarios que llegó a Turquía desde Arabia Saudita.
Al Jabri asegura que le aguardaba la misma suerte pero logró escapar luego de que uno de sus excompañeros de trabajo le advirtiera sobre el peligro.
«La advertencia que recibí fue no estar cerca de cualquier misión saudita en Canadá. No ir al Consulado ni a la Embajada. Pregunté: ¿por qué? Y dijo: ‘Desmembraron al hombre, le asesinaron. Estás a la cabeza de la lista‘«, recuerda Al Jabri.
En agosto de 2020, el exjefe de inteligencia presentó una demanda en Washington (EE.UU.) acusando al príncipe heredero de enviar un grupo de agentes a Canadá para matarlo, unas dos semanas después del asesinato de Khashoggi. Los agentes presuntamente intentaron ingresar al país de manera encubierta, pero despertaron sospechas, por lo que los agentes fronterizos les negaron la entrada.
Al Jabri indica que Bin Salmán tiene miedo a la información que el exfuncionario posee y, afirma, que cuenta con más secretos. «Creo que me matarán algún día porque este hombre no se calmará hasta que me vea muerto», señaló antes de advertir que se ha encargado de preparar materiales que se revelarán en caso de su asesinato.
López Obrador arremete contra las recetas del FMI: «Son responsables de la crisis mundial»
El presidente mexicano rechazó las políticas impulsadas por el organismo, aunque también criticó a los gobiernos neoliberales que siguieron al «pie de la letra» estas recomendaciones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su rechazo a las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a su juicio, son responsables de la «crisis mundial», junto con los gobiernos neoliberales que implementaron las recetas dictadas por el organismo.
Durante su conferencia matutina de este lunes, el mandatario fue cuestionado por medios locales sobre la reciente observación que hizo el FMI respecto a las pérdidas que presenta la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y la necesaria «postergación de planes de nuevas refinerías» para emplear esos recursos con otros fines más productivos.
«No creo en sus políticas, causaron la decadencia económica social en el mundo. Ellos son responsables de la crisis mundial, los del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales», respondió López Obrador.
Además, el mandatario apuntó que la mayor responsabilidad es de los gobiernos neoliberales que se sometieron a esas políticas, porque el FMI enviaba sus recomendaciones y éstas «se aplicaban en los países al pie de la letra«, explicó el jefe del Ejecutivo.
Refinería de Dos Bocas
Tras la crítica del mandatario al FMI, la titular de la Secretaría de Energía (Sener) de México, Rocío Nahle, se sumó a la discusión en su cuenta de Twitter.
«Hoy México no se somete a políticas como las que emitió el FMI, esas recetas o recomendaciones ocasionaron pobreza, retraso y una decadencia en la economía en muchos países», expresó Nahle.
En seguida, la secretaria de Energía expresó su respaldo al proyecto de refinería de Dos Bocas (Veracruz), que una vez que sea concluida para junio de 2022, podría procesar unos 340.000 barriles de crudo al día, de acuerdo con las estimaciones del gobierno de López Obrador.