La información, recopilada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y denunciada por la ONG Human Rights Watch, da cuenta de conductas abusivas en las áreas de control migratorio que dependen de ese organismo estatal.

Documentos internos del Gobierno de EE.UU., revelados por la ONG Human Rights Watch, dejan al descubierto más de 160 casos de abusos policiales, agresiones sexuales y malos tratos a solicitantes de asilo cometidos en su mayoría por agentes fronterizos, entre 2016 y 2021.

Human Rights Watch presentó el jueves un informe donde da cuenta de los abusos que habrían sido cometidos por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agentes de la Patrulla Fronteriza y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según informes internos, recopilados por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) y elaborados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), estas conductas abusivas se registraron en las áreas de control migratorio que dependen de ese organismo estatal.

Entre las acusaciones que se desvelan en los textos hay abuso físico, sexual y verbal, violaciones del debido proceso, condiciones de detención severas, denegación de atención médica y trato discriminatorio en la frontera y zonas cercanas.

Al respecto, la directora asociada para EE.UU. de Human Rights Watch, Clara Long, afirmó que «la conducta de los funcionarios fronterizos y de migraciones que se detallan en estos informes realmente causan estupor». Además, señaló que este tipo de acciones, al margen de la ley, «son un secreto a voces dentro del DHS» y que pareciera haberse naturalizado «que sus organismos de frontera cometan abusos alarmantes».

A finales de septiembre, generaron gran conmoción una serie de imágenes difundidas en los medios que muestran a varios agentes a caballo de la Patrulla Fronteriza estadounidense agrediendo a un grupo de migrantes que cruzaba el río Bravo.

Los abusos relatados

Entre los hechos compilados en los informes, en los que se han hecho algunas tachaduras, y sobre los que se desconoce si están siendo investigados, se relata que un supervisor en la Oficina de Asilo de San Francisco informó que la hija pequeña de una solicitante que entrevistó fue agredida sexualmente, posiblemente por un funcionario de la CBP o de la Patrulla Fronteriza que habría obligado a la menor de edad a desvestirse y «la manoseó«.

Otra situación de este tipo ocurrió cuando un oficial amenazó con encerrar a un solicitante de asilo por negarse a tener sexo con él, según se recoge en el informe.

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En el documento HRW también menciona un caso en el que un agente de la Patrulla Fronteriza golpeó con su rodilla a una mujer en la parte inferior de la pelvis, provocándole moretones durante varios días. La víctima denunció lo ocurrido al funcionario que valoraba su petición de asilo.

Un caso similar sucedió con otro migrante, al que un funcionario golpeó con tal fuerza que quedó inconsciente y sufrió inflamación cerebral.

Como recomendación, la presidenta de la ONG, con sede en Nueva York, dijo que el Gobierno de Joe Biden debería tomar «medidas urgentes» para asegurar que las personas victimizadas «tengan acceso a la Justicia y que cese este patrón persistente de abusos y conductas indebidas».

Alrededor de 1,7 millones de migrantes han sido detenidos por agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) durante el año fiscal 2021 (1 de octubre de 2020- 30 septiembre de 2021), según reveló el miércoles The Washington Post. Este registro triplicaría el promedio de los arrestos entre 2012 y 2020.

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Gobierno boliviano informa de que en 2020 se produjo un intento de magnicidio contra el presidente Arce, en el que estarían implicados los asesinos de Jovenel Moise.

El juez John O’Sullivan le imputó ocho cargos y le denegó la libertad condicional. La próxima comparecencia fue fijada para el 1º de noviembre.

El diplomático venezolano Alex Saab, extraditado el pasado sábado a EE.UU. desde la isla africana de Cabo Verde, fue llevado este lunes al tribunal del Distrito Sur de Florida, donde el juez John O’Sullivan le imputó ocho cargos, siete de ellos por presunto lavado de dinero y uno por supuesta conspiración para cometer este delito.

Alex Saab —que resultó detenido en circunstancias irregulares en junio de 2020 por las autoridades caboverdianas— fue imputado por O’Sullivan desde una celda en Miami, donde se encuentra detenido.

La audiencia fue realizada a través de teleconferencia. La defensa solicitó libertad bajo fianza para el acusado, pero la petición fue denegada. De momento, la próxima comparecencia se ha fijado para el próximo 1º de noviembre.

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Más temprano, el Ministerio de Justicia de Cabo Verde informó que el diplomático venezolano tendría un proceso judicial «justo y equitativo», sin condena a pena de muerte o cadena perpetua, conforme a la Constitución del país africano y según las garantías ofrecidas por Washington.

Venezuela, por su parte, ha calificado la extradición de Saab como un «secuestro» que vulnera el derecho internacional y diplomático, e insiste que su detención en Cabo Verde se hizo de manera «ilegal» sin una orden de captura, «violando las leyes del país y la Convención de Viena».

Saab fue detenido en Cabo Verde cuando iba rumbo a Irán en una misión diplomática para adquirir medicinas y alimentos para Venezuela. El funcionario hizo una parada técnica en la isla africana para recargar combustible pero las autoridades lo detuvieron pese a su condición diplomática. Tras la detención, la defensa del embajador denunció el hecho como una arbitrariedad y advirtió que había sido víctima de abusos, torturas y violación de sus derechos humanos.

«Una puñalada mortal»

Tras la extradición del diplomático, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que la medida aplicada por EE.UU. había significado el fin del proceso de diálogo que realizaba su gobierno con sectores de la oposición radical en México, ya que en septiembre pasado Caracas había sumado a Saab como «delegado pleno» de la mesa de negociaciones.

«El Gobierno de Estados Unidos le aseguró a la Plataforma Unitaria que no se iba a llevar a Alex Saab porque iba a romper con el diálogo. […] Y lo hizo, con alevosía, con espíritu criminal», declaró.

«El Gobierno de EE.UU. sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la comisión de diálogo en México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México, lo sabía el Gobierno de EE.UU. y actuó», expresó Maduro, quien adelantó que están en gestiones ante la Naciones Unidas para solucionar el caso del diplomático venezolano.

Para el mandatario venezolano, EE.UU. no quiere diálogo, ni democracia, ni paz, ni avance para su país.

La extradición de Saab ocasionó que Caracas se retirara y suspendiera el viaje a México para comenzar una nueva ronda de negociación con la oposición radical, encuentro que estaba previsto para el domingo 17 de octubre.

EE.UU. señala a Caracas

Este lunes, el portavoz del Departamento de Estado del gobierno estadounidense, Ned Price, criticó que Caracas decidiera suspender las negociaciones en México por el caso Saab.

«Están poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar, por encima del sustento de los millones de venezolanos«, aseguró Price, quien aseguró que su país seguirá «apoyando» el diálogo en México, que comenzó en agosto pasado y que, según él, debería reiniciarse el próximo domingo.

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Durante la rueda de prensa, Price aseguró que la extradición de Saab, que ocurrió el mismo día en que se retomaba el diálogo entre el Gobierno y la oposición en México, no tenía ninguna intención de dinamitar las negociaciones porque, supuestamente, en EE.UU. «la aplicación de la ley es independiente de la política».

No obstante, minutos después el funcionario sí exigió a la justicia venezolana que liberara a seis exejecutivos de Citgo, filial de  Petróleos de Venezuela, que están detenidos desde 2017 con condenas que van entre los ocho y 13 años de prisión por delitos de corrupción.

Según el funcionario estadounidense, los llamados «seis de Citgo» fueron «detenidos injustamente» y «deberían ser liberados de forma inmediata e incondicional».

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