La extrema derecha ha conseguido que Ayuso asuma varias exigencias que arremeten contra los menores migrantes no acompañados, reducen el presupuesto de Telemadrid o favorecen a los centros privados de educación.

El consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, y la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, han firmado este martes un acuerdo para que la extrema derecha vote a favor de los Presupuestos de 2022 para Madrid, que serán los primeros de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Vox ha conseguido que se plasmen en el documento varias de sus exigencias que arremeten contra los derechos de los menores migrantes no acompañados así como servicios públicos como Telemadrid o incluso favorecen al sector privado.

Fuera del acuerdo se ha quedado la exigencia de los ultraderechistas de derogar las leyes LGTBI vigentes en la región. Sin embargo, Lasquetty ha anunciado en rueda de prensa que seguirán negociando esta cuestión con la ultraderecha al margen de la aprobación de los Presupuestos.

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Además, destaca que las dos formaciones ya han acordado que no aceptarán ni siquiera una enmienda parcial de los partidos de izquierdas de la Asamblea de Madrid, un hecho que supone una limitación previa para las formaciones políticas.

Auditorías de subvenciones y centros de menores migrantes

Habrá auditorías —cuya contratación deberá realizarse en los tres meses siguientes a la aprobación de Presupuestos, es decir, en marzo de 2022— para todas las subvenciones de la Comunidad de Madrid concedidas en los últimos cuatro años con el fin de analizar los resultados conseguidos de la actividad subvencionada correspondiente. Esto costará en torno a 200.000 euros.

Y, más en concreto, se realizará una auditoría completa de los costes de los servicios y de las subvenciones asociados a los centros de menores extranjeros no acompañados a partir del 1 de marzo. Según el documento, «abarcará todos los aspectos relacionados con los servicios y subvenciones asociados a los menores». El coste previsto de la medida es de 50.000 euros.

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Por un lado, el pacto recoge una reducción de los gastos de estructura y funcionamiento de la Comunidad de Madrid en 10 millones de euros y se queda en el aire que se supriman órganos o entes. Pero, además, se plasma en el documento una reducción del 10% del presupuesto de Telemadrid, que será por 7,4 millones de euros.

62 millones irán destinados a cheques educativos que beneficiarán a los centros privados y no para impulsar lo público

Mientras que la medida estrella de Vox es «avanzar» en la gratuidad de las etapas educativas no obligatorias, con un compromiso de cara a los próximos tres o cuatro ejercicios presupuestarios. El acuerdo consiste en incrementar el importe de los cheques educativos y el número de beneficiarios de las mismas en todas las etapas no obligatorias en Infantil de 0 a 3 años, FP Grado Medio y de Grado Superior y Bachillerato. El coste previsto de la medida es de 62 millones por curso completo. Pero, ¿qué supone esto? Básicamente es beneficiar a los centros privados y concertados de la educación y no impulsar lo público.

Por otro lado, aunque sin concretar, se ha acordado estudiar todas las posibilidades existentes «basadas en la colaboración público-privada» para incrementar la oferta de viviendas de alquiler accesible, en vez de pedir que se fomente el parque público de viviendas.

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Ayudas para la compra de vivienda para «jóvenes solventes»

También se acuerda incrementar en nueve millones de euros la financiación para el programa Primera Vivienda, que está destinado a «personas menores de 35 años solventes» que quieran comprar una vivienda en la región. Esto deja atrás a muchos jóvenes ya que, según explicó Ayuso cuando anunció el plan, los beneficiarios deben tener solvencia económica y capacidad de pago de la hipoteca.

La tasa de paro de esta franja de edad en Madrid está en un 27,6% mientras que los jóvenes tendrían que destinar el 105% de su sueldo para poder pagar el alquiler medio de la comunidad, en los 1.176 euros, según el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Esto provoca que solo un 20,5% de los jóvenes de la Comunidad de Madrid haya podido emanciparse, por lo que resulta difícil que muchos jóvenes de la región puedan ser solventes y tener capacidad de pago de la hipoteca y, aunque los fuera, se olvidarían de la mayoría de jóvenes que tienen dificultades para emanciparse y llegar a fin de mes.

Personarse judicialmente contra «okupas o bandas latinas»

Por último, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha comprometido a estudiar la «posibilidad de personarse en las acciones judiciales que se desarrollen en aquellos asuntos que pongan en grave riesgo la seguridad personal de los ciudadanos o sus propiedades, ante infracciones administrativas o penales provocadas por grupos organizados o individuos». Aunque en el documento no se concreta, fuentes de la región han confirmado a Público que esto está centrado en personarse contra «okupas o bandas latinas», entre «otros movimientos peligrosos para los madrileños».

Al menos cuatro de los trabajadores eventuales que contrató con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento y la Diputación reconocen a la policía que entregaban en mano y en metálico a Gonzalo Pérez Jácome sus donaciones al partido.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, cobró durante años en mano, en metálico y sin declarar a Hacienda las mordidas sobre los sueldos de los asesores ficticios a los que contrataba con cargo a los fondos públicos de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento.

Así figura en las actas de las declaraciones de al menos cuatro supuestos colaboradores del regidor ante la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, que investiga las denuncias contra el alcalde por malversación y apropiación indebida del dinero que recibe su partido, Democracia Ourensana, para sufragar el funcionamiento de sus grupos municipal y provincial en las dos instituciones.

Las mordidas en B que reflejan esas declaraciones, a las que ha tenido acceso Público, se suman a las que abonaban otros supuestos asesores, que ingresaban en ventanilla o por transferencia a la cuenta bancaria del grupo municipal las donaciones mensuales de hasta el 60% de sus sueldos, incluidas las pagas extra, que el alcalde exigía en algunos casos a cambio de contratarles. Esa cuenta era luego vaciada por Jácome mediante cheques y traspasos de cantidades de hasta 40.000 euros por facturas por supuestos servicios prestados al partido por el canal de televisión propiedad del regidor.

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Entre los asesores del alcalde figuraba Camilo Fernández Pacios, quien, pese a no tener más titulación que la Educación General Básica -el equivalente a primero de Enseñanza Secundaria Obligatoria que cursan hoy los alumnos de once y doce años- fue contratado como asesor político de la Alcaldía entre diciembre del 2019 y mayo del 2020, y posteriormente como auxiliar político desde septiembre del año pasado hasta su cese hace unos meses.

En su interrogatorio ante la policía el 20 de octubre del año pasado, Fernández Pacios declara que entregaba 400 euros todos los meses al alcalde «en mano» y «dentro de un sobre» como aportación voluntaria al partido. Preguntado por si incluía esa donación en su declaración sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el asesor explica que no lo hacía porque «le dijeron que no hacía falta».

Fernández Pacios cobraba una pequeña ayuda social cuando Jácome se hizo con sus servicios «para realizar un censo, listado, relación de establecimientos comerciales de la ciudad», cuenta a la policía. Por esa labor cobraba un salario de 1.800 euros netos mensuales –más de 34.000 euros brutos al año-, que se redujo a 1.300 cuando pasó a ser auxiliar.

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El asesor admite en su declaración que apenas pisaba el Ayuntamiento y que iba a la zona donde se ubica la sede municipal «a desayunar» entre las ocho y media o nueve de la mañana e inventariaba comercios «hasta la una y media, de lunes a viernes«, aunque no siempre. Algunos días no iba a trabajar porque, aunque estaba «a disposición de la Alcaldía«, tenía «libre albedrío» para realizar sus funciones.

Fernández Pacios ha confirmado a Público la veracidad de su declaración ante la UDEV, aunque ha subrayado que sus donaciones eran «para el partido», y que se sentiría «decepcionado» si resultara que el alcalde se apropiaba de ellas.

La lista de los supuestos asesores que pagaban a Jácome en persona continíua con Zaida Alejos Garrido, amiga de la adolescencia de Jácome y abogada con domicilio en Alcorcón (Madrid), quien fue contratada como colaboradora del grupo de DO en la Diputación entre marzo del 2018 y octubre del 2020. Según declara a la policía, hizo donaciones hasta julio del 2019, que tampoco registraba en su IRPF, entregando 100 euros al mes «en mano» al alcalde «aprovechando sus desplazamientos a Ourense» con motivo de las reuniones en el Concello.

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Alejos explicó a los agentes que teletrabajaba desde su domicilio en Alcorcón, y que cobraba un salario de 2.100 euros mensuales. Según sus propias palabras sus funciones iban desde la redacción de notas de prensa y mociones, las «búsquedas en Internet sobre temas que estaba trabajando el alcalde» y las visitas a los mercados de Madrid para ver ocpciones para aplicar en Ourense lo que veía en la capital del Estado, pasando por las reuniones y la recopilación de información «sobre proveedores de contenedores». Alejos dice que no tenía «una jornada reglada» y que algunos días era «de 24 horas» porque el alcalde le encomendaba «multitud de labores«.

Otra de las trabajadoras de las que Jácome obtenía donaciones era María del Carmen Monteiro da Silva, psicóloga que fue contratada durante tres meses en el 2015, cuando Democracia Ourensana estaba en la oposición, y desde el 2019 hasta hace unos meses como asesora política del alcalde.

Monteiro admite ante la policía que en los dos períodos como colaboradora del regidor hacía donaciones de 200 euros al mes, que tampoco declaraba en su IRPF y que entregaba «en mano al propio Gonzalo Pérez Jácome en la sede del partido, en Jolper». Jolper es la tienda de música que regenta la familia del alcalde, donde también está instalado el estudio de su cadena de televisión.

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A muller declara que en el 2015 cobraba un salario de 1.300 euros y que «no iba físicamente a trabajar«. Monteiro asegura que Jácome la contrató para «reorganizar las áreas del Concello revisando el listado de personal», pero que entre diciembre del 2019 y septiembre del 2020 no acudía al Ayuntamiento porque «teletrabajaba» desde la oficina de su marido o realizaba «trabajo de campo para el parque canino y un estudio de agricultura ecológica». Desde septiembre del año pasado se habría incorporado a la Secretaría de la Alcaldía, con las funciones de «coger el teléfono y recibir gente».

María del Carmen Monteiro está casada con Manuel Gutiérrez Álvarez, otro asesor de Jácome en la Diputación que declaró a los agentes de la UDEV que él sí iba a trabajar a un despacho en la sede de esa institución. También realizaba donaciones periódicas, que su mujer cifra en 200 euros aunque en realidad eran de más de 500 euros mensuales, que según la documentación bancaria a la que ha tenido acceso Público se libraban mensualmente mediante transferencia a la cuenta de DO.

Gutiérrez se ha negado a explicar a este diario por qué, al contrario que su esposa, ingresaba las donaciones mediante transferencia, dejando, por tanto, registro fiscal de esas operaciones Público no ha podido contactar con Monteiro para saber por qué ella, sin embargo, las entregaba en mano a Jácome y no las incluía en su declaración de la renta.

Otro de los que ha confesado a la policía que hacía donaciones dándole dinero en metalico al alcalde es Gernán López Vázquez, quien hacía entregas mensuales de 100 y 200 euros que tampoco hacía constar en su declaración del IRPF. Fue contratado entre el 2015 y el 2018 en el grupo de DO en la Diputación; posteriormente en el del Ayuntamiento entre junio y septiembre del 2019, y de nuevo en la Diputación desde diciembre de ese año hasta octubre del 2020, cuando Jácome lo cesó, pocos días antes de su declaración ante la UDEV, para darle de alta en Jolper.

Hasta su primer empleo en el 2015 como asesor político, López Vázquez trabajaba como «técnico de sonido en diversas orquestas» y como «autónomo en alquiler de hosting para juegos on line», según figura en el curriculum vitae que entregó en la Diputación. Y aunque fue contratado por Jácome con cargo a ésta y al Ayuntamiento, lo que hacía en realidad era trabajar para la empresa del alcalde. Su función, según declaró a la UDEV, era «la realización de grabación en Auria Televisión«, el canal de televisión local que Jácome gestionaba a través de Jolper.

«Las labores que realizaba durante ese período eran la grabación de actos del Concello, plenos y otros eventos, realizando posteriormente la edición y postproducción de las imágenes para su difusión final en Auria Televisió», reza el acta policial. Cuando los agentes le interrogaron, López Vázquez ya estaba contratado por Jolper, y cuando se interesaron por las razones por las que desarrollaba en la empresa del alcalde «las mismas funciones que desempeñaba como personal eventual en el Concello de Ourense y en la Diputación Provincial», el trabajador no supo explicarlo: «Fue una decisión del alcalde» cambiarlo de puesto en varios ocasiones durante ese tiempo, «siempre desempeñando las mismas funciones».

La legislación española permite a los militantes de partidos políticos deducir el 20% de sus aportaciones, tanto cuotas como donaciones esporádicas, con un máximo anual de 600 euros. La deducción no es obligatoria para el donante, lo que exime de cualquier responsabilidad fiscal a los asesores del alcalde de Ourense que afirman que, aunque empezaron a abonarlas cuando fueron contratados por él, se trataba de donaciones voluntarias. Lo que sí es obligatorio es que el receptor declarar esos ingresos.

Jácome despachó este mismo viernes el ofrecimiento de este diario para que explique su versión de los hechos, con un lapidario insulto al periodista que intentó preguntarle si ingresaba las donaciones de sus asesores en la cuenta corriente del partido, si las registraba en la contabilidad de la formación o si, en caso de quedárselas, las incluía en su declaración de la renta. «Pobre mediocre«, se limitó a contestar Jácome en un mensaje de Whatsapp.

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/corrupcion-alcalde-ourense-cobraba-dinero-negro-mordidas-falsos-asesores.html