Hombres armados y encapuchados llegados en varias camionetas atacaron y quemaron el campamento de trabajadores rurales de São Vinicius, en los alrededores de una hacienda en Nova Ipixuna, en el estado amazónico de Pará (norte de Brasil).

El ataque al campamento, donde viven 80 personas, se produjo la semana pasada, cuando una delegación ambientalista de defensores estaba en Glasgow, Escocia, para denunciar ante la COP26 la deforestación en la Amazonía y los crímenes contra aquellos que luchan por el derecho a la tierra.

Las agresiones contra la comunidad São Vinicius terminaron con varias familias aterrorizadas escondidas en el bosque y un número indeterminado de heridos que se trasladaron hasta la ciudad más próxima para ser atendidos.

«Me golpearon, me tiraron al suelo y me dijeron que me callara», explica un hombre que prefiere conservar el anonimato a la Comisión Pastoral de Tierras (CPT), una organización vinculada a la Iglesia Católica.

Según su relato, le introdujeron en un vehículo junto a otras nueve personas. «Nos pusieron boca abajo y nos dejaron en una zona desconocida. Fue como un secuestro», explica.

«Todo fue destruido, ni siquiera nos dieron una oportunidad», continuó. «No hubo muertos, pero muchos resultaron heridos (…) Fue una barbarie», añadió.

Violento conflicto de tierras 

El caso de São Vinicius es uno más del eterno y violento conflicto de tierras que sufren los pequeños campesinos e indígenas por parte de latifundistas en Brasil, uno de los países con mayor concentración de tierras de América Latina.

En un video de denuncia del ataque, la defensora de tierras Claudelice Santos, que participó en la COP26, comentó: «Los campamentos de lucha por la tierra son atacados por terratenientes que usurpan las tierras«.

Santos advirtió que «estas personas están en riesgo porque el estado no puede darles seguridad, porque es lento en sus procesos». «Mientras tanto, los terratenientes y su banda de pistoleros disparan, torturan y arrojan a la gente al bosque. Están huyendo al bosque para no morir. Debemos movilizarnos urgentemente para que el Estado brasileño rinda cuentas y haga algo por estas familias», dijo.

Las familias de São Vinicius –que se dedican a la extracción de asaí, nueces y a la siembra de yuca para la subsistencia– viven desde hace años acampadas en los márgenes de la Finca Tinelli, en una zona yuxtapuesta a unas tierras propiedad del estado y que están en litigio desde hace tiempo. En 2002, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra)  determinó la creación del asentamiento São Vinicius, pero nunca llegó a oficializarlo.

«El asentamiento fue creado en el papel, pero en la práctica el Incra no hizo nada para materializarlo», denuncia la abogada Andréia Silvério, del CPT.

Por otro lado, los fiscales denuncian que durante años el Incra se mantuvo «inerte» y «no adoptó ninguna iniciativa para retomar la zona y promover el asentamiento de familias sin tierra». En dos de la visitas realizadas al lugar, los técnicos del Incra constataron que se estaban utilizando las tierras públicas para fines especulativos. «La propiedad estaba siendo mal utilizada, era improductiva y no cumplía con su función social», explicaron.

El CPT advierte que además de ocupar ilegalmente terrenos públicos, delito previsto por la ley, el terrateniente de la Finca Tinelli vendió ilegalmente 810 hectáreas del área, cometiendo otros delitos.

Con el 49 % de los votos escrutados, el presidente sandinista Daniel Ortega, se perfila como claro ganador en los comicios generales en Nicaragua, obteniendo su formación un 74,99 %, lo que le permite afrontar un cuarto mandato consecutivo.

En busca de la reelección, Ortega, que cumplirá 76 años el próximo 11 de noviembre, pugnó en las urnas con Walter Espinoza (Partido Liberal Constitucionalista), Guillermo Osorno (Camino Cristiano Nicaragüense), Gerson Gutiérrez (Alianza por la República), Mauricio Orué (Partido Liberal Independiente) y Marcelo Montiel (Alianza Liberal Nicaragüense).

«Estamos enterrando la guerra y dándole vida a la paz», declaró el mandatario el día de la votación, al tiempo que recalcó que, «independientemente del pensamiento político, ideológico, religioso de cada quien», la población ha podido ejercer su derecho al voto y elegir a los candidatos de diferentes partidos.

Ortega completó su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990 y regresó al poder en 2007 con la promesa de «trabajo y paz» para los votantes. Actualmente, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido que controla el Congreso y las instituciones gubernamentales junto con sus aliados, agota su tercer período consecutivo como mandatario del país, que culminará en 2022.

Además de elegir al futuro presidente, el pueblo nicaragüense también determinó a los diputados que obtendrán 90 de los 92 escaños de la Asamblea Nacional y decidió quiénes lo van a representar ante el Parlamento Centroamericano.

El proceso de votación fue supervisado por 232 «acompañantes electorales» de 27 países, aunque las invitaciones no se extendieron a los observadores de la Unión Europea o a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las autoridades de Nicaragua apuntan a una participación «masiva», pese a los llamamientos de la oposición a favor de la abstención.

Algunos países, como Estados Unidos, ya han adelantado que no reconocen estos comicios. Desde Washington, además, ya prometieron endurecer sus sanciones.