México ofrecerá tarjetas de visitante por razones humanitarias a los integrantes de las caravanas con discapacidad, enfermos o embarazadas, al igual que a sus familiares, según informaron las autoridades tras la llegada a Oaxaca de unas 3.500 personas procedentes de Chiapas. En este último estado se registraron tres enfrentamientos de miembros de las caravanas con la Policía que dejaron a varios lesionados.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que su país se solidariza con el Gobierno venezolano y el presidente Nicolás Maduro en su oposición a las sanciones ilegítimas y a la injerencia en los asuntos internos. Así lo afirmó este lunes al iniciar las conversaciones con su homólogo venezolano Félix Plasencia.
«Nos solidarizamos con su Gobierno, con el presidente Nicolás Maduro, en la oposición a los intentos de cambiar el desarrollo del Estado venezolano mediante la presión externa, el uso de sanciones unilaterales ilegítimas y los intentos de injerencia directa en sus asuntos internos», cita TASS al alto funcionario ruso.
Asimismo, Lavrov destacó que su país apoyará «los esfuerzos para promover un diálogo nacional» en Venezuela, que, según él, actualmente sigue un camino positivo de cara a las elecciones.
El canciller ruso agregó también que Rusia apoya el deseo de Venezuela de «determinar el desarrollo futuro de su país por sí mismo», así como valora la interacción de ambos Estados «en cuestiones fundamentales de nuestro tiempo como el respeto a la soberanía de los Estados, el respeto al papel central de la ONU o la no injerencia en los asuntos internos».
Una moción de censura ha arrebatado este lunes la alcaldía del municipio catalán de Badalona a Xavier García Albiol, después de que este político conservador, perteneciente al Partido Popular (PP), apareciera mencionado en los ‘Papeles de Pandora’.
La oposición se ha unido para desbancar a Albiol, que estaba completando su segundo mandato al frente de este municipio de más de 200.000 habitantes. A partir de ahora habrá un nuevo gobierno municipal en minoría, liderado por el socialista Rubén Guijarro, hasta la celebración de los nuevos comicios en 2023.
La moción de censura se registró después de que se hiciera público por la investigación periodística los Papeles de Pandora que Albiol tenía poderes en una empresa ‘off shore’ en Belice. Este lunes ha salido adelante con los votos del Partido Socialista (PSC), 16; Guanyem Badaluna en Comú, 4; Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 3; Badalona En Comú Podem, 2; y Junts per Catalunya, uno.
Durante el pleno extraordinario celebrado este lunes el hasta ahora alcalde se ha dedicado a criticar la acción de la oposición mientras ha defendido las políticas que ha llevado a cabo desde 2015.
Así mismo lo ha trasladado también a través de las redes sociales. En Twitter, el ya exregidor ha asegurado que va a seguir trabajando «para lograr en 2023 una mayoría suficiente que evite que vuelvan a jugar con la voluntad de los vecinos de Badalona».
Por su parte, el nuevo alcalde ha dirigido unas palabras a los badaloneses «que se levantan temprano y se acuestan tarde» y ha afirmado que se compromete a estar a la altura del cargo, además de informar de que gobernará con todos los grupos, salvo el PP y Guanyem Badalona En Comú, grupo con el que ha mantenido tensiones en los últimos meses.
El pasajero del vuelo entre Marruecos y Turquía que debido a una crisis médica hizo que su avión aterrizara de emergencia en el aeropuerto de Palma (en Mallorca, España), propiciando la huida de alrededor de 20 viajeros, ya había sido detenido en el año 2020.
El pasajero, un hombre marroquí, es uno de los 12 detenidos por el suceso que obligó a suspender la actividad del aeropuerto Son Sant Joan durante varias horas, el pasado viernes. En 2020, el mismo sujeto había sido arrestado en territorio español, acusado de daños y resistencia a los agentes de seguridad.
En el último incidente, en medio del vuelo, el individuo tuvo que ser atendido por un supuesto coma diabético. El avión aterrizó de emergencia cerca de las 19:00 (hora local) y el paciente fue trasladado en ambulancia al Hospital de Son Llàcer. Durante el episodio, varios pasajeros del avión, en su mayoría marroquíes, salieron corriendo por las pistas de aterrizaje.
La búsqueda de estas personas por parte de agentes de la Guardia Civil ocasionó el cierre temporal del aeropuerto y la desviación de vuelos. El pasajero que provocó la emergencia fue arrestado en el mismo hospital una vez que recibió el alta, acusado de un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal y de infracción a la ley de extranjería. El resto de detenidos fueron aprehendidos en las inmediaciones.
Todos ellos pasarán a disposición judicial este mismo lunes acusados de desórdenes públicos, aunque no se descarta que se les pueda imputar otros delitos. Mientras, la Policía investiga si el suceso estuvo orquestado a través de un grupo de Facebook de jóvenes que hablan sobre cómo ingresar en España por vía aérea.
La delegada del Gobierno en las Islas Baleares, Aina Calvo, explicó que los detenidos «como mínimo tendrán su expediente de devolución, porque hay que recordar que son personas que han llegado a la comunidad de forma irregular, y cuando la autoridad judicial así lo determine serán devueltos a sus países de origen«.
El inversor y escritor estadounidense Robert Kiyosaki, autor del libro ‘Padre rico, padre pobre’, prevé que la economía de EE.UU. se dirige hacia un «gran colapso» que vendrá seguido de una «nueva depresión».
En un reciente tuit, Kiyosaki calificó de «corruptos» al presidente estadounidense, Joe Biden, y a la Reserva Federal, porque —asegura— están «estafando a la gente pobre», ya que ambos «necesitan inflación para prevenir la nueva depresión».
«La inflación estafa a los pobres. La inflación hace a los ricos más ricos», escribió, instando a sus seguidores a «prepararse» para el «gran colapso» haciendo «compras inteligentes» de oro, plata y bitcóin.
Previamente, Kiyosaki dijo que le «encanta el bitcóin«, porque no confía en las instituciones financieras estadounidenses ni en Wall Street. En lo que va de año, el precio de la criptomoneda se ha duplicado y este lunes cotiza en torno a los 66.200 dólares la unidad.
Según el portal MoneyWise, el actual valor del bitcóin es un reflejo de la creciente desconfianza de la gente en el dinero fiat, que se está emitiendo «de la nada».
Por su parte, el metal es el activo refugio clásico al que recurre la gente para preservar su riqueza. En tiempos de crisis, la demanda del oro suele aumentar, como ocurrió entre 2007 y 2009, cuando el mercado de valores estadounidense se desplomó en medio de la crisis hipotecaria y el precio del metal subió más de un 60 %.
Aunque la plata puede estar a la sombra del oro y del bitcóin, Kiyosaki considera que este activo no debe ignorarse. El pasado mes de agosto, tuiteó que, junto con la criptodivisa, la plata es la «mejor inversión de alto potencial con bajo riesgo» ante «la caída del dólar».
Hombres armados y encapuchados llegados en varias camionetas atacaron y quemaron el campamento de trabajadores rurales de São Vinicius, en los alrededores de una hacienda en Nova Ipixuna, en el estado amazónico de Pará (norte de Brasil).
El ataque al campamento, donde viven 80 personas, se produjo la semana pasada, cuando una delegación ambientalista de defensores estaba en Glasgow, Escocia, para denunciar ante la COP26 la deforestación en la Amazonía y los crímenes contra aquellos que luchan por el derecho a la tierra.
Las agresiones contra la comunidad São Vinicius terminaron con varias familias aterrorizadas escondidas en el bosque y un número indeterminado de heridos que se trasladaron hasta la ciudad más próxima para ser atendidos.
«Me golpearon, me tiraron al suelo y me dijeron que me callara», explica un hombre que prefiere conservar el anonimato a la Comisión Pastoral de Tierras (CPT), una organización vinculada a la Iglesia Católica.
Según su relato, le introdujeron en un vehículo junto a otras nueve personas. «Nos pusieron boca abajo y nos dejaron en una zona desconocida. Fue como un secuestro», explica.
«Todo fue destruido, ni siquiera nos dieron una oportunidad», continuó. «No hubo muertos, pero muchos resultaron heridos (…) Fue una barbarie», añadió.
El caso de São Vinicius es uno más del eterno y violento conflicto de tierras que sufren los pequeños campesinos e indígenas por parte de latifundistas en Brasil, uno de los países con mayor concentración de tierras de América Latina.
En un video de denuncia del ataque, la defensora de tierras Claudelice Santos, que participó en la COP26, comentó: «Los campamentos de lucha por la tierra son atacados por terratenientes que usurpan las tierras«.
Santos advirtió que «estas personas están en riesgo porque el estado no puede darles seguridad, porque es lento en sus procesos». «Mientras tanto, los terratenientes y su banda de pistoleros disparan, torturan y arrojan a la gente al bosque. Están huyendo al bosque para no morir. Debemos movilizarnos urgentemente para que el Estado brasileño rinda cuentas y haga algo por estas familias», dijo.
Las familias de São Vinicius –que se dedican a la extracción de asaí, nueces y a la siembra de yuca para la subsistencia– viven desde hace años acampadas en los márgenes de la Finca Tinelli, en una zona yuxtapuesta a unas tierras propiedad del estado y que están en litigio desde hace tiempo. En 2002, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) determinó la creación del asentamiento São Vinicius, pero nunca llegó a oficializarlo.
«El asentamiento fue creado en el papel, pero en la práctica el Incra no hizo nada para materializarlo», denuncia la abogada Andréia Silvério, del CPT.
Por otro lado, los fiscales denuncian que durante años el Incra se mantuvo «inerte» y «no adoptó ninguna iniciativa para retomar la zona y promover el asentamiento de familias sin tierra». En dos de la visitas realizadas al lugar, los técnicos del Incra constataron que se estaban utilizando las tierras públicas para fines especulativos. «La propiedad estaba siendo mal utilizada, era improductiva y no cumplía con su función social», explicaron.
El CPT advierte que además de ocupar ilegalmente terrenos públicos, delito previsto por la ley, el terrateniente de la Finca Tinelli vendió ilegalmente 810 hectáreas del área, cometiendo otros delitos.
Con el 49 % de los votos escrutados, el presidente sandinista Daniel Ortega, se perfila como claro ganador en los comicios generales en Nicaragua, obteniendo su formación un 74,99 %, lo que le permite afrontar un cuarto mandato consecutivo.
En busca de la reelección, Ortega, que cumplirá 76 años el próximo 11 de noviembre, pugnó en las urnas con Walter Espinoza (Partido Liberal Constitucionalista), Guillermo Osorno (Camino Cristiano Nicaragüense), Gerson Gutiérrez (Alianza por la República), Mauricio Orué (Partido Liberal Independiente) y Marcelo Montiel (Alianza Liberal Nicaragüense).
«Estamos enterrando la guerra y dándole vida a la paz», declaró el mandatario el día de la votación, al tiempo que recalcó que, «independientemente del pensamiento político, ideológico, religioso de cada quien», la población ha podido ejercer su derecho al voto y elegir a los candidatos de diferentes partidos.
Ortega completó su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990 y regresó al poder en 2007 con la promesa de «trabajo y paz» para los votantes. Actualmente, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido que controla el Congreso y las instituciones gubernamentales junto con sus aliados, agota su tercer período consecutivo como mandatario del país, que culminará en 2022.
Además de elegir al futuro presidente, el pueblo nicaragüense también determinó a los diputados que obtendrán 90 de los 92 escaños de la Asamblea Nacional y decidió quiénes lo van a representar ante el Parlamento Centroamericano.
El proceso de votación fue supervisado por 232 «acompañantes electorales» de 27 países, aunque las invitaciones no se extendieron a los observadores de la Unión Europea o a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las autoridades de Nicaragua apuntan a una participación «masiva», pese a los llamamientos de la oposición a favor de la abstención.
Algunos países, como Estados Unidos, ya han adelantado que no reconocen estos comicios. Desde Washington, además, ya prometieron endurecer sus sanciones.
Las autoridades de Irán estiman que EE.UU. podría reintegrarse al acuerdo nuclear internacional solo si Washington levanta las sanciones económicas impuestas a Teherán, asume la culpa de haber desmoronado el pacto y garantiza que no volverá a salirse unilateralmente como hizo en 2018.
«Estados Unidos debe tener en cuenta que no es miembro del Plan Integral de Acción Conjunta [el nombre oficial del pacto nuclear, JCPOA por sus siglas en inglés] y no puede exigir nada a otros miembros en virtud del acuerdo», afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Said Jatibzadé.
«El camino de EE.UU. para volver al JCPOA está claro: debe asumir su culpa (…), levantar las sanciones de una vez y debe garantizar que ninguna nueva administración repita los pasos de Trump con la salida del acuerdo nuclear», subrayó el portavoz en una rueda de prensa transmitida este lunes por medios locales.
El Plan Integral fue firmado en 2015 por Irán y el sexteto de mediadores internacionales (EE.UU., Francia, Reino Unido, Rusia, China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania). Estipula el levantamiento de ciertas sanciones contra Teherán a cambio de su compromiso de no desarrollar ni adquirir armas nucleares.
El pacto limita al 3,67 % la pureza fisionable a la que las plantas iraníes pueden refinar uranio. No obstante, Teherán comenzó a enriquecer este elemento radiactivo a niveles que superan dicho límite después de que la Administración Trump retirara a EE.UU. del acuerdo en 2018, imponiendo nuevamente sanciones contra el país persa.
Viena ha acogido desde 2020 varias rondas de negociaciones para reiniciar la implementación de ese acuerdo internacional y levantar parte de las sanciones estadounidenses. Según estimó el embajador Mijaíl Ulyánov, que representa a Rusia en estas conversaciones, el trabajo para restablecer el JCPOA estaba hecho al 90 % al cierre de la sexta ronda en junio pasado, pero aún quedaban ciertos «momentos políticos», relacionados con los compromisos de EE.UU. y la observación del pacto por sus futuras administraciones, recoge RIA Novosti.
La madrugada del domingo 7 de noviembre de 2021 se registró una explosión en las instalaciones del radar que el Gobierno ecuatoriano instaló en octubre en el cerro de Montecristi, en la provincia de Manabí, en la costa del país suramericano, que tiene como objetivo detectar vuelos irregulares, principalmente aeronaves utilizadas para el narcotráfico.
«De momento, no se podría descartar un posible atentado terrorista«, dijo el Ministerio de Defensa Nacional a través de un comunicado, en el que informó del suceso.
En el texto añadió que miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizan las investigaciones pertinentes «a fin de recabar datos y esclarecer este suceso».
La explosión se registró a las 03:00 de la mañana, aproximadamente. El estruendo se escuchó en varias comunas, barrios y ciudadelas del cantón Montecristi.
En primera instancia, Pablo Ramírez, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, confirmó que efectivamente se trató de una explosión en el radar y, en declaraciones al portal Infórmate Manabí, dijo que al parecer «se trató de una falla en la bomba de engranaje» del dispositivo.
Más tarde, el ministro de Defensa, Luis Hernández, ratificó que hubo un daño en el radar y estaban verificando lo sucedido. El funcionario, según La República, atribuyó lo ocurrido a un ataque con dinamita.
Mientras las autoridades aún investigan para determinar lo que causó la explosión, el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, ya adelantó que el dispositivo afectado será reemplazado.
«El Gobierno reemplazará prontamente el radar y esperamos que esté en funcionamiento lo más pronto posible», dijo Jijón.
El radar entró en funcionamiento apenas el pasado 27 de octubre, con el propósito de controlar el tráfico aéreo ilegal en Manabí y parte de la provincia vecina de Santa Elena.
«A partir de hoy, ya está en funcionamiento el radar en el cerro de Montecristi, en Manabí. Felicito a todos quienes han hecho posible que en tiempo récord volvamos a tener control de la provincia», escribió entonces el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en su cuenta en Twitter, al tiempo que señaló que con la instalación de este dispositivo «terminó la historia de entregarle a los narcotraficantes el territorio ecuatoriano».
De acuerdo con el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Giovanny Espinel, el radar tiene un alcance de detección de más de 220 millas (354 kilómetros).
Un día después de entrar en funcionamiento, Espinel acudió al cerro de Montecristi, con el acompañamiento de los medios de comunicación del país, para verificar el funcionamiento del radar.
Previo a la entrada en funcionamiento del radar, a principios de septiembre, la FAE informó que en varios cantones de Manabí fueron descubiertos unos 40 terrenos con características para el aterrizaje de avionetas, que podrían ser usadas como pistas clandestinas para el narcotráfico.
En el departamento de Santa Cruz, en donde actualmente gobierna el opositor de extrema derecha Luis Fernando Camacho, se esperan importantes movilizaciones.
Agentes de policía montan guardia mientras los manifestantes contra Luis Arce sostiene una bandera. 11 de octubre de 2021Claudia Morales / Reuters
Líderes de la oposición boliviana convocaron a un paro nacional para este lunes, en una nueva protesta para exigir la derogación de la Ley sobre la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
Patronales del sector transporte, comercio y salud, convocados por los grupos de derecha que se oponen al Gobierno de Luis Arce, han llamado a la paralización de las actividades en todo el país para que se abrogue la también llamada «ley madre». Según el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, si el Ejecutivo no deroga la norma, irán a un paro indefinido.
El Gobierno, por su parte, ha recriminado a los convocantes que no objetaran la ley mientras estaba en discusión, sino que ahora promuevan estas acciones, justo cuando Arce cumple un año de gestión. Asimismo, alertan que la paralización de las actividades económicas podría provocar la pérdida de 112 millones de dólares al día.
En agosto de este año, el Parlamento de Bolivia aprobó la polémica norma, conocida como la Ley 1386, que entre otros puntos establece que la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo «podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central mediante decreto supremo», previa consideración y aprobación del consejo que rige la materia.
Esa disposición, establecida en el artículo 7 de la ley, ha sido una de las más cuestionadas por las gremiales, porque consideran le otorga atribuciones discrecionales al Ejecutivo para modificar la norma, sin contar con la validación del Congreso.
Para los convocantes del paro, la normativa es «copiada» de países como Venezuela, por lo que supuestamente traería «miseria y mendicidad» a Bolivia, como dijo en octubre pasado el presidente del conservador Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel.
Como es costumbre, la derecha boliviana alega que las decisiones políticas de Arce están de alguna manera influenciadas por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien se ha convertido en el enemigo predilecto de los sectores conservadores del país andino.
En esa línea, el diputado opositor del partido Creemos, Erwin Bazán, aseveró la semana pasada que el objetivo del Ejecutivo es «pulverizar la economía privada» y llevar a Bolivia hacia «una ‘venezolanización’ de la economía, hacia una ‘cubanización’ del país».
Desde el Gobierno de Arce han señalado que el Comité Cívico Pro Santa Cruz, uno de los principales promotores del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, estaría detrás de la convocatoria al paro nacional indefinido.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, Edgar Montaño, apuntó que el Comité Cívico junto con otras organizaciones «que tomaron por la fuerza el poder» en 2019, habrían puesto como excusa la reciente tramitación de la ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, para convocar a estas movilizaciones.
«Quiero advertir al Comité Cívico y a sus sectores golpistas que, por cada día de paro, Bolivia pierde 122 millones de dólares y solo el departamento de Santa Cruz, 32 millones de dólares», señaló Montaño el pasado jueves en conferencia de prensa.
A la par del rechazo a la Ley 1386, la Federación de Profesionales de Santa Cruz expresó su molestia por la tramitación de la Ley 342 y el PDES, porque supuestamente le quitaría a los gobiernos departamentales, municipales y a las universidades las facultades de planificación, financiamiento y ejecución de sus planes.
Esto último fue negado por el Ministerio de Obras Públicas. El titular de la cartera recordó que la Constitución boliviana establece que el Estado define la política económica y la planificación nacional, por lo que «no se está violando absolutamente nada».
El Gobierno de Arce ha alertado que la intención verdadera del paro, por parte de grupos de extrema derecha, es desestabilizar al país andino.
«Lo que están buscando es dividir y debilitar a nuestras organizaciones sociales para saquear nuestras riquezas», dijo el vicepresidente David Choquehuanca.
Por su parte, la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, recalcó que el paro afectará a las personas que, de manera cotidiana, se ganan «el pan de cada día».
«Nuevamente la extrema derecha antipatria busca perjudicar con un paro a nuestra querida Bolivia«, escribió Evo Morales en un mensaje publicado el viernes en su cuenta de Twitter.
«No reconocen el esfuerzo del hermano presidente Luis Arce, que junto al pueblo trabajador, se esmera cada día para recuperar y fortalecer la economía. El paro destruye el empleo», agregó el mandatario.
El miércoles 3 de octubre, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció un paro indefinido con alcance nacional, un llamado que fue rápidamente desmentido en los días siguientes.
«No es cierto», aclaró el representante del Comité Cívico de Oruro, Cecilio Pérez, sobre la convocatoria. Además, el vocero criticó que en lugar de reivindicar las necesidades y los proyectos de desarrollo económico de los departamentos, los comités convirtieron todo en «política».
«Este paro perjudica en la salud —por la pandemia del covid-19— y en la reactivación económica del país. Se está manejando políticamente para que el país no avance«, dijo Pérez.
En el departamento de Santa Cruz, en donde actualmente gobierna el opositor de extrema derecha Luis Fernando Camacho, se esperan importantes movilizaciones contra el Gobierno de Arce. Se trata de un territorio con fuerte influencia del Comité Cívico.
Camacho fue presidente del Comité Cívico y uno de los principales impulsores del golpe de Estado contra Morales, además de una de las figuras que respaldó la posterior autoproclamación de Jeanine Áñez.
Apenas un mes después del golpe, Camacho apareció en un video publicado en redes sociales, en donde admitía abiertamente que su padre había llegado a a un acuerdo con el Ejército y con la Policía para que se sumaran a su estrategia golpista contra Morales.
A raíz de la violencia en las calles y tras la presión de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, Morales se vio obligado a renunciar a la Presidencia de Bolivia el 10 de noviembre de 2019, y se exilió en México para salvar su vida.
Es en este contexto que los ministros del Gobierno de Arce se refieren a los intentos de desestabilización por parte del Comité Cívico y otras organizaciones. Durante el anuncio del paro indefinido, el propio presidente de esta organización civil de derecha, Calvo, declaró en conferencia de prensa: «Este puede ser nuestro último ‘round’ de los bolivianos«.
