Se trata de seis octogenarios que un abogado de Madrid habría utilizado para blanquear fondos de una red de narcotráfico que llegó a mover hasta 4.000 kilos de cocaína.
Coches de lujo, embarcaciones valoradas en más de medio millón de euros, propiedades y empresas, son algunas de las posesiones con las que contarían las seis personas mayores implicadas, pero que curiosamente tienen pocos recursos.
Precisamente, de esa falta de recursos se aprovecharía el abogado Juan Ramón García Crespo que los utilizaba como sus testaferros para blanquear fondos de la mayor red de narcotráfico desmantelada en la Comunidad Valenciana y cuyo cabecilla sería Juan Andrés Cabeza, según publica el diario El País. Importaban cocaína de Sudamérica y la introducían en Europa.
Al fijarse en el perfil de los seis mayores implicados, uno de ellos ya fallecido, las cuentas no cuadran. Los octogenarios no tenían recursos, alguno de ellos incluso reside en una vivienda tutelada del Ayuntamiento de Madrid desde 2018 y recibe una ayuda social de 286 euros al mes. Sin embargo, maneja 44 cuentas bancarias y su nombre aparece en 25 empresas. Otro de ellos ingresa menos de 8.100 euros al año de pensión, pero en el año 2017 controlaba 264 sociedades y 135 propiedades y está acusado de lavar 120.000 euros.
El ‘modus operandi’ era sencillo: el abogado pagaba a los mayores por firmar en la notaría, reconoce uno de los mayores implicados en la trama al diario El País. En total se habrían blanqueado más de dos millones de euros.
El abogado García Crespo fue arrestado en septiembre del 2019 en su vivienda de la conocida urbanización de La Moraleja de Madrid. Los agentes se encontraron con cuatro coches de lujo y 40.800 euros en efectivo. El informe policial concluyó que él era el «principal cerebro de las operaciones de blanqueo de la red criminal investigada».
Moscú reaccionará de forma adecuada a los intentos de Occidente de romper la paridad estratégica. Lo declaró el presidente, Vladímir Putin, en un contexto de las cada vez más intensas provocaciones, tanto de EEUU, como de sus socios de la OTAN, sobre todo en la frontera occidental de Rusia y en el mar Negro.
Contexto
Muchas son las provocaciones que lanzan a Rusia desde Occidente: las que realizan de forma particular países como EEUU o Reino Unido, o las que hacen en conjunto todo el resto de países que están bajo el paraguas de la OTAN, ya sea en países que limitan con Rusia en su frontera occidental, como Ucrania, en el mar Negro, o incluso en aguas del Lejano Oriente ruso, ya sea por tierra, mar o aire.
Sólo por mencionar dos hechos concretos, el 30 de octubre entró en las aguas del mar Negro el destructor estadounidense USS Porter, armado con misiles guiados. La Sexta Flota de EEUU informó sobre su participación en ejercicios conjuntos con aliados de la OTAN y socios de la región del mar Negro. Dos días más tarde, el 1 de noviembre, la misma Sexta Flota anunció el envío al mar Negro de su buque insignia: la nave de comando anfibio USS Mount Whitney, con idéntica finalidad al anterior.
En este contexto Putin ha vuelto a ubicar en su lugar a líderes de países y organismos occidentales. Al indicar que varios países occidentales no cejan en sus intentos de romper la paridad estratégica, mediante despliegues de elementos de seguridad global contra misiles en la vecindad inmediata de las fronteras con Rusia, «no podemos dejar de observar estas amenazas para la seguridad de Rusia y vamos a reaccionar adecuadamente […] al respecto».
El jefe de Estado ruso también se refirió a «la creciente intensidad de los vuelos de la aviación de la OTAN cerca de Rusia, la aparición en los mares Báltico y Negro de buques de la Alianza con las armas de misiles guiados. […] Y ahora, como saben, el buque de EEUU entró en el mar Negro. Pudimos rápidamente observarlo con binoculares o por la mira de los sistemas de defensa pertinentes».
‘Teléfono’ para Occidente
Entonces, lanzó un aviso a navegantes: «El sistema de defensa aeroespacial [ruso] modernizado debe detectar los misiles hipersónicos y balísticos de todo tipo y a gran distancia, y destruirlos en cualquier tramo de la trayectoria de vuelo». Un mensaje para cabecitas calientes que intentan poner de rodillas a Rusia.
El director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele, opina que las declaraciones correctas de Putin tienen mucho que ver con algo muy trascendental que ocurrió hace muy pocos días, y donde Vladímir Putin expresó con gran claridad en el Foro de Debates Valdái sobre cuál es el mundo actual.
«Ese mundo actual, él lo definió, y coincido, en el que la unipolaridad ya es algo viejo y perimido, y que es imposible volver los tiempos atrás. Y también dijo que un dominio occidental absoluto tampoco ya es posible mantenerse ante el creciente poderío de las naciones asiáticas y euroasiáticas. Esto es un marco referencial muy importante a tener en cuenta en estos momentos en que EEUU parece ser que la única baza que tiene a nivel de la política internacional es solamente la herramienta o el expediente militar», subraya el analista.
Pereyra Mele entiende que «hay algo que ya sabemos a partir de la historia: todos los imperios cayeron fundamentalmente por dificultades internas, no por problemas externos. Y en este caso específico, EEUU sigue viviendo una situación de crisis política, social y económica, de la que no ha salido».
«Por más que los publicistas, que se definen como analistas, hablan de un crecimiento económico de EEUU, etc., la realidad es que EEUU ya no representa ante el mundo, el PIB que representaba hace 20 o 30 años en proporción. Y hoy ese retroceso en su participación mundial del PIB, ha sido ocupada por otras potencias emergentes, que ya no solamente siguen creciendo, sino que le disputan seriamente áreas importantes, fundamentalmente en algo que es clave en el siglo XXI, que es el control y el dominio de la ciencia y la tecnología», remarca Carlos Pereyra Mele.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, nombró como nuevo ministro del Interior al abogado Avelino Guillén, quien se desempeñó como fiscal en el juicio en el que el expresidente Alberto Fujimori (1990-200) fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
«Bienvenido, apreciado Avelino Guillén. Tu conocimiento, experiencia y trayectoria nos permitirán seguir luchando contra la delincuencia y, además, estaremos más cerca de cumplir los anhelos profundos de nuestro pueblo», indicó el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter.
Guillén fue parte del equipo fiscal que consiguió en 2009 que Fujimori sea condenado a 25 años de prisión, una labor que le valió que en 2008 el diario español El País lo nombre como una de las 100 personalidades más importantes del mundo en ese año.
El flamante ministro del Interior reemplaza al renunciante Luis Barranzuela, quien dejó el cargo tras celebrar una fiesta en su domicilio el 31 de octubre, contraviniendo la prohibición dada por la cartera del Interior para celebrar reuniones sociales en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus.
Apenas unos días después del cierre de la investigación policial por el homicidio del joven enfermero coruñés, la instrucción judicial todavía sigue abierta. A la espera del juicio con jurado popular, algunos de los implicados están en la cárcel, otros en un centro de menores y dos de ellos en libertad.
Cuatro meses después del linchamiento del joven Samuel Luiz en A Coruña, fuentes cercanas al caso consideran que la investigación policial ha desvelado carga probatoria suficiente para argumentar ante un jurado la culpabilidad de quienes están detenidos por su muerte. Pero evitan aclarar si esas pruebas demuestran una motivación de odio en los hechos.
Samuel falleció tras una brutal paliza con patadas, puñetazos e incluso un botellazo en la cabeza, en la madrugada del pasado 3 de julio. Sus presuntos asesinos lo ejecutaron entre insultos homófobos a la salida del pub El Andén, en una zona céntrica frente al paseo marítimo de la ciudad. La agresión fue captada por varias cámaras de tráfico y por las de los teléfonos móviles de varios particulares. Samuel y una amiga suya habían mantenido en el interior del pub una discusión con varias de las personas que luego lo mataron.
Con la investigación policial cerrada, pero con la instrucción judicial todavía abierta, el juez mantiene en prisión a tres de los cuatro varones adultos detenidos por su muerte, y en un centro de menores a otros dos jóvenes. Todos están acusados de haber participado en el linchamiento. Una de las posibles evidencias de que se trató de un crimen homófobo fue que varios de los acusados se reunieron posteriormente en un parque coruñés donde, según una testigo que no los conocía, uno de ellos justificó así la agresión: «¡Puto maricón! ¡Si era un maricón de mierda!».
Otros dos testigos del caso serán los jóvenes senegaleses Ibrahima y Makate, los únicos que intentaron auxiliar a Samuel mientras lo apaleaban. Público ha intentado contactar con ellos en reiteradas ocasiones a través de una ONG local que colabora con la colonia senegalesa de A Coruña, pero tanto la Policía como los jueces les han pedido que no hagan declaraciones públicas antes del juicio.
Dos de los detenidos por el asesinato están en libertad provisional
El martes pasado, el juez decretó la libertad provisional de uno de los encarcelados, detenido a finales de septiembre y a quien la investigación policial atribuye una posición «de apoyo», y no «de ataque», en la paliza. En julio, la primera jueza que empezó a instruir el caso ya había dejado también en libertad a una chica de 19 años, amiga de los anteriores, a quien no considera partícipe directa en los hechos.
A principios de septiembre, la Audiencia Provincial de A Coruña había desestimado una petición similar de la defensa de otro de los jóvenes adultos detenidos. Los magistrados consideraron que existían «indicios racionales» de su participación «en una agresión brutal» que podría llegar a ser calificada como asesinato, lo que podría conllevar para él «una petición de pena de hasta 25 años de prisión».
También alertaron de que su permanencia en la cárcel era una medida «necesaria y proporcional», teniendo en cuenta la «solidez» de la base inculpatoria respecto a su participación en los hechos y el riesgo de fuga y alteración de pruebas que podría suponer ponerlo en libertad, según informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Por ello, los jueces de la Audiencia consideraron necesario «extremar las precauciones para garantizar su enjuiciamiento».
«Nadie debería morir al grito de maricón de mierda»
«Lo que queremos es que la justicia sea justa con todo el mundo», afirma Ana García Fernández, presidenta de la Asociación por la Libertad Afectiva y Sexual (Alas) de A Coruña, que se ha presentado como acusación particular en el caso. García prefiere no pronunciarse sobre si la investigación policial ha podido demostrar que se trató de un crimen homófobo: «El juicio va a ser con jurado popular y no queremos influenciar a nadie ni aparecer como protagonistas de nada. Lo único que queremos es que a nadie le suceda lo que le sucedió a Samuel», añade. «Nadie en este mundo debería morir apaleado al grito de maricón de mierda», defiende la presidenta del colectivo.
En los primeros seis meses de 2021 se registraron 43 incidentes homófobos en A Coruña
Alas presta servicios de apoyo y asesoramiento a las personas que sufren agresiones homófobas, y hace tres años constituyó el Observartorio Coruñés contra la LGTBIfobia, que recoge las denuncias de quienes las han sufrido. Sólo en los primeros seis meses de este año, casi hasta la muerte de Samuel, han registrado 43 incidentes, de los que veintidós, más de la mitad, fueron agresiones verbales o físicas. Y siguen sumando.
La última fue la sufrida el pasado sábado por el actor coruñés Alberte Vello, quien reside en la la localidad coruñesa de Cerceda pero sufrió otra brutal paliza en Vigo, donde prepara un espectáculo. Un hombre lo tiró al suelo a patadas y puñetazos mientras le insultaba: «¡Maricón de mierda! ¡Maricona!». La denuncia de Vello está manos del área especializada en delitos de odio de la Fiscalía de Pontevedra, aunque la policía aún no ha podido detener a nadie por el caso.
Ana García reconoce que el crimen de Samuel ha permitido visibilizar que la violencia homófoba es una realidad que padecen a diario miles de personas. Según el informe anual del Observatorio relativo al 2020, un 8% de las personas LGTBI encuestadas en España han sufrido agresiones físicas o verbales, y un 20% padecen o han padecido discriminación en su ámbito laboral. Dentro del colectivo trans, un 63% sufren discriminación de algún tipo en su vida cotidiana.
«Hace falta más compromiso de las instituciones, porque el discurso del odio está campando a sus anchas por ellas, y lo de Samuel ha sido la máxima expresión de esa violencia. Podía habernos pasado a cualquiera de nosotras», advierte la portavoz de Alas. «Que la muerte de Samuel no haya sido en vano», concluye.
Juan Luis Cebrián, Pedro J. Ramírez y Luis María Anson presentan el libro ‘El jefe de los espías’ haciendo esfuerzos sobrehumanos para no contar todo lo que supieron sobre la fortuna secreta del rey y su lista de amantes
Anson, Cebrián y Ramírez en un acto del Instituto Internacional de Prensa en 1982. EFE
En julio de 1997, Emilio Alonso Manglano tiene una reunión con Felipe González. La fecha es importante, porque en esas fechas Manglano ya no es director de los servicios de inteligencia, el Cesid, y González ya no es presidente del Gobierno. No son dos jubilados matando el tiempo para contarse viejas batallitas. Ambos tienen un problema. La artista televisiva Bárbara Rey está chantajeando al rey Juan Carlos con las pruebas de su relación sentimental –un concepto discutible en este caso porque resulta más conveniente citar el título de la película ‘¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?’–. Es necesario hacer algo al respecto. Es decir, hay que ocultarlo. «La prensa sensata está controlada, aunque en los ambientes la relación se da por segura. También existe el apoyo de la élite, banqueros, empresarios…», dice González.
La descripción de la reunión aparece en el libro ‘El jefe de los espías’, escrito por los periodistas de ABC Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote, que se han basado en los documentos personales en los que Manglano resumió su trayectoria como director del Cesid entre 1981 y 1995. La presentación del libro en Madrid este martes contó con la presencia de tres de los periodistas más influyentes de esa época –Juan Luis Cebrián, Pedro J. Ramírez y Luis María Anson–, por lo que era interesante saber hasta qué punto estaban todos metidos en esa historia: cómo los medios de comunicación jugaron un papel clave en la Transición y años posteriores no sólo para contar lo que estaba pasando, sino para ocultar todo aquello que podía perjudicar a las altas instituciones del Estado. Lo que en el caso de Juan Carlos I era prácticamente todo.
Cebrián, director de El País durante doce años y luego consejero delegado de Prisa hasta 2018, dio un ejemplo perfecto del cinismo con el que se manejan las élites en Europa. Cuando surge una revelación vergonzosa sobre el pasado y le preguntan qué hizo él en esos momentos, responde que esas cosas pasan en todos los países y no hay que escandalizarse. «Todos los estados tienen cloacas», dijo. Ramírez lanzó una catarata de acusaciones contra Manglano por haber cometido delitos para proteger al rey y a Felipe González, pero ignoró su propia relación con Mario Conde cuando este chantajeó al Gobierno para que le librara de sus problemas con la justicia tras hundir Banesto. Anson, director de ABC entre 1983 y 1997, no contó nada relevante, porque a estas alturas de su vida no va a salirse del personaje que creó hace tiempo. Como tiene 88 años, nadie se lo va a reprochar en voz alta.
Lo de Anson es interesante, porque el entonces director de ABC era uno de los periodistas, junto a Ramírez, que formó una asociación en los años noventa que tenía como misión acabar con el felipismo. Cebrián, en una muestra de ingenio periodístico casi impropia de su forma de escribir, les llamó «el sindicato del crimen». El libro cuenta en detalle que Manglano estaba muy preocupado por esa ofensiva a la que consideraba una maniobra «contra el Estado». Algunos de esos periodistas estaban muy pasados de rosca. Si había que llevarse por delante a la monarquía para deshacerse del PSOE, no tenían ningún problema con ello. Su prioridad era acabar con González para que el Partido Popular llegara al poder cuanto antes.
Por contarlo todo, hay que recordar que Manglano –y en última instancia el rey– habían ligado su destino al de González. «Hay que ayudar a PG (presidente del Gobierno). Ayuda para evitar situaciones peores», escribe Manglano en sus papeles al producirse el escándalo de Juan Guerra, hermano del vicepresidente, como aparece recogido en el libro.
Manglano tiene claro que necesita un topo y Anson es la pieza que consigue. El periodista, monárquico desde el franquismo, está conmocionado por las locuras que escucha a sus colegas. Se convierte en un agente doble que informa al jefe de los espías. Y no sólo a Manglano. Narcís Serra, miembro del Gobierno de González durante catorce años como ministro de Defensa y después vicepresidente, le cuenta lo que le ha relatado el periodista: «Para Anson, sería muy importante llegar a conocer qué periodistas de El Mundo cobraron de Roldán. Sería la mejor forma de desmontarlo todo».
Esta es una pelea de facinerosos en la que unos acusan al Gobierno de haber pagado al corrupto director de la Guardia Civil y otros acusan a algunos periodistas de haber cobrado del mismo Roldán o de Mario Conde. Serra está en su salsa. El simpático alcalde de Barcelona se convirtió en un personaje siniestro del Gobierno de González siempre dispuesto a utilizar los servicios de inteligencia en beneficio de su partido político. Manglano estaba encantado de colaborar con él.
Emilio Alonso Manglano, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar ante el juez por el caso GAL en 1995. Hernández de León/ EFE
Sobre su condición de espía a tiempo parcial, Anson no dijo nada en la presentación del libro. Tampoco ha contado nunca mucho sobre su papel esencial en las conspiraciones del Madrid de 1980 para acabar con Adolfo Suárez y provocar un giro completo de la política del país hacia la derecha. Prefirió hacer una lacrimógena defensa de la integridad de Juan de Borbón, que renunció a la Corona en favor de su hijo. Y defender a Juan Carlos hasta el límite de la muerte cerebral. Para él, todo lo que se ha publicado sobre la fortuna del anterior monarca en el extranjero son «insidias y calumnias». Juan Carlos ha tenido que pagar a Hacienda centenares de miles de euros para que no le acusen de delito fiscal. Pero es que el propio libro que tanto elogió en la presentación revela basándose en los papeles de Manglano que ese rey se ha pasado buena parte de su vida cobrando comisiones y almacenando una fortuna fuera.
Cebrián comentó que Fernández Campo le contó a él todo lo que aparece en el libro sobre la conducta personal de Juan Carlos. Se refería a sus amantes, no a su fortuna ilegal. El entonces director de El País era uno de los cancerberos del Estado que se dedicaba a proteger la reputación del monarca. Sigue haciéndolo: «Lamentándolo mucho (porque sabe que le van a criticar por ello), diré que este país tiene una deuda de gratitud con Juan Carlos I». Sobre los delitos de los que no quiso y no quiere hablar en detalle, se refirió sólo a las «irregularidades fiscales». Como si fuera igual a olvidar rellenar la casilla adecuada en la declaración de la renta.
En ese debate de hasta dónde contar sobre lo que hizo Juan Carlos, Pedro J. Ramírez llevaba las de ganar. Su problema es que también cuenta con unos cuantos esqueletos en el armario sobre los que es menos locuaz. Llamó a Manglano «presunto delincuente con galones» y «dócil criado de sus amos». Le responsabilizó de haber tapado los crímenes del terrorismo de Estado. Para el director de Diario 16 y El Mundo entre 1980 y 2014, el exdirector del Cesid fue un encubridor de delitos: «Protegió al Estado mediante la ocultación de múltiples acciones delictivas incurriendo en delitos de forma reiterada». Utilizaba con frecuencia la palabra ‘presunto’, pero sólo como cortesía legal.
Ramírez denunció que el rey utilizaba al Cesid, con la complicidad de Manglano, «para ocultar sus escándalos financieros y sus hechos amatorios». Es totalmente cierto y aparece reflejado en el libro. Para que no hubiera dudas, el periodista citaba las páginas del libro en que aparecen esas revelaciones. No es una exageración. Los espías españoles tenían como una de sus principales funciones impedir que salieran a la luz los negocios oscuros del rey.
Tenían que trabajar duro. Juan Carlos estaba tan desatado que a principios de los noventa pidió un crédito de 90 millones de pesetas a Mario Conde. Cuando Banesto fue intervenido por el Gobierno, había que tapar esa operación. «Hablé con Ybarra y con Alfredo Sáenz. Este me lo arregló», le contó a Manglano. Ahora ya es más fácil entender por qué Sáenz fue indultado por el Gobierno de Zapatero en 2011 cuando estaba en funciones.
Armado con los documentos que el teniente coronel Perote sacó del Cesid, Conde lanzó una campaña de presión contra el Gobierno amenazando con sacarlo todo. «Mario Conde está detrás de todo esto», explicó Anson a Manglano refiriéndose a las maniobras de los periodistas antifelipistas. Pedro J. Ramírez estaba con muchas ganas de publicar lo que le llegara de Conde. Sobre el banquero que acabó encarcelado, no habló en la presentación del libro. Al igual que para Cebrián, él cree que el fin justifica los medios. Es sólo que ambos han estado en puntos diferentes de las trincheras, pero la sensación de amoralidad les une.
Todo tuvo un gran nivel de representación teatral. La Royal Shakespeare Company es una pandilla de aficionados comparada con estos ilustres periodistas. Son muchos años y muchas historias que hay que seguir ocultando.
Corrección: se ha eliminado un párrafo con una frase de Sabino Fernández Campo sobre la fortuna de Juan Carlos en Suiza en 1990 porque inducía a error. El alto cargo de la Casa Real desde 1977 a 1993 dijo que el rey tenía entonces «5.000 millones (de pesetas) en Suiza». Tal y como estaba escrito el párrafo eliminado, se entendía que podían ser euros, lo que era imposible en 1990.
Vista de la fachada de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Caracas, capital, 8 de marzo de 2020. (Foto: AFP)
Los expertos electorales de la oposición venezolana reconocen avances en las garantías electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país suramericano.
Según informó el miércoles el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en su cuenta de Twitter, la segunda fecha de actividad de la auditoría de infraestructura tecnológica electoral para las elecciones regionales y municipales de Venezuela se desarrolló el martes 2 de noviembre, donde participaron personal técnico del organismo comicial y auditores externos, así como expertos electorales de los partidos políticos de la oposición venezolana.
Entretanto, los participantes de la oposición admitieron avances del CNE en el desarrollo de nuevas garantías electorales de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Los especialistas de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indicaron, a su vez, que estas garantías están en línea con la ley y los acuerdos que han logrado las organizaciones políticas del país.
Conforme a los representantes de la coalición opositora, entre los avances, señalan la observación y acompañamiento electorales como un elemento clave en el marco de garantías, cuya matriz de instancias participantes se ha diversificado, para las próximas elecciones.
Por su parte, Eugenio Martínez, un miembro de la MUD, consideró la presencia de un grupo de especialistas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el mismo acto como un hecho sumamente relevante, que, según éste, abre las puertas a una asistencia electoral al CNE en un futuro.
En tal sentido, el director del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Hector Vanolli, también dijo que la presencia de las misiones de observación internacional en tales hechos abre una ventana al mundo que posibilita a la comunidad internacional efectuar un seguimiento minucioso de este proceso electoral.
Además, la experta de la plataforma de la sociedad civil Foro Cívico, Beatriz Borges, admitió los avances en materia de observación y acompañamiento, considerando que es una ventana que se abre con la observación internacional para seguir en la ruta de la normalización del país caribeño.
Para el 21 de noviembre de este año en curso, más de 21 millones de venezolanas y venezolanos, y también extranjeros residentes en el país, están convocados a acudir a las urnas para elegir a 23 gobernadores y 335 alcaldes, cargos para los que se postulan cerca de 5000 ciudadanos, de casi medio centenar de organizaciones políticas.
Los fondos, inicialmente destinados a las víctimas de los terremotos de 2001, fueron utilizados para financiar la campaña electoral del partido derechista Arena.
El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, el 16 de abril de 2018 Marvin Recinos / AFP
La Justicia de El Salvador condenó al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y a dos personas más a pagar 10 millones de dólares que fueron desviados de un donativo hecho al país por Taiwán.
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador determinó que Saca deberá pagar seis millones de dólares. Además, Juan Tennant Wright, exdirigente del partido Arena, y Gerardo Balzaretti, presidente de un centro de estudios políticos, deben desembolsar dos millones de dólares cada uno.
Saca, Wright y Balzaretti fueron acusados por la Fiscalía por el delito de lavado de dinero y activos debido a que desviaron diez millones de dólares que provenían de un donativo que Taiwán entregó al país centroamericano en 2003. El destino de este monto era realizar cuatro proyectos para las víctimas de dos terremotos que afectaron a El Salvador en 2001. Sin embargo, fueron utilizados para financiar la campaña electoral del partido derechista Arena.
En un video publicado por la Fiscalía, uno de los fiscales afirmó que los acusados «causaron un daño al Estado» debido a que el «dinero venía destinado para obras sociales».
En agosto pasado, la Fiscalía había pedido al Juzgado que los ahora condenados fueran exonerados por la prescripción del delito de lavado de dinero, cometido durante el mandato del fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004). Sin embargo, una jueza pidió continuar con el proceso civil contra Saca, Wright y Balzaretti.
Saca cumple desde 2018 una condena de diez años de prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares de fondos estatales.
El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, acordó derogar la reforma laboral del 2012 aprobada por el Ejecutivo anterior. La portavoz del gabinete destacó que se necesitan relaciones laborales justas para emprender la recuperación de la pandemia. La cuestión causó polémica, porque la vicepresidenta primera, a diferencia de la Ministra de Trabajo, solo quería eliminar una parte de las cláusulas y no derogar toda la reforma.
Las devastadoras imágenes de más de cinco toneladas de peces muertos le dieron la vuelta al mundo en agosto, un evento con serias consecuencias económicas, sociales y medioambientales.
Cientos de personas participan en una concentración en defensa del Mar Menor, el 7 de octubre de 2021, en Murcia (España). Foto: Edu Botella / www.globallookpress.com
España se encuentra en pleno debate por los presupuestos para el próximo año, que deben atender varias necesidades como la recuperación económica del país tras la pandemia. Uno de los temas más polémicos es la recuperación del Mar Menor, en la Región de Murcia, que este verano vivió una nueva catástrofe ecológica.
El presidente de la región, Fernando López Miras, del Partido Popular, asegura que el presidente Pedro Sánchez, no está destinando los recursos necesarios a la zona, pese a que el Gobierno ha garantizado 300 millones de euros.
Golpe a la economía local
Tan solo unos meses después de las devastadoras imágenes de miles de peces muertos en el Mar Menor, se puede concluir que hay serias consecuencias económicas, sociales y medioambientales de este desastre ecológico.
Los pescadores viven en primera persona el golpe medioambiental de la albufera más grande de toda España. Decenas de embarcaciones que salen a laborar cada día aseguran que la situación es crítica.
«Si seguimos así nuestra profesión de pescadores en la zona va a desaparecer. Poco a poco va peor, cada día que pasa vemos que va a menos», resaltó José Blaya, presidente de la Cofradía de pescadores del Mar Menor.
Todos los días por la mañana se realiza la subasta de pescado en esta región. A pesar de que los análisis oficiales no han mostrado ningún riesgo para la salud de quienes lo consumen, los pescadores están preocupados porque la captura de peces se ha reducido un 20 %, según el gremio.
En la playa de Los Nietos, una de las poblaciones del Mar Menor. Las asociaciones de vecinos recalcan que el valor de sus casas ha caído en picado en los últimos años. Tras la última crisis medioambiental, el número de comercios cerrados ha aumentado.
El desastre ecológico
En agosto, las imágenes de más de cinco toneladas de peces muertos le dieron la vuelta al mundo. Los expertos apuntan a que los animales se asfixiaron por la falta de oxígeno en el agua, esto principalmente se debe a la gran cantidad de nitratos que recibe el mar, procedentes de la actividad agraria.
Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste, asegura que este verano ha sido «el episodio de mortalidad más importante conocido del Mar Menor. Pero no ha sido el primero, en el 2019 se produjo una mortalidad muy importante».
Hace tres años se retiraron 3.000 kilos de peces muertos. Por aquel entonces, se advirtió de la proliferación masiva de algas y se dio a conocer que la agricultura intensiva usa la laguna de agua salada para verter restos con nitratos.
El agricultor Santiago Pérez Blay, sostiene que el urbanismo desmesurado, el mal alcantarillado o la falta de acción de las administraciones también forman parte del problema. «Nosotros tenemos que solucionar lo que tenemos en nuestra casa, y los demás si quieren solucionarlo que lo solucionen y caso contrario está claro que el Mar Menor no se va a recuperar», indicó Pérez.
Recientemente miles de personas se manifestaron una vez más en la capital murciana para exigir responsabilidades y soluciones a las instituciones. López Miras indicó que la recuperación de la albufera no va a venir por sí sola, sino que «precisa del esfuerzo y la movilización activa de todas las administraciones».
La muerte de toneladas de peces este verano es solo un nuevo aviso. Una nueva alerta para la vida de miles de familias que dependen de estas aguas. El futuro del Mar Menor está en juego y las autoridades locales lentamente están tomando las medidas correspondientes.
Los estadounidenses que beben agua del grifo «están recibiendo una dosis de contaminantes industriales o agrícolas», causantes de múltiples enfermedades como el cáncer.
Imagen ilustrativa Legion Media
El Grupo de Trabajo Ambiental (EWG), organización estadounidense que vela por soluciones medioambientales, identificó decenas de nuevos contaminantes en el agua potable durante los dos últimos años, según la última actualización de su base de datos, que recopila informes de casi 50.000 empresas de suministro de agua en todo el país desde 2014.
EWG descubrió que los compuestos detectados pertenecen en su mayoría a las llamadas sustancias perfluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés), que pueden permanecer por mucho tiempo en el agua potable de decenas de millones de hogares.
Además, el «coctel tóxico invisible» incluye pesticidas, plomo, arsénico, subproductos de desinfección, elementos radioactivos (uranio y radio), nitratos y «muchas otras sustancias que se encuentran a menudo en el agua potable en niveles potencialmente inseguros», advierte la organización.
De este modo, los estadounidenses que beben agua del grifo «están recibiendo potencialmente una dosis de contaminantes industriales o agrícolas», que están relacionados múltiples enfermedades como el cáncer, daños al sistema nervioso y al cerebro, además de problemas de fertilidad, trastornos hormonales. Un estudio de 2019 que utilizó datos del EWG encontró más de 20 cancerígenos en niveles que podrían poner en riesgo al público, incluso cuando el agua potable «cumplía con los estándares federales».
En este contexto, Tasha Stoiber, científica principal del EWG, asegura que las regulaciones en EE.UU. no son «lo suficientemente fuertes». Si el monitoreo del suministro de agua fuera eficiente, la lista de contaminantes, que ya resulta alarmante, sería mucho más larga. Muchos de ellos se han producido y utilizado durante años, pero solo ahora están siendo rastreados, debido a que su impacto a la salud es cada vez más evidente.
Un ejemplo es el HAA-5, un subproducto del proceso de desinfección del agua potable que la industria había calificado como seguro, pero que estudios recientes lo relacionaron con el daño fetal. Eso obligó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a prestarle más atención.
«El sistema de agua del grifo de EE.UU. está lleno de infraestructuras anticuadas y de una contaminación galopante de las fuentes, mientras que las regulaciones obsoletas de la EPA, que a menudo se basan en una ciencia arcaica, permiten niveles excesivos de químicos tóxicos en el agua potable», asevera el EWG.
La última vez que la EPA estableció un nuevo límite legal para un contaminante del agua potable fue en el año 2000. Desde entonces, el preciado líquido ha sufrido una contaminación generalizada, en particular por tóxicos emergentes. Según el organismo, son las «comunidades de bajos ingresos y desatendidas» las que por lo general sufren las consecuencias.
EWG insiste en la necesidad de «estándares federales de calidad del agua más estrictos y una inyección masiva de fondos para mejorar la infraestructura». Mientras tanto, y con el objetivo de «abordar la brecha en la supervisión federal y proteger mejor la salud pública» su base actualizada de datos permite a los consumidores ver un informe sobre los químicos tóxicos detectados en el agua potable de su localidad.
Al mismo tiempo, el organismo ha creado estándares para varios contaminantes basándose en datos científicos recientes y aconseja a la ciudadanía a usar filtros de agua para reducir los niveles de muchos de ellos y proporciona orientación sobre cómo elegir los más eficaces.
