La transacción valuada en más de 8,3 billones de dólares fue negada a pesar de que ya había sido aprobada por cinco agencias federales y la Comisión de Servicós Públicos de Texas.

La Comisión de Regulación Pública de Nuevo México rechazó de forma unánime la adquisición debido que el plan propuesto «no es tan importante como se presenta y es insuficiente para sobreponerse al riesgo potencial» que existe.

Además, el regulador consideró que hay serias dudas del actuar de Avangrid e Iberdrola por la investigación que inició España en contra de altos funcionarios de la empresa por corrupción, principalmente por el caso de José Manuel Villarejo, excomisario del Cuerpo Nacional de Policía de España y quien habría usado su posición para favorecer al consorcio.

Tras la decisión del regulador, Iberdrola lamentó la decisión y anunció que analiza la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal Supremo de Nuevo México.

«Estamos analizando los mejores caminos para seguir en Nuevo México. Aún vemos grandes oportuinidades para aprovechar el éxito que hemos tenido en EEUU y estamos comprometidos a asumir nuestra parte para apoyar los esfuerzos del país para expandir la infraestructura de energía renovable», declaró el consorcio, de acuerdo con The Financial Times.

Con ello Iberdrola pierde la oportunidad de convertir a Avangrid en la tercera empresa de energías renovables más importante de EEUU, con presencia en 24 estados.

Las proyecciones presentadas indicaban que, de concretarse la adquisición de PNM, Avangrid habría contado con 4,1 millones de puntos de suministro, una base de activos regulados por más de 14.400 millones de dólares, una red de distribución y transporte de 168.000 kilómetros, y cerca de 10,9 gigavatios de capacidad instalada.

Actualmente la filial tiene acticos en EEUU por más de 39.000 millones de dólares, cuenta con ocho servicios de electricidad y gas natural, y atiende más de 3,3 millones de clientes en Nueva York y Nueva Ingalterra.