Un regulador energético de Estados Unidos negó la compra de PNM Resources (Nuevo México) por parte de Avangrid, una de las filiales del consorcio español Iberdrola.
La transacción valuada en más de 8,3 billones de dólares fue negada a pesar de que ya había sido aprobada por cinco agencias federales y la Comisión de Servicós Públicos de Texas.
La Comisión de Regulación Pública de Nuevo México rechazó de forma unánime la adquisición debido que el plan propuesto «no es tan importante como se presenta y es insuficiente para sobreponerse al riesgo potencial» que existe.
Además, el regulador consideró que hay serias dudas del actuar de Avangrid e Iberdrola por la investigación que inició España en contra de altos funcionarios de la empresa por corrupción, principalmente por el caso de José Manuel Villarejo, excomisario del Cuerpo Nacional de Policía de España y quien habría usado su posición para favorecer al consorcio.
Tras la decisión del regulador, Iberdrola lamentó la decisión y anunció que analiza la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal Supremo de Nuevo México.
«Estamos analizando los mejores caminos para seguir en Nuevo México. Aún vemos grandes oportuinidades para aprovechar el éxito que hemos tenido en EEUU y estamos comprometidos a asumir nuestra parte para apoyar los esfuerzos del país para expandir la infraestructura de energía renovable», declaró el consorcio, de acuerdo con The Financial Times.
Con ello Iberdrola pierde la oportunidad de convertir a Avangrid en la tercera empresa de energías renovables más importante de EEUU, con presencia en 24 estados.
Las proyecciones presentadas indicaban que, de concretarse la adquisición de PNM, Avangrid habría contado con 4,1 millones de puntos de suministro, una base de activos regulados por más de 14.400 millones de dólares, una red de distribución y transporte de 168.000 kilómetros, y cerca de 10,9 gigavatios de capacidad instalada.
Actualmente la filial tiene acticos en EEUU por más de 39.000 millones de dólares, cuenta con ocho servicios de electricidad y gas natural, y atiende más de 3,3 millones de clientes en Nueva York y Nueva Ingalterra.
El Canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian (izda.), y el jefe de la Diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, en una reunión en Nueva York, EE.UU.
El canciller iraní afirma que Teherán está determinado a lograr un buen acuerdo en los diálogos de Viena, pero lamenta que no percibe lo mismo de su contraparte.
Al calificar las posiciones y puntos de vista de Rusia y China como realistas y constructivos en las conversaciones de Viena (capital austriaca), el canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian, ha dicho que hasta el momento Teherán no ha recibido ninguna propuesta constructiva y prospectiva de la troika europea, como se conoce a los tres firmantes del acuerdo nuclear; a saber, Alemania, Francia y el Reino Unido.
“Si los colegas europeos estudian con detenimiento y sin prejuicio los textos propuestos por Irán, se darán cuenta de que las propuestas están en el marco del acuerdo nuclear y se centran en los temas de las conversaciones de junio de 2021. Por supuesto, es obvio que el punto de vista de Irán difiere en algunos aspectos del punto de vista y enfoque de Occidente”, ha subrayado Amir Abdolahian en una conversación telefónica mantenida el jueves con el jefe de la Diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, a horas de la reanudación de los diálogos de Viena.
En este sentido, ha criticado a la troika europea por su comportamiento manifestado a través de una postura política y mediática negativa, y ha calificado esas campañas mediáticas de poco constructivas, las que ha descrito como un factor que complica la situación y ralentiza el proceso de acuerdo.
Asimismo, ha destacado que a Estados Unidos y los tres países europeos también se les había recordado que las conversaciones deben ser realistas y que las dos partes deben sentir un progreso reciproco.
El titular persa ha asegurado que la delegación nuclear iraní permanecerá en Viena el tiempo que sea necesario para llegar a un acuerdo y realizar consultas con el Grupo 4+1, integrado por China, Rusia, el Reino Unido y Francia, más Alemania.
También, se ha referido a la importancia de la cooperación entre la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) y la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), y ha expresado su satisfacción por los contactos existentes y la continuación de las conversaciones y la cooperación técnica.
“Siempre hemos trabajado en estrecha colaboración con la AIEA y, en este sentido, una delegación de la Organización de Energía Atómica de Irán viajará a Viena para reunirse y hablar con los funcionarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica”, ha explicado.
A su vez, Borrell ha manifestado su satisfacción por la continuación de las conversaciones de Viena y ha ofrecido su evaluación desde el punto de vista de las partes negociadoras.
Al señalar que los desafíos podrían dañar las conversaciones, Borrell también ha expresado su esperanza de que, con los esfuerzos y la interacción de todas las partes, las conversaciones de Viena avancen hacia un acuerdo integral.
Esos documentos no van más allá del acuerdo nuclear, pero la troika europea parece que no pretende aceptar ni siquiera sus propios compromisos adquiridos bajo el pacto cerrado hace seis años.
El miércoles, la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos anunció la nominación del Gobierno de México y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dentro de las ocho personas e instituciones propuestas para recibir el reconocimiento para el Control de Armas en 2021. Esta nominación se debe a que, en un hecho inédito, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 4 de agosto una demanda civil ante una corte federal de Boston contra once empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos a quienes acusó de emprender «prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México».
Entre los demandados están algunos de los mayores fabricantes de armas, como Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A, Colt’s Manufacturing Company y Glock. El Gobierno mexicano considera que a varias de estas compañías les falta una mayor responsabilidad civil y corporativa. Incluso el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó en una de sus conferencias que estas compañías «hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada». El Jefe, El Grito y Emiliano Zapata 1911 son algunos de los modelos más solicitados por los narcos mexicanos.
Por otra parte, el relajamiento de las normas para adquirir armas en Estados Unidos ha alimentado un tráfico constante, así que mientras los narcotraficantes mandan toneladas de droga hacia el vecino de norte, las armerías se hacen de muchísimo dinero producto de los envíos en sentido inverso.
México calcula que alrededor de medio millón de armas son introducidas anualmente en el país y dado que está dinámica dató de principios de siglo, la estimación es que hay al menos 10 millones de armas estadounidenses que cruzaron la frontera ilegalmente y cuyo destino principal ha sido el crimen organizado. La mayoría fueron adquiridas en negocios ubicados en estados fronterizos como California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde existen más de 20.000 establecimientos autorizados para la venta. Alrededor del 70 por ciento de los asesinatos en México se llevan a cabo con esas armas, por lo que al menos 24.000 homicidios al año estarían vinculados a ellas.
El problema de la violencia en México es demasiado complejo como para que pueda atribuírsele toda la responsabilidad a un par de culpables, puesto que hay muchos más actores involucrados ya sea por acción directa, omisión o negligencia. Por esta razón, cuando México asumió hace ya casi un mes la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Ebrard dedicó su discurso al tráfico ilícito de armas que se ha convertido en una amenaza permanente contra la paz y la seguridad de las mexicanas y los mexicanos.
Esta demanda no ha estado exenta de polémicas. Rusia, Siria, Irán e Indonesia se opusieron al debate en el Consejo de Seguridad al considerar que el tráfico ilegal de armas debe discutirse desde la Asamblea General. En Estados Unidos, algunos juristas y la influyente Asociación Nacional del Rifle consideraron que la demanda atentaba contra el derecho que tiene todo ciudadano estadounidense a poseer y portar armas. Mientras que en México, la oposición reclamaba que esta queja perjudicaría la relación entre ambos países.
Ante estas confusiones, la Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que la demanda que se interpuso no implica de ninguna manera al Gobierno estadounidense ni que tampoco atenta contra la Segunda Enmienda; y ante la ONU, Marcelo Ebrard afirmó que no se trataba de cuestionar el derecho de países y particulares a comerciar armas legalmente, sino de denunciar prácticas indolentes.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Si EE.UU. pone como sus principales puntos de la agenda el narcotráfico y la inmigración, México pondrá en la palestra el tema del tráfico de armas y a esto deberá sumársele el de lavado del dinero de la droga que se hace en las instituciones bancarias estadounidenses y en su sistema financiero
En una repuesta conjunta, las armerías apuntaron que en lugar de tomar las medidas necesarias como mejorar la seguridad fronteriza, erradicar la corrupción y financiar adecuadamente a la Policía y al Ejército, México, en cambio, se las ha responsabilizado y exhibido de manera irracional.
El Gobierno mexicano, por su parte, arguye que sabiendo que sus armas son utilizadas por el crimen organizado en México, las compañías no toman ninguna medida de control para monitorear e impedir que sus distribuidores le vendan varias armas a una misma persona, que se utilicen prestanombres o incluso que se manden por correo.
Este enero de 2022 se celebrará en la Corte de Massachusetts la audiencia para definir si se desecha la demanda o procede. Aunque pasara lo último, estamos lejos de ver un desenlace. Dos años le tomó al Gobierno de México preparar el caso, por lo que podríamos esperar un tiempo igual o mayor para la discusión de los argumentos y el desahogo de pruebas. Sin embargo, ya se ha logrado el impacto deseado. Si Estados Unidos pone como sus principales puntos de la agenda el narcotráfico y la inmigración, México pondrá en la palestra el tema del tráfico de armas y a esto deberá sumársele el de lavado del dinero de la droga que se hace en las instituciones bancarias estadounidenses y en su sistema financiero.
En las relaciones bilaterales siempre hay responsabilidades compartidas, y así es como deberían de abordarse estas cuestiones en el futuro.
La salida de tono de Isabel Díaz Ayuso se ha producido en la cesión de control al Gobierno autonómico, cuando se estaban tratando los presupuestos regionales.
La presidenta conservadora de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista con The Associated Press en Madrid, 26 de abril de 2021.
«Yo entiendo que pedirle a un comunista que entienda de datos económicos es como pedirle a un neandertal que entienda de Internet», ha sido la respuesta, al más puro estilo ‘trumpista’, que ha dado este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a una diputada regional de Unidas Podemos (UP) que le estaba interpelando sobre las cuentas para el próximo ejercicio.
La portavoz de UP, Carolina Alonso, preguntaba sobre si los presupuestos se dirigen a la reactivación económica de la región, después del duro golpe que supuso la irrupción de la pandemia de coronavirus.
Díaz Ayuso ha sacado pecho sobre la situación económica, esgrimiendo que Madrid ha crecido dos puntos por encima de la media nacional y que ha recibido la mayor inversión extranjera.
Sin embargo, los datos parecen no ser tan positivos. Así, según algunas proyecciones, como las del BBVA Research, al final de este año, tan solo seis regiones, entre las que no se encuentra Madrid, habrán alcanzado la actividad económica anterior a la pandemia: Cantabria, Galicia, Castilla – La Mancha, Extremadura, Murcia y Aragón.
En concreto, para este 2021 sitúa a la Comunidad de Madrid la tercera por la cola (de 17 regiones) en cuanto a crecimiento de su PIB, con un 4,7 %, muy por detrás de quienes encabezan la lista: Baleares (10,3 %), Canarias (8,1 %) y Cataluña (5,9 %).
Aparte de las estimaciones, los datos consolidados, como los manejados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un organismo independiente público, refleja que en noviembre Madrid ocupaba el puesto número 5º en cuanto a crecimiento intertrimestral, y el 6º en el interanual.
La dirigente regional ha querido insistir en que quienes reactivan la economía no es la clase política, sino autónomos y comerciantes a quienes el Gobierno de España «está arruinando».
Por su parte, la diputada de UP se ha lamentado de la falta de inversión en «innovación e industrialización verde», con un 40 % de recorte en Industria y ninguna ayuda hacia los trabajadores autónomos.
La Casa Real vuelve estar en el foco de críticas en España después de que se revelara que recibirá dinero de cinco ministerios, además de los 8,4 millones de euros directos presupuestados para el 2022. El Gobierno no indica el monto exacto que se destinará, pero sí que ese dinero servirá, entre otras cosas, para la seguridad de la realeza o para el mantenimiento de sus propiedades.
El opositor venezolano se ha reunido en el país suramericano con constituyentes de la derecha y con el candidato ultraderechista José Antonio Kast. Algunos sectores lo acusan de intervenir en los asuntos internos.
El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, habla con el candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, en Santiago, Chile, el 7 de diciembre de 2021Foto: steban Felix / AP
Entre huevazos y gritos de «asesino» fue recibido el político opositor venezolano Leopoldo López a su llegada a una reunión con constituyentes de la derecha chilena en el antiguo Congreso Nacional de la Región Metropolitana, en Santiago.
En un video viralizado en las redes quedó registrado el momento en el que el prófugo de la Justicia venezolana saludaba a la comitiva que lo recibió y tuvo que correr luego de que un pequeño grupo de personas apostadas en las cercanías del lugar le lanzaran un huevo, entre imprecaciones. Uno de los manifestantes, que se acercó a la puerta de la edificación, le gritó: «Asesino culiao», mientras quienes lo esperaban lo recibían con aplausos, en medio de la confusión.
En las rejas cercanas al antiguo Parlamento habían dos carteles, puestos por quienes rechazan la visita de López, que decían: «No a la injerencia yanqui en la Convención. López criminal al servicio del imperio» y «La agenda de la Convención no es la derecha. Fuera López, aguante Maduro».
En un registro publicado por El Ciudadano, una persona identificada por el medio como Juan Cuevas está esposada mientras un carabinero se mantiene a su lado. El entrevistado dice que lo detuvieron porque fue a protestar por la llegada del «fascista» Leopoldo López a su país. «Hago un llamado a la comunidad nacional porque López es íntimo amigo de José Antonio Kast», el candidato derechista que se disputará la presidencia con el izquierdista Gabriel Boric, el próximo 19 de diciembre.
Reacciones
El derechista Arturo Zúñiga, constituyente por el Partido Demócrata Independiente (UDI), escribió en su cuenta de Twitter que lo ocurrido había sido «vergonzoso» y que al saludar al político venezolano, residenciado en Madrid, le tocó la espalda y aún había restos de huevo. «La Constitución es la casa de todos, de todos lo demócratas, y él sabe muy bien lo que es perder la democracia«, agregó.
Por su parte, Ruggero Cozi, constituyente del conservador Renovación Nacional, afirmó que el huevazo contra López era «la mejor evidencia» de que existe «una izquierda chavista» dentro de la Convención Constitucional.
Como se esperaba, los constituyentes izquierdistas no fueron tan receptivos con la presencia del opositor venezolano en el país. La convencional independiente Janis Meneses afirmó que quien vaya a Chile debe respetar los procesos internos y su soberanía. «Leopoldo López es un interventor y operador político«, afirmó.
En la misma línea, la constituyente Lissette Vergara rechazó que sus colegas de la derecha no hubieran asistido a la reunión en la Comisión de Principios Constitucionales por hacer «algo extraprogramático».
¿Qué hace López en Chile?
El «comisionado» del exdiputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado «presidente encargado» en 2019, se encuentra en Chile desde el fin de semana. López llegó al país suramericano a pocos días de la segunda vuelta electoral que definirá quien será el próximo presidente chileno.
Esta semana, el fundador de los partidos derechistas venezolanos Primero Justicia y Voluntad Popular se ha reunido con convencionales de la derecha chilena, con Kast y con senadores.
Las razones de esta visita no han sido del todo aclaradas por López. Según La Tercera, el político acusado de planear acciones golpistas y desestabilizadoras en su país se encuentra en Chile para «comprender la situación de Venezuela» y exponer «la realidad los últimos 20 años (…) para que saquen sus propias conclusiones».
López, quien además tiene una solicitud de extradición por parte de Venezuela, durante un encuentro con miembros de la Convención Constitucional de Vamos Por Chile, una coalición de centroderecha, aseveró que el proceso constituyente venezolano, —convocado por el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999 y que culminó con una nueva Carta Magna aprobada en referendo—, «sirvió para corroer la democraciadesde adentro«.
El dirigente del ala más radical opositora venezolana fue por unas horas huésped de la Embajada de Chile en Caracas, tras la fuga de su arresto domiciliario en el intento fallido de Golpe de Estado contra Nicolás Maduro, el 30 de abril de 2019.
BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El Parlamento español aprobó esta semana la llamada Ley de la Cadena Alimentaria, una ley diseñada para que las grandes cadenas de distribución comercial no cometan abusos a la hora de fijar los precios de compra de los alimentos a los productores, como estos denuncian.
La ley tiene su importancia en la nación considerada como la “huerta de Europa” por el peso del sector primario en su economía: un 2,9%, según Eurostat en el año anterior a la pandemia, 2019.
Un porcentaje que está por encima de la media comunitaria de ese año —1,6— y de otros países de la ribera del Mediterráneo —Portugal, 2,4; Italia, 2,2— donde, al menos hasta la llegada del cambio climático, tradicionalmente el clima permitía cultivar todo tipo de frutas, hortalizas y por extensión existe una gran tradición de actividades agropecuarias e industria alimentaria.
Profundos cambios
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, el socialista Luis Planas, consideró la legislación “un cambio de cultura muy profundo” porque supone, en sus palabras “un antes y un después en la regulación de la cadena agroalimentaria”.
Por estas razones, Planas pidió también a los agentes del sector un tiempo para ver sus efectos.
La ley es una trasposición de la directiva europea de prácticas desleales y su punto fuerte es la prohibición expresa de vender a pérdidas en todos los eslabones de la cadena de distribución alimentaria; es decir, el quid de la cuestión del sector hoy en día.
Para entender esta aparente contradicción de vender a pérdidas se suele poner el ejemplo de la leche, uno de los más típicos.
Como parte de la política de marketing de muchas grandes cadenas de supermercados, estas ofertan los bricks de un litro de leche —el envase más común en España— a precios terriblemente atractivos, como gancho para que los clientes acudan a sus establecimientos, conscientes de que se trata de un alimento básico en cualquier cesta de la compra.
Como consecuencia, el precio del brick de leche prácticamente no ha variado desde hace años; mientras que los costes para los ganaderos no paran de subir.
La posición de fuerza que utilizan las grandes compañías lácteas frente a los ganaderos, que en su mayoría son dueños de explotaciones individuales hace que estos tengan que aceptar lo que les quieran pagar, según denuncian, y que hayan llegado a una situación insostenible con la subida generalizada de los preciosde la energía de los últimos meses, que también se ha trasladado a muchos suministros básicos para su actividad, como los piensos.
Con este motivo en esta ley, se incluye una referencia expresa a que en todo caso el precio que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser superior al total de costes asumidos por el productor.
Piden vigilancia
El secretario general de uno de los sindicatos agrarios mayoritarios, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, destacó este aspecto de la ley, así como que haya un registro público de acuerdos, “para que nadie pueda manipular los contratos después”, dijo.
También reclamó este histórico sindicalista agrario personal suficiente a las administraciones regionales para los controles necesarios para hacer cumplir la ley.
Esta semana, en una entrevista en el canal público TVE, el ministro Planas anunció “sanciones” para quien incumpliese la la ley y consideró especialmente “urgente” abordar la situación de la leche.
“Me preocupa mucho” porque los márgenes (de beneficios) son “estrechísimos”, aseguró y no descartó que algunos precios finales de los alimentos suban, apoyándose en que los productores deben percibir “precios dignos”, según manifestó.
Desde el sector lechero manifestaron su desconfianza con que se haga cumplir finalmente esta ley.
“Una zona como Zamora quedará para poner solo placas solares, nos vamos del campo”, denunció en la prensa local desde esta región agrícola Jorge Hernández, responsable de vacuno de leche del sindicato COAG, en Zamora.
BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — España se convirtió en el primer país europeo en recibir un pago de los fondos de la Unión Europea para la recuperación de las economías nacionales tras la pandemia, los llamados ‘Next Generation EU’.
Lo anunció la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en Twitter, que argumentó que «España ha avanzado lo suficiente en la implementación de su plan nacional de #NextGenerationEU«, según escribió en su perfil.
«Por lo tanto —añadió Von der Leyen— será el primer país de la UE en recibir un pago, con valor de €10 mil millones, una vez que los demás Estados miembros lo autoricen», afirmó la política alemana.
Se trata, por tanto, de la primera aprobación preliminar que estaba condicionada a la adopción de una serie de reformas.
Dos de los principales aspectos en los que pone sus ojos Bruselas para seguir suministrando fondos son la reforma laboral y la de las pensiones y esta última ya ha sido aprobada.
Sin embargo, los requisitos para este primer pago no son ninguna de estas dos grandes reformas de la economía española, ya que en esta primera solicitud se podían incluir leyes aprobadas desde febrero de 2020 y fueron otras como la llamada «ley rider» o la del Ingreso Mínimo Vital, las que condicionaron este desembolso inicial.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reaccionó con un mensaje en la misma red social, en el que destacó que «Europa valora positivamente el cumplimiento de los 52 primeros hitos del #PlanDeRecuperación de España e inicia el proceso para el desembolso de 10.000 M€ de los fondos #NextGenerationEU«.
Sánchez añadió que el país avanza «hacia una reconstrucción justa, sostenible e inclusiva. ¡Excelentes noticias!», concluyó el líder del Ejecutivo español.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov.
Rusia denuncia la inaceptable presión externa contra “Estados independientes”, como Nicaragua, por desequilibrar la situación interna y generar tensiones.
Según un comunicado recogida por la agencia rusa de noticias Sputnik, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergéi Riabkov, ha señalado este lunes que es inaceptable ejercer presión externa sobre Estados independientes como Nicaragua.
Riabkov que ha hecho estas afirmaciones durante una reunión con una delegación nicaragüense, ha subrayado que la presión externa “desequilibra la situación interna y genera nuevos focos regionales de tensión”.
El diplomático ruso ha transmitido la “convicción absoluta” de Moscú de que los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas celebradas el pasado 7 de noviembre en Nicaragua “abren oportunidades adicionales” para el futuro desarrollo socioeconómico gradual del país centroamericano, fortaleciendo su estabilidad y soberanía nacional.
En el encuentro, que han participado también el asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia nicaragüense, Laureano Ortega Murillo, y el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, las dos partes han abordado la cooperación entre ambos países en varios ámbitos, incluidos política, economía, comercio e inversiones.
La reunión se produce en un momento en que Estados Unidos, bajo diferentes excusas, ha impuesto sanciones a las autoridades de Nicaragua que, como Venezuela y Cuba, es víctima de las medidas coercitivas, unilaterales e ilegales del Occidente.
Para Nicaragua, Rusia ha sido un aliado que se ha mantenido a su lado incluso cuando Estados Unidos ha bloqueado económicamente al país centroamericano con el objetivo de crear tal descontento popular que ponga fin al mandato del presidente nicaragüense, Daniel Ortega. Efectivamente, el Gobierno de Rusia además ha confirmado en reiteradas ocasiones su apoyo a la Administración de Ortega frente a las injerencias foráneas.
Últimamente, como parte de las medidas para presionar al Gobierno de Ortega, bajo cuestionamientos al triunfo del mandatario nicaragüense en las elecciones del 7 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una proclama en la que prohíbe la entrada al país de Ortega, y los principales funcionarios de su Gobierno.
Siguiendo la estela de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución en la que descalificó las elecciones generales en Nicaragua, que dieron la victoria del presidente izquierdista para un nuevo mandato.
En repuesta, el Gobierno nicaragüense, a través de su Cancillería, anunció formalmente la decisión de retirarse de la OEA mediante una carta remitida al secretario general de ese organismo regional, Luis Almagro, tras denunciar las continuas injerencias del bloque en los asuntos internos del país centroamericano.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel (izq.) y su par venezolano, Nicolás Maduro, en una ceremonia en Caracas, 28 de julio de 2019. (Foto: AFP)
Cuba y Venezuela urgen a EE.UU. a poner fin al financiamiento y promoción del terrorismo en su contra, así informa un comunicado de Cancillería cubana.
Durante el XI Encuentro virtual del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba celebrado este lunes, ambos países llamaron “al cese del financiamiento y promoción del terrorismo y la subversión por parte del Gobierno estadounidense y sus aliados” en su contra, y afirmaron que estas acciones están “dirigidas a generar violencia social y política para disminuir el respaldo popular a esos procesos”.
Durante el evento, se exigió al Gobierno estadounidense el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por más de seis décadas a Cuba, así como la derogación inmediata e incondicional de la declaratoria de Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de la nación norteamericana, así como todas las acciones punitivas dictadas contra el país sudamericano.
Los participantes del encuentro ratificaron el respaldo a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y calificaron a los mandatarios de ambos países como “garantes de la transición al socialismo y de las transformaciones hacia una sociedad más humana”.
Al final de la sesión, se reconoció la posición de hermandad internacional expresada en la cooperación solidaria mantenida por Cuba, como ejemplo en el reciente caso de la lucha contra coronavirus, causante de la COVID-19, con el envío de 57 brigadas médicas del contingente Henry Reeve a unos 40 países.
Desde 1962, Washington ha mantenido un severo bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba a fin de forzar un cambio de gobierno. Pese a la aparente mejoría de las relaciones de los dos países durante la gestión del expresidente norteamericano Barack Obama, tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EE.UU. en 2017, las medidas contra la isla se endurecieron, cerrando las puertas a cualquier diálogo.
Por otra parte, Venezuela es el quinto país con mayor número de empresas sancionadas. EE.UU. no deja de incrementar sus sanciones contra la nación venezolana con el objetivo de derrocar al Gobierno de Caracas.
