El agua de mar, una solución asequible y gratuita para todos. No daña las células ni el genoma y además no sólo mantiene todos los niveles bioquímicos del organismo en parámetros normales sino que cuando están alterados, los mejora. El poder del Agua de Mar. Conferencia realizada por Dra. María Teresa Ilari en Ecosalut 2017 celebrado en Balsareny (Barcelona) los días 27 y 28 de mayo de 2017.
En la polémica desatada sobre las macrogranjas a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, aparecen en disputa dos modelos absolutamente diferentes de desarrollo, de ganadería y de industria agroalimentaria.
Gracias a la sinceridad del ministro de Consumo, Alberto Garzón, excepcional en la historia del Consejo de Ministros, va elevándose el tono de la polémica sobre la espantosa invasión de nuestros campos por macrogranjas de porcino y ovino. Una polémica que ha sido levantada por las organizaciones civiles ―ecologistas, plataformas populares― ante el silencio de la mayor parte de los partidos, las administraciones y los medios de comunicación. Un debate que pone en solfa un modelo agrario enloquecido por una productividad obsesiva de patente industrialista, que envenena nuestros campos y aguas con una agricultura y una ganadería intensivas, tóxicas e insalubres. Un agro insostenible al que pretende sostener un Gobierno antiecológico, un empresariado codicioso y unos sindicatos agrarios enemigos del campo y de la vida.
Como en la anterior expresión de responsabilidad del ministro de Consumo, cuando el ridículo “escándalo del chuletón”, el Gobierno al que pertenece ha desautorizado sus palabras cediendo a la presión del sector. El Gobierno de Pedro Sánchez somete su pretendida sensibilidad ecológica a los grandes intereses económicos, llevado por la agresividad ambiental que lleva aparejado el actuar siempre por el corto plazo, sin atender a un futuro que, globalmente, se perfila catastrófico. Y así, creó un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sin la menor filosofía básica para afrontar ambos objetivos y poniendo al frente del mismo a una burócrata, Teresa Ribera, extraída del mundo de las organizaciones internacionales, bien conocidas por su doblez ambiental. De ahí que consienta esta oleada de granjas masivas e intensivas a sabiendas de que sus exigencias en recursos y la contaminación que producen, van contra los acuíferos en gran medida sobreexplotados y envenenados por los nitratos de origen ganadero; y que se muestre incapaz de reconocer que la agroindustria y las economías de escala en el campo expulsan directa y ferozmente gente del medio rural.
Aunque el MITECO procure no entrar en esta polémica, consintiendo la tropelía mientras trata de disimular unos objetivos falsificados, el otro Ministerio de esta farsa antiecológica, el de Agricultura, es el que se encarga de presentar, y representar, el frente de la algarada y de la necedad, exigiendo al ministro Garzón que renuncie al tratamiento científico, ecológico, sanitario y político del asunto. “Que nadie me toque a mis agricultores y ganaderos”, decía el ministro Luis Planas, un tecnócrata educado en la perniciosa política agraria comunitaria y cómodamente instalado en la filosofía abusiva del sector, cuando estalló la divertida “crisis del solomillo”, asumiendo personalmente la crítica a Garzón.
El Gobierno de Pedro Sánchez somete su pretendida sensibilidad ecológica a los grandes intereses económicos, llevado por la agresividad ambiental que lleva aparejado el actuar siempre por el corto plazo
Se trata de ministros que no quieren afrontar el núcleo ideológico del problema, que no es otro que el liberalismo que profesan (que subyace a un socialismo degradado, estéril y complaciente) es intrínsecamente incompatible con cualquier política ambiental sincera, que pretenda salvaguardar los recursos naturales básicos. Las ministras Portavoz y de Educación también han demostrado ―tratando de aislar las opiniones de Garzón― que la parte socialista del actual Gobierno se ríe de esa sostenibilidad con la que dicen, una y otra vez, sentirse comprometidos ante el país y la comunidad internacional.
Otros destacados socialistas, que también se han sentido ofendidos por las verdades como puños del ministro de Consumo, confirman la banalidad de sus posiciones y la estrechez de su perspectiva: el castellano-manchego García Page, porque parece no haberse enterado de que su propio gobierno autonómico ha decretado una moratoria para las granjas porcinas en su región, reconociendo estar ante un serio desatino; y el aragonés Lambán porque no parece sentirse afectado por la alarmante situación de los acuíferos (sobreexplotados y contaminados) en prácticamente toda la Cuenca del Ebro. La actitud de Garzón ―unas declaraciones al diario británico The Guardian― resulta muy oportuna, también, como secuencia a relacionar con la vergonzante coalición que, en torno al PSOE y constituida por el PP, Ciudadanos y Vox, rechazó hace dos meses la moratoria propuesta por IU-Podemos sobre estas granjas estabuladas, pese a que aludía solamente al caso de los proyectos a ubicar sobre acuíferos sobreexplotados.
De todas formas, la primera reacción contra Garzón ha provenido, de nuevo y con el mismo tono brutal, ignorante e intimidatorio, de varios sindicatos agrarios ―ASAJA y UPA, destacadamente―, que hace años vienen demostrando su desarraigo del campo al que esquilman, su permanente traición a la sabiduría y la prudencia de la cultura campesina y su obsesión por una productividad que ―como saben muy bien― sólo la consiguen machacando el medio ambiente y eludiendo asumir el inmenso coste económico del impacto ecológico que infligen a la naturaleza común; porque cumplir con esa obligación les alejaría radicalmente de cualquier rentabilidad. No parecen captar estas organizaciones (que nada tienen que ver con los sindicatos tradicionales), con su escandalera antiecológica, que son víctimas de la tensión permanente a la que las contradicciones y perversidades de la Política Agraria Común los somete, y son incapaces de reaccionar planteando un modelo agrario radicalmente distinto al que siguen y se les dicta desde Bruselas… No deja de observarse en ellas, con la repetición de su griterío contra las críticas crecientes y bien fundadas hacia su actividad, una cierta alarma lo que, lejos de hacerles recapacitar y velar por su supervivencia, endurece su respuesta, ya que ese mundo sabe muy bien que o intimida a los políticos o sus destrozos ambientales tienen los días contados.
Sólo una economía enloquecida, que somete al territorio y el medio ambiente a una presión criminal, hace posible que el sector agrario intensivo sea productivo sobre un suelo y unos recursos hídricos tan castigados por procesos emponzoñados y forzado a la declinación de sus cualidades básicas
Demasiada consideración vienen teniendo con estas organizaciones los ecologistas, testigos alarmados de la acelerada degradación de suelos y aguas, debido a un antiguo sentimiento de (natural) alianza con los pobladores y defensores del campo y la vida campesina, como referencia en su lucha contra la industrialización salvaje y el ninguneo de la actividad agraria. Porque hace mucho que esos sindicatos no sostienen reivindicación campesina alguna, sino que hacen causa común con las grandes firmas explotadoras y se han reconvertido, sin solución de continuidad, en gremios de intereses agroindustriales de lo más convencional. Desde estas posiciones, con mucho de histeria y de mala conciencia, se muestran impasibles ante la despoblación de la España rural e insensibles a cualquier motivación ambiental, lo que los hace objetivo de duras acusaciones, empezando por la primera y más global, la de ser protagonistas directos de la ruina física y cultural del campo. Ya perdieron su estado de gracia frente al ecologismo cuando empezaron a declararse enemigas implacables de la protección de espacios naturales, demostrando su nulo vínculo con la conservación del territorio y sus recursos, que prefieren explotar a lo salvaje, obteniendo el máximo partido posible y en el más corto plazo.
El caso es que hay que celebrar el empujón que el ministro Garzón da, con su honestidad política, a la insurrección generalizada ya por todo el territorio español, contribuyendo eficazmente al desbloqueo y la popularización de una lucha agria y tenaz, de rechazo y denuncia de las consecuencias de esta alianza de administraciones, organizaciones agrarias y empresas del sector. Una alianza de entes irresponsables que se traduce cada día, a más de una lluvia constante de nuevos proyectos a cuál más osado, en una apremiante una tensión, en primer lugar sobre los ayuntamientos, pero también sobre las Confederaciones Hidrográficas, lo que da lugar a creciente corrupción político-administrativa y a abundantes arbitrariedades en la administración de las aguas públicas.
La primera reacción contra Garzón ha provenido, de nuevo y con el mismo tono brutal, ignorante e intimidatorio, de varios sindicatos agrarios ―ASAJA y UPA, destacadamente―, que hace años vienen demostrando su desarraigo del campo al que esquilman, su permanente traición a la sabiduría y la prudencia de la cultura campesina
Sólo una economía enloquecida, que somete al territorio y el medio ambiente a una presión criminal, hace posible que el sector agrario intensivo sea productivo sobre un suelo y unos recursos hídricos tan castigados por procesos emponzoñados y forzado a la declinación de sus cualidades básicas: fertilidad, capacidad de regeneración, fuente de salud pública… Y sólo esta coalición de intereses económicos ciegos, enviciados por la exportación, puede incurrir en la imprudencia ante la más que probable burbuja (eminentemente) porcina en ciernes. Como en otras ocasiones, los sectores directamente beneficiados por su codicia, saben que cuando estalle esa burbuja recibirán, en pago a sus intimidaciones y lamentaciones, exenciones e indemnizaciones, que serán cargadas sobre el erario público de la misma manera que cargan las tropelías ecológicas sobre el medio ambiente común.
Es por todo esto, es decir, por la impasibilidad ambiental de ese frente funesto y patológico, y la temeridad de las prácticas agrarias intensivas, que vienen llenando nuestros campos de una peste múltiple ―contaminación atmosférica, edáfica e hídrica, pestilencia, emisiones de metano y amoniaco, dispersión de purines…― por lo que la ciudadanía más sensible y resistente está en pie de guerra y, por supuesto, anima al ministro Garzón en sus periódicos ejercicios de sinceridad, porque le asiste la razón ecológica y política (ya que, a estas alturas de la película, o la izquierda es auténtica ecoizquierda, o no sirve para resolver nada esencial).
Porque, aunque parezca mentira, hay que recordar a ese conjunto depredador al que venimos señalando que el campo no puede ser sólo producción y negocio, bajo el lema apremiante de la productividad y la competitividad, con el objetivo de exportar, sino que ha de ser, en primer lugar, riqueza renovable, en segundo lugar, sector estratégico de autoabastecimiento y, englobándolo todo, una cultura que no solamente ofrezca un contraste estimulante frente al medio urbano, sino que retenga los valores que necesita la sociedad para hacer frente a la apremiante crisis ecológica.
Activistas denuncian en Barcelona la violación de las leyes internacionales cometida por las autoridades españolas, que no atienden a las denuncias presentadas. Las quejas se derivan de las provocaciones y el acoso que un grupo de ciudadanos ejerce contra el personal diplomático del consulado de Cuba en la ciudad condal. La documentalista y activista Ana Hurtado, que fue víctima de estos actos, califica la situación de «hecho insólito».
Madrid, 7 ene (Prensa Latina) El eurodiputado español Manu Pineda denunció hoy el acoso, violencia verbal y hostigamiento al Consulado de Cuba en Barcelona, y adelantó que emprenderá acciones.
En rueda de prensa en la capital catalana, Pineda, acompañado de la documentalista Ana Hurtado, refirió que se realizarán gestiones ante el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya y, de mantenerse estática la situación, se llevará el caso a la Unión Europea (UE).
El legislador, que pertenece al Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo, se refirió al acoso y agresiones que está sufriendo el Consulado General de Cuba en Barcelona y su equipo diplomático, desde hace nueve meses, con la pasividad de las autoridades y en claro incumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Miembro del bloque Unidas Podemos (en el Gobierno), e integrante del Partido Comunista de España, responsabilizó a la «campaña que las derechas, que aquí podrían estar representadas por Cs, PP y Vox, están llevando a cabo con el objetivo de que se rompa, cancele y suspenda el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la UE y Cuba”.
Quieren volver al período anterior que impulsó (José María) Aznar en su momento, con la ayuda de elementos contrarrevolucionarios de origen cubano y algunas otras personas de países de América Latina, alineadas en el anticomunismo, precisó.
Hurtado explicó que una parte está organizada en la llamada Alianza Iberoamericana Europea Contra el Comunismo, presidida por el músico cubano Sayde Chaling-Chong, quien fuera candidato del partido de ultraderecha Vox.
Hasta el momento, las autoridades del Estado español y de la Generalitat de Catalunya no tomaron las medidas que corresponden para frenar las provocaciones contra la sede consular y el personal diplomático, con sus familias, que allí laboran, comentaron el europarlamentario y la cineasta y activista.
Subrayaron que las amenazas a los funcionarios consulares llegaron hasta ellos cuando trataron de descalificar esas acciones ilegales, que nada tienen de pacíficas y violan las leyes internacionales de la Convención de Viena de 1963.
Detallaron Pineda y Hurtado que en estos nueve meses se llevaron a cabo todo tipo de actos, como intimidaciones a la salida del trabajo, insultos, incitación a entrar al consulado con piedras y machetes y a prenderle fuego, y hasta afirmaciones de descuartizar al cónsul.
Todo esto fue denunciado ante el departamento de interior de la Generalitat de Catalunya por parte de Defensem Cuba y de la FACRE (Federación de cubanos residentes en España) al Gobierno Central.
María Zajárova señaló que los Estados miembros dirigen «millones de dólares» para financiar a la OSCE, pero la entidad falla al momento de proteger la libertad de expresión y a los propios periodistas en situaciones críticas.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, arremetió este sábado contra el silencio de Occidente, y en particular, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), ante los asaltos «dirigidos» a las oficinas de algunos medios de comunicación durante los disturbios en Kazajistán que sacuden al país desde hace varios días.
«El bloqueo de un sitio web pone histéricos a los representantes de la OSCE […] Pero cuando las redacciones son vandalizadas, incendiadas e inundadas al mismo tiempo, los reporteros quedan apresados y detenidos, y se usa la fuerza contra ellos, no hay reacción«, escribió la alta diplomática en su artículo titulado ‘Disfunción de la protección’ publicado en telegra.ph.
En paralelo, la vocera señaló que los Estados miembros dirigen «millones de dólares» para financiar el funcionamiento de la entidad, pero esta falla al momento de proteger la libertad de expresión y a los propios periodistas en una situación «crítica» como es el caso de Kazajistán.
Zajárova enumeró una serie de ejemplos que muestran las amenazas a las que tuvieron que hacer frente los reporteros que cubrían las violentas protestas en el país centroasiático. Así, el pasado 5 de enero, un grupo de individuos no identificados irrumpió en la oficina del canal internacional Mir en Almatý, la ciudad más grande del país, que se convirtió en el principal foco de tensión con masivos saqueos, incendios provocados y enfrentamientos con víctimas mortales. Los periodistas del medio, atrapados en el edificio en algún momento, fueron evacuados, pero sus puestos de trabajo y equipamiento quedaron destruidos.
Por su parte, la diplomática supuso que se trató de un ataque planificado, en el que participaron unos 500 asaltantes, armados con hachas, sopletes autógenos y cócteles molotov. Según los pormenores revelados, los atracadores desatornillaron los radiadores de la calefacción, destrozaron la sala de control de satélite y el equipo de televisión, al igual que llevaban intercomunicadores inalámbricos como si supieran que la conexión podría cortarse. Además, al dañar el sistema de calefacción, se inundó la instalación. Para acabar devastando la oficina, los atacantes la quemaron por completo.
La vocera precisó que las oficinas de las cadenas televisivas Qazaqstan, Jabar, Eurasia, KTK y la agencia de noticias Sputnik Kazajistán también fueron «prácticamente destrozadas». Además, un corresponsal de la agencia Sputnik estuvo retenido por los manifestantes hasta que logró huir de ellos.
Ante este panorama las organizaciones de derechos humanos quedaron callados, según Zajárova. «Ni la OSCE, ni ninguna organización internacional de derechos humanos, ni siquiera preguntaron por el destino de los periodistas de Mir y otros medios, por no hablar de prestar la ayuda real. A nadie se le ocurrió comentar este vandalismo cavernícola«, aseveró.
La portavoz subrayó que la representante de la OSCE para la Libertad de los Medios, Teresa Ribeiro, solo reaccionó en dos tuits. En uno de ellos expresó sus condolencias a la familia de un empleado de la cadena kazaja Almatý, fallecido a causa de una herida de bala durante los disturbios, mientras que en el otro condenó el ataque armado contra el hijo del editor de un medio local.
«Déjenme adivinar, ¿eso es todo? ¿Todo lo que se podía ver desde Viena [sede del organismo]? ¿Todo lo que parecía valer la pena como para reaccionar?», escribió. «¿Es necesario que muera un periodista para que la señora Ribeiro llegue a publicar un tuit? ¿Cree que alguien de la oficina de la representante llamó a la empresa de radiodifusión Mir? ¿Desde Viena, desde la oficina de la organización en Nursultán? No, claro que no», recalcó.
La alta funcionaria advirtió que la falta de acción por parte de la OSCE para proteger a los reporteros durante su cobertura en Kazajistán «no solo socava cada vez más la credibilidad» del organismo, sino que podría percibirse por los saqueadores y atracadores como «una aceptación tácita de ‘la comunidad internacional’ ante las atrocidades perpetradas contra los medios y periodistas».
En este sentido, Zajárova recordó que la llamada diplomacia silenciosa de la OSCE, encaminada, entre otros asuntos, a asegurar la libertad de expresión y la protección de los periodistas, se aplica de forma «selectiva». «Voy a poner las cosas como son: la OSCE no trabaja en los problemas reales ni a voz alta, ni al margen o en el silencio de los despachos. […] La vergüenza y el oprobio«, concluyó.
El rey emérito se encuentra «bien» y «esperando que a Doña Dolores [Delgado, Fiscal General del Estado] se le ocurra cerrar el caso» -que sigue abierto contra él por el origen de su fortuna personal- para volver a España desde Abu Dabi, en donde se encuentra desde hace ya dos años, según ha contado el periodista y amigo de Juan Carlos I, Raúl del Pozo, en exclusiva para el programa de Onda Cero Más de Uno.
El propio director y conductor del programa, Carlos Alsina, ha confirmado a Público el contenido del mensaje de texto enviado al teléfono móvil de Del Pozo, como contestación a una felicitación navideña.
Como ya hemos contado en este diario, Juan Carlos I quiere recuperar el papel que tenía antes de exiliarse y todo depende de su hijo Felipe VI, quien con su silencio alimenta las especulaciones.
Mientas, la Fiscalía prorrogó el pasado 22 de diciembre la investigación sobre el patrimonio del emérito -como las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y el supuesto uso de tarjetas ‘black’ sufragadas por un empresario mexicano- porque iba a caducar; se ha concedido una ampliación de seis meses, que no quiere decir que no se pueda dar por concluida antes.
Asimismo, otra de las investigaciones en torno al ex monarca apunta a la presunta existencia de una cuenta bancaria con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal. Esta línea de análisis ya fue prorrogada por Dolores Delgado, desde el 17 de diciembre hasta junio de 2022.
La Fiscalía del Tribunal Supremo sospecha que Juan Carlos I reunió su fortuna mediante el cobro de «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales», entre ellas, por ejemplo, la venta de armas a países árabes junto a Manuel Prado y Colón de Carvajal, su mejor amigo desde principios de los años sesenta, y el traficante y magnate Adnan Khashoggi.
La investigación, liderada por Juan Ignacio Campos junto con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y un equipo de fiscales del Supremo, llevó a cabo una comisión rogatoria a las autoridades suizas para investigar los indicios sobre la procedencia ilícita de fondos.
El bulo sobre las macrogranjas y las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, han despertado las reacciones de miles de usuarios de Twitter. Sectores de la derecha y de la extrema derecha continúan reclamando la dimisión del dirigente de Izquierda Unida por unas declaraciones que nunca ha pronunciado y que fueron extendidas por un portal de comunicación cercano a la industria cárnica.
No obstante, lo que más ha llamado la atención ha sido la actitud del PSOE, que no solo se ha desmarcado de Garzón, también ha señalado que sus opiniones las ha realizado «a título personal» y no como representante del Gobierno. Así lo afirmó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Pero el representante de la cartera de Consumo no ha dudado en contestar a la parte socialista del Ejecutivo asegurando que «la sostenibilidad es uno de los compromisos de este Gobierno ante Naciones Unidas y no la opinión personal de nadie».
A raíz de la polémica, muchos usuarios de Twitter han afeado el comportamiento de los representantes del PSOE por no defender a un ministro de su Gobierno; de hecho, todo lo contrario, han llegado a reclamar su dimisión o que rectifique, como ha sido el caso de los presidentes de Aragón (Javier Lambán) y Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page).
Los biólogos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) han registrado lluvia ácida por primera vez en la historia de las islas Canarias (España) tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, en La Palma, informaron este jueves medios locales.
El fenómeno natural supuso la emisión de gases como vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre, y este último ha generado lluvia ácida en al menos dos puntos del territorio afectado.
Los expertos ya están trabajando sobre la zona para conocer las consecuencias que ha tenido la lluvia ácida en la biodiversidad. De momento, han constatado que algunos pinos quedaron «abrasados», si bien ya empiezan a mostar brotes verdes.
El Cumbre Vieja entró en erupción el pasado 19 de septiembre y el proceso duró 85 días. Alrededor de 3.000 edificios y construcciones fueron destruidas, la mayoría de ellas viviendas, pero también, colegios, gasolineras, comercios, industrias, plataneras y decenas de kilómetros de carreteras.
Alrededor de 6.000 personas tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas durante la emergencia. El domingo de la semana pasada se informó que alrededor de 1.000 evacuados podrán volver a sus hogares después de que unas 345 hectáreas de terreno en la zona norte fueran declaradas como áreas seguras para la población.
A menos de 12 horas de la aparición de 10 cadáveres frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas, el gobernador de esa entidad mexicana, David Monreal, informó en la tarde del jueves sobre la detención de los presuntos responsables del suceso.»Hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital de nuestro estado», informó Monreal mediante un video publicado en su cuenta de Twitter.
En la madrugada del jueves, las autoridades tuvieron conocimiento de que un hombre abandonó una camioneta en la Plaza de las Armas, a unos 15 metros del Palacio de Gobierno,y se dirigió hacia el callejón de Las Campanas.
Cuando los agentes arribaron al sitio, encontraron un vehículo Mazda CX3, con placas de circulación ZFS980C, en cuyo interior había 10 cuerpos sin vida.
Tras confirmarse las primeras detenciones, Monreal afirmó que su Gobierno no dará tregua hasta «regresar la paz y tranquilidad» a Zacatecas.
Lo que empezó como manifestaciones contra el aumento de los precios del gas licuado de petróleo pronto adquirió un cariz político y en algunas ciudades desembocó en violencia y enfrentamientos con la Policía.
Las protestas antigubernamentales en Kazajistán, que no cesan desde el 2 de enero, se han saldado con víctimas mortales y centenares de heridos tanto entre las fuerzas de orden, como entre los manifestantes.
Lo que empezó justo después del Año Nuevo como manifestaciones contra el aumento de los precios del gas licuado de petróleo pronto adquirió un cariz político, con exigencias para apartar del poder a todos los corruptos y mejorar el nivel de la vida de la población.
Las protestas masivas estallaron inicialmente en la ciudad de Janaozen (provincia de Mangystau), pero pronto se propagaron a Aktau (capital de la misma provincia), así como a la ciudad capitalina de Nursultán, la urbe más grande del país Almatý, Aktobé (capital de la provincia homónima), Taldykorgan (capital de la provincia de Almatý), entre otras urbes y localidades.
Las protestas desembocaron en violencia, enfrentamientos con la Policía y saqueos. Según las últimas informaciones, 18 miembros de las fuerzas de seguridad kazajas han perdido la vida, con dos de los unifromados decapitados, y 748 han resultado heridos en los disturbios. Mientras, un total de 2.298 manifestantes han sido detenidos.
El número de fallecimientos entre manifestantes y saqueadores sigue sin conocerse. Previamente, la Policía informó sobre decenas de muertos en Almatý la noche del 5 al 6 de enero. Información extraoficial, reportada por Orda.kz, apunta a una treintena de muertos en la ciudad.
Por otra parte, el Ministerio de Salud informó sobre más de un millar de heridos, 400 de los cuales fueron hospitalizados y 62 terminaron en cuidados intensivos.
Este jueves Almaty, la antigua capital de la nación, donde una turba enfurecida asaltó el día anterior el edificio de la Administración y la antigua residencia presidencial, causando incendios en la sede del Gobierno regional y en los edificios de la Fiscalía y del canal estatal Qazaqstan, continúa siendo el punto donde se viven los momentos de mayor tensión.
Imágenes tomadas desde el interior del Akimat, como se conoce la sede del Gobierno regional, muestran los efectos de la irrupción.
La jornada de este miércoles también estuvo manchada por masivos saqueos perpetrados en múltiples establecimientos de la ciudad.
En redes también se difundieron videos no verificados con los participantes más radicales apoderándose de las armas de los equipos antidisturbios.
El Aeropuerto Internacional de Almatý, finalmente liberado, también fue asaltado, lo que obligó al desvío de varios aviones que se dirigían a sus pistas, la cancelación de múltiples vuelos y decenas de pasajeros encerrados. Los manifestantes que lograron irrumpir en esas instalaciones las dejaron en un estado irreconocible, con vidrios rotos por todo el suelo y fuertes daños en muchos comercios.
Luego de que los manifestantes quemaran al menos 120 coches, entre ellos 33 policiales, y destrozaran 120 tiendas, 180 restaurantes y cafeterías y cerca de un centenar de oficinas, y organizaran puestos de control a las afueras de la ciudad, donde paraban vehículos militares y obligaban a los efectivos a quitarse el uniforme, las fuerzas de seguridad abrieron fuego con el uso de balas reales en el marco de una operación antiterrorista, y para finales del día consiguieron liberar la plaza central de Almatý y la antigua residencia presidencial. Los disparos se produjeron en distintas ciudades de Kazajistán, entre ellas Taraz y Shymkent.
En todo el país sigue en vigor el estado de emergencia con toque de queda desde el miércoles. Quedan prohibidos todos los eventos masivos y se limita la libertad de movimiento por el territorio nacional y entre las distintas regiones.
Las autoridades siguen bloqueando el acceso a Internet a nivel nacional en el marco de su operativo antiterrorista. Los bancos dejaron de operar y suspendieron sus servicios financieros para la población, argumentando motivos de seguridad. Los residentes locales tampoco pudieron retirar dinero de los cajeros automáticos: en la mayoría de los casos, estos fueron saqueados y no funcionaban.
El presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáev, denunció ante la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), que los disturbios representan una amenaza para la seguridad nacional y soberanía del país y que percibe los acontecimientos como el resultado de una invasión de grupos criminales preparados en el extranjero, solicitando asistencia militar a sus aliados.
El acuerdo sobre seguridad colectiva del bloque, en el que además de Kazajistán está Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán, estipula que si uno de los miembros de la organización solicita apoyo en caso de afrontar una agresión o un ataque armado que amenace su seguridad, estabilidad, integridad territorial y soberanía, los socios ofrecerán su apoyo inmediato, incluido el de carácter militar.
La OTSC accedió a la petición de Kazajistán y anunció el envío de fuerzas de mantenimiento de la paz al país centroasiático para proteger importantes instalaciones gubernamentales y militares y asistir a las fuerzas kazajas en sus esfuerzos por normalizar la situación. Rusia, Bielorrusia, Armenia y Tayikistán no tardaron en garantizar los refuerzos de su parte, mientras el Parlamento de Kirguistán no consiguió aprobar la decisión correspondiente debido a que en medio de las fiestas navideñas a la sesión acudieron solo 39 diputados en lugar de los 46 necesarios.
El presidente ordenó investigar las causas de los disturbios y llevar ante la justicia a los responsables. Frente a la tensa situación en el país, las autoridades kazajas prolongaron las vacaciones para los alumnos de colegios hasta el 17 de enero, y hasta el día 24 para los estudiantes de universidades o talleres de formación profesional superior.
Esta jornada, el Gobierno de Kazajistán también ha establecido por orden de Tokáev de este miércoles los precios máximos del gas licuado de petróleo, cuyo drástico aumento de 50-60 tenge (12-14 centavos de dólar) a 120 tenge (28 centavos) impulsó las protestas. Durante los próximos 180 días, el combustible costará:
También se regulan durante los próximos 180 días los precios de gasolina, que varían entre 89 y 215 tenge por litro (entre 20 y 50 centavos) en función de la marca del combustible, y de diésel, que cuesta 230 o 260 tenge por litro (53 o 60 centavos) dependiendo de la región del país. Además, se impone una moratoria sobre el aumento de los precios de los servicios de utilidad pública.
El miércoles, los miembros del Gobierno dimitieron y el expresidente Nursultán Nazarbáyev, cuya influencia ponía en duda si el actual mandatario era la figura más importante del país y que también provocó la ira de los manifestantes que exigían que se apartara definitivamente del poder, dejó el cargo vitalicio de presidente del Consejo de Seguridad Nacional.
Los aeropuertos de Aktau, Aktobé y Almatý permanecen cerrados desde hace un día, cuando los manifestantes tomaron el control del aeropuerto de Almatý. La principal aerolínea rusa Aeroflot canceló sus vuelos a Kazajistán, mientras la aerolínea nacional Air Astana canceló todos los vuelos hasta el 7 de enero.
El Gobierno kazajo ha suspendido temporalmente la entrada de ciudadanos extranjeros en el territorio del país debido al estado de emergencia.
Venezuela denuncia el “intento intervencionista” de EE.UU. de reconocer al líder opositor Juan Guaidó, como el presidente interino del país sudamericano.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela, en un comunicado publicado este miércoles en su cuenta de Twitter, ha manifestado su rechazo a la decisión de Estados Unidos de avalar la extensión por un año más, a partir del 5 de enero, del mandato de Guaidó, como supuesto “presidente encargado” de Venezuela, así como de ratificar la continuidad también por un año más de la Asamblea Nacional que fue despojado de su poder en 2017.
La postura de la Administración estadounidense presidida por Joe Biden respecto a Guaidó, “forma parte de una política fracasada y reincidente”, que “de manera criminal afecta la soberanía del país y busca poner en riesgo su paz, su estabilidad y su desarrollo”, indica el texto.
Además, pone de relieve que Washington pretende, en realidad, dar legitimidad al “grupo criminal transnacional ya tristemente célebre por su papel en el robo y despilfarro de los recursos de todos los venezolanos y venezolanas que se encuentran secuestrados en el exterior por causa de las medidas coercitivas unilaterales e ilegales dictadas desde Washington”.
Caracas denuncia que Biden “lejos de superar la política hostil de su predecesor”, Donald Trump, ha decidido continuar “su persecución financiera, diplomática, económica y política” contra los venezolanos.
“Es tiempo de que el Gobierno estadounidense abandone sus amenazas y rectifique su posición, como ya lo han hecho varios de los actores internacionales que en algún momento cedieron ante la presión o el engaño de EE.UU. para desconocer al Gobierno venezolano”, se lee en el comunicado oficial.
Guaidó se autoproclamó “presidente interino” de Venezuela en una plaza de Caracas (capital) en enero de 2019, con el apoyo de EE.UU. Según Caracas y analistas, el exdiputado es un títere al servicio de los intereses de Washington que, de momento, le ha permitido manejar y controlar miles de millones de dólares de las cuentas congeladas de Venezuela en el extranjero.
