Desde la ONU alertan del repunte del desplazamiento forzado en Colombia. La cifra se disparó un 179 % en 2021 respecto al año anterior, dejando 73.000 víctimas de la violencia. La situación se agrava por el número de desaparecidos. De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, hay más de 120.000 personas cuyo paradero se desconoce. Tras decenas de años de conflicto armado, muchas familiares siguen esperando con ansias un mínimo detalle sobre sus seres queridos.
El fabricante de armas estadounidense Remington ha sido condenado por primera vez a pagar una indemnización por el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, en el estado de Connecticut, en 2012. Las familias de nueve personas fallecidas recibirán unos 73 millones de dólares por parte de la empresa, que le vendió el rifle al agresor. En el ataque murieron un total de 26 personas, la mayoría de ellos niños.
En Reino Unido han iniciado una investigación de la fundación del príncipe Carlos de Gales por acusaciones de corrupción después de los reportes de que un nacional saudí había recibido honores y ciudadanía a cambio de un aporte financiero. A su vez, el portavoz del príncipe destacó que considera inapropiado realizar comentarios sobre la pesquisa que está en marcha.
El descubrimiento se suma a otros casos que desataron un debate nacional sobre el antiguo sistema de escuelas de asimilación forzada, controladas por la Iglesia católica.
Keeseekoose, una comunidad indígena de Canadá, anunció el hallazgo de 54 potenciales tumbas sin identificar ubicadas en los predios de dos antiguas escuelas residenciales para los niños pertenecientes a las Naciones Originarias, informa CBC News.
Este descubrimiento, realizado cerca de los internados Fort Pelly y St Phillip, que operaron en la provincia de Saskatchewan entre 1895 y 1969 bajo el control de la Iglesia católica en nombre del gobierno, es el más reciente en una serie de revelaciones similares que desató un debate nacional sobre el antiguo sistema de escuelas de asimilación forzada.
Las investigaciones, impulsadas por los propios indígenas de todo el país, han encontrado desde el año pasado evidencias de más de 1.100 fosas anónimas en Marieval (Saskatchewan), Kamloops, Cranbrook, Williams Lake (Columbia Británica) y otras localidades.
Estos centros educativos formaban parte de una política discriminatoria destinada a la asimilación cultural de los niños indígenas en Canadá, quienes fueron separados de sus padres y puestos bajo custodia estatal para integrarse de manera forzosa a dichos internados, donde les apartaban de sus lenguas maternas y sus culturas originarias.
«Van a ser tiempos muy duros… sabiendo que tenemos tumbas sin identificar en nuestra comunidad, por donde caminamos todos los días, manejamos autos todos los días», expresó Lee Kitchimonia, el líder del grupo indígena de Keeseekoose, a CBC News. «Pasamos justo a su lado, sin darnos cuenta de que hay fosas allí», lamentó.
De acuerdo con los datos oficiales que todavía se consideran incompletos, unos 6.000 niños acogidos en las escuelas residenciales especiales murieron, en su mayoría por desnutrición, enfermedades o negligencia, lo que la Comisión para la Verdad y la Reconciliación calificó de «genocidio cultural». Otros resultaron víctimas de abusos físicos o sexuales, admite el Gobierno canadiense.
Un nuevo récord en la transmisión de datos mediante tecnología 6G fue establecido por investigadores chinos, reportó este 10 de febrero el diario The South China Morning Post.
El equipo, liderado por el profesor Zhang Chao, de la Universidad Tsinghua (Pekín), y conformado por especialistas de la Universidad Jiao Tong de Shanghái y del operador de telefonía móvil China Unicom, consiguió transmitir un terabyte de datos a una distancia de un kilómetro en apenas un segundo. El experimento se llevó a cabo en una línea de comunicación inalámbrica instalada en un complejo destinado a competiciones de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.
La hazaña se consiguió con el uso de ondas de radio de muy alta frecuencia, que se conocen también como ondas milimétricas de vórtice. Los celulares hoy existentes usan ondas electromagnéticas de dos dimensiones, mientras que las que usaron los especialistas son de tres dimensiones y tienen una forma parecida a la de un tornado, explican desde el medio.
Zhang detalló que las ondas de vórtice añaden «una nueva dimensión a la transmisión inalámbrica». Así, la línea experimental es capaz de transmitir simultáneamente más de 10.000 emisiones en directo de alta resolución.
«Lo más emocionante no es sólo la velocidad. Se trata de introducir una nueva dimensión física, que puede dar lugar a todo un mundo nuevo con posibilidades casi ilimitadas», acentuó un investigador anónimo, que habló con el medio bajo condiciones de anonimato. El especialista agregó que el récord establecido podría ser «el inicio de una revolución«.
La curiosidad llevó a un venezolano a interesarse por un líquido fétido y venenoso que surgía del prensado de la yuca, un tubérculo originario de Suramérica, utilizado para elaborar un alimento ancestral. Tras experimentar en su laboratorio, comprobó que de esa sustancia, que suele ser desechada, podía obtener biocombustible.
José Gregorio Jiménez es un inventor popular que nació en el estado Carabobo (centro norte), donde se encuentra uno de los principales parques industriales venezolanos y se concentra buena parte de la producción agrícola. Se graduó como técnico superior universitario en Tecnología Electrónica.
Su propuesta de generar combustible no fósil con el desperdicio de la yuca le ha otorgado varias reconocimientos y satisfacciones, a pesar de que su aplicación, con costos que pudieran ser 70 % más bajos que los de la producción de gasolina, no se ha hecho extensiva en el país. Sin embargo, confía que ante el complejo panorama de las sanciones, que dificultan la importación de tecnología en Venezuela y la entrada de los componentes para producir gasolina, su proyecto pueda tener un reimpulso.
Para comprender cómo se produce el etanol a base de yuca, es necesario hablar previamente de la elaboración de un alimento ancestral americano que se hace con este tubérculo. Se trata del casabe, una torta crujiente, plana y sin levadura, surgida de una variedad de yuca amarga.
En Venezuela es la base alimenticia de varios pueblos originarios, tanto de la región norte como sur, y es consumido por una buena parte del país. Su fabricación puede ser artesanal o industrial.
Para obtener el casabe, inicialmente, el tubérculo debe rallarse y prensarse. Tras ese proceso, la yuca pierde entre 60 y 80 % de su volumen y suelta una sustancia lechosa, amarga, almidonada y de olor fétido.
El líquido que surge, denominado ‘yare’, es venenoso, porque posee un alto contenido de cianuro. Debido a que no puede ser aprovechado, se descarta y se vierte a un pozo séptico, donde se produce metanol, un gas de efecto invernadero.
Para que el ‘yare’ se transforme en etanol se realiza la filtración, seguida de la pasteurización, para eliminar las bacterias que se encuentran naturalmente en el líquido. Posteriormente, se efectúa un proceso enzimático o hidrólisis enzimática, «que es el secreto industrial» o la tecnología que descubrió Jiménez.
Luego de la hidrólisis enzimática viene la hidrolización, que corresponde a la subdivisión de las moléculas de la sustancia. Entonces, los almidones presentes en el ‘yare’ se transforman en azúcares primarios como la glucosa y la sacarosa.
«Estos dos tipos de azúcares reaccionan o fermentan con levaduras, las que se utilizan para la cerveza o para el pan, y hacen que se transformen en alcohol y dióxido de carbono», dice el inventor popular.
Jiménez aclara que no es químico y que le tocó aprender lo necesario para poder llevar adelante su proyecto. Como tantos otros inventos de la historia, el descubrimiento del ‘Yaretanol’ fue accidental.
Recuerda que en 2006 durante una visita a la zona del Campo de Carabobo, en su estado de origen, llegó junto a un amigo al sector El Rincón, donde se hace casabe desde hace más de cien años. En ese lugar pudo ver el proceso completo de cómo se producía artesanalmente.
Al ver y escuchar sobre el ‘yare’ pidió una muestra. A partir de ella comenzó su investigación, que se ha desarrollado por aproximadamente catorce años.
La propuesta de Jiménez para elaborar biocombustible tiene una diferencia fundamental con la producción de etanol a base de maíz. La variedad de yuca amarga no es comestible y es un desecho agroindustrial, mientras que el cereal es uno de los alimentos más importantes del mundo.
Pero no solo el tubérculo que da pie al casabe es candidato para la generación de etanol. El investigador ha hecho muchas pruebas «porque la idea no es hacerlo con el alimento sino con sus desechos«.
Como ejemplo de insumos para el combustible de origen vegetal habla de las papas pequeñas, que son descartadas por los agricultores porque no tienen el tamaño ni la calidad requeridas; las zanahorias, las remolachas y cualquier subproducto que tenga azúcar o almidones.
Además, está probando con algas, tanto de agua dulce como salada, para producir alimentos y biodiesel.
Jiménez manifiesta que su proyecto tiene una etapa de desarrollo, de puesta en marcha y de consolidación. A pesar de que ya tiene más de diez años trabajando en él, no ha logrado su aplicación a gran escala.
«Venimos de un país que depende del petróleo, entonces crear un componente similar que sustituye a la gasolina es una competencia contra una empresa que domina muchos ámbitos», afirma.
Otro tema que dificulta su cristalización es el presupuesto, pues el costo de una planta productora de etanol que surta al país no puede ser financiado por una persona. «Este es un proyecto de Estado y estoy dispuesto a sentarme con el presidente Maduro para que logremos aplicarlo en el país de origen».
El tecnólogo asevera que años atrás no existían las necesidades actuales y que esta es una buena oportunidad para desarrollarlo. «No es un proyecto personal, la idea es que sea aplicado acá, con la participación de los países aliados, porque requiere una inversión importante para generar una fuente renovable de biocombustibles y alimentos», agrega.
Frente a una economía surcada por las sanciones y el bloqueo de las cuentas del Estado venezolano en el exterior, lo que dificulta la compra de maquinarias y repuestos, Jiménez explica que la ventaja de su propuesta es que ha sido desarrollada totalmente en el país suramericano. Esto incluye las enzimas, los equipos, las plantas de destilación, entre otros. «Todo se ha ido perfeccionando sin necesitar ningún tipo de importación», sostiene.
La producción de etanol cuesta 70 % menos que la de gasolina y puede ser utilizado como aditivo del combustible en una escala que va del 10 % al 50 %.
Además de la generación de combustible se produciría la harina que se utiliza en el sector casabero, que sirve para el consumo humano y animal.
«Es un producto 100 % amigable con el ambiente, que genera una baja del 50 % de las emisiones de monóxido de carbono y un mejoramiento en el desempeño de los vehículos, porque sube el octanaje», dice.
Afirma que además de disminuir las emisiones de dióxido de carbono, se podría captar este gas de efecto invernadero con la siembra de múltiples hectáreas de yuca y otros productos para generar etanol.
«Es un producto prácticamente inagotable porque es 100 % renovable y Venezuela cuenta con un territorio bastante amplio, donde el 75 % del país puede ser utilizado para sembrar yuca y otros rubros».
Jiménez ha recibido reconocimientos tanto dentro como fuera del país suramericano. El primero obtenido en Venezuela fue Premio del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), en 2008. Un año después le otorgaron el Premio Nacional de la Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano.
Su proyecto ha sido distinguido también en ciudades como Bogotá (2009); Ámsterdam (2010), donde quedó en tercer lugar en el Congreso Mundial de Biocombustible y en Dubai (2011), donde fue galardonado con el premio Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida, 2011.
A pesar de ocho años de denuncias de fraude electoral, el deterioro de las condiciones de vida de los hondureños y el doloroso fenómeno de las caravanas migrantes, el punto de quiebre para Washington fue un juicio en Nueva York.
Del amor al odio pasaron ocho años. La imagen sonriente de Barack Obama cuando le estrechó la mano o los halagos que recibió de Donald Trump son apenas recuerdos para el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien se entregó a las autoridades locales para su posible extradición a EE.UU. por cargos de narcotráfico.
Hernández vive ese trance semanas después de haberse quitado la banda presidencial de Honduras, un país que gobernó durante dos períodos consecutivos, a pesar de las denuncias de fraude electoral que fueron convenientemente minimizadas en su momento por Washington.
«No es un momento fácil, a nadie se lo deseo», se le escuchaba decir en un audio difundido la mañana del martes en sus redes sociales. En ese breve discurso, con una pantalla en negro, dijo que estaba dispuesto a acudir ante el juez que designe la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para llevar su caso.
Aunque el proceso apenas comienza, el punto actual no es una sorpresa para nadie. El ocaso de la relación con la Casa Blanca empezó hace al menos un par de años, cuando la etiqueta de «narcoestado» empezó a acompañar el nombre de Honduras en Washington, pero no por las recurrentes denuncias de la izquierda en ese país, sino por los testimonios de excapos ante una corte de Nueva York.
La carrera a la presidencia de Juan Orlando Hernández –o JOH, como suelen decirle por el acrónimo de su nombre– empezó como líder del Congreso de Honduras durante el mandato de Porfirio Lobo (2010-2014), con quien compartía militancia en el conservador Partido Nacional de Honduras.
Ese período, marcado por las secuelas del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 y el gobierno de facto de Roberto Micheletti, sumió a Honduras en el aislamiento internacional, ya que la mayoría de los países del hemisferio exigía la vuelta al poder del mandatario derrocado. Sin embargo, Lobo pudo seguir con las riendas del país por un apoyo clave que llegó directo de la Casa Blanca.
Cuatro años más tarde, el sucesor de Lobo en el cargo fue Hernández (2014-2018). Al conocerse su triunfo por parte del Tribunal Supremo Electoral, cuya validez fue puesta en duda por Xiomara Castro como candidata por el recién fundado partido Libre, EE.UU. lanzó un comunicado para darle un espaldarazo a la gestión del conservador.
«Elogiamos al Gobierno de Honduras por asegurar que el proceso electoral fuera generalmente transparente, pacífico, y que reflejó la voluntad del pueblo hondureño», dijo el entonces Secretario de Estado, John Kerry.
A la bendición del Departamento de Estado le siguieron las palmadas en el hombro de Barack Obama, quien elogió la capacidad de «diálogo» de Hernández y sus «logros» de Gobierno, como la firma de un acuerdo anticorrupción con la Organización de Estados Americanos (OEA); el incremento del presupuesto para la policía comunitaria; la «asistencia social para más de 450.000 familias» con programas estatales y el «control efectivo de gastos».
Las palabras de admiración mutua también eran de Hernández hacia el inquilino de la Casa Blanca por esa época. En 2016, por ejemplo, afirmó que Obama estaba «dejando un legado de una relación diferente entre Centroamérica y EE.UU.» y aseguró que su homólogo estadounidense había tomado ideas que él propuso en el Plan de la Alianza para la prosperidad, con el propósito de enviarlo al Congreso.
La permanencia de Hernández en el poder, en los hechos, era la garantía de ‘continuidad’ que hubo durante la gestión anterior, una cuestión que resultaba más que conveniente para Washington. De hecho, cables revelados por WikiLeaks confirmaron que Lobo consultaba casi todas sus decisiones con la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa.
Entre las más polémicas, por ejemplo, estuvo el intento de Lobo de nombrar al general que perpetró el golpe de Estado contra Zelaya, Romeo Vásquez Velásquez, como ministro de Defensa. El representante norteamericano en Honduras, Hugo Llorens, contuvo esa designación y le aconsejó al mandatario un movimiento distinto para no generar polémica ante la comunidad internacional. La dinámica habría sido la misma en otros asuntos de Estado.
A pesar de las promesas de Hernández de mejorar las condiciones de vida de los hondureños, lo cierto es que al cierre de su primer período, más del 65% del país vivía en la pobreza y los indicadores sociales eran cada día más alarmantes. Sin embargo, se presentó a su reelección.
En ese comicio, convocado el 26 de noviembre de 2017, Hernández enfrentó a Salvador Nasralla, quien se postuló en alianza con Xiomara Castro como designada presidencial. A pesar de que los conteos preliminares ponían a la dupla de izquierda a la cabeza, el escrutinio se detuvo y, solo cuando se retomó la transmisión, JOH aparecía como ganador.
Los indicios de fraude eran de tal magnitud que hasta la OEA desacreditó el proceso electoral y recomendó repetir la convocatoria a las urnas. Sin embargo, casi un mes después, ahora con Donald Trump en la Casa Blanca, EE.UU. volvió a la vieja jugada de reconocer a Hernández como mandatario electo, matizando el insólito respaldo con un llamado a revisar «las irregularidades» y a un «diálogo nacional sólido».
Hernández asumió su segundo mandato en 2018 y, en septiembre de ese mismo año se conformó la primera caravana de migrantes, integrada por más de 1.000 hondureños que emprendieron el viaje hacia EE.UU. con la esperanza de huir de la violencia estructural, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades en su propio país.
La situación se repitió en las naciones del llamado Triángulo Norte, lo que inauguró una etapa de presiones por parte de la Casa Blanca. En su política de retórica hostil, Trump amenazó con cortar la ayuda a esas naciones si no frenaban esas migraciones.
El resultado de esa política de coacción fue que Honduras, El Salvador y Guatemala firmaron el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), un pacto que le permitía a EE.UU. deportar a migrantes hacia esas naciones. En ese entonces, un pletórico Trump le dirigía estas palabras a Hernández: «Quiero felicitarte a ti y a tu país, y quiero decirte que has hecho un trabajo fantástico. Mi gente trabajando junto a ti también lo que nos pasa diciendo es cuánto amas a tu país».
Más allá de las declaraciones públicas, el deterioro de la reputación del mandatario hondureño en Washington había empezado al menos dos años atrás por las acusaciones de un narcotraficante en contra de su hermano, Antonio ‘Tony’ Hernández, quien también era diputado.
En 2017, un capo del narcotráfico afirmó ante una corte de Nueva York que «Tony» Hernández le había prometido ayuda para cobrar una deuda al Gobierno con una empresa fachada. Ese señalamiento fue el primer hilo del que tiró la Justicia hasta que, el año pasado, un juez federal condenó a cadena perpetua por delitos narcotráfico al hermano del presidente hondureño, actualmente preso en territorio estadounidense.
Ese proceso judicial mermó a tal punto la credibilidad de Hernández que, todavía en la era de Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, junto a una comitiva bipartidista, se negó a asistir a una reunión con el presidente hondureño. El mandatario aseguró en reiteradas oportunidades que no tuvo nada que ver con las irregularidades perpetradas por su hermano, pero los señalamientos finalmente lo alcanzaron.
El año pasado, el testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga –exlíder del cartel de ‘Los Cáchiros’– como testigo en un juicio por narcotráfico en una corte de Nueva York, apuntó directamente al presidente de Honduras como receptor de sobornos para evitar su captura y posterior extradición a EE.UU. Sus palabras fueron también respaldadas por el capo Geovanny Fuentes Ramírez, recientemente condenado a perpetua en EE.UU.
El tenor de las acusaciones creció a tal punto que, en septiembre de 2021, durante su comparecencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Hernández aludió el tema y enarboló su defensa ante lo que tildó como «falsos testimonios«.
Con la llegada de Joe Biden, el panorama cambió poco. Inmediatamente, el presidente demócrata suspendió el ACA que, en la práctica, solo había sido aplicado por Trump en Guatemala. La señal más significativa de que no habría vuelta de tuerca ocurrió cuando la asistencia de la vicepresidenta Kamala Harris a la toma de posesión de Xiomara Castro ni siquiera incluyó una foto con el mandatario saliente.
En el estadio donde ocurrió la investidura de Castro, un cántico se escuchó con contundencia desde las gradas y parecía dirigido a Harris: «¡Llévense a JOH, llévense a JOH!».
A principios de este mes, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que Washington no solo le retiraba el visado a Hernández –ya fuera del poder–, sino que emitía una prohibición de entrada a territorio estadounidense «debido a actos corruptos». «Nadie está por encima de la ley», escribió.
Pasada la época de los respaldos de los Gobiernos demócratas a la derecha en Honduras para boicotear el retorno de la izquierda, o la urgencia de Trump por mostrar resultados en materia migratoria con la coacción a Centroamérica, lo que queda ahora para Biden es concretar una acción contra un político que acaba de dejar el poder.
La contundente respuesta en las urnas en Honduras no solo demostró el apoyo Castro, sino que cerró el ciclo de conflicto político abierto desde 2009 con el golpe de Estado a Zelaya, que fue respaldado por Washington a pesar de sus declaraciones públicas.
Pero lo cierto es que ni las recurrentes denuncias de fraude electoral, ni las pésimas condiciones de vida de los hondureños, ni mucho menos las causas estructurales de la violencia en ese país centroamericano durante los ocho años de Gobierno de Hernández promovieron un cambio en la mirada de Washington. El punto de inflexión fue la palabra de los excapos procesados en una corte de Nueva York.
Ahora, las autoridades judiciales estadounidenses acusan a Hernández de participar en una «conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras» desde varios países, «por rutas aéreas y marítimas».
«La conspiración transportó más de aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a los EE.UU.», dice la acusación que señala que Hernández habría recibido «millones de dólares por sobornos y ganancias» de parte de múltiples organizaciones de narcotráfico en su país, México y otros lugares.
La tarde del martes, Hernández fue sacado de su casa con chaleco antibalas y esposado de manos y pies, para ser llevado a las oficinas de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. La imagen apocada difiere de aquel hombre que, hace unos años, le diagnosticó a Zelaya «nostalgia de poder» y le recetó «una tacita de té» al político para que pudiera lidiar con las secuelas de su derrocamiento.
