La diplomacia comienza a dar sus frutos: Ucrania renuncia a la OTAN a cambio de seguridad mientras Rusia anuncia que reducirá sus ataques

Ucrania aceptará ser neutral, no tendrá armas nucleares, ni permitirá bases militares extranjeras en su territorio a cambio de que una decena de países garanticen su seguridad en caso de invasión.

El presidente de Turquía, Erdogan, se dirige a los representantes de Ucrania y Rusia antes de comenzar la primera reunión de la negociación en Estambul este 29 de marzo de 2022. El presidente de Turquía, Erdogan, se dirige a los representantes de Ucrania y Rusia antes de comenzar la primera reunión de la negociación en Estambul este 29 de marzo de 2022. — EFE MADRID29/03/2022 14:34 ACTUALIZADO: 29/03/2022 15:07

La diplomacia comienza a dar sus frutos y la primera de las reuniones que se están celebrando estos días en la ciudad turca de Estambul entre las delegaciones de Ucrania y Rusia ha concluido con algunos avances.

Para empezar, Ucrania está dispuesta a renunciar a toda alianza militar, incluido el ingreso en la OTAN, si a cambio una decena de Estados firman un acuerdo vinculante para proteger al país contra ataques.

«Queremos un mecanismo internacional que funcione, similar al artículo 5 de la OTAN», dijo el jefe de la delegación ucraniana, David Arahamiya, a la prensa en Estambul. «Nos gustaría que los países garantes fueran los del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -el Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos y Francia-, así como Turquía, Alemania, Canadá, Polonia e Israel», detalló el parlamentario.

En caso de un ataque o agresión contra Ucrania, Kiev podría exigir consultas en tres días y, si no se resolviera el asunto por vía diplomática, tendría derecho a asistencia militar, incluida la declaración de una zona de exclusión aérea, describió Arahamiye sobre el acuerdo propuesto por su delegación.

«Ucrania aceptará ser neutral, no tendrá armas nucleares, ni permitirá bases militares extranjeras en su territorio»

Si se dan estas garantías, «Ucrania aceptará ser neutral, no tendrá armas nucleares, ni permitirá bases militares extranjeras en su territorio», agregó otro miembro de la delegación ucraniana, Oleksander Chalyi.

Negociar el estatus de Dónetsk, Lugansk y Crimea

Por otra parte, el negociador Mikhailo Podolyak apuntó que este acuerdo no cubriría «los territorios temporalmente ocupados» por Rusia de las autodeclaradas Repúblicas Populares de Dónetsk y Lugansk, ni la península de Crimea, que Rusia anexionó de forma ilegal en 2014.

El estatus de los territorios de Dónetsk y Lugansk y la península de Crimea se deberá negociar con Rusia aparte durante un plazo de 15 años

En todo caso, la propuesta «no prevé que Ucrania utilice la fuerza para liberar estos territorios», subrayó el representante ucraniano. El estatus de estos territorios se deberá negociar con Rusia aparte durante un plazo de 15 años.

Por otra parte, Chalyi destacó que el acuerdo no excluirá en ningún caso que Ucrania ingrese en la Unión Europea sino que, al contrario, los países garantes apoyarán activamente una adhesión.

Si hubiera un acuerdo definitivo, su contenido deberá ser aprobado en referéndum por el pueblo de Ucrania, una vez que todas las tropas rusas hayan abandonado el territorio, ya que un acuerdo firmado bajo presión sería inválido, señaló la delegación ucraniana.

Rusia reduce los ataques en Kiev y Chernígov

Por su parte, el Gobierno de Rusia ha anunciado que «reducirá drásticamente» sus operaciones militares contra la capital de Ucrania, Kiev, y la ciudad de Chernígov tras lo que ha considerado como conversaciones «constructivas».

El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, dice que se busca «aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para nuevas negociaciones»

El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, ha explicado que la decisión busca «aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para nuevas negociaciones con el objetivo final de firmar un acuerdo» con las autoridades ucranianas.

Así, ha explicado que la decisión se debe también a que «las negociaciones sobre los preparativos para un acuerdo sobre la neutralidad y el estatus no nuclear de Ucrania, así como la entrega de garantías de seguridad a Ucrania, están avanzando hacia la práctica«.

«Partimos de la base de que las decisiones clave serán adoptadas en Kiev y que se crearán las condiciones para un mayor trabajo formal», ha destacado Fomin, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Minutos antes, el jefe de la delegación rusa en las negociaciones en Estambul, Vladimir Medinski, había desvelado que Moscú adoptaría dos medidas para reducir las tensiones en Ucrania, incluida una a nivel militar que sería anunciada por Fomin. Incluso, aludió por primera vez a la posibilidad de la firma de un «tratado» entre Kiev y Moscú. Eso sí, Medinski matizó que la firma de dicho tratado «no será un asunto sencillo», ya que la reunión donde se consuma «posiblemente» tendrá que incluir no sólo a Rusia y Ucrania, sino también a los «países garantes de la paz y seguridad en Ucrania».

El jefe de la delegación rusa en las negociaciones en Estambul, Vladimir Medinski, califica de «constructivas» las conversaciones

En este sentido, Medinski recalcó que las conversaciones fueron «constructivas» y agregó que la delegación rusa ha recibido de parte de sus homólogos ucranianos «una posición claramente formulada para lograr un acuerdo», según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

«Hemos recibido propuestas de Ucrania para su consideración. Es una postura claramente formulada», ha explicado, al tiempo que ha hecho hincapié en que «estas propuestas serán consideradas en el futuro próximo y presentadas al presidente (Vladimir Putin)». «Daremos una respuesta», ha zanjado.

La de este martes ha sido la quinta reunión presencial entre ambas delegaciones desde que comenzó la invasión, tres en Bielorrusia y dos en Turquía, aunque las negociaciones se han producido prácticamente a diario por videoconferencia en las últimas semanas.

En dicha reunión ha estado presente el magnate ruso Roman Abramovich, que ha sido protagonista en el día previo por una información en la que se aseguraba que había sido envenenado, al igual que dos delegados ucranianos. Sin embargo, tal extremo ha sido desmentido y el millonario se ha sentado en la misma sala donde se ha llevado a cabo la negociación.

El Consejo de Ministros aprueba el nuevo escudo social: estas son las principales medidas

El plan del Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis contempla movilizar 16.000 millones de euros. Se prevé la extensión a 600.000 familias más del bono social eléctrico, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares.

El Consejo de Ministros aprueba el nuevo escudo social: estas son las principales medidas El plan del Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis contempla movilizar 16.000 millones de euros. Se prevé la extensión a 600.000 familias más del bono social eléctrico, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares. Pedro Sánchez El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. — I.Infantes / POOL / EUROPA PRESS

El denominado Plan de Choque de Respuesta a la Guerra impulsado por el Gobierno ha llegado este martes al Consejo de Ministros. Este «escudo social» se compone de un conjunto de medidas que servirán para proteger a los sectores más afectados, así como repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo ya iniciada.

El plan del Ejecutivo para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias y las empresas contempla movilizar 16.000 millones de euros, de los cuales 6.000 millones de euros serán en concepto de ayudas directas y rebajas de impuestos, mientras que los restantes 10.000 millones se materializarán en créditos ICO.

El plan se compone de distintos ejes. En uno de ellos, enfocado en «medidas para ayudar a las familias, trabajadores, personas desplazadas y ayuda humanitaria», se prevé la «bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio para todos los ciudadanos» y la «protección del empleo, evitando el despido». En esa línea, las empresas podrán «acudir a medidas de flexibilidad interna, como los ERTES».

Las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses tendrán un límite del 2%, mientras que la cuantía del ingreso mínimo vital aumentará un 15% durante tres meses. Asimismo, se prevé la extensión a 600.000 familias más del bono social eléctrico, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares.

Las medidas sociales incluyen también un prórroga hasta el 30 de junio de la rebaja impositiva en la factura de la luz: del tipo del IVA al 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica.

Hay un paquete de ayudas de 362 millones de euros para la agricultura y la ganadería

El apoyo al tejido económico y empresarial se materializará con la nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para «cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles» o un paquete de ayudas de 362 millones de euros «para el sector de la agricultura y la ganadería», mientras que habrá otro de unos 68 millones, para el pesquero.

La industria gran consumidora de energía será objeto de una ayuda de 500 millones de euros para «compensar los peajes en un 80%, alcanzar el máximo en la compensación del CO2 y reforzar las ayudas directas al sector».

Apoyo al transporte

En materia de transportes se contempla una inyección de más de 1.000 millones de euros. Este sector se beneficiará de la rebaja mínima de 20 céntimos por litro o kilo de combustible, mientras que habrá un «nuevo fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, en función del tipo de vehículo», entre otras.

Del mismo modo, el Gobierno asume el compromiso de «aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo».

 

Las incógnitas por resolver sobre la «isla energética ibérica»: del precio máximo del gas a los intercambios con Europa

España y Portugal deben presentar una propuesta a Bruselas para bajar el precio de la energía. Por el momento los países pretenden fijar un precio límite máximo del gas, pero se desconoce la cifra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro de Portugal, Antonio Costa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro de Portugal, Antonio Costa. — EFE/EPA/OLIVIER HOSLET MADRID28/03/2022 21:40 ACTUALIZADO: 29/03/2022 07:41

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes un plan de choque para afrontar la crisis derivada de la guerra en Ucrania que pasará por un incremento de la inversión social. El plan del Gobierno llega después de que Bruselas reconociera a España y Portugal como «isla» energética y les diera luz verde para avanzar una propuesta firme que desacople la escalada del precio del gas del precio de la luz. Se aplicarán, según ha anunciado el propio dirigente socialista, medidas excepcionales para conseguir abaratar los costes energéticos y, con ello, frenar la inflación.

El reconocimiento de la península ibérica como una isla energética es, a todas luces, un tanto a favor de España y Portugal, sin embargo, todavía existen algunas incógnitas a cerca de cómo se articulará el plan que saqué el gas del pool eléctrico –una medida que fue exigida por la ministra Teresa Ribera en 2021, antes de la guerra–. Por el momento, Sánchez sólo ha anunciado dos puntos que se presuponían: habrá un precio fijo máximo para el gas y el mecanismo para recortar los beneficios caídos del cielo del oligopolio energético se alargará hasta verano.

Por lo demás, todo son dudas. Unas dudas que, no en vano, van ligadas a las características propias de esta medida, pues no depende en exclusiva del Ejecutivo español sino que deberá haber un acuerdo con los vecinos lusos antes de mandar la propuesta a Bruselas. De esta forma, se desconoce todavía cuál será ese tope al precio del gas. Como en otros casos, el Gobierno de coalición debate en su seno interno la cuantía que oscilaría entre los 50 euros por MW/h y los 100 euros por MW/h.

Bruselas, además, pone ciertos límites. La línea roja es el mercado europeo, que no deberá quedar alterado por los planes ibéricos de regulación. Esto tiene que ver con la interconexión eléctrica con Francia, de modo que el Ejecutivo de Sánchez deberá trabajar para encontrar una propuesta que ofrezca garantías de que los galos no se benefician de la caída de precios en la ‘compra’ de electricidad generada en España. Fuentes del Ministerio para la Transición Energética explican a Público que se está trabajando en una doble casación de precios. Esto quiere decir, a grandes rasgos, que se establecerán dos precios diferentes: uno de mercado ibérico interno, con un tope al gas, y otro para los intercambios con Francia que se mantendrán de acuerdo a los valores de Europa.

Beneficios caídos del cielo

El mecanismo que recorta a las empresas energéticas españolas sus beneficios caídos del cielo –los cuales permiten a las compañías incluir en los recibos costes asociados a las emisiones de CO2 a pesar de haber producido energía con tecnologías no emisoras como la nuclear o las hidroeléctricas– seguirá activo hasta verano y habrá, según ha anunciado Sánchez este lunes, algunas modificaciones para adaptar la norma «a las directrices europeas». Se desconoce por el momento de qué calado serán los cambios.

Los sobrebeneficios del oligopolio energético enlazan con otras incógnitas que tienen que ver con la forma en la que el Gobierno afrontará el impacto del límite de precio del gas a las plantas que generan electricidad con gas. Algunos sectores del Ejecutivo han reclamado –el ala de Unidas Podemos– que los beneficios caídos del cielo se utilicen para sufragar los gastos de la intervención y para amortiguar la escalada de precios de la factura. Sin embargo, no hay detalles sobre ello.

En ese sentido, el Gobierno deberá resolver de qué modo se compensa a dichas centrales que, como las de ciclo combinado, emplean gas para generar electricidad. El precio máximo ibérico estará por debajo del precio del mercado europeo, de modo que estas tecnologías podrían terminar vendiendo su energía a un precio por debajo del coste de generación, pues el gas seguirá disparado en Europa. ¿Serán las arcas del Estado las que compensen a las empresas estas pérdidas? ¿Se utilizarán los beneficios caídos del cielo para asegurar el desacople del gas del precio de la luz? 

Certezas del plan de choque

Además del precio máximo para el gas, Sánchez ha avanzado otras medidas de corte social que complementarán la puesta en marcha de la isla energética ibérica. Estas, según ha informado el presidente, se aprobarán en el Consejo de Ministros del martes y no dependerán del acuerdo con Portugal.

Así, el Ejecutivo ha planificado medidas energéticas de calado como la ampliación de los beneficiarios del bono social de la electricidad, que llegará a 600.000 personas más situadas en régimen de vulnerabilidad. A ello se suma el incremento del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital y la bonificación fiscal a los combustibles de 20 céntimos por litro, de modo que se extiende al resto de la población la cobertura social anunciada para los transportistas.

Las medidas aprobadas este martes serán de carácter excepcional y se extenderán hasta el próximo 30 de junio. No se descarta que se puedan prorrogar en el tiempo si la coyuntura de crisis energética y económica perdura en el tiempo.

Un carrusel de tres crisis deja a la quinta parte de las familias en una situación económica precaria

A los efectos de la devaluación salarial y la precarización laboral provocada por las reformas laborales tras el empobrecimiento que generó el estallido de la burbuja inmobiliaria se les ha sumado un endurecimiento de las dificultades de acceso al empleo por la tecnificación, acelerada por la pandemia antes de haber superado la anterior recesión y de que se superpusiera a ese escenario una inflación que dificulta más si cabe la cobertura de las necesidades básicas a los hogares de menor renta.

Un hombre ve la de televisión en una sala de un albergue para personas sin hogar, en Madrid. E.P./Ricardo Rubio Un hombre ve la de televisión en una sala de un albergue para personas sin hogar, en Madrid. — Ricardo Rubio / EUROPA PRESS ZARAGOZA28/03/2022 17:01 ACTUALIZADO: 29/03/2022 07:41

«Los factores de empobrecimiento parecen competir entre ellos», señala Daniel Sorando, sociólogo de la Universidad de Zaragoza especializado en estructura social, segregación residencial y políticas urbanas, para referirse a las consecuencias de la acumulación de las tres crisis que, en todos los casos antes de haber superado la anterior, se han superpuesto en los últimos tres lustros: la posterior al estallido de la burbuja, la provocada por la pandemia y el parón la actividad económica y comercial y, tras ellas, la causada por una escalada de precios de productos básicos como los alimentos y la energía desatada por la especulación financiera con el pretexto de la guerra de Ucrania.

Un carrusel de datos indica, a falta de comenzar a conocer las valoraciones de 2021, cómo ese carrusel de crisis está teniendo como consecuencia conjunta una cronificación de las situaciones de pobreza en amplios sectores de la población española, distintos en función de cuál sea el indicador que se observe pero que en la mayoría de los casos apuntan que la afección alcanza a entre la quinta y la cuarta parte de los hogares y/o de las personas.

Varios de esos registros se encuentran en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), que situaba al 19,7% de los ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza en 2020, una tasa que empeora tanto la de 2008 como la de 2013, en el estallido de la burbuja y cuando se tocó fondo en esa crisis, y que corta de plano una tendencia de mejora de tres años tras dos de relativa estabilidad.

El umbral de pobreza se sitúa, según explica el propio INE, en «el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo», es decir, en ese porcentaje de los cobros mínimos que reciben la mitad de los españoles.

El hecho de que ese repunte se diera en un año de en el que las rentas sufrieron un claro desplome por el parón de la actividad da idea de la intensidad con la que la crisis pandémica azotó a las familias, algo que ocurrió en vísperas de una escalada de precios que está aumentando las estrecheces de esa parte de la población en especial.

Esos indicadores de la pobreza suelen ser, como la mayoría de los índices, relativos. Aunque en este caso se ven reforzados por otros como el que observa los problemas que las familias tienen para llegar a fin de mes: según los datos del INE, más de la tercera parte de las familias carece de capacidad para afrontar un gasto extraordinario de 750 euros, una situación que alcanza al 56% de los hogares monoparentales, al 44% de los que incluyen menores o jóvenes de menos de 24 años que aun no trabajan y al 41% de los formados por una única persona, jubilados y pensionistas en la mayoría de los casos.

La estimación del INE sobre qué grado de dificultades tienen los hogares para llegar a fin de mes apunta en una dirección similar a la del umbral de la pobreza, con un 22,1% de las familias pasando apuros y de nuevo con un aumento de ese grupo en vísperas de la escalada inflacionista.

La tasa, que al mismo tiempo resulta algo más de ocho y de catorce puntos inferior a las de 2008 y 2013, respectivamente, aporta una pista sobre las diferencias en las afecciones que provocó el comienzo la crisis pandémica, ya que el aumento del número de hogares con dificultades coincidió con otro, mayor, de quienes no las sufren, aunque por motivos bien distintos: insuficiencia de rentas en el primer caso y reducción de oportunidades de consumo en el segundo.

Esas tendencias conviven con otra que revela una reducción del margen de maniobra de los hogares para hacer frente a imprevistos, lo que en realidad significa que su liquidez va a la baja; de manera más acusada cuanto menor es el nivel de renta, pero al mismo tiempo con una creciente presencia de ese factor en los estratos más pudientes.

Eso remite a los fenómenos de desclasización que comenzaron a proliferar con el estallido de la burbuja: amplias capas de la población descubrían con estupor que no formaban parte de la clase media sino que eran pobres, a menudo entonces con una losa de deuda que alejaba los horizontes de prosperidad y con frecuencia ahora descubriendo que al sueldo cada vez le sobra más mes por el encarecimiento de la parte básica de la cesta de la compra.

«La vivienda y la situación económica condicionaron mucho la manera en la que cada uno vivió la pandemia», apunta Sorando, que recuerda cómo la debilidad del mercado laboral español, centrado en prestaciones de servicios que generan escaso valor añadido, y la devaluación salarial iniciada la pasada década se encuentra, junto con la precariedad laboral, en la base de «otro de los fenómenos que ha venido para caracterizar nuestra sociedad, que es el del trabajador pobre al que el empleo no le garantiza un nivel de vida holgado. Esa figura es un indicador de la sociedad que está quedando después de estas crisis, aunque algunos indicadores están mejorando como consecuencia de las subidas del salario mínimo«.

Ese fenómeno, que coincide con otro creciente de empobrecimiento de los pensionistas, afecta ya a casi uno de cada ocho ocupados, alrededor de dos millones y medio de personas, cuyas economías se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

En este sentido, resultan significativos los datos de la Agencia Tributaria sobre las fuentes de ingresos de los españoles, que reducen a quince millones el número de los que en 2019 vivieron todo el año solo con su salario mientras la cifra de 3,3 que compaginaban el sueldo y la prestación de desempleo a lo largo del año repuntaba de nuevo para encaminarse de nuevo hacia la horquilla de 3,5 a 3,8 que caracterizó la fase dura de la crisis posterior a 2008.

Son una parte del precariado, la que alterna el trabajo inestable con las ayudas públicas cuando sus breves e irregulares carreras de cotización les permiten la segunda opción cuando falla la primera.

“La mayoría social se ha empobrecido”

La situación, en cualquier caso, no es nueva ni, aunque sí se ha visto intensificada con el carrusel de crisis, tampoco tiene su origen en el estallido de la burbuja. La cosa ya venía fraguándose.

«Antes de la gran recesión había ya un caldo de cultivo que se manifestaba, se estaba viendo que el sistema económico se mantenía sobre grandes dosis de precariedad y que había dificultades para el acceso a la vivienda, aunque el crédito lo amortiguaba», explica Sorando.

A partir de ahí, primero cayó el empleo precario y vinculado a la construcción mientras la espiral de deuda crecía. «Después vino el reinicio de ciclo económico, pero con una devaluación del sistema salarial y con recortes de servicios públicos tras las dos reformas laborales«, señala el sociólogo, que recuerda cómo, junto con esos factores el alquiler comenzaba a actuar como «n mecanismo de empobrecimiento» por sus elevados niveles y subidas.

En el cambio de década, «cuando empezábamos a remontar y se dada un contexto en el que se podían asentar factores de estabilidad llegó la pandemia, que provocó una nueva pérdida de empleo pese a los mecanismos de protección social» y tras la que comenzaron a acelerarse los incipientes procesos de digitalización y de robotización, que han tenido como consecuencia la exclusión de amplios grupos de trabajadores de baja formación y edad avanzada, entre los que se está cronificando el paro de larga duración.

«El riesgo de reemplazo de un trabajador por la digitalización y la robotización es mayor en los sectores de mayor edad y, dentro de estos, entre los estratos sociales más bajos», anota Sorando, que recuerda cómo, tras esa combinación de crisis y de vectores de precarización y empobrecimiento, «la inflación ha cortado de nuevo la incipiente recuperación» en una sociedad en la que, quince años después, «la mayoría social se ha empobrecido».

La Base #32 – Luz y combustible: ¿cómo bajar la factura?

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Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levin analizan las medidas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica, en especial las relativas al precio de la energía y los carburantes. Con las valoraciones de Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA), de Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores FACUA, y de Pablo Martínez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Con ronda de reacciones de los portavoces de la izquierda parlamentaria; con entrevista al científico del CSIC y experto en energía Antonio Turiel; con la participación de la antropóloga, profesora universitaria y militante ecofeminista Yayo Herrero, y del periodista de Público especializado en política energética Alejandro Tena; y con la colaboración de Anita Fuentes en ‘Placeres culpables’. ¡Bienvenido al CANAL de Youtube de Público! Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario. ¡Suscríbete ya a nuestro canal!: https://bit.ly/2U8nM0q Visita: https://www.publico.es/ Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/diario.publico/ Síguenos en Twitter: https://twitter.com/publico_es Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/publico.es Únete a la República de Público: https://bit.ly/2GKg4Sx

Europa dependerá de combustibles fósiles rusos hasta 2027

Un trabajador inspecciona un gato de bombeo en un campo petrolero en la localidad de Otrada, suroeste de Rusia, marzo de 2016. (Foto: Blommberg)

Europa estima que dependerá de los combustibles fósiles rusos hasta 2027, mientras que aumentan las sanciones antirrusas por la crisis de Ucrania.

El portavoz de la Comisión Europea para Acción Climática y Energía, Tim McPhie, manifestó el lunes que Europa seguirá dependiendo de los hidrocarburos rusos hasta 2027, mientras que varios Estados están apuestos a cesar cuanto antes los negocios con Moscú en rechazo a la operación militar rusa en Ucrania.

“Aspiramos a ser completamente independientes de los combustibles fósiles rusos para 2027, y creemos que es posible reducir nuestra demanda en dos tercios dentro de un año”, declaró McPhie en una rueda de prensa de la Comisión Europea.

Varios países occidentales activaron diversas rondas de sanciones contra Rusia después de que el país euroasiático lanzara el 24 de febrero una operación militar en Ucrania.

En medio de sus intentos por sustituir el petróleo ruso y bajar los precios, los países europeos ha recurrido a los países del Golfo Pérsico para pedir que aumenten la producción y los suministros.

Biden rechaza disculparse tras polémicas declaraciones sobre Putin

El presidente de EE.UU., Joe Biden, pronuncia un discurso en el Castillo Real de Varsovia, en Polonia, 26 de marzo de 2022. (Foto: Getty Images)

El presidente de EE.UU., Joe Biden, rechaza pedir disculpas y retractarse de haber dicho que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no puede seguir en el poder.

“No retiro nada. Ni entonces ni ahora estoy articulando un cambio de política. Estaba manifestando la indignación moral que sentían y no me voy a disculpar por ello”, aclaró el lunes Biden en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Asimismo, al ser preguntado sobre si estaba preocupado por una reacción de Putin de considerar tales afirmaciones como una escalada de tensión, aseveró que no le importa lo que piense el presidente ruso.

El sábado, en un discurso en Varsovia (Polonia), Biden manifestó que Putin no puede permanecer en el poder.

Estas palabras han generado polémica, por lo que la Casa Blanca se vio obligada a explicar que, con este comentario, el presidente estadounidense no reclama un “cambio de régimen” en Rusia.

 

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