
Rusia pide a la Secretaría de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que ponga fin a su Misión Especial de Monitoreo (SMM) en Ucrania.
“Pedimos a la Secretaría de la OSCE que comience inmediatamente a eliminar la SMM, vendiendo sus propiedades, poniendo fin a los contratos de trabajo con su personal y liquidando las obligaciones contractuales con los proveedores de servicios y los arrendadores”, aclaró el viernes la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
La diplomática rusa, asimismo, denunció que los líderes de la SMM funcionan claramente a favor de Kiev, sin establecer contactos normales con las autoridades y residentes de Donbás y también sin monitorear la situación de los derechos humanos de las minorías nacionales y los medios de comunicación en Ucrania.
Conforme a las declaraciones de Zajárova, los funcionarios de la OSCE evitan difundir toda la información sobre las violaciones del alto al fuego, la destrucción y las víctimas civiles en Las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), que son consecuencias de la operación punitiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
En otra parte de sus declaraciones, tachó de inaceptable el acto de que los bienes de la OSCE y sobre todo los vehículos blindados de esta organización, que permanecen temporalmente en Ucrania, caigan en manos de unidades armadas ucranianas.
En reacción, el presidente en ejercicio de la OSCE y ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, ha expresado en la misma jornada del sábado su lamento de que no haya podido llegar a un acuerdo sobre la extensión del mandato de la SMM en Ucrania.
Esta noticia sale a la luz mientras que el Kremlin en reiteradas ocasiones ha asegurado que el país euroasiático no tiene la intención de ocupar los territorios ucranianos y busca la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.
OSCE tiene como misión garantizar el alto el fuego en la línea de separación, entre las tropas ucranianas y las fuerzas independentistas en la región del este ucraniano, conocida como Donbás. Además, debe constatar el cumplimiento de la prohibición del uso de armas, el estacionamiento de armamento pesado en localidades pobladas, las obras de ingeniería en posiciones y el lanzamiento de drones excepto los pertenecientes a observadores de la OSCE.
Yemen censura que la ONU no tome medidas serias ante crímenes de Arabia Saudí y sus aliados, sobre todo contra los niños, y criticó sus intentos por encubrirlos.
El ministro interino de Derechos Humanos de Yemen, Ali al-Dailami, ha denunciado que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otras organizaciones, que supuestamente se dedican a trabajar por los niños, solo buscan encubrir los crímenes cometidos por la llamada coalición, liderada por Arabia Saudí, que lleva adelante una campaña bélica contra el territorio yemení desde hace siete años.
En una entrevista concedida este viernes a la cadena de televisión yemení Al Masirah, el titular ha urgido a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a reconsiderar sus políticas hacia Yemen. “Ya no aceptaremos soluciones a medias”, ha hecho hincapié.
Asimismo, ha reprochado que el referido ente internacional solo muestra entusiasmo en las conferencias de donantes donde cita cifras y estadísticas que señalan la difícil situación del pueblo yemení, pero tales posturas de apoyo se desvanecen al finalizar dichos eventos.
Sus declaraciones llegan en la misma jornada en la que la agencia de migración de la ONU deploró que más de dos millones de niños yemeníes no tengan acceso a la educación como resultado de la agresión de Arabia Saudí y sus aliados, lo que también ha provocado el desplazamiento de más de cuatro millones de personas en Yemen.
Desde el 25 de marzo de 2015, fecha del inicio de la guerra, los niños y mujeres son las principales víctimas de la agresión lanzada contra el país más pobre del mundo árabe.
De hecho, más de 10 200 niños yemeníes han muerto o sufrido heridas, tal y como puso de relieve 12 de marzo el representante de Unicef en Yemen, Philippe Duamelle.
El reino árabe y sus aliados, con apoyo de EE.UU., siguen cometiendo sus crímenes contra el pueblo yemení, mientras Saná ha criticado una y otra vez la complicidad de la ONU en tales agresiones, dado a que no se ve ninguna acción responsable ante la situación catastrófica del país.
Ucrania alega que las fuerzas rusas quieren ocupar su territorio antes del 9 de mayo, que marca el día de la Victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial.
“Por supuesto, necesitan la victoria. Tienen un día sagrado, el 9 de mayo. Y hasta ese día, Putin se propone poner fin a esta guerra con un desfile”, ha advertido el viernes el secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Oleksiy Danilov, en alusión al día en el que Rusia, junto con Bielorrusia y otras antiguas repúblicas soviéticas, conmemora la rendición de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial en 1945.
Al acusar al presidente ruso, Vladimir Putin, de tener la intención de “destruir” su país vecino, consideró la retirada de tropas del país euroasiático de Kiev y Chernígov, en el norte de Ucrania, como una forma de “reformatear” la estrategia de Moscú para “continuar atacando” el país.
Ante tal situación, urgió a defender el territorio ucraniano, debido a que aún sus fuerzas tienen muchos combates por delante. Asimismo, el funcionario reconoció que la situación actual de Ucrania no es tan “feliz” como le gustaría a las autoridades que la dirigen.
Tales afirmaciones se producen, mientras que desde el Kremlin han asegurado una y otra vez que el país euroasiático no tiene la intención de ocupar los territorios ucranianos y busca la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.
Según Putin, la operación especial militar rusa, iniciada el pasado 24 de febrero, en Ucrania, es una respuesta a las hostilidades de Kiev, pues a este último se le ofreció no entrar en combate y retirar sus fuerzas de Donbás (este de Ucrania), pero no quiso hacerlo.
Con todo, Moscú anunció el martes que reducirá “radicalmente” su actividad militar alrededor de Kiev y Chernígov con el fin de “aumentar la confianza mutua” en las conversaciones de paz de Rusia-Ucrania.
La última ronda de las negociaciones se celebró el martes en la ciudad turca de Estambul (Turquía), donde las partes han alcanzado un “progreso más significativo” hasta la fecha, según el Gobierno turco.
El Ministerio de Defensa de Rusia saca a la luz documentos que muestran que el hijo de Joe Biden desempeñó rol clave en desarrollo de armas biológicas en Ucrania.
El Ministerio ruso de Defensa reveló el jueves una serie de correos electrónicos que muestran el papel clave de Hunter Biden, abogado e hijo del mandatario de EE.UU., Joe Biden, en financiar la investigación de varios patógenos de enfermedades peligrosas, llevada a cabo en laboratorios ucranianos.
El teniente general ruso Igor Kirillov, al mando de las Fuerzas de Protección Nuclear, Biológica y Química del país euroasiático, divulgó así una correspondencia entre Hunter Biden, funcionarios de la denominada Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa ( DTRA ) y empresas vinculadas al Departamento de Defensa estadounidense (el Pentágono).
“El contenido de los mensajes muestra que Hunter Biden fue decisivo al brindar oportunidades de financiamiento para el trabajo con los patógenos en Ucrania, y asegurar fondos para los contratistas estadounidenses, Black & Veatch y Metabiota”, detalló Kirillov.
También se deduce de la correspondencia que los objetivos del Pentágono en Ucrania están lejos de ser científicos, agregó la aludida Cartera, citada por la agencia rusa de noticias Sputnik.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso publicó un listado de quienes estarían involucrados en la creación de componentes de armas biológicas en Ucrania, además de Hunter Biden. Una de las figuras claves de la lista es Robert Pope, funcionario de la DTRA, que depende del Pentágono y que había buscado atraer a los estados postsoviéticos a la guerra biológica, según informó en la misma jornada el portavoz del Ministerio ruso de Defensa, el general Igor Konashenkov.
De igual modo, agregó que Joanna Wintrall, jefa de la oficina de DTRA en la embajada de EE.UU. en Kiev (capital ucraniana), dirigió la coordinación de estos proyectos biológicos militares en Ucrania.
“Fue bajo su supervisión directa que se implementaron en Ucrania experimentos con patógenos mortales en el marco de los proyectos UP-4, UP-6, UP-8, incluidos los virus del ántrax, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (CCHF) y la leptospirosis”, precisó Konashenkov.
Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia había arrojado luz sobre el hecho de que EE.UU. gastó más de 200 millones de dólares en el trabajo de laboratorios biológicos en Ucrania, que formaban parte del programa biológico militar estadounidense y se ocupaban, en particular, de los patógenos de la peste y el ántrax.
Inicialmente, Washington descartó estos reportes como “desinformación rusa”, mientras que desde entonces tanto los funcionarios como los medios oficiales han corroborado muchas de las afirmaciones.
Conforme a Konashenkov, el Ejército ruso continuaría analizando los documentos recibidos de los empleados de los laboratorios biológicos, con sede en Ucrania, incluidas las actividades biológicas militares secretas que lleva a cabo Washington en el país vecino de Rusia.
En República Dominicana el Gobierno recibe fuertes críticas por anunciar la construcción de obras que luego no inician o se paralizan los trabajos.
Varias obras de infraestructura que el presidente dominicano Luis Abinader ha dejado iniciadas en el año y siete meses que lleva de gestión se encuentran paralizadas y algunas ni siquiera han empezado a ser levantadas.
El caso más notable es la construcción del muro fronterizo con Haití, cuyos trabajos el mandatario dejó iniciados el pasado 20 de febrero.
Desde la oposición acusan al Gobierno de actuar de manera improvisada, lo que estaría provocando que se pierda la credibilidad en las autoridades.
Asimismo, señalan que la política de acudir al inicio de obras tanto en el sector público como privado que ha implementado el gobernante, le ha llevado a descuidar otras áreas como la producción agropecuaria.
En muchas de estas obras el Gobierno hará importantes inversiones, como es el caso del muro en la frontera, donde presupuesto planificado es de 1750 millones de pesos, que equivale a más de 30 millones de dólares.
Además del muro en la frontera con Haití, los proyectos cuyo inicio de los trabajos fueron anunciados hace varios meses incluyen importantes obras de infraestructura vial.
Stephanie Andújar, Santo Domingo.
La ONU revela que 274 000 personas en Colombia son afectadas por violencia en 2022, lo que registra un aumento del 621% a diferencia del mismo periodo del 2021.
Según un reporte de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en los primeros dos meses del 2022, más de 274 000 personas han sido afectadas por dinámicas asociadas a la violencia armada, lo que representa un aumento del 621% en comparación con el mismo periodo del 2021.
Conforme al informe, al menos 13 000 colombianos se han tenido que desplazar este año mientras que otras 48 000 personas están en situación de confinamiento, de las cuales el 87% están en el departamento de Chocó, lo que significa un incremento del 394 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.
A su vez, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló el jueves que en el primer trimestre del año en curso 48 líderes sociales han sido asesinato, lo que implica un incremento de 6% comparado con el mismo lapso de tiempo del año pasado.
Además, se ha registrado un aumento de masacres pues hasta el momento se han acontecido 27 masacres que le han quitado la vida a 94 personas en contraste con las 23 y 84 del 2021, respectivamente.
El pasado 23 de marzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia denunció que “la mayoría de los efectos derivados de los conflictos armados y la violencia alcanzaron (en 2021) el nivel más alto de los últimos cinco años”.
Diferentes organizaciones de derechos humanos han condenado las matanzas en Colombia y han enfatizado la necesidad de cumplir con los acuerdos pertinentes para combatir la inseguridad y reforzar la protección de los grupos más vulnerables.
Argentina critica “el doble estándar” del Reino Unido por pedir respeto a la integridad de Ucrania mientras “viola” la soberanía argentina en las islas Malvinas.
“No es la primera vez que Reino Unido pretende aplicar un criterio para una situación que le conviene y deja de aplicarlo para otra que no. Lo practica constantemente, exige a otros países que respeten la integridad territorial de Ucrania, pero desde hace 189 años viola la integridad territorial de Argentina” en lo que respecta a la soberanía del archipiélago malvinense, ha denunciado este viernes el secretario de las Islas Malvinas del Gobierno argentino, Guillermo Carmona, en una entrevista a Europa Press.
En vísperas del aniversario 40 de la guerra de las Malvinas que se cumple este 2 de abril, Carmona ha recordado que la ocupación británica de las Malvinas es una “violación sistemática” de la integridad territorial de Argentina.
El alto funcionario argentino ha denunciado la “reticencia” de Londres para resolver la disputa a través del diálogo.“Argentina está lista para iniciar el diálogo con Reino Unido. Así se lo hemos hecho saber en reiteradas ocasiones desde que ocupo la función de secretario hace seis meses. Es política del actual Gobierno insistir en ello, a pesar de la reticencia de la otra parte. Creemos que es el mejor momento y confiamos en que Reino Unido renuncie a esa actitud reticente”, ha remarcado.
El secretario de Malvinas ha recordado que tal como la comunidad internacional muestra un fuerte compromiso para exigir el respeto a la integridad de Ucrania, debe posicionarse también ante “este tipo de problemas de colonialismo pendientes” que hay en el mundo como el caso de las Malvinas, un territorio ocupado por el Reino Unido desde 1833.
De cara a una posible mesa de diálogo, Carmona ha subrayado que la posición de Argentina antes de sentarse es inamovible: “Malvinas son argentinas y la presencia británica se produjo a partir de una invasión”, por lo tanto, por mandato constitucional el pleno ejercicio de soberanía argentina sobre estas islas no pueden estar sujeto a negociar.
El Gobierno de Alberto Fernández ha definido el reclamo por la soberanía de las islas como uno de los pilares de su política exterior y ha organizado distintas actividades en todo el país para conmemorar el aniversario 40.
tmv/mkh
Todo está más caro. Dicen que es por Ucrania, pero lo cierto es que el encarecimiento sin precedentes del gas y del petróleo es lo que ha provocado la tasa de inflación más alta desde 1985.
Del descontrol de los precios en España trata La Base de Público. Un podcast en el que Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levin analizan en profundidad el significado y las implicaciones de que el IPC haya alcanzado el 9,8%.
Una escalada de precios que ha provocado que muchas familias españolas tengan que dedicar más de la mitad de la renta en los gastos de la casa y la cesta de la compra. Buscando respuestas y soluciones a este grave problema, entrevistamos al secretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez.
En nuestra mesa de debate contamos con la opinión de Yanna G. Franco, doctora en Derecho y licenciada en Ciencias Económicas.
Como punto final, ‘El machistómetre’ con Carla Galeote. Hoy centrado en dos asuntos muy destacables: la condena al exlíder de Vox en Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, y después, para acabar en plan positivo, las 90.000 personas que se dieron cita en el Camp Nou para ver el Barcelona-Real Madrid femenino.
El análisis de los cerca de 140 expedientes de contratación que ha firmado la Xunta con las empresas del Grupo Eulen desde que Feijóo es presidente de Galicia apuntan a que éstas contaban con información privilegiada en numerosos procedimientos de adjudicación, que acabaron ganando frente a sus competidoras.
Eulen está dirigida en la comunidad por Micaela Núñez Feijóo, hermana del candidato a presidir el Partidio Popular. Desde que Feijóo accedió al poder en Galicia, se multiplicaron las adjudicaciones a las sociedades del grupo por parte de fundaciones, empresas públicas y otras entidades instrumentales dependientes de la Administración gallega.
El estudio pormenorizado de los procedimientos también apunta a que Eulen obtuvo trato de favor, tanto es así que, con el paso del tiempo, en algunos concursos se ha convertido en la única empresa que concurre a las adjudicaciones. En otros, éstas coinciden con ceses y nombramientos a dedo en las administraciones que los convocan. Y en otros, la Xunta no facilita toda la documentación completa relativa a los procedimientos que está obligada por ley a ofrecer en su plataforma de contratación pública.
Uno de los casos más llamativos es el del contrato que en el 2019 adjudicó a Eulen Servicios Sociosanitarios el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para la gestión de varios centros de día de atención a mayores y dependientes en la comarca de Ferrol.
En la anterior adjudicación, en el 2014, Eulen se había llevado el concurso pese a no tener la mejor oferta económica gracias a la valoración subjetiva de su propuesta técnica. Entonces se habían presentado cinco empresas y en esta ocasión sólo lo hicieron tres. El precio de licitación -el máximo que la Administración ofrece a pagar por un bien o servicio- se elevó a 2,025 millones de euros, y la empresa de Micaela Núñez presentó una oferta de 2.023.950,24 euros.
Expresamos la cantidad íntegra, céntimos incluidos, porque es exactamente igual a la propuesta económica de una de sus competidoras, que también oferta, insistimos, 2.023.950,24 euros. La tercera empresa, con una propuesta más barata (1.968.688,80 euros) no se llevó el contrato, que sí ganó Eulen gracias a la valoración subjetiva de su propuesta técnica.
¿Es normal que dos empresas liciten exactamente la misma cifra, céntimos incluidos, sólo un 0,6% por debajo del precio de licitación en un contrato de más de dos millones de euros?
«No, no es normal en absoluto», asegura Eva Belmonte, codirectora de Civio, una fundación dedicada a la investigación periodística sobre transparencia y contratación pública. «No estamos hablando de cifras redondas, lo que hace que sea bastante sospechoso. Habría que ver cómo han calculado sus costes y qué desglose hacen para ver de dónde sale esa cifra, eso sí. Pero que coincidan en cifras tan precisas llama mucho la atención. Yo no suelo encontrarme algo así”, añade la experta.
Eulen, que trabaja en Galicia a través de varias sociedades, suele ofrecer precios muy competitivos y bastante por debajo del precio de licitación. Por eso llama la atención que eleve su oferta justo en los concursos en los que no tiene competidores. En teoría no puede ni debería saberlo hasta el momento en que la Administración da a conocer las ofertas e inicia la valoración de las mismas. Pero en varios procedimientos, todo parece indicar que sí lo sabía.
Es el caso del contrato que obtuvo en el 2018 de la Fundación Deporte Galego, dependiente de la Secretaria Xeral para el Deporte y adscrita directamente a la presidencia de la Xunta, es decir bajo el mando directo de Feijóo. La Fundación llevaba desde el año 2010 adjudicando sistemáticamente a Eulen los contratos de gestión estival del complejo deportivo de Monterrei, con instalaciones y pistas de atletismo, pádel y tenis en el municipio de Pereiro de Aguiar, a escasos kilómetros de la ciudad de Ourense.
En los años anteriores, Eulen se llevó todos los contratos con ofertas entre un 6% y un 8% por debajo del precio de licitación. Pero en el año 2018, justo el único en el que no tiene competidores, hizo una oferta de 72.983,57 euros, sólo 43 céntimos de euro por debajo del precio de licitación. Es decir, un 0,0005% menos.
«Una rebaja tan mínima, si no hay competidores y si en otros años se han hecho ofertas mucho más bajas habiendo competidores, es, como mínimo, sospechosa», afirma Eva Belmonte. «Sería una bandera roja, algo que llama la atención y que, por ejemplo, cuando investigamos contratación en Civio, nos alertaría para ir más allá en ese contrato e intentar entender qué ha pasado».
«Eso no significa que sea ilegal o que tuviera información privilegiada necesariamente», advierte la experta. «Puede haber otros factores: aumento de costes, mejoras en la oferta técnica…».
Hay más fundaciones de la Xunta que dan adjudicaciones a Eulen en condiciones parecidas. La Fundación Semana Verde de Galicia, que gestiona el recinto ferial de Silleda (Pontevedra) y que nunca había contratado con Eulen hasta la llegada de Feijóo, al menos según la información pública de la plataforma de contratos del Gobierno gallego, empezó a adjudicar a las empresa del grupo de su hermana la limpieza de oficinas, la seguridad del recinto y la recogida de residuos tras las ferias.
Eulen ganó una decena de contratos para esos tres servicios sólo entre el 2009 y el 2015, con ofertas sensiblemente por debajo del presupuesto licitado que, aunque no siempre eran mejores que las de su competencia, le permitieron hacerse con ellos gracias a las valoraciones subjetivas. En el caso de la limpieza de oficinas, se los llevó sucesivamente en tres ocasiones ofertando un 12,5%, un 14,5% y un 8,8% menos que el precio de licitación. Justo en el concurso para el 2013, cuando sus competidores parecen haber advertido que es imposible hacerse con él y renuncian a concursar, Eulen puja sólo 48,50 euros por debajo del precio de licitación. Apenas un 0,16% menos.
Esa forma de actuar se repite en otras fundaciones, como la que gestiona la Cidade da Cultura, el macrocomplejo cultural del monte Gaiás, en Santiago. Entre el 2014 y el 2018, la Fundación Cidade da Cultura adjudicó a Eulen contratos para su servicio de atención e información al público con pujas un 7,4% (2014), un 10,36% (2016) y un 11,16% (2018) por debajo del precio de licitación. En el concurso del 2019 para el servicio de apoyo técnico y mantenimiento para actividades y eventos institucionales, al que ya sólo se presenta Eulen, la puja está sólo un 4,3% por debajo del presupuesto, con un valor estimado sin IVA de más de 215.000 euros.
En algunos procedimientos, ni siquiera es fácil saber si Eulen cuenta o no con competencia, porque la Xunta no cumple con la obligación legal de proporcionar toda la documentación sobre ellos.
En el año 2012, por ejemplo, se hizo con dos contratos por valor de 100.300 euros para el servicio de atención al consumidor del Instituto Galego de Consumo (IGC) en A Coruña (70.800 euros) y Pontevedra (29.500 euros). El precio que ofertó para el primero es idéntico al de licitación, y el de Pontevedra, sólo 697 euros menos. En ambos expedientes sólo figura un único documento, la resolución final que asegura que el IGC ha invitado a otras empresas a participar, pero sin información alguna sobre cuáles son, ni sobre sus ofertas ni las valoraciones sobre las mismas.
En otras ocasiones es fácil deducir que la competencia de Eulen ha acabado por entender que es inútil concursar para determinados contratos y acaba desistiendo de participar.
La Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), empresa pública mixta gestora de la recogida y tratamiento de residuos en la comunidad, ha adjudicado a las empresas del grupo contratos plurianuales que suman más de 3,5 millones de euros desde el 2011, encargándole sus servicios de enfermería y cuidado y mantenimiento de jardines en adjudicaciones con irregularidades como que no aparezcan en el expediente las justificaciones a una oferta considerada como anormal o desproporcionadamente baja.
Al concurso para la enfermería de Sogama se presentaron seis empresas en el 2011 y cinco en el 2014, pero al del 2019 sólo concurrió Eulen. En el caso de la jardinería, en el 2012 fueron dieciséis las empresas que optaron al contrato, que Eulen se llevó pese a que los técnicos declararon que su oferta era un baja desproporcionada. Al del 2016 concurrieron nueve competidoras, y al del 2020, sólo tres, dos de las cuales fueron excluidas por defectos técnicos.
Algo similar ocurrió con la gestión de los centros de día del Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar en la provincia de Lugo, en un concurso similar al citado más arriba sobre los centros de la comarca de Ferrol.
Al concurso de Lugo, por 1,44 millones de euros, se presentaron cinco empresas y lo ganó Eulen con la cuarta peor oferta económica. Al del 2019 ya sólo concurrieron dos: Eulen y, curiosamente, la misma empresa que ofertó la misma cifra que ella, céntimos incluidos, para el sospechoso contrato de los centros para mayores y dependientes de Ferrol y su comarca. El concurso para lo de Lugo en el 2019 también lo ganó la empresa que dirige en Galicia la hermana de Feijóo.
El Partido Popular rechazó este miércoles en el Parlamento de Galicia una propuesta del Bloque Nacionalista Galego para solicitar al Consello de Contas de Galicia que investigue las adjudicaciones de la Xunta a Eulen desde el 2009, propuesta que sí contó con el apoyo del PSOE.
Público ha pedido a Eulen y a la Presidencia de la Xunta su valoración sobre el aumento de los contratos de la Administración gallega con Eulen y el hecho de que en muchos procedimientos existan sospechas de trato de favor e información privilegiada. Eulen ha declinado hacer valoraciones, y la Xunta ni siquiera ha contestado a la solicitud de este diario.