Con la intención de extraditar al periodista y disidente político ucraniano, Anatoli Sharí, la policía nacional española ha procedido este miércoles, a la detención del opositor político, crítico con el régimen de Kiev en virtud de una orden internacional de detención por sus presuntas “actividades pro-rusas y en contra del estado ucraniano así como bajo la acusación de traición”, lo que el opositor ucraniano niega. Este jueves ha comparecido ante la Audiencia Nacional y tras pagar la fianza queda a la espera de su más que posible extradición a territorio ucraniano.

Sharí, que reside en Tarragona desde 2019 tras haber solicitado asilo en la UE, es además de periodista, bloguero y político y viene recibiendo amenazas de muerte por su trabajo de investigación periodística, por parte de grupos neo-nazis que han llegado a asaltar su domicilio en España.

Esta detención ha sido posible gracias a la estrecha cooperación del Servicio de Seguridad e inteligencia de Ucrania (SBU) y las autoridades españolas, como resultado de una operación especial encaminada según el SBU a imponer al periodista ucraniano “un merecido castigo como traidor a Ucrania”.

Asociaciones de juristas en Ucrania han calificado al Servicio de Seguridad e Inteligencia como la Gestapo de Ucrania, responsable de atrocidades tanto contra la población de Ucrania como contra los ciudadanos de la República Popular de Donetsk y Luhansk.

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicado en junio de 2016 constata que el SBU detiene y tortura a personas en régimen de incomunicación y confirma la existencia de cárceles secretas del SBU.

A raíz del golpe de estado del Maidan en 2014, batallones enteros de los grupos paramilitares de ideología hitleriana fueron premiados con la incorporación a la estructura oficial de seguridad y fuerza policial y militar y de esta realidad no se libra el SBU que según analistas tendrían una importante presencia en el aparato de la seguridad ucraniana.

Uno de los más notorios excesos de este servicio de seguridad, tuvo lugar recientemente cuando el SBU asesinó a Denis Kireev, uno de los miembros ucranianos de la delegación negociadora que se reunió recientemente con una delegación rusa en la frontera bielorrusa para intentar poner fin al conflicto entre ambos países. Nuevamente la acusación esgrimida por la SBU para justificar el asesinato fue la de la traición.

Y en estado de cosas, el gobierno español, el más progresista de la historia moderna, no sólo envía armamento que termina en manos de unidades neonazis del ejército ucraniano, ahora también ejerce de policía política arrestando a disidentes extrangeros para su extradición a un estado donde se suprimen las libertades individuales, se prohíben los partidos políticos opositores (excepto a los partidos de corte neonazi), se nacionalizan los medios de comunicación para que todos manden un mismo relato y se atan a postes a homosexuales, gitanos  y opositores.

Anatoli Sharí, que ha sido reiteradamente amenazado de muerte, sería inmediatamente asesinado por los órganos de represión del régimen ucraniano, por ser tan sólo un periodista crítico con el estado ucraniano.

Las autoridades ucranianas señalan que Sharí habría realizado “actividades ilegales en detrimento de la seguridad nacional de Ucrania en el ámbito de la información”, asumiendo que existen “razones para creer que Sharí actuó en nombre de potencias extranjeras”.

¿Las evidencias que sustentan la acusación?

“Que una serie de estudios de expertos, determinaron que en entrevistas y discursos de Anatoli Sharí existirían indicios de sus actividades subversivas contra Ucrania”.

En el terreno internacional el gobierno de Pedro Sánchez está metiendo la pata demasiado a menudo, aceptar la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental que le puede costar a nuestro país entre otros que Argelia (principal suministrador de gas a España) corte el grifo del suministro si como se demuestra, España revende el gas argelino a Marruecos.

Otro episodio épico de la diplomacia española reciente ha sido abstenerse en la votación de La Asamblea General de Naciones Unidas cuando se votaba una resolución de condena al Enaltecimiento del Nazismo, (Ucrania y EEUU votaron en contra de la resolución de condena).

Pero si un gesto no ha pasado desapercibido ha sido el fortalecimiento de las relaciones con Arabia Saudí a quien España vende armamento utilizado para el genocidio del pueblo yemení y más recientemente el posicionamiento anti-ruso y la total aprobación del gobierno del totalitario y extremista presidente Zelenski.

Entregar a un periodista y disidente político a un régimen violador de los DDHH como Ucrania que acomete de manera reiterada crímenes de guerra y de lesa humanidad, pone a España y su gobierno en una posición no muy diferente del Gobierno británico, cuyos tribunales han ratificado la entrega en extradición del periodista Julian Assange a los EEUU, para que sea encarcelado de por vida o ejecutado.

España debe desvincularse de regímenes autoritarios, impedir la extradición de periodistas críticos con sus gobiernos y tal vez poner más atención por periodistas españoles encarcelados como el caso del periodista Pablo González, encarcelado en aislamiento por el gobierno ultraderechista de Polonia a finales de febrero sin poder ver a un abogado ni a sus familiares y que ha sido acusado de ser , ¡oigan bien!…un agente de la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas, cuando en realidad era un periodista “freelance” informando desde la frontera polaca con Ucrania, de la llegada a Polonia de refugiados ucranianos.

Una acusación que por absurda no es menos peligrosa y podría acarrear una larga condena a Pablo González por parte de la justicia de un país alineado con Ucrania en el sentimiento anti-ruso y pro-nazi.

Pablo González cumple hoy 67 días encarcelado con la complicidad del gobierno de Pedro Sánchez y el silencio cómplice de los medios españoles, mientras que el periodista ucraniano Anatoli Sharí es detenido por España por traición a Ucrania, una verdadera vergüenza cuando hace tan sólo 48 horas que en España se ha celebrado a bombo y platillo el Día Mundial de la Libertad de Prensa.