«Cuanto más ocultaba la ministra de Defensa sobre Pegasus, más culpable parecía el presidente». Fuentes socialistas y del mundo independentista confirman a Público que ahora cobran sentido las palabras de Margarita Robles en el Parlamento, cuando aseguraba que en el CNI «todo es legal» y que no podía revelar secretos.
«¡Margarita lo sabía, cómo no lo va a saber quien controla el CNI!», aseguran a este medio diputados del PSOE.
Por su parte, el diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu entiende que el Gobierno y Margarita Robles estaban al corriente de las escuchas al independentismo cuando esta las negaba en sede parlamentaria, porque ya hace un año la ex ministra Arancha González Laya tuvo un ataque y lo informó.»Es muy peregrino el argumento de que se enteran un año después». Aunque reconoce que no cree que la información de Moncloa sobre las intervenciones a Pedro Sánchez y Margarita Robles sea falsa.
Interpreta el diputado vasco que hay una falta de seguridad cuando se llega al presidente y lamenta que el Gobierno no esté a la altura «cuando hay decenas de personas que han visto vulnerados sus derecho».
Para Iñarritu, «no actúan de la misma manera que cuando denuncian lo suyo. Tienen claro que en su caso fue un ataque externo, pero en el caso de los independentistas el Gobierno tuvo tres estrategias sucesivas: primero negarlo, la segunda fue admitir una parte del asunto, diciendo que era legal y pocos casos, y por último, poner el foco en su caso obviando el resto».
Las izquierdas, molestos con las formas
Desde las izquierdas, además, se muestran molestos por las formas de la ministra de Defensa y, como este lunes adelantaba Público, Podemos quiere conocer si Moncloa ha solicitado investigar eventuales pinchazos a ministros de su coalición.
Pero sobre todo recuerdan este momento de su intervención que apunta a que sabía lo del espionaje al propio presidente y a ella misma, aunque no estaba autorizada aún por el ministro Bolaños y Sánchez a revelarlo: «En cuanto venga la directora del CNI, los presentes en esa comisión que tanto están pidiendo, se van a llevar una sorpresa cuando salgan esas informaciones». Efectivamente, así ha sido.
Lejos de aplacar los ánimos por el espionaje al mundo independentista a través de Pegasus, la confirmación de Moncloa de primera hora de este lunes sobre la intervención de los teléfonos oficiales del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa, solo dispara aún más las alarmas entre el bloque de la investidura.
Pocas dudas muestran sus señorías en privado, e incluso varios en público, también incluso entre las filas socialistas, sobre si Margarita Robles conocía que incluso ella misma tenía el teléfono pinchado cuando se resistía a dar información en el Parlamento sobre este espionaje y la implicación o no del CNI en la intervención a los móviles de diputados catalanes.
El PP mueve ficha
Mientras la palabra de la ministra de Defensa se pone en entredicho por todo el bloque nacionalista y en parte desde las filas socialistas, el PP mueve ficha por su cuenta y envía a una persona cercana a hablar con diputados independentistas para asegurarles que sabe de buena tinta que sus teléfonos también están pinchados.
Además, esta garganta profunda popular, que asegura conocer de primera mano lo que ocurre en el CNI, asegura al menos a uno de estos diputados independentistas -según ha podido saber Público– que el espionaje con Pegasus en España alcanza a 1.500 cargos públicos del Estado y las autonomías.
El hombre del PP que lleva la alarma a determinados parlamentarios se atreve a hablar hasta del coste por intervenir cada teléfono: 6.000 euros. Cifra que parece muy por debajo del coste real de este tipo de espionaje. Lo que no ha confirmado es si fue durante el Gobierno de Rajoy cuando se inició la supuesta vigilancia que denuncia.
De negar el espionaje a admitirlo
El líder de ERC, Oriol Junqueras, reconoce a Público que cuestiona la credibilidad del espionaje a Sánchez y que Robles no supiera el miércoles, y ahora sí, de la vigilancia al propio presidente. Según sus propias palabras, «el Gobierno español, en pocos días, ha pasado de negar el espionaje, a admitirlo y justificarlo, tal como hizo la ministra Robles en sede parlamentaria. Ahora también resulta que les han espiado a ellos».
Junqueras se pregunta qué credibilidad pueden tener «estos giros de guion, este relato que permanentemente están construyendo para evitar asumir responsabilidades”. A su entender, «el Gobierno da más credibilidad a una investigación hecha por ellos mismos y para ellos mismos, que no a una investigación realizada por una entidad internacional de prestigio y publicada por un medio internacional de prestigio —-aunque la Ministra puede que no lo conozca. A nosotros nos generan muy poca confianza», ha explicado a Público.
Junqueras: «¿Qué credibilidad puede tener?
El presidente de ERC entiende que al margen de que se crean o no que Margarita Robles lo sabía o de si pueden haber pinchado también su teléfono y el de Sánchez, «esto no diluye las responsabilidades que el Gobierno ya debería haber asumido por el espionaje masivo que han llevado a cabo contra al menos 60 personas del movimiento independentista catalán, periodistas y abogados».
A su juicio, «cada día que pasa es más difícil que la ciudadanía catalana, o que cualquier demócrata, pueda tejer de nuevo las confianzas que el propio Gobierno está dañando. Cuando nosotros pedimos que investiguen sobre el espionaje, responden que la ley les impide responder. Cuando les espían a ellos – o eso dicen – no tienen ningún inconveniente en anunciarlo y acudir a los tribunales. ¿Por qué?».
Prueba principal en el procedimiento
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ya ha interpuesto una denuncia en la que incluye dos informes elaborados por el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) con fecha del 30 de abril de 2022. Esos informes constituirán la prueba principal en el procedimiento.
Desde el momento en el que la Audiencia Nacional acepta la denuncia del Gobierno sobre el espionaje de Pegasus, cualquier otro juez que esté investigando ese software espía en España se tiene que inhibir a favor del Juzgado Central de Instrucción número 4. Todas las otras querellas se tienen que acumular a esta, incluidas las que ya han presentado y anunciado los partidos y líderes independentistas catalanes.
El titular del citado juzgado, José Luis Calama Teixeira, lo remitirá a su vez al Juzgado Central de Instrucción Decano, para que se proceda al reparto al que por turno corresponda.
