Primera parte
Segunda parte
Completo
El Juzgado de Instrucción 3 de Lugo investiga a la dueña de una agencia por un delito contra los derechos de los trabajadores por liderar una trama que explotó laboralmente a decenas de mujeres migrantes de América Latina para el cuidado de mayores. Muchas de las familias que contrataron los servicios recibieron ayudas públicas de la Xunta.
Sin derechos, sin contrato laboral ni descanso regulado. Las 24 horas del día, los siete días de la semana. Así eran las condiciones en las que trabajaron al menos 60 mujeres migrantes de América Latina en situación irregular en Galicia, mayoritariamente en la provincia de Lugo. Fueron ‘empleadas’ como ‘internas’ para el cuidado de personas mayores por una agencia habilitada, cuya dueña y una red de colaboradores están siendo investigados por el Jugado de Instrucción 3 de Lugo, según ha podido saber Público de fuentes de la investigación.
La empresa Asistencia Castroverde S.L., creada en 2004, con sede en la localidad lucense de Castroverde, proporcionaba personal para el cuidado de personas mayores y dependientes y tenía convenios con varios ayuntamientos. Muchas de las familias que recurrían a sus servicios eran receptoras de ayudas por parte de la Xunta de Galicia para el cuidado de sus mayores.
La cobertura legal de esa empresa, que llegó a contar con 27 trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social, dificultó que las administraciones públicas se percataran de que las cerca de 80 ‘internas’ que tenía colocadas Asistencia Castroverde S.L. en 2019 en otros tantos domicilios gallegos se encontraban en situación irregular en España.
En la causa hay localizadas, hasta el momento, cerca de 60 víctimas de explotación laboral, aunque sólo han declarado unas 40. Algunas de ellas estuvieron trabajando en pésimas condiciones durante tres años, otras sólo unos meses, pero todas cobrando en sobres y mintiendo a las familias sobre su situación en España, por orden de la dueña de la empresa, Montserrat L. G., según ha podido comprobar en el sumario este diario.
Montserrat L. G. se enfrenta a tantos delitos de explotación laboral como víctimas aparezcan. El artículo 311 del Código Penal indica que será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años el que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, imponga a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
El artículo 311 bis establece además penas de tres a dieciocho meses o multa de doce a treinta meses quien de forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo.
Las mujeres cobraban entre 800 y 1000 euros por trabajar de ‘internas’ en los domicilios de los ancianos las 24 horas del días y durante todos los días de la semana. Si pretendían librar un día, Montserrat L.G. les descontaba 100 euros. Para ella era fácil conseguir que estas mujeres migrantes accedieran a realizar ese trabajo, pues la mayoría no disponía de domicilio ni de recursos para pagar un alquiler. A las familias usuarias les cobraba entre 1.100 y 1.520 euros al mes.
El juzgado incoó diligencias en diciembre de 2019 ante una denuncia de la Guardia Civil sobre el caso de una mujer colombiana que confesó al hijo de la anciana que cuidaba que carecía de papeles, por lo que no tenía contrato laboral.
Aquella denuncia inicial, con seis presuntas víctimas, dio lugar a una causa mayúscula con 44 víctimas y familias que se sienten estafadas. En total se han localizado casi 60 mujeres explotadas laboralmente y se está a la espera de que puedan declarar para sumarse al procedimiento, según informan fuentes jurídicas.
El juzgado autorizó la interceptación, escucha y grabación de las conversaciones telefónicas realizadas por la investigada. La Fiscalía adujo que era el único medio de investigación idóneo para identificar a otras víctimas. Y, en efecto, así ocurrió desde enero de 2020.
La gerente y dueña de Asistencia Castroverde S.L. solía contratar a las migrantes por teléfono. Incluso por WhatsApp les daba instrucciones: «No digas que acabas de llegar», consta en un mensaje aportado al sumario. «Si en la casa te piden la documentación les dices que me la has dado a mí», aparece en otro.
Mientras a las familias les aseguraba la investigada que las chicas contaban con seguro por si sufrían algún accidente y con la habilitación necesaria para los cuidados a personas mayores enfermas, como el de auxiliar de enfermería, a las mujeres explotadas las engañaba diciéndoles que iban a cuidar a una persona encamada y después se encontraban con dos ancianos dependientes.
Algunas de las familias se quejaban de que las chicas no tenían preparación para las tareas específicas en el cuidado de personas enfermas o sin movilidad. Son cuidados muy especializados. En esos casos, la investigada se ofrecía rápidamente a sustituirlas por otras.
La mayoría de las mujeres acababan de llegar a Lugo cuando por mediación de amistades lograban el teléfono de Montserrat, conocida en aquel entorno como una empresaria que daba trabajo a los migrantes irregulares, según consta en el sumario.
Una de las condiciones que imponía Montserrat a las migrantes era que no podían librar. Así se desprende de varias conversaciones telefónicas aportadas a la causa. «Ruth (acento sudamericano) llama a Montse y se identifica como la hermana de Luisa; le dice que como le escribió por si le interesaba trabajo de interna, ahora le dice que lo necesita. Montse le dice que escribió a varias chicas. Le dice que es para cuidar a una señora sin libranzas, que si quiere librar hay que mandar a otra chica», consta en el sumario.
Uno de los indicios más potentes que maneja el juez es la forma de cobro elegida por la investigada: sobres con dinero y con el nombre de la trabajadora a mano en un bar de Lugo. La empleada del bar está también imputada en la causa al haber repartido los sobres con las mensualidades de las migrantes.
Otro método era a través de una plataforma de pago a través del móvil con la que pagaba las cantidades más bajas, ya que no es posible transferir más de 600 euros por día.
Waldir Sinisterra, uno de los abogados personados, perteneciente a la Asociación Clara Campoamor, acusación popular en la causa, manifiesta que este caso, en el que representa a 25 víctimas, «no sólo es una afrenta para las mujeres migrantes explotadas, lo es también para toda la sociedad, dada la constante vulneración de los derechos de las personas, en este caso, mujeres. Una sociedad avanzada no puede mirar para otra parte ante la explotación de personas vulnerables».
En el sumario consta que Montserrat L. G. se refería a las trabajadoras irregulares como «negras». En varias conversaciones con su madre, la investigada usa esa expresión.
El abogado Waldir Sinisterra destaca uno de los últimos testimonios recabados en el juzgado, el de una mujer cubana a la que Montserrat L. G. abonaba 300 euros al mes por acudir al domicilio de un señor enfermo, situado en una aldea lucense, tres horas al día durante toda la semana, incluido el sábado y el domingo, para lo que tenía que tomar un autobús que se costeaba ella misma. «Abusaba de la situación precaria de estas mujeres», recalca el letrado de la Asociación Clara Campoamor.
Este abogado ve con inquietud el hecho de que la empresa Asistencia Castroverde se encuentre en proceso de liquidación, según ha comprobado Público en el Registro Mercantil. «Es probable que tenga que resarcir económicamente a sus víctimas y si se ha deshecho de sus activos la situación se complica».
Las familias de las personas ancianas firmaban un contrato con Asistencia Castroverde S.L. Muchas contaban con ayudas públicas por la Ley de Dependencia para el cuidado de sus mayores por lo que necesitaban la factura mensual para poder justificar el gasto. Pero en otras ocasiones, Montserrat L. G. proponía no cobrarles el IVA y así rebajaba el importe 100 euros.
La impunidad con la que presuntamente ha operado la investigada al menos desde 2017 pasó inadvertida incluso para trabajadoras sociales de ayuntamientos gallegos, que le pedían personal con mucha frecuencia. Destaca en este aspecto la conversación mantenida con una trabajadora social de A Coruña el 19 de diciembre de 2019. Montserrat respondió afirmativamente a la petición de la interlocutora, que precisaba una ‘interna’ para una mujer que se había roto un pie y necesitaba ayuda durante dos meses.
La dueña de Asistencia Castroverde le informó de que serían 1.520 euros, pero que si no le interesa factura serían 1.400 y que la chica «le hace todo». Al final, la mujer optó por la factura «porque así le entra algo del seguro». A Cristina, la migrante elegida para el trabajo, Montserrat le ofrece 1.000 euros sin librar ningún día.
Algunos ayuntamientos lucense, con el de Meira, habían contratado a la empresa de Montserrat para la realización del servicio de ayuda a domicilio. Sin embargo, ninguna administración pública se ha personado en la causa, ni siquiera la Xunta, pese a que con dinero público se financiaron algunos de los servicios ahora investigados.
La mayoría de las mujeres migrantes que trabajaron para Montserrat han solicitado al juzgado que se las reconozca como víctimas y testigos en la causa, lo que implica un permiso temporal de residencia y de trabajo mientras dure la instrucción. «Se trata de una autorización excepcional por su colaboración con la Justicia. Después ya pelearemos porque tengan las mejores condiciones», explica Waldir Sinisterra.
Otras muchas, sin embargo, no han querido denunciar ante el temor de que puedan ser finalmente expulsadas del país. La mayoría de las víctimas proceden de Colombia, Honduras y Nicaragua, sobre todo.
Público ha intentado recabar la versión de la investigada Montserrat L. G. pero su letrado asegura que no podido localizarla para transmitirle la petición y él ha declinado comentar el caso.
Como investigados en la causa, junto a ella, constan otras cinco personas más: su hija, que según el juzgado, era la presunta responsable de calcular el sueldo de cada una de ellas e introducirlo en los sobres; dos mujeres que supuestamente ayudaron a repartir los emolumentos; un hombre que ayudó logísticamente y un empleado irregular que supuestamente se encargaba de facilitar el teléfono de Monstserrat a las migrantes sin papeles y viceversa.
Una investigación concluye, ante la falta de estadísticas oficiales, que entre 2016 y 2021 se produjeron 274 agresiones sexuales múltiples. El consumo de pornografía y la estacionalidad tienen relación directa con estos casos.
Cinco adolescentes de entre 15 y 17 años violaron a dos menores de 12 y 13 hace unos días en la localidad valenciana de Burjassot. No es un caso aislado. Este lunes se ha conocido que la Guardia Civil investiga la agresión sexual a una joven de 30 años perpetrada por tres hombres en Almería y que la Policía Nacional ha detenido a cuatro menores de edad acusados de haber violado a una joven de 18 años el pasado viernes en la localidad castellonense de Vila-real. Hace un par de semanas salió a la luz el intento de violación grupal a otra mujer en Málaga, tras el que dos de los tres detenidos ingresaron en prisión.
En 2021 en España se registraron 2.143 denuncias por el delito de agresión sexual con penetración
Durante el año 2021 en España se registraron un total de 2.143 denuncias por el delito de agresión sexual con penetración. Son cerca de seis violaciones al día, o lo que es lo mismo: una cada cuatro horas. Así lo reflejan los datos que el Ministerio de Interior hace públicos en su Balance de Criminalidad. La cifra crece hasta un 34,3% con respecto a 2020, periodo marcado por la pandemia, y un 14,4% en relación con 2019.
Los números evidencian no necesariamente que se den más casos de agresión sexual, si no que se denuncia más. Según el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, «las activas políticas de concienciación social han provocado una mayor disposición de las víctimas a denunciar estos delitos y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». Sin embargo, no hay datos oficiales que concreten las cifras sobre las agresiones sexuales en grupo.
Una investigación hemerográfica del portal GeoViolenciaSexual del observatorio Femenicidio.net concluye que entre 2016 y finales de 2021 en España se produjeron un total de 274 agresiones sexuales múltiples. Según avanza a Público una de las coordinadoras del proyecto, Graciela Atencio, se produjo un pico de violaciones grupales en el año 2019, cuando se contaron hasta 87 casos.
En el año 2019 se contabilizaron hasta 87 agresiones sexuales en grupo
La experta señala que con el fin de las restricciones por la pandemia también está habiendo un aumento de los casos, que se suman ahora al factor estacional: «La mayoría se concentran en los meses de primavera y verano ya que estas agresiones sexuales se cometen en un marco de entretenimiento y ocio, cuando los jóvenes, que son en mayor medida los perpetradores y las víctimas, tienen más tiempo libre».
La mayoría de agresiones sexuales en grupo son llevadas a cabo por hombres jóvenes de entre 25 y 33 años y sin antecedentes policiales. Suelen tener lugar en días festivos o en fin de semana -mayoritariamente los sábados-, por la noche y en la vía pública o un espacio abierto. Además, el modus operandi que se lleva a cabo para lograr una aproximación a la víctima suele ser el engaño, aunque también se utiliza frecuentemente la violencia física o psicológica, según un informe elaborado por el Ministerio de Interior y varias universidades sobre el perfil del agresor sexual con víctima desconocida.
En la reproducción de la violencia sexual en la sociedad tiene mucho que ver la pornografía. «Es la inspiración y el ejemplo que toman los jóvenes para llevar a cabo este tipo de delitos, por eso pedimos que los menores no tengan acceso a este tipo de contenidos porque hay un factor de influencia y lo que se aprende a través de la pornografía es violencia sexual», explica Atencio, que considera imprescindible que se tomen medidas en este ámbito para conseguir frenar esta lacra. En la lista de planes para atajar las agresiones sexuales la coordinadora de Femeninicidio.net también destaca la puesta en marcha de protocolos de actuación, prevención y sensibilización en las regiones en las que se celebren fiestas multitudinarias y el control parental a los adolescentes.
Atencio: «Algunos jóvenes no son conscientes de que están ejerciendo violencia sexual»
«Algunos jóvenes no son conscientes de que están ejerciendo violencia sexual porque se están naturalizando estos comportamientos en algunos ambientes de juerga y eso entraña un gran riesgo», señala Atencio, que cree que «estamos ante un problema muy serio» en el que las generaciones más jóvenes tienen una reacción patriarcal a la reclamación de libertad sexual por parte de las mujeres. Cabe señalar que el 20% de los jóvenes de entre 15 y 29 años niega la existencia de la violencia de género y cree que es «un invento ideológico», el número de chicos que tienen este pensamiento se ha duplicado desde 2017 coincidiendo con el auge de la extrema derecha en España, que insiste en negar la violencia machista.
Por el momento no existe un registro de estadísticas sobre agresiones sexuales grupales, por lo tanto, es complicado saber a ciencia cierta hasta dónde llegan estos casos. Según la última Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad casi tres millones de mujeres en España han sufrido violencia sexual, sin embargo tan sólo un 8% de la mujeres que la han vivido denuncian, lo que supone que más del 80% de estas agresiones permanecen ocultas y no son perseguidas. Los motivos de las mujeres para no poner en conocimiento de la Justicia estos casos son variados, aunque entre ellos destacan que los hechos sucedieron cuando era menor, la vergüenza y el temor a no ser creída.
El tipo penal de abuso sexual se eliminará del Código Penal con la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’
En concreto, Alario señala que hay mujeres que evitan denunciar parar no pasar por el mismo calvario judicial al que se enfrentó la víctima de La Manada. Se trata de un caso que marcó un antes y un después tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra y confirmada por Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que revocó después el Tribunal Supremo, cuando reconoció que la agresión sexual a una joven en la noche del 7 de julio de 2016 en Pamplona fue una violación y no un caso de abusos sexuales.
De hecho, el tipo penal de abuso sexual se eliminará del Código Penal con la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí y en su lugar sólo existirá el delito de agresión sexual, es decir, el de violación. Con esta medida se pone el consentimiento en el centro, por lo que las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia y también se impondrán agravantes a las agresiones grupales. La norma finalizará previsiblemente este jueves su andadura en el Congreso de los Diputados después de que fuera aprobada el pasado mes de julio en el Consejo de Ministros.
En La base de Público de hoy hacemos un análisis sobre el diario El Mundo. No se trata de ofrecer una opinión, el objetivo es ofrecer información y partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones.
Con rigor y aportando datos, Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levin reflexionan sobre el papel de los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas.
Entrevistamos a Vicky Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y víctima en su día de una conspiración por parte del diario El Mundo. En nuestra mesa de análisis contamos con el periodista José Manuel Martín Medem.
Y como punto final, ‘Placeres culpables’ con Anita Fuentes. Una sección dedicada hoy a ‘Ciudadano Kane’, para muchos, la mejor película de la historia.
A una semana de presidenciales en Colombia, el candidato izquierdista Gustavo petro, llegó a Zipaquirá para realizar su cierre de campaña.
En medio de fuertes medidas de seguridad, este domingo, el candidato presidencial, Gustavo Petro, llegó a Zipaquirá, cerca de Bogotá, para realizar su cierre de campaña, a una semana de las elecciones presidenciales. Frente a miles de seguidores habló del reto, que según él, tiene Colombia por delante en estas elecciones.
Petro aprovechó su discurso para mandar un mensaje a esa élite que, según él, se opone al cambio en Colombia.
Después de señalar las reformas que llevarían al país a tener la paz y la justicia, dio a conocer sus propuestas para Colombia.
Y defendió su postura frente a la política energética de Colombia, una postura apoyada por alrededor de 27 intelectuales de talla mundial, entre ellos el estadounidense, Noam Chomsky.
El izquierdista Gustavo Petro con una amplia ventaja, lidera los sondeos y se mantiene como el favorito de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo.
ffa/mkh
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició una gira a Asia, que le lleva a Corea del Sur y Japón.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden en su primera visita oficial a Asia. La primera parada fue Corea del Sur, donde los mandatarios de ambas naciones insistieron en hacer frente a lo que llaman amenaza militar de Pyongyang.
De igual manera, el mandatario estadounidense, dijo estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. Aun así, el mandatario y su homólogo surcoreano, Yoon Suk-yeol, acordaron realizar maniobras conjuntas, en momentos que Pyongyang ha multiplicado sus pruebas de misiles.
Durante su gira, Biden, no se desplazará a China, algo que sí hizo su predecesor, Donald Trump. Aun así, Pekín será la verdadera protagonista del viaje, donde el mandatario insiste en que el Pacífico, siguen siendo la prioridad de Washington. Un mensaje que esta protesta en Seúl asegura que no llevará a la paz.
Por su parte, China, también, ha mostrado su incomodidad con la gira.
En Japón, Biden participará el martes en una reunión entre los miembros del Quad, la alianza entre EE.UU., Japón, Australia e India que tiene como prioridad no declarada contrarrestar el creciente poder de China.
ffa/mkh
El reciente libro de Mark Esper arroja luz sobre la agenda política de persecución del expresidente de EE.UU., Donald Trump, a Venezuela y el rol de Alex Saab.
Venezuela ha demostrado en múltiples oportunidades y sobre la base de un sin número de documentos que Alex Saab es un funcionario Diplomático que cumplía una función específica al momento de su detención el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde. Sin embargo, desde Estados Unidos han insistido que la condición diplomática de Alex Saab es falsa y que no portaba con ningún documento al momento de su detención. Por supuesto, tampoco han podido explicar cómo es que los medios de comunicación de Cabo Verde (a través de una fuente del Departamento Policial de ese país), publicó los documentos que llevaba Alex Saab consigo al momento de su detención. Los distintos documentos estaban dirigidos a las altas autoridades de la República Islámica de Irán por parte de sus homólogos de la República Bolivariana de Venezuela.
Lo que olvidaban los incrédulos en Estados Unidos y sus aliados de los medios de comunicación es que la misión especial de junio de 2020 era la tercera misión que realizaba Saab a la nación persa. El enviado especial Alex Saab había viajado a Irán en marzo y abril de 2020. El primer viaje tenía como objetivo profundizar los lazos comerciales entre los dos países aliados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el segundo era para asegurar la tan necesaria gasolina que escaseaba en Venezuela luego de las ilegales sanciones económicas unilaterales impuestas por Estados Unidos y las consecuencias mundiales causadas por la pandemia del COVID-19.
Tal vez ayude a quienes se empeñan en negar esta realidad el leer con detenimiento el reciente libro de Mark Esper, ex secretario de Defensa de Estados Unidos, llamado “Un juramento sagrado”. En el mismo, Esper deja clara la agenda política de persecución del régimen de Donald Trump a Venezuela y su diplomático Alex Saab. Por supuesto, el autor del libro se pinta como uno de los pocos altos funcionarios del gobierno de Trump que actuaba con cordura ante las caprichosas e infantiles elucubraciones de Trump sobre “invadir a Venezuela”.
El exjefe del Pentágono relató que: “Bajo la dirección de Maduro, Saab habría estado en misión especial para negociar un acuerdo con Irán para que Venezuela reciba más combustible, alimentos y suministros médicos. Saab era el hombre de confianza de Maduro cuando se trataba de elaborar los acuerdos económicos y otras transacciones que mantenían al régimen a flote.”
La confesión de Esper no deja dudas que Estados Unidos estaba al tanto que Alex Saab cumplía una función diplomática, por cuanto negociaba al más alto nivel un acuerdo con Irán de entrega de alimentos básicos, medicinas y combustible a Venezuela. Solo en el mundo diplomático civilizado es bien sabido que solo los funcionarios diplomáticos son los que negocian acuerdos entre Estados.
Mark Esper no tiene reparo en dejar clara la importancia que tenía para Estados Unidos la detención del diplomático venezolano, al plasmar que “…el acceso a él (Saab) podría ayudar a explicar cómo funcionaban Maduro y su régimen. Era importante conseguir detenerlo. Esto podría proporcionar una verdadera hoja de ruta para que el gobierno de EE.UU. desentrañe los planes ilícitos del gobierno venezolano y llevarlos a la justicia”.
Así pues, las motivaciones políticas quedan al descubierto para todos. Los supuestos delitos que se le imputan a Alex Saab no son más que una artimaña para justificar la extralimitación judicial de Estados Unidos por motivos políticos. En esta explicación se verifica que los cargos penales contra Alex Saab corresponden más bien a un montaje por el interés de Estados Unidos de detener la llegada de alimentos, medicamentos y combustibles a Venezuela, de allí que Esper admitiera que “era importante conseguir detenerlo”, y como consecuencia se le construye la acusación de “Lavado de Dinero” en Estados Unidos, por supuesto, sobre la base de débiles pruebas que en un juicio serio y no político hubieran sido inmediatamente desestimadas.
El caso del diplomático venezolano Alex Saab revela la flagrante violación del Derecho Internacional por parte de Estados Unidos, algo que muy claramente lo entienden los conocedores de la materia en la nación norteamericana, por ello Mark Esper admite que la detención del Diplomático venezolano asustó “…a los funcionarios del Departamento de Estado, departamento de Justicia y el NSC que estaban trabajando en este caso.” Esto después que el Canciller de Venezuela para ese momento denunciara que la acción de Estados Unidos violaba las leyes que protegen a los funcionarios diplomáticos.
Mark Esper describe a su antiguo jefe, Donald Trump, de tener un comportamiento errático y desquiciado, que tuvo su máxima expresión con la obsesión de Trump de que Alex iba a ser liberado por “rusos y venezolanos”. Trump ordenó el traslado del USS San Jacinto del Mediterráneo a Cabo Verde. Según el medio estadounidense The New York Times, el buque costó a los contribuyentes de Estados Unidos 52 mil dólares diarios, lo que equivalió a 25 millones de dólares en total. Dinero que se desperdició sin ninguna explicación racional. Esper relata en su libro que esto se debió a los “rumores que circulaban”, que Rusia enviaría a fuerzas especiales para sacar a Saab, que Venezuela estaba fletando un avión especial para volar a Cabo Verde o que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán estaba preparando una misión de rescate, entre otros. El autor del libro afirmó que el hecho de no estar de acuerdo con la necesidad de enviar el buque San Jacinto al microestado de África Occidental provocó su destitución como secretario de Defensa en noviembre de 2020.
Los siguientes detalles son más reveladores de la vida en el Despacho Oval de Trump al mostrar desprecio por Juan Guaidó y paralelamente al reconocer Trump el respeto por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que calificó, según Mark Esper, de hombre “fuerte”.
También fue revelador en el libro de Esper el intento de Juan Guaidó y otros representantes de la oposición radical de Venezuela en alentar una invasión a gran escala de Venezuela, sin importarle el sufrimiento y la destrucción que esto hubiera traído para los venezolanos. A la vez, Trump planteó bombardear un complejo refinador venezolano, que sirve de puerto para barcos de productos petrolíferos, con el objeto de paralizar por completo la economía petrolera de Venezuela; igualmente, propusieron realizar ataques con operaciones cibernéticas de los sistemas de control digital de la infraestructura económica de Venezuela, tal como ocurrió con el ataque del sistema eléctrico venezolano que dejó al país suramericano sin ese vital servicio durante muchos días.
La irracionalidad y obsesión de Trump no solo se centraba en Venezuela, también, de acuerdo al libro de Mark Esper, el expresidente de Estados Unidos contempló lanzar misiles Patriot en México sin decir que provenían de Estados Unidos, planeaba una intervención en la República Islámica de Irán y seguir asfixiando económicamente a la República de Cuba. Pero también en su propio país, Trump instruyó disparar a los manifestantes que tomaron las calles en los alrededores de la Casa Blanca.
Las revelaciones del libro del exsecretario de Defensa, Mark Esper, verifican que estamos frente a la nación que más ha violado el derecho internacional y los derechos humanos en la historia mundial, y se generaliza por cuanto hasta la fecha no ha existido un cambio de política en las distintas administraciones de Estados Unidos. En el caso del diplomático venezolano Alex Saab, hasta la fecha el Gobierno de Joe Biden no ha mostrado su intención de enmendar la condenable acción de secuestrar a un funcionario diplomático claramente identificado. Esta acción sin duda abre una nueva etapa en la diplomacia mundial y rompe con las reglas del orden internacional a la que la nación norteamericana deberá atenerse en lo adelante.
Por Laila Tajeldine
Las Fuerzas Armadas de Irán condenan el asesinato de su militar y denuncian que EE.UU. e Israel son centros de planificación de actos terroristas en todo el mundo.
El portavoz jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, ha subrayado este lunes que el reciente atentado terrorista contra Hasan Sayad Jodai, coronel del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), desvela que las afirmaciones de los estadounidenses y sus aliados sobre los derechos humanos son falsas.
“Desde nuestro punto de vista, Estados Unidos y el régimen sionista son el centro de planificación y formulación de políticas para actos terroristas en el mundo”, ha agregado.
Shekarchi ha enfatizado que Irán es víctima del terrorismo, con al menos 17 000 ciudadanos muertos a manos de enemigos del país. En este contexto, ha sostenido que el asesinato no es un éxito para los enemigos de la Revolución Islámica, sino una derrota para ellos.
El titular castrense iraní ha aseverado que los enemigos de la Revolución Islámica se encuentran desesperados y, al ver cerradas todas las vías, recurren a actos terroristas, y el asesinato de Jodayi es uno de esos casos, ha indicado.
Las dimensiones de este crimen están siendo investigadas y los resultados del estudio se anunciarán más adelante, tal y como ha indicado el vocero.
Hasan Sayad Jodayi, coronel de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, fue asesinado el domingo a tiros cerca de su casa por dos terroristas en motocicletas en el este de Teherán (capital).
El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, ha prometido la “definitiva” venganza por la sangre derramada de Jodayi y ha asegurado que la arrogancia mundial está implicada en este asesinato.
El Movimiento Muyahidines Palestino vinculó el atentado con la agencia de espionaje israelí, el Mossad. Tras lo acaecido en Teherán, el régimen de Tel Aviv ha puesto en alerta a todas sus embajadas en todo el mundo, según informó el domingo el Canal 1 israelí.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte a China de que en caso de involucrarse en una guerra con Taiwán, Washington defenderá militarmente la isla.
“Es un compromiso que hemos asumido”, ha expresado abiertamente este lunes el inquilino de la Casa Blanca en respuesta a la pregunta de una periodista sobre la posibilidad de que EE.UU. intervenga militarmente en una potencial confrontación directa entre China y Taiwán.
En declaraciones ofrecidas en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, en Tokio (capital nipona), Biden ha dejado claro que el reconocimiento de EE.UU. del principio de ‘una sola China’ no significa que Pekín tenga jurisdicción de “usar la fuerza para tomar Taiwán”.
El mandatario norteamericano ha acusado al gigante asiático de realizar vuelos muy bajos en torno a Taiwán, pues, ha advertido a China del coste que sufriría en caso de iniciar una guerra.
“Resultaría en una condena a largo plazo”, ha precisado tras haber destacado las sanciones que el mundo occidental impuso contra Rusia por la guerra en Ucrania.
China ve a Taiwán como una extensión de su territorio nacional, mientras que la isla se cree una nación independiente, y esta divergencia ha sido un foco de tensiones en los lazos Pekín-Washington, pues el país norteamericano está aumentando cada vez más su apoyo político y militar a Taipéi.
Esto mientras Pekín rechaza cualquier intento que ponga en cuestión el principio de ‘una sola China’, y más cuando casi todos los países, incluido EE.UU., reconocen la soberanía china sobre el gobierno autónomo de la isla.
El gigante asiático acusa a Washington de alentar a Taiwán a buscar la independencia y advierte que tales movimientos podrían conducir a una guerra.
“Lamento la decisión de negar la entrada a Israel a Manu Pineda [IU]. Plantearé la cuestión directamente a las autoridades competentes”, ha declarado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola
Israel ha denegado el acceso al presidente de la delegación de la Eurocámara para las Relaciones con Palestina, Manu Pineda (IU/The Left). Así lo ha hecho público el propio Pineda, quien ha tuiteado la carta del Gobierno israelí en la que se le veta la entrada al país: “Mañana [por este lunes] debería comenzar una misión del Parlamento Europeo en Palestina. Sin embargo, Israel prohíbe mi entrada como presidente de la delegación. La misión ha sido cancelada. La misión tenía previsto reunirse con las autoridades palestinas y la sociedad civil, para ver sobre el territorio las consecuencias de la ocupación en la vida cotidiana de la población palestina, así como los efectos de las políticas de cooperación de la UE. Israel está bloqueando el trabajo del Parlamento Europeo. Ya comunicó su negativa a dejarnos acceder a Gaza y ahora eleva la tensión impidiendo la entrada a todo el territorio a la presidencia de la delegación para las Relaciones con Palestina”.
“Lamento la decisión de negar la entrada a Israel a Manu Pineda, el presidente de la delegación para las Relaciones con Palestina del Parlamento Europeo”, ha tuiteado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, “plantearé la cuestión directamente a las autoridades competentes. El respeto a los eurodiputados y al Parlamento Europeo es esencial para las buenas relaciones”.
Metsola se encuentra este lunes en Israel, donde está previsto que dé un discurso ante una sesión plenaria especial de la Knesset por la tarde. También tiene planificadas reuniones con el presidente, Isaac Herzog: el presidente de la Knesset, Mickey Levy: el primer ministro, Naftali Bennett; el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid; y otros dirigentes israelíes.
Según ha informado Izquierda Unida, la visita contaba con la representación de cuatro grupos parlamentarios y tenía como objetivo evaluar la situación de la población palestina. Era la primera misión de la delegación tras la pandemia de la COVID-19 y tras la guerra del año pasado en Gaza.
La agenda de la misión planteaba visitar Jerusalén, Ramala, Hebrón, Belén, Nablus y la franja de Gaza. “Durante la visita se iban a mantener reuniones con partes interesadas de la sociedad civil, para conocer mejor la realidad sobre el terreno, así como con diferentes actores políticos e institucionales para abordar temas como la creciente presión de la ocupación, la espiral de violencia de los colonos y de las fuerzas de ocupación contra la población civil palestina”, explica IU: “También estaba previsto reunirse con organizaciones de prensa para entender la situación de los medios, tras el asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleh”.
“El régimen israelí también ha denegado la entrada de la Delegación a Gaza, tras más de una década sin permitir la entrada al Parlamento Europeo, entorpeciendo el trabajo de evaluación sobre el terreno y tratando de ocultar la situación que padece la población palestina en la franja tras quince años de criminal bloqueo y tras cinco guerras, agresiones del ejército israelí sobre la población civil gazatí”, afirma IU.
Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida y presidente de la Delegación de Palestina en el Parlamento Europeo, declara: “De nuevo, Israel frena los intentos y el trabajo de la Eurocámara para evaluar la situación de la población en Palestina. Mantiene la opacidad sobre las violaciones de derechos humanos que realiza sobre la población de la Palestina ocupada. El régimen de ocupación israelí no puede tener el control sobre el acceso a Palestina. Tampoco puede entorpecer las labores que realiza el Parlamento Europeo para garantizar que el pueblo palestino sea escuchado y para poner freno al sistema de apartheid instaurado por el régimen israelí”.
No es la primera vez que Israel niega el acceso a representantes de países o instituciones extranjeras que mantienen relaciones diplomáticas con el Estado judío, recuerda Efe: en agosto de 2019 no permitió la entrada a dos congresistas demócratas estadounidenses, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, que apoyan el boicot al país.