Unidas Podemos y los partidos independentistas quieren saber si las estructuras parapoliciales del Estado están detrás del caso Pegasus y, en esencia, que haya una investigación en el Congreso sobre el espionaje masivo a pesar de los intentos del Gobierno de dar respuesta a los interrogantes planteados por los grupos a lo largo de las últimas semanas.
Después de que el voto contrario de los socialistas, unido al de las derechas y la extrema derecha, impidiera la creación de un órgano parlamentario en la Cámara Baja para arrojar luz sobre este escándalo de espionaje, el partido minoritario del Gobierno, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, BNG y Compromís pidieron el pasado jueves una comisión de investigación sobre las llamadas cloacas del Estado.
El objeto de la comisión no es casual, ya que está destinado a investigar y depurar la existencia de cualquier trama parapolicial al margen de la legislación que, por otra parte, ya fue reconocida en al menos dos comisiones de investigación en el Congreso cuyas resoluciones contaron con los votos del PSOE.
Así lo reconocen los propios firmantes de la petición, que este martes pasará la primera criba en la mesa del Congreso. Una vez calificada, los grupos la defenderán en la Junta de Portavoces para su debate en el Pleno, por lo que los votos de los socialistas serán cruciales, ya que está previsto que las derechas se opongan.
Dos comisiones sobre las cloacas
Para argumentar la comisión parlamentaria, Unidas Podemos y los partidos independentistas se acogen a las conclusiones de las investigaciones relacionadas con las cloacas que el Congreso ha hecho previamente sobre el Ministerio del Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Textos que han contado con el respaldo del PSOE tanto en la oposición como desde el propio Gobierno.
Concretamente, una en 2017 sobre la cúpula policial de Jorge Fernández Díaz por la persecución de adversarios políticos vinculados al PSOE, el nacionalismo catalán y Podemos. «Quedaba acreditado, según el legislativo, la existencia de un sistema institucionalizado, al margen de la ley, sufragado a través del erario y que se usaba para perseguir, con métodos mafiosos, a una determinada disidencia política», recuerda el texto de la solicitud de comisión parlamentaria.
En cuanto a la de esta legislatura, centrada en la Operación Kitchen para sustraer documentos al extesorero Luis Bárcenas y dificultar investigaciones judiciales contra el PP, la iniciativa de los socios del PSOE recoge que el partido presidido por aquel entonces por Rajoy usaba estas estructuras paralelas para sus propios fines.
Asimismo, estos partidos no dejan pasar la oportunidad de subrayar las distintas irregularidades que han salido a la luz en las que está siendo investigado el excomisario José Manuel Villarejo. Casos como el de Tándem, pequeño Nicolás, la doctora Pinto, la propia Operación Kitchen y otros han arrojado dudas sobre la vinculación de Villarejo con mandos policiales, empresarios, políticos y periodistas para cometer irregularidades, ya fuera para fines políticos o negocios privados al margen de la legalidad.
Explicaciones al Ejecutivo
En otro orden de cosas, estas formaciones afean a Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ambos espiados con Pegasus, que «no se haya explicado a la ciudadanía en ningún foro cuáles han sido los movimientos llevados a cabo por el Ministerio ni sus cargos subalternos para dar cumplimiento al compromiso adoptado en este extremo ni cuáles han sido las consecuencias de la aprobación de las citadas conclusiones de las comisiones por parte del principal partido del Gobierno».
No obstante, a pesar de las declaraciones de altos cargos del PSOE e incluso del propio presidente del Gobierno negando que tales estructuras paralelas continúen operando, el estallido del caso Pegasus y las especulaciones en torno a la autoría del mismo han creado una suerte de «magma de confusión general difícil de esclarecer».
En esta línea, las «inexistentes» explicaciones del Gobierno, amparadas por la Ley de Secretos Oficiales, así como las «ambigüedades declarativas» no han contribuido a arrojar la luz exigible a un escándalo de tal magnitud. «No es propio de una democracia que pesen sombras de dudas en relación con la transparencia y correcta aplicación de la legislación en las actuaciones de los estamentos oficiales del Estado, y en especial, de los relacionados con la seguridad y el monopolio de la fuerza», justifican estas formaciones para exigir una comisión de investigación en el Congreso a raíz de este último caso de espionaje político, dejando la pelota nuevamente en el tejado socialista.
