En estos años, marcados por la pandemia, la Junta ha recuperado proyectos urbanísticos desechados en el pasado por sus impactos ambientales; ha apostado por la intensificación del regadío en Doñana, humedal en declive por la industrialización del campo; y ha agravado algunos problemas históricos como el conflicto del vertedero de Nerva.
Los andaluces acudirán a las urnas en un momento marcado por la degradación ambiental del territorio. Durante la última legislatura algunos de los problemas ecológicos de la región se han visto agravados y el bajo interés del Gobierno de PP y Ciudadanos en la protección de los ecosistemas podría ser determinante en los resultados finales de las urnas.
En estos años, marcados por la pandemia, la Junta ha recuperado proyectos urbanísticos desechados en el pasado por sus impactos ambientales; ha apostado por la intensificación del regadío en Doñana, humedal en declive por la industrialización del campo; y ha agravado algunos problemas históricos como el conflicto del vertedero de Nerva.
Doñana y la amnistía a los regadíos ilegales
A finales de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenaba a España por no cuidar las masas de agua del Parque Nacional de Doñana, el pulmón verde de Andalucía. La extracción ilegal de agua lleva años amenazando este paraje natural, considerado Patrimonio mundial por la UNESCO, como consecuencia del desarrollo intensivo de la agricultura y la industrialización del campo. Esta sentencia europea, sin embargo, no ha llevado al Gobierno andaluz a incrementar la protección del humedal, sino todo lo contrario. Tanto es así que el PP y Ciudadanos impulsaron a principios de 2022 una nueva ley con la que se ampliaban las zonas regables del entorno de Doñana en más de 1.400 hectáreas. Esto suponía, según denunciaron los grupos ecologistas y algunos partidos de la izquierda, una amnistía para decenas de plantaciones que están extrayendo agua sin permiso para alimentar sus cultivos.
La ley salió adelante, pese al rechazo ciudadano, gracias al acuerdo de las derechas y con una polémica abstención del PSOE, que dio la espalda a la postura oficial de la vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera. La proposición llegó después del tirón de orejas por parte de Europa y tras un año difícil desde el punto de vista hidrológico, pues en 2021 la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir declaró una «sequía extraordinaria».
Nerva, el vertedero de basura tóxica a cielo abierto
El vertedero de Nerva (Huelva) no es un vertedero cualquiera. En este enclave se amontonan toneladas y toneladas de residuos tóxicos importados desde diversas partes del planeta. Allí llegan desperdicios que tienen unas cualidades específicas que los hacen difíciles de tratar: explosivos, inflamables, irritantes, infecciosos… Algunos se preparan para ser incinerados y otros se entierran. Si bien este basurero lleva funcionando desde finales de los años noventa, estos dos últimos han atraído la atención mediática y ciudadana, debido a la llegada de ingentes cantidades de desperdicios desde Montenegro, con la autorización del Gobierno de España y la Junta de Andalucía.
En febrero de 2022 llegaron cerca de 20.000 toneladas de residuos peligrosos que hicieron saltar las alarmas de las asociaciones ecologistas y de los colectivos vecinales del pueblo de Nerva, a poco menos de un kilómetro de distancia del vertedero. Se calcula que hubo un trasiego de unos 500 camiones que descargaban allí los desechos traídos desde el puerto de Sevilla y algunos no disponían de las licencias oportunas. Ante la polémica, el Ministerio para la Transición Ecológica revocó la llegada de parte de los barcos de Montenegro, pero la continuidad del vertedero, una decisión en manos de la Junta, no se ha puesto sobre la mesa, a pesar de que la oposición andaluza ha exigido el cierre.
‘El último vergel’ de Málaga, amenazado por el golf
Maro, una pequeña pedanía al este de Nerja, es el último vergel de tierra virgen de la Axarquía malagueña. Frente a unos acantilados, decenas de colonos labran la tierra sin saber cuándo llegarán las excavadoras. El paraje se ha convertido en el objetivo del urbanismo y los propietarios históricos de la zona, la familia Larios, pretenden cambiar el ecosistema para siempre y construir 680 viviendas, un hotel y un campo de golf con vistas al mar.
El Ayuntamiento de Nerja ya ha aprobado un convenio que da luz verde al convenio y la Junta de Andalucía respalda la recalificación de los terrenos. El periplo, sin embargo, podría alargarse y tanto los vecinos de la zona como los colectivos ecologistas llevan buena parte de esta legislatura movilizándose a nivel local y autonómico para impedir que el ladrillo se imponga de nuevo a la naturaleza en la Costa del Sol.
Los Genoveses, un hotel en mitad de una playa virgen
La playa virgen de Los Genoveses, en el Parque Natural de Cabo de Gata, ha resucitado los fantasmas del famoso y polémico hotel a medio construir del Algarrobico. En 2020 se anunció un nuevo complejo turístico que no tardó en contar con el respaldo de la Junta de Andalucía, que defiende transformar un pequeño cortijo de la zona en un hotel de cuatro estrellas con vistas al mar. El proyecto todavía está en fase de tramitación y, nuevamente, el Gobierno autonómico se enfrenta con su postura a las quejas de colectivos ecologistas y conservacionistas de Almería.
Otro pelotazo urbanístico en Barbate
En junio de 2021, el Gobierno reactivó un polémico plan urbanístico en Barbate que ya había sido desechado hace diez años: campos de golf, viviendas, apartamentos turísticos y un hotel. Para que las obras lleguen a buen puerto hará falta la recalificación de centenares de hectáreas, un proceso que podría alargarse más de una década. Algunos colectivos conservacionistas ya han presentado alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Ayuntamiento barbateño.
Menos restricciones ambientales para el urbanismo
Durante esta legislatura, la Junta ha dado pasos claros para avanzar en la desregulación ambiental. El ejemplo claro es la aprobación de un decreto a comienzos de 2021 con el que se modificaba la Ley de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA). Con esta medida se elimina de un plumazo la obligación estricta de presentar evaluaciones de impacto ambiental en determinados proyectos y, además, se otorga al Gobierno autonómico la capacidad de decidir arbitrariamente qué proyectos están exentos de presentar estos documentos, imprescindibles para el desarrollo de cualquier actividad.