Cientos de vecinos sufren cortes de luz prolongados en diferentes zonas de Andalucía, que se agravan aún más cuando llegan las altas temperaturas veraniegas del sur y no funcionan los frigoríficos ni los aires acondicionados. La mayoría son barrios pobres donde extensos cultivos de marihuana en interior, promovidos por traficantes, revientan los transformadores de electricidad. El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido medidas urgentes a las administraciones para acabar con esta situación y un juzgado ya ha exigido que se restablezca el suministro a un vecino de Sevilla que denunció la vulneración de sus derechos tras varios meses a oscuras.
En el Distrito Norte de la ciudad de Granada, en el barrio de Las Flores de Pinos Puente en el área metropolitana granadina, en Torreblanca o en el Polígono Sur en Sevilla y en otras zonas de Almería y de Cádiz los cortes de luz son habituales desde hace algún tiempo. En algunos casos, los problemas empezaron en 2015 y aún continúan. El Defensor del Pueblo formuló una resolución en marzo de 2021 en la que pidió a la Junta de Andalucía, a la empresa suministradora Endesa y a los ayuntamientos que solventasen este «grave problema».
Pero, ante la falta de soluciones, en abril de este año ha tenido que volver a dar otro toque de atención para exigirles «medidas urgentes». Es imposible vivir sin luz», ha tenido que recalcar la Defensoría andaluza para advertir a las administraciones públicas y a la compañía eléctrica de las consecuencias que están acarreando los cortes del suministro en la población de estos barrios. «Los daños de los cortes de luz son de toda índole. En la educación, en la falta de conservación de los alimentos, en la seguridad de los enfermos crónicos y de los mayores, en la falta de medicamentos, en la higiene y la atención que necesitan los menores de edad, en el funcionamiento de los ascensores para personas con problemas de movilidad…».
En Martínez Montañés, el barrio más degradado del Polígono Sur de Sevilla, 250 viviendas están sin luz desde el pasado 26 de febrero, desde que se quemó el transformador que suministra la electricidad a 16 bloques, en su mayoría propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA), que los tiene en régimen de alquiler social, aunque en muchos de ellos no se sepa realmente quiénes son los inquilinos por la falta de regularización de los pisos. Y uno de los vecinos afectados ha conseguido que un juzgado de lo Contencioso Administrativo haya admitido a trámite su demanda por vulneración de derechos fundamentales y exigido que se le restablezca el suministro en el plazo máximo de cinco días.
El demandante, A.S., considera «irracional e irrazonable» que la existencia de
enganches ilegales de luz y cultivos de marihuana en su barrio «se esgrima como
argumento para la vulneración de los derechos fundamentales» del vecindario. Y en su escrito de demanda ante el juzgado, advierte de que el corte de luz está suponiendo un riesgo para su salud y para la de sus vecinos: «No es posible –dice- conservar los alimentos, inutiliza los mecanismos de camas articuladas de los numerosos impedidos que habitan en los bloques, imposibilita la utilización de aparatos de ayuda a la respiración que funcionan con corriente eléctrica. Impiden hasta extremos insoportables el lavado de la ropa de cama y uso personal, anulan el uso de calefactores y otros aparatos productores de calor ambiental en su vivienda».
Además, este vecino, que tiene contrato en vigor con la compañía Endesa, algo de lo que carecen otros en esa zona del Polígono Sur, denuncia que sus bloques han sufrido una doble discriminación, porque el transformador que les suministra la luz aún no ha sido reparado, algo que sí se ha hecho, en cambio, con otro de los transformadores del barrio, el que da servicio a un parque de bomberos, que sufrió un incendio en marzo.
El juez investiga vulneración de derechos fundamentales
El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Sevilla ha decidido seguir adelante con las actuaciones de este procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales (a la salud, la dignidad de las personas, igualdad y libertad de residencia), pese a que la fiscalía se oponía a su admisión a trámite, al igual que la compañía Endesa y AVRA, la propietaria del piso del demandante.
Según ha explicado a este periódico el abogado Alberto Revuelta, del Comité René Cassin que presta asistencia jurídica al vecindario que lo necesita desde la parroquia Jesús Obrero del Polígono Sur, el juez ha desestimado el pago de 80.000 euros en caución que exigía la Junta de Andalucía al demandante para pagar la reparación de los transformadores incendiados y ha ordenado a su Agencia Pública de Vivienda a restablecerle el suministro eléctrico en un plazo máximo de cinco días.
A juicio de Revuelta, este problema es eminentemente político, porque su origen se halla en la decisión de la Agencia Pública AVRA de desentenderse por completo de la situación de sus viviendas públicas en el Polígono Sur desde hace una década. «Es incomprensible discutir en el año 2022 si hay derecho o no a tener luz. Eso no se puede discutir», subraya el abogado.
La agencia pública de la Junta alegó en su escrito ante el juzgado que «no hay
vulneración de los derechos fundamentales» y que no había una reclamación administrativa previa, mientras que el ministerio público entiende que «la tardanza en la reparación de los transformadores no es fácilmente extensible a las administraciones públicas» y que las circunstancias de la reparación del transformador del Parque de Bomberos «no son comparables», un servicio que la compañía eléctrica sostiene, además, que es «esencial» y que por tanto no se pudo demorar el arreglo.
El Comité René Cassin también ha presentado ante el Defensor del Pueblo estatal una queja con este caso y con el de otros 103 inquilinos de la barriada Martínez Montañés –conocida popularmente como Las Vegas-. En su escrito, refiere que las viviendas de los pisos altos de los bloques afectados por el corte de luz desde febrero –de hasta ocho plantas- también sufren carencias en el abastecimiento de agua, porque los motores que la impulsan tampoco funcionan por la falta de suministro eléctrico.
En la queja se subraya, además, que se trata de «la zona más deprimida del Polígono Sur de Sevilla«, que a su vez es el barrio con la renta media anual por habitante más baja de España, y que las autoridades gubernativas estatales, autonómicas y municipales «parecen tender a abstenerse como si la situación no les afectara en sus competencias y en sus obligaciones sociales y políticas».
Un dirigente vecinal: «Esto es inhumano»
Rafael Pertegal vive en Martínez Montañés desde que nació. Su padre era el presidente de la asociación de vecinos del barrio y ahora lo es él. Y está «harto» de una situación que se alarga desde hace casi cuatro meses, tanto que han pasado ya de no tener electricidad para calentarse en invierno a no tenerla para encender ahora un aparato de aire acondicionado, un ventilador al menos que les permita soportar unas temperaturas que esta semana superarán los 40 grados, o para conectar un frigorífico que conserve la comida que se echa a perder rápidamente con tal calor.
«Esto ya no es normal. Es inhumano. No se puede vivir de esta manera», se lamenta Pertegal, quien culpa de la situación a las administraciones, a todas, que a lo largo de los años han sido gobernadas por diferentes partidos sin que ninguno de ellos haya resuelto los problemas que afectan a cientos de vecinos.
Y los problemas en esa zona del Polígono Sur rezuman en cada bloque, en cada bajo donde basura y aguas fecales se acumulan dibujando un espacio de miseria absoluta que en sociología urbana denominan chabolismo vertical. Para salvar el corte de la luz, muchos han tirado cables por las ventanas hasta otros bloques que aún disfrutan de suministro eléctrico. Es una jungla donde unos hacen dinero a costa del tráfico de droga y otros sufren la falta de servicios, la pobreza y el olvido que esa misma delincuencia necesita para esconderse.
«Pagan justos por pecadores», dice un portavoz de Fakali, una asociación que trabaja con la población gitana en esta zona de Sevilla, donde es muy numerosa. «Nos parece totalmente injusto, porque hay personas que lo están pasando realmente mal con la falta de luz, como si su situación ya no fuera de por sí complicada. Y la situación se ha vuelto ya extrema», advierte.
Las linternas de los móviles se han convertido en las lámparas de estos bloques de viviendas. Algunos, como Rafael Pertegal, se tienen que ir a casas de familiares en otros barrios para bañar a los niños con agua caliente, para poner una lavadora, para coger comida del frigorífico. Otros van tirando con el enganche de los cables a los bloques de enfrente que les da para enchufar el televisor, cargar el móvil, encender una bombilla, poco más. Y para hacer de comer, mucha cocina camping gas. En suma, un compendio de prácticas que han acabado convirtiendo Martínez Montañés en una zona de máximo riesgo de incendios.
Cerca de toda esa realidad, aunque los cortes de luz aún no tuvieran la gravedad de ahora, estuvo hace dos años el Rey Felipe VI, pero no lo suficientemente cerca para ver la podredumbre urbana de Las Vegas. Visitó el Polígono Sur, pero otra parte, una donde la miseria no es tan lacerante. «El Rey –dice Pertegal- vino a la avenida bonita. No le enseñaron esto, la realidad del Polígono Sur. Se fue sin saber lo que pasa aquí de verdad».
Cultivos que consumen como 80 viviendas
Endesa tiene muy claro quiénes son los culpables de estos cortes de luz en el Polígono Sur y en otros barrios de Andalucía donde proliferan los problemas con el suministro: los cultivos ilegales de marihuana en el interior de viviendas y locales que saturan las redes con enganches fraudulentos para favorecer el crecimiento de las plantas de cannabis.
Según fuentes de la compañía, una plantación de éstas puede llegar a consumir
electricidad como 80 viviendas juntas. En el caso de los bloques de la barriada Martínez Montañés afectados por los cortes desde febrero, tan sólo hay un inquilino con contrato de suministro en regla, según Endesa, mientras que el resto estaba enganchado ilegalmente. En todos estos barrios donde se suceden los problemas de abastecimiento, no llega al 10% el porcentaje de viviendas que tienen contratado el servicio, asegura la compañía.
Para atajar esta situación, Endesa afirma que ha invertido en los últimos tres años un total de más de nueve millones de euros en Sevilla, Granada y Almería, un gasto con el que ha reforzado infraestructuras y hasta triplicado la potencia del suministro. Y en colaboración con las fuerzas de seguridad, sólo en lo que va de 2022, ha llevado a cabo en esas provincias 110 intervenciones para más de 2.600 cortes de suministro de plantaciones de marihuana. «Lo que más nos preocupa es el tema de la seguridad de las personas. La manipulación de las instalaciones desprotege las instalaciones eléctricas, lo que puede ocasionar incendios, electrocuciones o explosiones», advierte una portavoz de la empresa eléctrica, que asegura que ya han encontrado hasta canalizaciones subterráneas para enganchar la luz de forma fraudulenta.
El alcalde de Sevilla señala que esta es «una alarmante realidad que no debería prolongarse más»
El caso es que la pelota va pasando de una mano a otra: la compañía asegura que está en coordinación con la Agencia de Vivienda de la Junta para reparar el equipamiento eléctrico dañado de los bloques de Martínez Montañés que están sin luz, una obra previa necesaria para reanudar el suministro. Por su parte, AVRA ha reiterado en varias ocasiones que corresponde al Gobierno central, como responsable de las fuerzas de seguridad del Estado, luchar contra las plantaciones ilegales de marihuana que provocan los cortes de luz, mientras que el alcalde de Sevilla, cuyo pleno abordó este asunto hace dos semanas, ha señalado que se trata de una «alarmante realidad que no debería prolongarse más». Antonio Muñoz (PSOE) le reprochó a la agencia de la Junta (que gestiona una consejería en manos del PP) no haber reaccionado a tiempo ni con la intensidad que debiera, ya que, como dueña de las viviendas, «le corresponde hacer las inversiones y adaptaciones necesarias» para solventar este problema Las estadísticas del Ministerio de Interior reflejan un notable incremento de las incautaciones de marihuana en Andalucía en los últimos años. Así, en 2020, se intervinieron cerca de 20 toneladas -19.454 kilos-, el 32,4% del cannabis confiscado en toda España, lo que supuso un incremento del 71% con respecto al año anterior en esta comunidad.
Manifestaciones en los barrios afectados
Mientras unos y otros buscan las soluciones, a los vecinos de los barrios afectados por los cortes de luz no les queda otro remedio que salir a la calle a manifestarse para que les oigan y pongan remedio a su situación. En el Distrito Norte de Granada lo han hecho en varias ocasiones, la última el pasado mes de febrero, cuando un centenar de personas se concentró con una pancarta en la que se leía «Sin empleo, sin ingresos, con fracaso escolar, infraviviendas y además sin luz».
La presidenta de una asociación vecinal de la zona advirtió entonces de que la situación era ya «insostenible» para muchas familias que tenían que pasar el frío invierno granadino con continuos cortes del suministro eléctrico. «A los niños se les hace difícil estudiar –comentó-, no se pueden cuidar enfermos o niños pequeños con estas interrupciones que condicionan su día a día. Gente que llega de trabajar y no puede darse una ducha caliente».
«Criminalizar a todas las personas que sufren los cortes de luz es una bomba de relojería social»
En abril, vecinos del Polígono Sur de Sevilla se manifestaron también en contra de los cortes de luz, convocados por la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que se quejó del «castigo» que supone la falta de electricidad para las personas «honestas o que carecen de recursos» en el barrio más pobre de España.
En enero de 2021, más de un centenar de organizaciones enviaron una carta al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que exigían acabar con los cortes de luz que se estaban produciendo en al menos una docena de barrios de España, entre ellos ocho de Andalucía ubicados en las provincias de Almería, Granada y Sevilla. En un comunicado, las asociaciones firmantes señalaban que las administraciones públicas deben de garantizar «el derecho a una vida digna» y denunciaban que éstas se pusiesen del lado de los intereses privados de las compañías eléctricas, «alejándose de la protección de los derechos fundamentales».
«La explicación real de los cortes de luz exige una mirada más amplia de la que se está mostrando. Criminalizar a todas las personas que sufren los cortes de luz es una bomba de relojería social y resulta profundamente injusto y estigmatizador», advertían las organizaciones al Gobierno.
