No sabemos cómo definirlo, si como un gran zasca o que simplemente le ha puesto en su sitio. En cualquier caso, lo cierto es que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha dado una durísima réplica a Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del PP acusara al Gobierno de «maquillar» las cifras del paro que se publicaron este pasado jueves. Unos datos bastante buenos, por cierto: por primera vez desde noviembre de 2008 el número de parados se sitúa por debajo de los tres millones. No sólo hay más gente trabajando, sino que además se han disparado los contratos indefinidos.
Buenas noticias que para Feijóo no lo son tanto. El líder del PP celebró los buenos datos del paro, aunque lo hizo con la boca muy pequeña: dijo que se «maquillan» las cifras porque lo que antes era un contrato temporal ahora es un fijo discontinuo y «no computa en el paro». A su entender, «cuando se maquilla la estadística, es difícil hacer comparaciones». «Lo que se ha hecho es una precariedad indefinida», enfatizó Feijóo en una entrevista en Onda Cero, para concluir, según sus propios datos, que más de 750.000 personas que antes eran temporales, ahora son fijos discontinuos.
Pruebas de eso, pocas. Yolanda Díaz no pudo resistirse a responder a Feijóo. Y lo hizo con contundencia como hacía con Teodoro García Egea (¿se acuerdan?) durante una intervención en el Congreso. Estas son sus palabras: «Tiene un problema grave, porque es jurista el señor Feijóo, y ha gobernado 13 años una comunidad autónoma (Galicia), y que no sepa comprender lo que es un fijo-discontinuo. Es una aberración y no está preparado para gobernar». Se puede decir más alto, pero no más claro.
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La legión tuitera también ha reaccionado a este duelo entre gallegos. Aquí les dejamos algunas.
Un correo electrónico aportado a la causa desvela que Elena Collado, la responsable de compras que gestionó el contrato con los comisionistas, informó a la coordinadora general de la Alcaldía de que Luceño y Medina habían renunciado a «todo tipo de comisiones». Acabaron llevándose seis millones de euros.
La coordinadora de Alcaldía, Matilde García Duarte en un acto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeidal. —AYUNTAMIENTO DE MADRID
La coordinadora general de la Alcaldía de Madrid, Matilde García Duarte, ha declarado este viernes ante el juez Adolfo Carretero como testigo en el ‘caso Mascarillas’, después de que el primo del alcalde Almeida la mencionara como la persona a la que él recurrió para facilitarle la entrada al consistorio a Luis Medina, uno de los dos comisionistas.
García Duarte ha aportado una valiosa información: Elena Collado, la funcionaria que se encargó de los contratos de material sanitario en el ayuntamiento, le dijo que Medina y Luceño habían renunciado a «todo tipo de comisiones». Se llevaron seis millones. Esta información desmiente a Collado, que negó conocer que los dos intermediarios fueran a cobrar comisiones.
Su testimonio ha sido corroborado por los mails que ha aportado. Uno de ellos, crucial: «Nuestros proveedores Luis Medina Abascal y Alberto Luceño (que tiene empresas en China pero es madrileño) a los que habría que dar varias medallas, se están encargando de la parte » gruesa» de nuestras necesidades. Llevamos desde el viernes hablando y han renunciado a todo tipo de comisiones. Incluso nos va a llegar material que van a donar con destino al Hospital Puerta de Hierro (donde trabaja la mujer de Alberto)».
Este correo, al que ha podido acceder Público, fue enviado por Elena Collado, el 23 de marzo a las 14.00 horas, a García Duarte, dos días después de que esta facilitara el correo de la Coordinación de Alcaldía a Luis Medina.
Horacio Cartes, que ya fue acusado de corrupción, rechazó las imputaciones y dijo que están motivadas «políticamente por autoridades que priorizan el proselitismo y el perjuicios a sus adversarios». | Foto: Twitter @Horacio_Cartes
El Ministerio Público no ha informado hasta ahora acerca de la apertura de una investigación sobre el tema.
El Ministerio Público de Paraguay recibió este jueves del organismo antilavado del Gobierno un informe que involucra al expresidente de ese país, Horacio Cartes, y a empresas y personas vinculadas con él, con una red de lavado de activos y contrabando de cigarrillos, de acuerdo a denuncias de la prensa local.
No obstante, el abogado del expresidente Horacio Cartes y su hermana, la empresaria Sarah Cartes, Pedro Ovelar, volvieron a poner en duda la veracidad de las acusaciones contra el grupo empresarial del exmandatario, luego de la emisión de un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
El texto señala la posibilidad de que Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), del Grupo Cartes, tenga relación con delitos económicos como el lavado de dinero.
Según el informe, las empresas de Cartes «entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico».
La cifra de las transacciones sería 430.273 millones de guaraníes, equivalentes a 62.865.549 dólares.
El estudio se refiere a «las firmas locales» del expresidente, «diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial» y señalan, entre otras a las empresas Tabesa, Palermo, Unicanal y Cementos Concepción (Cecon), así como la Fundación Ramón T. Cartes.
Asimismo, el informe hecho público por medios de prensa local indica como uno de los «clientes llamativos» de las empresas de Cartes a Mercuy Tabacos, vinculada al diputado Erico Galeano, «con reportes recientes asociados a supuestos comercios ilegales».
Al mismo tiempo, el informe cita lo que llama pruebas de conversaciones por teléfono celular entre Cartes y otros dos individuos, aportadas por la Policía Federal de Brasil, las cuales los incriminarían en el contrabando de cigarrillos.
El abogado Ovelar dijo que se trata de «facturas por consultorías y por el pago de intereses de un préstamo hecho a Sarah Cartes por la tabacalera para la estructuración de uno de los negocios del Grupo Cartes”.
Las revelaciones llegan luego que el movimiento Honor Colorado, de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), que lidera Cartes, se enfrentó con el ala “oficialista” del partido gobernante, con el cual disputará las elecciones internas de la ANR en diciembre.
En esa ocasión se elegirá, entre otras cosas, al nuevo presidente del Partido Colorado, por el que pugnarán Cartes y el actual presidente, Mario Abdo Benítez, así como la candidatura a las elecciones de 2023, donde se enfrentarán el oficialista Hugo Velázquez y el cartista Santiago Peña.
Cartes rechazó las acusaciones y dijo que están motivadas «políticamente por autoridades que priorizan el proselitismo y el perjuicios a sus adversarios». Hace dos años y medio, el expresidente paraguayo ya fue acusado en Brasil de corrupción.
La mayoría de las armas incautadas fueron fabricadas en EE.UU. y otras pertenecen a países de la OTAN, recalcó el presidente Maduro. | Foto: Prensa Presidencial
También fueron decomisados 24.700 cartuchos, 880 cargadores nuevos, 55 morteros improvisados y 19 granadas.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ha desmantelado 257 estructuras de campamentos de los denominados grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol) en los estados fronterizos.
Del total de estructuras destruidas, 202 eran para la fabricación de explosivos, 32 para servicios logísticos y 23 a laboratorios para la producción de cocaína, informó este jueves el jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, durante el balance de la Operación Escudo Bolivariano 2022, desplegada hace cinco meses.
En el acto, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, también se confirmó que fueron neutralizadas 16 aeronaves, 46 pistas clandestinas se inhabilitaron en los últimos 30 días, se desactivaron 1.647 artefactos explosivos improvisados y 1.397 bombonas; así como la incautación de 52 armas cortas y 63 armas largas.
Además, fueron decomisados 24.700 cartuchos, 880 cargadores nuevos, 55 morteros improvisados y 19 granadas. De igual manera, fueron neutralizadas 26 embarcaciones, 14 vehículos (carros bombas), y dos submarinos, los cuales poseían una capacidad de transportación de entre 2.000 – 2.500 kilos de cocaína.
Durante esta operación también se incautaron 11.300 kilogramos (kg) de cocaína, «11.856 toneladas de material y sustancias para la elaboración de explosivos».
Mayores acciones contra grupos Tancol
El jefe de Estado reconoció la labor realizada por la FANB en esta operación y ordenó incrementar las acciones para con los restos de grupos Tancol, extendiendo esta lucha al oriente del país.
Además, denunció al Gobierno colombiano de Iván Duque por el financiamiento de dichos grupos, respaldados por Estados Unidos (EE.UU.) para promover acciones desestabilizadoras contra Venezuela.
“Todos estos grupos narcotraficantes (Tancol) responden a la narcoligarquía que gobierna a Bogotá, amparada desde Washington”, destacó el presidente Maduro.
Igualmente, comentó que la mayoría de las armas se han fabricado en EE.UU. y otras en países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), reiterando que la fuerzas venezolanas deben lidiar con “el mal del narcotráfico, del terrorismo, de la violencia exportado desde Colombia”.
“Desde Colombia se ha pretendido vulnerar la moral y la unión de algunas unidades militares”, acotó el mandatario, y exhortó a cuidar a la FANB, “construirla con buen liderazgo, dando el ejemplo”.
Asimismo, insistió en que se han promovido conspiraciones para sabotear la recuperación económica del país, atacar refinerías, servicios públicos, y atentar contra la paz y la seguridad.
«Todos estos grupos están dedicados al terrorismo, al narcotráfico. Estos grupos Tancol son enemigos de Venezuela y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», enfatizó.
La bendición a una unidad del Ejército en el Valle de los Caídos, la amenaza de censura de Ayuso a los libros de texto y la negativa de Almeida a colgar la bandera LGTBI: tres ejemplos de regresión ideológica en apenas un día.
El rey Felipe VI junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida a la entrada de la plaza de toros de Las Ventas (Madrid), este 1 de junio de 2022. —Rodrigo Jiménez/EFE
Sin embargo, hay otros hechos, acompañados de declaraciones de dirigentes políticos que nos llevan a sentir que España sigue anclada en tiempos remotos, más propios del franquismo. Es lo que pretenden los partidos de la derecha, liderados por un PP que no ha asumido la moderación que algunos vaticinaban con la llegada de Alberto Núñez Feijóo. Jaleados por los postulados ultraderechistas de Vox, los dirigentes populares que ostentan cargos de poder en las administraciones están proponiendo una batalla ideológica al Gobierno de coalición muy alejada del centroderecha.
Una compañía del Ejército, en el Valle de los Caídos
Hay instituciones del Estado que se presuponían garantes de la Constitución y que, sin embargo, se han atrevido en los últimos días a realizar actos religiosos en el franquista Valle de los Caídos. Un capitán, que ya ha sido cesado, obligó a sus subordinados de una compañía del Ejército a acudir a la basílica erigida para gloria del dictador Franco para que un sacerdote bendijera su banderín. Una exaltación religiosa en un lugar que sigue sin respetar la ley de memoria histórica y en un país aconfesional. Nacionalcatolicismo en estado puro.
Los miembros de la compañía del Batallón de Infantería Protegida (BIP) “Uad Ras” II / 31, en el Valle de los Caídos. —PÚBLICO
Otras instituciones también heredadas de las postrimerías del franquismo siguen sin dar el ejemplo necesario que una sociedad moderna requiere. La monarquía española, pese a los tímidos intentos de Felipe VI por dotarla de cierta pátina de transparencia, sigue ofreciendo muchos momentos de bochorno protagonizados por el rey emérito. Fugado desde hace casi dos años en Abu Dhabi, Juan Carlos I regresó por primera vez a España hace escasos días. Pasó un fin de semana de regatas en Sanxenxo y para cerrar su visita comió en Zarzuela con su hijo. Sin un solo gesto de arrepentimiento, el emérito llegó a responder a los periodistas riéndose: «Explicaciones, ¿de qué?», al ser preguntado por si pensaba dar alguna declaración tras todas las investigaciones judiciales en su contra por el origen de su patrimonio.
La batalla por el espacio de derechas con Vox
Volviendo al plano más político, la llegada de Feijóo al liderazgo del PP no ha acarreado, como decíamos, que el partido asuma postulados más propios de la derecha conservadora y liberal europea. Tras haber fagocitado el peso electoral de Ciudadanos, la batalla por apodarse del espacio de derechas la tiene que librar con Vox. Y, llegado el caso, le está obligando a pactar cuotas de poder con la extrema derecha.
La presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la segunda jornada del Congreso extraordinario del PP de Madrid que se celebra este sábado. —Juan Carlos Hidalgo/EFE
Dos hechos dentro de las filas populares están marcando este paso en los últimos tiempos. Uno ha sido la asunción del poder de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid. La presidenta madrileña, ahora también con el control del partido en la región, está liberada de toda atadura y su estrategia sigue centrada en hacer la oposición más dura posible al Gobierno central, en lugar de gobernar para mejorar la vida de los madrileños.
Ayuso y el control de los libros de texto
Ayuso anunció que controlaría y censuraría cualquier contenido en los libros de texto que se usan en las aulas madrileñas
Este mismo lunes, Ayuso anunció que controlaría y censuraría cualquier contenido en los libros de texto que se usan en las aulas madrileñas con la excusa de proteger de «adoctrinamientos» a los alumnos. «Vamos a realizar una revisión pormenorizada y urgente de todos los libros de texto en la Comunidad de Madrid, una orden que vamos a dar a nuestra inspección educativa. Y vamos a retirar todos aquellos libros que contengan material sectario», advirtió la presidenta madrileña.
Pero esta no es la única ley que Ayuso critica. La recientemente aprobada ley del ‘solo sí es sí’, promovida por el Ministerio de Igualdad, ha sido su excusa para lanzar unas declaraciones durísimas y fuera de tono contra las feministas. «Su forma de ver la vida propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas, desprovistas de responsabilidades ni siquiera ante sus peores decisiones, nos abochorna a la mayoría de las mujeres», espetó durante su discurso como nueva presidenta del PP de Madrid. «Señora Ayuso, malcriadas no son las jóvenes de 16, 17, 18 o 20 años que quieren volver a casa. Sí, solas o borrachas y que no por ir solas o borrachas las puedan violar», le tuvo que replicar la ministra Irene Montero.
Las mujeres no representan el único colectivo atacado y menospreciado por las derechas. Sin salir de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha negado -un año más- a colocar la bandera del Orgullo en Cibeles pese a aprobarlo el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde vuelve a agarrarse a una sentencia del Supremo que impide izar banderas que no sean oficiales en los edificios públicos para guardar en un cajón la bandera del colectivo LGTBI.
La ultraderecha, en el Gobierno de Castilla y León
El otro hito relevante que hay que destacar en el PP y que ha marcado el arranque de la etapa Feijóo ha sido la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León conformando el primer gobierno autonómico con la presencia de Vox. Un sapo difícil de digerir y que marcará la legislatura en la región.
La agenda ideológica (en Castilla y León) la marca el vicepresidente Juan García-Gallardo
Los retrocesos ya han sido palpables en los primeros días de andadura del Ejecutivo. El vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox), que apenas cuenta con competencias políticas, es el que le está marcando la agenda ideológica a Mañueco. Y no hay día que no se enfangue en una polémica. Una de las últimas fue atacar sin piedad a una procuradora del PSOE solo por su discapacidad. Pero García-Gallardo también ha arremetido contra la educación sexual en los colegios e institutos o el derecho al aborto.
Su candidata, Macarena Olona, es ya una política curtida en el Congreso con sus sobreactuaciones y peso pesado en el organigrama de Abascal. Y sus postulados para Andalucía son de sobra conocidos: exaltar el españolismo de la región, utilizar los males del campo para sacar rédito y criminalizar a la migración. A esto último se refirió hace escasos días al hilo de los incidentes que se produjeron en los alrededores del estadio de Saint Denis tras la final de la Liga de Campeones. Olona llegó a decir que «todas las culturas no son respetables, hay culturas que tenemos el deber de combatirlas» y considera que existe «una política impuesta que permite a súbditos extranjeros entrar sin tocar la puerta a diferencia de todos esos inmigrantes legales que vienen a levantar la patria».
Cuando se aprobó la reforma laboral aparecieron todos los ‘expertos’ y agoreros que anunciaban a bombo y platillo que sería el colapso de la economía. La realidad es que desde que empezaron a salir los datos del paro el silencio desde estos sectores fue aumentando cada vez.
Los últimos datos del paro han confirmado que ‘Lady Paro’ (como les gusta llamar a Yolanda Díaz) y su reforma laboral han conseguido reducir el número de parados de los tres millones por primera vez desde finales de 2008.
Los tremendistas, no confundir con los seguidores de esta sección, se han dado de bruces con la realidad. Y como hablar con el periódico del lunes es muy divertido, vamos a recordar sus mejores predicciones y augurios sobre la reforma laboral.
Unas semanas atrás, una tuitera anunciaba que con el fin de los ERTES habría más de 300.000 parados en la siguiente publicación. Casi acierta.
Pero no sólo eran tuiteros anónimos, medios de comunicación ‘serios’ auguraban los peores escenarios, dignos del apocalipsis. En una entrevista, el economista Daniel Lacalle pronosticaba un aumento del 35% del paro y la desaparición de 900.000 empresas.
La Razón publicaba que la reforma laboral se estrenaba «con 100.000 empleos perdidos» en el primer trimestre de 2022, aunque no entró plenamente en vigor hasta el 31 de marzo. En el mismo medio, Vicente Vallés auguraba que «si la reforma laboral no ayuda a reducir el desempleo, el fracaso será imperdonable».
«La ‘chulísima’ reforma laboral de Yolanda Díaz condena a España al paro perpetuo», titulaba el diario Hispanidad. De momento, la España «condenada» tiene sus mejores números de paro desde 2008.
Dentro de la oposición los mensajes tampoco eran positivos. Macarena Olona apodó a Yolanda Díaz como ‘Lady Paro’ y desde entonces el paro no ha dejado de descender. El contragafe, que le dicen los jóvenes. De granadina puede que no tenga mucho, pero de talismán de la suerte puede que tenga mejor destino.
Isabel Díaz Ayuso también quiso ejercer de futuróloga. «La reforma va a destruir el empleo, la economía y el consumo», decía. Mónica García se encargó de responder antes que los datos. «Usted hubiera pensado que el fin del trabajo infantil ponía en jaque la economía de España», le respondía en la Asamblea de Madrid.
Y cómo olvidar a Teodoro García Egea, probablemente la persona que ha recibido más datos de Yolanda Díaz de la historia. Lo que preveía Egea era que la reforma laboral no iba a salir bien: «Ha sido aprobar la reforma laboral y sube el paro». Lo que no se vio venir fue la crisis del PP y su salida del Congreso.
El eurodiputado Luis Garicano dedicó un hilo de nada más y nada menos que 17 tuits para pronosticar el fallo de la reforma laboral. Según decía, la reforma llevaría «a un mercado laboral más rígido, en el que será más difícil crear empleo».
Con todo, hay quien no desiste. A pesar de los últimos resultados, el Banco de España augura un aumento del desempleo. «Existe literatura que apunta a que una mayor limitación de la temporalidad incrementaría la productividad empresarial, pero a costa de un mayor desempleo», apuntan.
Mientras tanto, los tuiteros se divierten recuperando todos los pronósticos y predicciones que por el momento no han acertado.
La Federación Profesional del Taxi de Madrid acusa al Ejecutivo regional de haber «vendido» al sector del taxi en favor de «tres multinacionales».
El presidente de la Federación Profesional Taxi de Madrid (FPTM), Julio Sanz, atiende a los medios de comunicación en Madrid (España), a 18 de febrero de 2020. —Eduardo Parra/EUROPA PRESS
La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) llevará a los tribunales la modificación de la Ley de Transportes de la Comunidad de Madrid que permite que los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) sigan operando en octubre y que ha sido aprobada este jueves en la Asamblea de Madrid con los votos a favor del PP, la abstención de Vox y el ‘no’ de la izquierda.
Julio Sanz, presidente de la FPTM, ha acusado al Ejecutivo regional de haber «vendido» al sector del taxi en favor de «tres multinacionales», según comunica la organización a través de un escrito.
«Lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea de Madrid no es más que el atropello definitivo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a un sector que ofrece un servicio público y del que dependen 25.000 familias de autónomos y trabajadores que ha abandonado a su suerte para favorecer a corporaciones con las que tienen mayor interés», ha subrayado Sanz.
Sanz ha cargado también contra el «paripé» de Vox, que en días previos había deslizado que podrían oponerse a la misma pero que en última instancia, denuncian desde la organización, solo ha sido un medio para «reclamar atención mediática».
«Lamentamos las desagradables declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid al decir que la única alternativa al transporte urbano son las VTC o los burros y esperamos que rectifique de forma pública por estos insultos al colectivo», ha concluido la FPTM.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios debe aceptar una petición de la plataforma de víctimas del accidente del Alvia para investigar de nuevo el siniestro.
Imagen de archivo de Ana Miranda, portavoz de BNG en Europa. EUROPA PRESS.
Casi diez años han pasado desde que se produjo el accidente del Alvia en Angrois. Las víctimas siguen presionando para que de una vez por todas se haga justicia. De hecho, una nueva decisión judicial podría fomentar que se traten de esclarecer los hechos del trágico suceso en Santiago de Compostela. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) realice una nueva investigación.
Concretamente, el juzgado ha sentenciado que la CIAF debe tramitar una petición de la plataforma de víctimas del accidente del Alvia para que abra una nueva indagación técnica que ha de ser independiente. El BNG ha valorado de forma positiva esta decisión judicial.
Ana Miranda, portavoz de la formación en Europa, ha expresado que seguirán presionando «para que en este mandato se cumpla y se realice una investigación independiente». Ante la Comisión Europea (CE), ha denunciado «las manipulaciones del Ministerio de Fomento en 2016 respecto a la presión ejercida sobre el Ejecutivo de la Unión Europea para que desconociera el contenido del informe de la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria (ERA) sobre las causas del accidente de Agrois».
De hecho, ha recordado que estas manipulaciones contribuyeron a culpar exclusivamente al conductor del tren mientras se trataba de tapar las críticas que la propia UE estaba realizando a la investigación oficial desarrollada por la CIAF. También ha apuntado que, tras una denuncia del BNG, la CE inició en 2019 un proceso para sancionar a España por incumplir la normativa europea de seguridad ferroviaria.
Las víctimas del accidente, que se produjo en julio de 2013, han afrontado un largo proceso que deriva en el comienzo del juicio sobre este asunto el próximo 20 de septiembre. Este procedimiento judicial se alargará hasta 2023. Durante unos nueve meses se recogerán declaraciones, peritos, palabras de testigos para que, finalmente, se dicte una sentencia sobre el siniestro, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.
Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levin informan sobre la voluntad de Isabel Díaz Ayuso de censurar los valores democráticos en los libros escolares (que se enmarca en la ofensiva reaccionaria en España y otros países como Polonia o Hungría) y analizan la penetración de la derecha en los aparatos ideológicos clave: la escuela y los medios de comunicación. Con entrevista a Miguel Guerrero, profesor y miembro de la Marea Verde en defensa de la educación pública de Madrid; con la participación de José Carmona, periodista de Público que cubre Educación; y con la colaboración de Carla Galeote en ‘El Machistòmetre’.
Alto índice de criminalidad preocupa a las autoridades del orden público y la comunidad que radica en Los Ángeles. Todos los días surgen nuevos casos delincuenciales.
Las principales calles de Los Ángeles se han convertido en áreas de alta peligrosidad a cualquier hora del día se están cometiendo delitos graves y autoridades ya no pueden ocultar los altos índices de delincuencia que se ha estado generando últimamente. En redes sociales circulas los vídeos de seguridad de comercios que son atracados por presuntos delincuentes que llevan mazos y están armados, entran en grupos encapuchados, rompen vidrieras para robarse joyas o artículos de comercialización. La proliferación de pandillas, las armas y narcóticos abundan. En el valle del Antílope desmantelaron una conexión de carteles, han incautado toneladas de drogas que su destino era venderlas en las calles.
En las ciudades grandes como Los Ángeles, muchos inocentes han muerto por balas perdidas. Los grupos delictivos toman las calles como campos de batalla. Las organizaciones pro derechos humanos hacen plantones y piden a las autoridades condenas más duras a delincuentes. Casos como el de Norma Ramírez que desconocidos asesinaron a su hijo y no ha tenido respuestas de la investigación.
Las autoridades policiales reconocen que grupos delictivos proliferan en grandes ciudades y muchos operan desde el extranjero.
Por ahora las corporaciones de seguridad piden a las víctimas de delitos denunciar, sin embargo, muchos no lo hacen por temor a represalias.
