El personal de la planta de tratamiento y reciclaje de basuras de la ciudad denuncia en la Inspección de Trabajo la insalubridad e inseguridad de sus condiciones de trabajo y el deterioro progresivo de las instalaciones.
13/9/22 Inundación en la nave de reciclaje de basura de la planta de Nostián, en A Coruña.
Los trabajadores de la planta dereciclaje de basuras de Nostián, en A Coruña, que gestiona la empresa Albada han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las condiciones de inseguridad e insalubridad en las que aseguran se ven obligados a desarrollar su tarea.
Según el comité de empresa, el mal estado de las instalaciones provoca inundaciones en varias zonas, donde se acumulan los detritus mezclados con el agua embalsada y se producen goteras y lluvias recurrentes sobre los cuadros eléctricos y las zonas de paso y de trabajo. El sistema de ventilación, que debería garantizar la eliminación de partículas peligrosas en las áreas de trabajo, está estropeado desde hace siete años, y sus bocas de aspiración, desconectadas.
La empresa, por su parte, niega que exista circunstancia alguna que ponga en peligro la salud o la seguridad de sus empleados, sostiene que la planta recicla aún más que antes y atribuye las denuncias a una «estrategia sindical de falsas acusaciones» dirigida a presionar a la dirección para negociar el nuevo convenio.
La planta de Nostián fue en su día un ambicioso proyecto verde que pretendía hacer de A Coruña una de las ciudades pioneras en el reciclaje de residuos, después de que su anterior modelo de tratamiento de basuras, que no consistía en otra cosa que en un colosal vertedero de 200.000 metros cúbicos a las afueras de la ciudad, se viniera literalmente abajo en 1996.
Vista aérea de la planta de tratamiento de basuras de A Coruña en Nostián. —Emerlan Solutions
La planta costó cerca de 50 millones de euros, se financió con fondos de la UE y se inauguró bajo el Gobierno del socialista Francisco Vázquez como una moderna instalación, capaz de reciclar y minimizar los vertidos de materiales inorgánicos y de emplear la materia orgánica para producir compost de uso agrícola y biogás para alimentar el alumbrado público.
MARÍA TERESA GALLO RIVERA / ELENA MAÑAS ALCÓN / HÉCTOR DEL CASTILLO / MARÍA JESÚS SALADO GARCÍA (UNIVERSIDAD DE ALCALÁ)
A los pocos meses de la inauguración, uno de los digestores de gas explotó. Apenas siete años después, se constató que la capacidad de reciclaje era mucho menor de la esperada cuando se completó el llenado de los tres depósitos para rechazos imposibles de recuperar, que según el proyecto inicial debían haber durado tres décadas.
Nostián recibe alrededor de 200.000 toneladas anuales de residuos de A Coruña y otros ocho municipios de su comarca que suman 400.000 habitantes. Desde 2008, la mayoría de esa basura se traslada a un vertedero de otro municipio. Y los depósitos de la planta agotados en 2007 ni siquiera han sido sellados.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo ha ordenado en varias ocasiones y la Xunta de Galicia ha abierto expedientes e impuesto sanciones, pero tanto Albada como el Ayuntamiento, que preside la socialista Inés Rey, no se ponen de acuerdo para repatirse los más de 3,2 millones que costaría clausurarlos y evitar filtraciones tóxicas.
No es la primera vez que los problemas entre empresa y Ayuntamiento han pasado por los tribunales. En 2009, la compañía reclamó 32,5 millones por sobrecostes de gestión, y en 2019, al expirar la concesión, el Gobierno de Rey intervino la planta y ordenó a Albada a seguir gestionando el servicio en régimen de prórroga forzosa en una actuación que la justicia consideró ilegal pero con sentencia también pendiente de firmeza.
Basura, lodo y agua en la nave de pretratamiento de la planta de reciclaje de Nostián.
El resultado es que aquel proyecto verde que comprometió hace casi un cuarto de siglo a los coruñeses a separar sus basuras en casa para reciclarlas, producir abono agrícola y gas ecológico, se encuentra en plena decadencia. Y las imágenes del interior de Nostián muestran un aspecto de deterioro y descuido que recuerdan demasiado a las de un basurero convencional.
El presidente del comité de empresa de Albada, Hadrián Canosa, asegura que las instalaciones «se caen a pedazos» y que el tejado de la zona de pretratamiento lleva años en pésimas condiciones. «Presentamos varias denuncias en Trabajo tras la que se le indicó a la empresa que debía repararlo, pero sólo ponen parches que no resuelven el problema». «Llueve sobre el personal que trabaja en esa nave, sobre las zonas de paso, sobre las escaleras y sobre un cuadro eléctrico», añade. También sobre la basura acumulada en el interior de las instalaciones.
Canosa advierte de que la situación se ha extendido a otras zonas de la planta que también están sufriendo inundaciones «por falta de mantenimiento preventivo y correctivo», y que el circuito de aspiración que debería eliminar las partículas en suspensión por el riesgo biológico que supone el material con el que se trabaja, está averiado desde 2015.
Nostián es de titularidad municipal, pero está gestionada por la unión temporal de empresas entre la alemana Babcock Comunal y Urbaser, la firma que la multinacional china Firtion Investments adquirió en 2016 al conglomerado societario de Florentino Pérez.
A pesar de la denuncia de los trabajadores, Albada asegura que no hay ningún hecho relevante que ponga en peligro su seguridad ni su salud. «Tenemos goteras desde hace quince años y se van haciendo reparaciones a medida que surgen los problemas, que en cualquier caso no afectan a ningún cuadro eléctrico porque toda la instalación eléctrica está diseñada para trabajar a la intemperie a pesar de estar a cubierto», indica la empresa.
Nave inundada en la planta de reciclaje de Nostián.
Con respecto al sistema de ventilación, Albada asegura que la avería no supone tampoco «riesgo alguno ni para la higiene ni mucho menos para la salud» de quienes desempeñan su labor en un recinto «donde se trabaja en régimen de puertas abiertas y con suficiente ventilación natural». Y advierte de que en el orden del día de la reunión que acaba de proponerles el comité de salud e higiene de los trabajadores «no se habla para nada del sistema de aspiración».
Albada está trabajando en régimen de prórroga obligAToria desde que en 2019 expirara la concesión de veinte años otorgada por el Ayuntamiento. El Gobierno local ha prometido que el pliego de condiciones de la nueva licitación estará listo este otoño y que el concurso se presentará el próximo año.
«La empresa no puede hacerse cargo de reformas estructurales de la planta porque desde hace dos años ya no es la concesionaria», explican fuentes de Albada, que añade que los trabajadores «pretenden que el nuevo pliego de condiciones de la futura concesión incluya el nuevo convenio«. «Y eso tienen que negociarlo con el Ayuntamiento, no con la empresa».
Quique Peinado durante una de sus intervenciones en el programa ‘Zapeando’
Los fastos por la muerte de Isabel II están suscitando una suerte de catarsis; no tanto en la propia monarquía, erigida en el inmovilismo, sino en la opinión pública, que no duda en hacer balance y mirar, aunque sea de reojo, la relación de la sociedad británica con su reina.
El presentador y periodista Quique Peinado, aprovechando el debate, ha hecho referencia vía Twitter al documental de HBO Salvar al rey, un recorrido demoledor por los aspectos menos conocidos de la biografía de Juan Carlos I.
«En el docu del rey en HBO salen tres exagentes del CESID diciendo claramente que Juan Carlos estaba en el ajo del golpe de Estado del 23F y aquí seguimos sin desclasificar papeles porque hay que salvar la monarquía y el relato de la Transición como sea», ha denunciado Peinado.
Ucrania, desde 2014, se convirtió en una entidad desestabilizadora de la región y punta de lanza de la política de máxima presión contra la federación rusa.
Ucrania, desde el golpe de estado de febrero del año 2014, que significó el triunfo de las posiciones ultraderechistas y proclives a Washington y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se convirtió en una entidad desestabilizadora de la región y punta de lanza de la política de máxima presión contra la federación rusa.
Ucrania transitó así hacia un instrumento de las administraciones estadounidenses para concretar sus intereses hegemónicos en los diversos planos: mercantiles, financieros, políticos, militares y de tratar de mantener una hegemonía cuestionada no solo por Rusia, sino también por China y otras potencias emergentes, como es el caso de la República Islámica de Irán. Potencias occidentales como el propio Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania, fundamentalmente, en aras de someter a Rusia, y hacer soportar a sus sociedades, la enorme carga de mantener acciones de guerra, que solo favorecen a los grandes conglomerados militares-industriales, pero que no benefician a los pueblos.
Una Europa, que además de involucrarse en un conflicto de consecuencias insospechadas, ve acercarse a pasos agigantados el invierno y la posibilidad cierta de ver mermada su economía con relación a las importaciones de petróleo y gas, que en un 40 % proviene de Rusia y otro 20% desde el Magreb y el Golfo Pérsico. En este panorama de incertidumbre y de sanciones contra Moscú, los más perjudicados suelen ser las sociedades, los pueblos, los sectores más débiles del tejido social. Y, en ello, los países europeos están sintiendo el rigor de altas tasas de inflación, aumento monumental del precio de los combustibles y una protesta de la población, aún en ciernes, pero que puede desembocar en explosiones sociales de envergadura. Adicionemos la influencia de la guerra en materia de exportaciones de granos e hidrocarburos al resto del planeta, que ha generado un aumento de los precios a nivel global.
En la oriental ciudad rusa de Vladivostok, se realizó entre el 5 al 8 de septiembre pasado, el séptimo Foro Económico Oriental, con representantes de decenas de países bajo el lema ‘El camino hacia un mundo multipolar’. Un evento que muestra el afán ruso junto a sus socios de la República Popular China de enfrentar los desafíos que occidente ha puesto en la mesa geopolítica internacional. Fue un foro centrado en el desarrollo de la cooperación empresarial global ante las dificultades de las sanciones occidentales. En palabras del presidente ruso Vladimir Putin “Por mucho que occidente quiera aislar a Rusia, es imposible hacerlo…basta con mirar el mapa…los países occidentales tratan de mantener el orden mundial anterior, que responde a sus intereses, y hacer que todo el mundo viva según las reglas que ellos impongan, que ellos inventaron y que incumplen a menudo y cambian constantemente…La separación entre las élites occidentales y los intereses de sus propios ciudadanos está aumentando. Así, el nivel alcanzado de desarrollo industrial de Europa, la calidad de vida de la gente, la estabilidad socioeconómica, todo esto se lanza al horno sancionador” (1).
En este momento, los países occidentales, sobre todo los europeos, soportan enormes presiones y afectaciones en el plano económico, producto de un manejo económico sometido a las exigencias de Estados Unidos, que ha privilegiado una política de sanciones contra Rusia por encima de cualquier consideración de los pueblos del mundo. Se impone así el comercio de las armas, que implica para Kiev llenarse de equipamiento militar obsoleto e hipotecar su economía frente a los pedidos y suministros que la industria militar, tanto estadounidense como de sus aliados más poderosos de Europa, le están proporcionando y que en algún momento, más temprano que tarde se cobrará y a precios leoninos.
Los ucranianos, como sociedad, deberán pagar, con su desarrollo futuro, la renovación de sus arsenales y al mismo tiempo ser testigos de la enorme corrupción que ello conlleva y del cual el gobierno del actual presidente Volodímir Zelenski no es la excepción. Se ha ofrecido gratuitamente armas a Kiev para que en el breve plazo comience a pagar por su mantenimiento y modernización, lo que lleva, inevitablemente, a comprar armamentos modernos, renovarlos y así una cadena sin fin. El medio estadounidense Bloomberg ha señalado, a través de sus editoriales y análisis, que los activos ucranianos ya están hipotecados en función del pago a asesores extranjeros, mercenarios, servicios y apoyo logístico, además de software occidentales que generan una sujeción a la industria de occidente y con ello la imposibilidad de un desarrollo propio e independiente, acompañado de un endeudamiento, que haré más y más subyugado, no solo a las camarillas políticas ucranianas sino que al conjunto de su sociedad.
Al mismo tiempo que Bloomberg hace este señalamiento, ha dado a conocer, también, que Washington ya ha entregado a Kiev un tercio de su inventario de unidades de misiles antitanque Javelin y una cuarta parte de sus reservas de misiles antiaéreos portátiles Stinger…hay un debilitamiento en la cadena de suministros que preocupa en el Pentágono “La debilidad de la cadena de suministro del Departamento de Defensa pone en peligro no solo la ayuda a Ucrania, sino la capacidad de Estados Unidos de responder a futuras crisis, incluido un potencial conflicto sobre Taiwán, cuyo Ejército depende del material estadounidense” (2).
Ucrania, al someterse a Occidente, hipotecó completamente el futuro de las próximas generaciones de su población. Prueba de ello es la firma de la ley, por parte del presidente estadounidense Joe Biden sobre “lend lease” ley de Préstamos y Arriendo, que data de la segunda guerra mundial y que consiste, básicamente, en facilitar suministros militares con pago futuro. Es decir, reembolsar a futuro lo que se les entrega hoy en materia de armas, suministros y apoyo militar en amplios sectores, liberando a la administración estadounidense de trámites burocráticos y permisos, que dan pie a un desarrollo de la corrupción y el tráfico de armas en múltiples direcciones. Esta ley ya fue firmada en mayo pasado, aprobada por el senado bajo el nombre “Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act” (3) El cálculo, por lo bajo, estima que esta ley permitirá endeudar a Ucrania por cerca de 100 mil millones de dólares, de los cuales ya el 40% ha sido entregado bajo diversas modalidades.
La reprimida oposición ucraniana ha alertado de las consecuencias desastrosas de este vasallaje de los políticos ultranacionalistas – que paradojalmente de nacionalistas no tienen nada – ante Estados Unidos y Europa. Se está concretando así una seria amenaza a la soberanía de este país europeo y que va a significar, qué duda cabe, que para favorecer el pago de una deuda que se hará impagable, se exigirá a las camarillas políticas ucranianas, el poner su territorio a disposición de tropas estadounidenses y de la OTAN. Instalando decenas de bases militares, tal como lo hicieron con la Alemania post segunda guerra mundial, generando condiciones de arriendo leoninas. Al mismo tiempo, favorecer inversiones que signifiquen la privatización de los servicios energéticos ucranianos y el acceso a la industria de alimentos, como también obtener condiciones especiales para realizar proyectos significativos en la esfera energética, de infraestructura y comercio. Ucrania está cavando su propia tumba, mostrando que va camino a ser el principal testaferro de Washington en Europa, convertido en la punta de lanza de los intereses del lobby energético y del complejo militar industrial de aquel país.
El expresidente estadounidense Donald Trump durante una conferencia en Dallas, Texas (EE.UU.), 6 de agosto de 2022. (Foto: Getty Images)
El expresidente de EE.UU. Donald Trump teme la venganza de Irán por el asesinato del alto comandante antiterrorista iraní Qasem Soleimani, revela un libro.
Según ha informado este miércoles el diario británico The Guardian, Trump dijo a varios de sus amigos en diciembre de 2020 que temía que Irán intentara eliminarlo en venganza por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, quien cayó mártir el 3 de enero de 2020 en un ataque terrorista ordenado por Trump.
“En una fiesta de cóctel, Trump le dijo a varios de sus amigos de Florida que temía que Irán intentara asesinarlo, por lo que tuvo que regresar a Washington [la capital], donde estaría más seguro”, se lee en un nuevo libro de Peter Baker y Susan Glasser, un equipo de marido y mujer que escriben para The New York Times y The New Yorker.
El libro titulado The Divider: Trump in the White House 2017-2021 (El divisor: Trump en la Casa Blanca 2017-2021, en español), está previsto que se publique la próxima semana, pero The Guardian obtuvo una copia de ello.
Ese libro también indica que Trump y sus asesores consideraban lanzar nuevos ataques contra Irán, pero se retiraron de su decisión porque el final del mandato de Trump estaba demasiado cerca.
Es más, explica que, en junio de 2019, Trump tenía la intención de ordenar un ataque de represalia contra Irán, por el derribo del dron espía estadounidense Global Hawk que violó el espacio aéreo persa. Pero inmediatamente cambió su decisión.
Más tarde se supo que el presentador de Fox News, Tucker Carlson, estaba entre los que aconsejaron a Trump que no ordenara ataques contra Irán. Seis meses después, Trump autorizó el ataque contra Soleimani.
El mártir Soleimani, héroe de la lucha contra el terrorismo en Asia Occidental y una figura eminente que dedicó su vida a fortalecer el Eje de la Resistencia en la zona, fue asesinado el 3 de enero de 2020 en un ataque terrorista perpetrado por EE.UU. en Bagdad, la capital iraquí, junto con Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las Unidades de Movilización Popular (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe) de Irak, y un grupo de compañeros.
Con todo esto, las autoridades persas dejaron claro que dicho ataque no era ni mucho menos la venganza real que tenían pensada por el asesinato de Soleimani y que continuarían las represalias contra el país norteamericano.
A su vez, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, aseguró que la represalia iraní contra las bases estadounidenses fue tan solo una bofetada, pero “la bofetada más dura incluye acabar con la hegemonía vacía de la arrogancia”.
El ayatolá Jamenei también afirmó que tales respuestas son independientes de las represalias contra quienes ordenaron el asesinato del general Soleimani y quienes lo llevaron a cabo.
Partidarios del expresidente, Donald Trump, incitan a la violencia en Washington, 6 de enero de 2021. (Foto: Getty Images)
Casi un tercio de los estadounidenses sospecha de que su país pueda ser invadido por una potencia extranjera en la próxima década, revela una nueva encuesta.
Así lo afirmó el martes la revista estadounidense Newsweek, haciendo eco a los resultados mostrados por YouGov, al destacar que el 31 por ciento de los estadounidenses cree que existe al menos alguna posibilidad de que su país sea atacado en la próxima década. De hecho, el 12 por ciento de los encuestados opina que esta posibilidad es muy alta.
Además, la mitad de los participantes en el sondeo, dice que existe cierta posibilidad de que EE.UU. pierda su estatus de superpotencia.
Es más, el 27 por ciento de los informantes considera que un “colapso económico total” en el país norteamericano es algo probable.
Por otro lado, uno de cada cuatro estadounidenses asegura que existe la posibilidad de una guerra civil entre los republicanos y los demócratas en el Gobierno estadounidense, incluso, el 37 por ciento de los encuestados califica de “muy probable” esta hipótesis.
Esto mientras que, diferentes figuras nacionales y extranjeras coinciden en que el asalto al Capitolio de Estados Unidos, demostró que la democracia que Washington ha venido proclamando ya está en crisis.
Desde otro ángulo, el Índice de Precios al Consumidor en EE.UU., que mide una canasta de bienes y servicios de consumo, alcanzó en junio su nivel más alto en 40 años, lo que aumentó el descontento con la gestión del presidente, Joe Biden, entre los estadounidenses.
En este marco, según revelan recientes encuestas, la mayoría de los estadounidenses dice que Biden no está prestando atención a los problemas más importantes de la nación.
Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan cómo opera en España y Argentina el ‘Partido Judicial’ (el bloque de jueces que hacen política a favor de la derecha y las elites), a raíz de la negativa del juez Manuel García Castellón a imputar en el caso Kitchen a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Con la participación de la jueza y Delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, y del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participa en el Parlamento Europeo en el debate sobre el Estado de la Unión tras aprobar una propuesta que prevé recortar un 5% el consumo de luz en horas punta, limitar los ingresos de las renovables y una tasa del 33% a los súper beneficios de las industrias fósiles
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la esposa del presidente de Ucrania, Olena Zelenska, en Estrasburgo, el 14 de septiembre de 2022. Eric Vidal / Parlamento Europeo
Lo que para el PP es propio del “comunismo más bilioso del siglo XX”, para la Comisión Europea es el camino para encarar una crisis energética sin precedentes, agravada por los cortes de gas por parte de Rusia como reacción al apoyo de la UE a la Ucrania invadida. Este miércoles la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen (alemana de la CDU, miembro del PP europeo), ha avanzado algunos datos de sus propuestas para afrontar el duro invierno en el debate del Estado de la Unión, en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Según Von der Leyen, el nuevo tope europeo sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas –incluido el límite al precio de renovables y la nueva tasa a las industrias fósiles– permitirá recaudar “140.000 millones de euros”.
En realidad son 142.000 millones anuales: 117.000 provenientes del tope al precio de las industrias inframarginales –renovables, nuclear– de 180 euros megavatio/hora; y 25.000 del impuesto de al menos el 33% a los beneficios extraordinarios de las industrias fósiles.
“Se nos está poniendo a prueba”, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea: “Es una guerra contra nuestra energía, nuestra economía, valores, nuestro futuro. Se trata de la autocracia contra la democracia, y estoy convencida de que con el valor y la solidaridad necesarios, Putin fracasará y Europa y Ucrania vencerán”.
La propia presidenta de la Comisión Europea ha anunciado en el pleno que este miércoles viajará a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Será la segunda vez que viaje a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa –la primera fue el 8 de abril–. Von der Leyen tiene previsto debatir con Zelenski sobre los avances en el mercado único europeo para Ucrania, tras anunciar la extensión del roaming a este país. En la grada, está la esposa del presidente, Olena Zelenska, con quien viajará desde Estrasburgo.
“En el mes de marzo logramos conectar Ucrania a nuestra red eléctrica”, ha dicho Von der Leyen: “Se trataba de una iniciativa prevista para 2024, pero la llevamos a cabo en dos semanas. Y, en estos momentos, Ucrania nos exporta electricidad. Quiero ampliar significativamente este comercio que redunda en beneficio mutuo. Ya hemos suspendido los derechos de importación que se aplicaban a las exportaciones ucranianas a la UE. Integraremos a Ucrania en nuestro amplio espacio europeo de itinerancia gratuita. Nuestros corredores solidarios están siendo un gran éxito. Apoyándose en todos esos logros, la Comisión trabajará junto con Ucrania para asegurar el acceso sin trabas de este país al mercado único, y viceversa. Nuestro mercado único es uno de los grandes logros de Europa. Ha llegado el momento de que también lo sea para nuestros amigos ucranianos. Por ese motivo, hoy mismo viajaré a Kiev para tratar detalladamente de esta cuestión con el presidente Zelenski”.
La presidenta de la Comisión había viajado a la capital ucraniana ya el pasado 8 de abril junto al alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cuando se había cumplido un mes y medio del inicio de la invasión y la UE acababa de aprobar el quinto paquete de sanciones a Moscú para vetar las compras de carbón ruso a partir del pasado mes de agosto.
“Quiero dejarlo muy claro: no vamos a levantar las sanciones”, ha dicho este miércoles Von der Leyen: “Es el momento de mantenernos firmes y no de hacer política de apaciguamiento. Lo mismo puede decirse de nuestra ayuda financiera a Ucrania. Hasta la fecha, el Equipo Europa ha aportado más de 19 000 millones de euros en asistencia financiera. Y eso, sin contar nuestra ayuda militar. El nuestro es un apoyo a largo plazo”.
Las propuestas aprobadas en el colegio de comisarios en un contexto de datos récord de inflación y sombras de recesión mientras el BCE arriesga asfixiar la economía con subidas de tipos sin precedentes, consisten, según ha ido circulando, en: que los países de la UE reduzcan su consumo medio de electricidad un 10% y que ese ahorro sea de al menos un 5% en horas punta; limitar los ingresos de las compañías eléctricas, fijando un tope en el mercado eléctrico de 180 euros el megavatio/hora para la generación de origen renovable, nuclear y con lignito –menos de los 200 euros que circularon en borradores hace una semana–; y fijar una tasa del 33% a los beneficios extraordinarios de compañías de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón y sector de la refinería), que están engordando gracias a los elevados precios del gas.
Eso sí, la Comisión Europea reconoce que necesita más tiempo para otras dos medidas para las que los ministros de Energía de la UE han pedido orientación: poner un tope al precio del gas y aumentar la liquidez de los mercados financieros de futuros de la energía.
A partir de aquí, se abre un periodo de negociación con los 27 para llegar a un acuerdo en la reunión extraordinaria de ministros de Energía convocada para el 30 de septiembre en Bruselas.
“Tenemos que acabar con la dependencia”, ha dicho Von der Leyen en el Parlamento Europeo: “Estamos en el 83% de almacenamiento, pero no basta. Hay que diversificar, apartarnos de Rusia y buscar socios más fiables, como EEUU, Nigeria y Noruega. El año pasado, el gas ruso que llegaba a la UE suponía el 40%; hoy ha caído al 9%. Pero Rusia sigue manipulando nuestro mercado, prefieren quemar el gas en lugar de cumplir los contratos”.
Según Von der Leyen, “este mercado no está funcionando. Ha dejado de funcionar. Además, la crisis climática tiene un precio en nuestras facturas, la sequía ha afectado a las plantas hidroeléctricas y es diez veces más cara la luz. Está generando ansiedad a millones de empresas y familias. Quiero que nuestra Unión tome ejemplo y reducir la demanda en horas punta para que el suministro dure más. Por esta razón, los Estados miembros están presentando medidas para reducir el consumo de electricidad Hace falta un apoyo específico para las pymes, y para quienes no pueden pagar las facturas, por eso proponemos un tope de los beneficios nunca imaginados. En estos momentos no está bien recibir beneficios de la guerra y que paguen el pato los consumidores”.
“Los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan” ha dicho la presidenta de la Comisión Europea: “Nuestra propuesta recaudará más de 140.000 millones de euros que permitirán a los Estados miembros amortiguar el golpe de manera directa. Y debido a que estamos inmersos en una crisis de combustibles fósiles, la industria de los combustibles fósiles también tiene una obligación especial. Las grandes empresas de petróleo, gas y carbón también están obteniendo enormes beneficios. Y por eso tienen que pagar una parte equitativa: tienen que aportar una contribución contra la crisis. Todas estas son medidas de emergencia y temporales en las que estamos trabajando, incluido el debate sobre la limitación de precios. Es necesario que sigamos trabajando para reducir los precios del gas. Tenemos que garantizar la seguridad del suministro y, a la vez, nuestra competitividad a escala mundial”.
Von der Leyen ha añadido: “Al tiempo que nos enfrentamos a esta crisis urgente, también debemos mirar hacia el futuro. La configuración actual del mercado de la electricidad, basada en el orden de mérito, ha dejado de ser justa para los consumidores. Estos deberían aprovechar los beneficios de las energías renovables de bajo coste. Por lo tanto, tenemos que desligar la influencia dominante del gas sobre el precio de la electricidad. Para ello, llevaremos a cabo una reforma profunda e integral del mercado de la electricidad”.
“Queremos que los precios del gas se mantengan bajos, garantizando los precios de la energía y la competencia. Pero si es demasiado cara, daña nuestra competitividad”, dice Von der Leyen, quien ha reconocido que “el mercado del gas ha cambiado totalmente. Cada vez más hay gas licuado. Pero ese mercado no se ha adaptado, y queremos ir a un patrón más representativo para reflejar esos cambios. Y al mismo tiempo, las empresas energéticas tienen problemas de liquidez, por lo que vamos a trabajar con reguladores del mercado para limitar la volatilidad de precios cotidianos, enmendando el marco de ayudas estatales en octubre. No es fácil, pero son los primeros pasos”.
Nuevas normas fiscales
La UE lleva con las normas fiscales –deuda y déficit– suspendidas desde el inicio de la pandemia para dar vía libre al gasto público. Pero también se ha embarcado en el proceso de reformarlas, por su complejidad para ser aplicadas y su rigidez. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea ha dicho: “Necesitamos unas normas presupuestarias que permitan la inversión estratégica y que salvaguarden, al mismo tiempo, la sostenibilidad presupuestaria. En octubre presentaremos nuevas ideas para nuestra gobernanza económica. Los Estados miembros deben tener más flexibilidad en sus sendas de reducción de la deuda. Sin embargo, debe existir una mayor responsabilidad en cuanto al cumplimiento de lo que se haya acordado. Deben establecerse normas más sencillas que todos puedan seguir. Para abrir el espacio a la inversión estratégica y otorgar a los mercados financieros la confianza que necesitan. La estabilidad y el crecimiento solo pueden ir de la mano”.
“El PP normaliza la entrada de la extrema derecha en las instituciones”
La presidenta de los socialistas europeos en la Eurocámara, Iratxe García, ha afirmado: “Las crisis ponen de manifiesto nuestras debilidades, pero también dónde tenemos que incidir. Nuestro compromiso con el pueblo ucraniano es firme, pero para asegurarnos el apoyo de la ciudadanía, hay que ponerse en la piel de quienes están sufriendo las consecuencias de la guerra. De la misma manera que fuimos socios leales en la pandemia, lo seremos ahora para evitar una recesión. Vamos tarde, pero me alegro que ya se escuche lo que decíamos: poner un tope al precio del gas, y eso podemos hacerlo con una parte de los beneficios extraordinarios. Me preocupa la extrema derecha, hay que actuar en la defensa del Estado de Derecho. Me da tristeza decirlo, pero el estado de la democracia es tan frágil como nuestra economía. Vuelven fantasmas superados, hay partidos profascistas que pueden ganar elecciones. Señor Weber, les hago un llamamiento para que reconsideren su papel, el mejor patriotismo es la unión europea, no el nacionalismo excluyente. Están normalizando la entrada de la extrema derecha en las instituciones, espero que rectifiquen porque tenemos una responsabilidad compartida”.
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha defendido, por su parte: “Europa se mantendrá firme como una roca en defensa de la libertad de Ucrania, porque la causa de Ucrania es hoy la causa de Europa. El coraje, la resistencia y la valentía del pueblo ucraniano, que son el mejor símbolo de la justicia de su causa. Hace unos días Putin enterró sin honores en Moscú al presidente Gorbachov, la historia recordará a Gorbachov y condenará a Putin”.
La portavoz popular ha afirmado que “en estos tiempos difíciles Europa tiene muchos desafíos”, y ha pedido “luchar sin descanso contra la inflación, que es el impuesto más injusto para las familias, y aumentar la autonomía energética europea, para que la factura de esta crisis no la paguen los ciudadanos”. .
El portavoz de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha sostenido: “No es un debate de la Unión más. Necesitamos más que nunca coraje, solidaridad y resistencia. Seamos conscientes de que este invierno va a durar mucho, y necesitamos soluciones a medio y largo plazo, como la construcción de infraestructuras, una moratoria nuclear que nos permita transitar a los objetivos verdes”.
El ex president catalán Carles Puigdemont también ha participado en el debate: “Ha recordado al ex presidente David Sassoli, que pedía renovar la democracia. Usted ha recordado que la democracia no tiene que espiar a políticos y activistas, cosa que está pasando en España. El 61% de las sentencias del TEDH no se respetan en España y los comisarios europeos se fotografían con la extrema derecha [el vicepresidente Margaritis Schinas recibióo a Vox] y rechazan reunirse con eurodiputados espiados que han recibido un millón de votos”.
La eurodiputada de la France Insoumise, Manon Aubry, copresidenta de La Izquierda (el grupo de UP), ha señalado, por su parte: “Los parches no serán suficientes. Los precios deben congelarse en los niveles previos a la crisis, porque la energía es un bien común. Como el agua, la salud, la naturaleza y todo lo que necesitamos para vivir. Nuestro planeta se está quemando. Se les dice a los ciudadanos que apaguen su wifi. Pero también podría pedirnos que vaciemos el mar con una cuchara si insiste en importar al mismo tiempo leche y carne de Nueva Zelanda, literalmente a más de 19.000 km de distancia. Este es, de hecho, el corazón del problema, todas las crisis que estamos pasando le obligan a cambiar de rumbo provisionalmente, pero es la misma historia que con la pandemia. Nos dijo entonces que había entendido la lección, pero luego volvió a lo de siempre”.
Aubry ha añadido: “Ante el fracaso de este modelo, se está abriendo la puerta a un bloqueo, temporal, por supuesto, de los ingresos de las empresas energéticas. Excepto que con el umbral previsto las multinacionales se quedarán con márgenes enormes. ¿Cuántas crisis más necesitará para sacar verdaderamente las consecuencias de tus fracasos? Ya no nos queda tiempo que esperar”.
Gamarra ha afeado a Sánchez en la primera sesión de control al Gobierno que no haya aceptado el plan de rescate energético presentado por los conservadores.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, han inaugurado las sesiones de control al Ejecutivo en el Congreso del nuevo curso político como las acabaron: entre reproches. Así, la dirigente popular ha acusado al líder del Gobierno de «estar anclado en la resistencia» por no aceptar sus propuestas.
Al respecto, Sánchez ha reprochado los noes del principal partido de la oposición a las medidas de Moncloa para hacer frente, primero a la pandemia, y después a la crisis energética e inflacionaria actual. La última, la referente a los dos nuevos impuestos a las energéticas y la banca.
Y es que, esta propuesta arrancó este martes su trámite parlamentario a pesar del voto en contra de PP, Vox y Cs. «El programa del Partido Popular es el programa de las grandes energéticas de este país», ha subrayado el presidente del Ejecutivo, además de recalcar que, aunque «el dinero tiene mucho poder», el Gobierno de coalición protegerá a las clases medias trabajadoras y no los intereses de los «poderosos».
Por su parte, el líder de la extrema derecha de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado a Sánchez explorar los recursos naturales de España a base de derogar la ley de cambio climático y de reabrir las centrales nucleares. Unas propuestas «incoherentes», tal como ha tildado el presidente del Gobierno.
Asimismo, Sánchez ha colocado a Abascal frente a sus habituales contradicciones, pues no defiende ni el campo ni el agua ni el aire de España al negar el cambio climático y decantarse por energías no renovables, y que hay que importar de otros países. «Ustedes no defienden España; ustedes defienden otros intereses que son los intereses de los de arriba, no los de la clase media trabajadora», ha añadido.
Por otra parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha propuesto a Pedro Sánchez la creación de un fondo de rescate para ayudar a las familias con dificultades a pagar hipotecas ante la subida de los tipos de interés, y ha avisado de que si no actúa «arrasará» la derecha.
«Hace meses hablé del precio de los alimentos y a algunos les sonó a chino, les dije que seguramente les iba a arrasar. Hoy les hablo de las hipotecas, de los tipos interés. Hoy ya hay gente con el mismo miedo que hace diez o quince años a recibir el recibo de la hipoteca, se estima que pueden subir los tipos de interés hasta el 3 o 4%, lo que significa que alguien que pague 500 euros de hipoteca, llegue a pagar 1.000 euros», ha justificado.
Von der Leyen anuncia una tarifa para reducir los beneficios extraordinarios de las compañías fósiles y un tope a las renovables. Asegura que ambas recaudarán 140.000 millones de euros. Los populares europeos se muestran a favor de los gravámenes.
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen en una reunión, a 22 de junio de 2022, en Bruselas, Bélgica. —Dati Bendo / European Commission / d / DPA/EUROPA PRESS
Camino del séptimo mes de guerra, que está dejando consecuencias enormes en suelo europeo, la Comisión Europea se inclina por llevar a cabo la mayor intervención del mercado energético de su historia. El Ejecutivo comunitario propone imponer impuestos a las compañías energéticas, algo que ya hacen países como España e Italia.
Según adelantan ya medios como la agencia Bloomberg, los planes de la Comisión pasan por gravar un 33% los beneficios extraordinarios de las compañías fósiles y redirigir esa ganancia a los consumidores; poner un tope de 180 euros el megawatio hora a las industrias inframarginales, es decir renovables y nucleares; y un ahorro obligatorio del 5% del consumo energético en las horas punta. La mayoría de capitales son reacias a medidas imperativas y se declinan por planes voluntarios, como el que rige en la actualidad sobre el ahorro de gas en un 15%.
«Los beneficios de las empresas energéticas están bien, son buenos, pero esos ingresos récord, con los que nunca soñaron, que se benefician de la guerra y del esfuerzo de los consumidores, deben ser compartidos y redirigidos a quienes más los necesitan», ha asegurado la alemana desde el Pleno de Estrasburgo. Bruselas calcula que estos topes ayudarán a recaudar 140.000 millones de euros. El enigma ahora es conseguir el consenso entre los 27 Estados miembros y fijar los detalles de cómo ejecutar la medida y establecer los beneficiarios.
En uno de los discursos sobre el estado sobre el estado de la Unión más esperado, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha detallado estas cardinales de la brújula estratégica de la UE para hacer frente a uno de los inviernos más inciertos de las últimas décadas. La concreción de las medidas energéticas era uno de los anuncios más esperados del discurso de la alemana en Von der Leyen. El precio del gas cuesta ya diez veces más que hace un año. «Llegar a final de mes generando ansiedad a millones de familias e industrias dentro de la UE», ha asegurado.
Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, ha apoyado el plan de acción energético propuesto por su compañera de filas, la también conservadora Von der Leyen. Entretanto, hace unos días, el líder del Partido Popular español, Alberto Núñez-Feijóo, calificó los impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez a la banca y a las energéticas como unas medidas que «no encajan en un país de la UE». «No es justo que mientras muchos estén teniendo dificultades para llegar a fin de mes, otros se estén haciendo millonarios a costa del sufrimiento de las familias», ha asegurado Iratxe García Pérez, líder socialdemócrata en la Eurocámara.
La presidenta del PP europeo aboga ya por acometer una reforma del mercado eléctrico
La presidenta del Partido Popular Europeo aboga ya por acometer una reforma del mercado eléctrico en profundidad y por desacoplar el precio del gas de la factura de final de la electricidad. Son medidas que España lleva desde hace un año pidiendo en la capital comunitaria, pero ha tenido que llegar una guerra para que el resto de socios europeos asuman que el sistema energético, tal y como está concebido, no funciona.
Ahora son las capitales europeas las que recogen este testigo. Los 27 ministros de Energía se reunirán el 30 de septiembre en un Consejo extraordinario para debatir y, si llegan a un consenso, aprobar estas medidas. El debate se anticipa caliente porque no todas están dispuestas a gravar las compañías. Especialmente reticente es Polonia. Y tampoco genera mucha simpatía el ahorro vinculante. La Comisión Europea ha postergado, además, la propuesta para imponer un tope al gas. Una medida mucho más compleja desde el punto de vista de la unidad y a nivel de consecuencias.
