Felipe VI, periodistas y la antigua estafa

ANA PARDO DE VERA

«La información de utilidad, entendida como servicio público, como la que hoy se reconoce aquí, se vuelve más necesaria si cabe, ya que contribuye a formar de un modo responsable el criterio de las personas. Lo cierto es que, en un entorno, por una parte, de saturación informativa y, por otra, de desinformación, los periodistas son más necesarios que nunca. La verificación de datos es un pilar fundamental en la construcción de certezas o en la orientación dentro de la incertidumbre».

Qué buen discurso y mejores intenciones, ¿verdad? Son palabras del rey Felipe VI en la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España y Don Quijote de Periodismo, en junio de 2021 en la Casa de América en Madrid. Pueden leerlo entero, si les interesa: está en la web de la Casa Real, como todas las intervenciones públicas de los reyes, algunas bastante más interesantes de lo que se puede esperar de la institución que representan.

Para mí, no obstante, el mayor interés (algo masoquista) que me sugieren discursos como éste es la incoherencia más absoluta entre lo que dice el rey y lo que hace la Casa Real con la prensa, en el caso que nos ocupa. Este asunto no es nuevo, obviamente: en el documental Salvar al rey (HBO) se retrata muy bien como el jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández-Campo, utilizaba a los medios de comunicación sin pudor alguno para ocultar información o moldear la imagen de Juan Carlos I, incluso asumiendo riesgos como el de tratar que el jefe del Estado de entonces detuviera sus excesos. A Fernández-Campo esta jugada le salió rana y le costó el puesto ante un monarca que no estaba dispuesto a perderse ni una sola juerga con mujeres, en viajes o nadando en comisiones.

Al actual rey, por tanto, y para hacer gala de esa transparencia real de la que se jactan tanto la Zarzuela como el ala socialista del Gobierno, le correspondía hacer lo contrario que su padre, porque de eso tratan de convecernos todos los días y a todas horas y eso, por cierto, es lo que concluye Salvar al rey: salvar la monarquía (Felipe VI ahora) matando al emérito.

 

Es todo lo contrario de lo opuesto que se suponía debía hacerse desde Zarzuela en el manejo de los medios de comunicación: si con Juan Carlos había opacidad e información escasa y controlada, con Felipe no hay nada. Cero. Zero. Null. Zéro. Hacer Casa Real en tiempos de Felipe y Letizia (experiodista) resulta una tortura para quienes tratan de ir más allá del discurso oficial y la agenda ídem, es decir, quienes tratan de averiguar, por ejemplo, y en un momento tan largo y pesado como la muerte de la reina Isabel II, qué pasa con el díscolo emérito o quién le va a pagar el séquito que le acompañará al funeral de su prima lejana. Tan lejana que solo visitó España una vez en 1988 con una estancia de una semana. Una prima-estrella fugaz.

Resulta insoportable que a estas alturas de siglo XXI, la prensa tenga que estar sufriendo un desgaste añadido a la tensión de días como éstos con la cobertura de Reino Unido, un auténtico y agotador exceso. Las instituciones, todas, están obligadas a dar cuenta de la información pública, que no solo no les pertenece, sino que su conocimiento ahonda en el control democrático y, por tanto, debe ser puesto a disposición de los informadores en cuanto les sea reclamada. Pues no.

Felipe VI ha cogido la peor costumbre de su padre, encima, sin disponer siquiera de las pequeñas píldoras con las que el jefe de la Casa del Rey Juan Carlos trataba de endulzar la vida a la prensa y la prensa se disputaba. Me consta que la muerte de la reina británica ha sido decepcionante y frustrante para los medios de comunicación independientes en España, pero no parece que Casa Real y los poderes legislativo y ejecutivo que la protegen vayan a cambiar de rumbo. Pero «democracia plena» y viva la estafa institucional.

Europa pone en evidencia al PP y le fuerza a asumir el impuesto a las energéticas solo un día después de votar en contra

«Si las empresas contribuyen a rebajar los recibos de los vulnerables decimos que sí», dijo el líder del Partido Popular. Un día antes votaron en contra de iniciar su tramitación en el Congreso.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto con militantes en Segovia. EFE/Pablo Martín
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto con militantes en Segovia.  Pablo Martín / EFE

o que antes era una calculada ambigüedad en el PP se ha convertido en un sí a grabar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. «Estamos de acuerdo en grabar a las eléctricas», ha asegurado Alberto Núñez Feijóo este miércoles. «Si las empresas contribuyen a rebajar los recibos de los vulnerables decimos que sí», señaló. 24 horas antes, sin embargo, votaron ‘no’ en el Congreso a la toma en consideración de la ley impulsada por el Gobierno para poner en marcha los nuevos impuestos.

«No podemos aprobar medidas que solo tienen por objetivo que la caja de Sánchez tenga más dinero», justificó este martes la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. Dijo también que era «demagogia» decir que esa recaudación repercutiría en la economía de los hogares.

Pero entre el ‘no’ del PP en el Congreso y las palabras de Feijóo pasó algo. La líder del Partido Popular Europeo y presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió los impuestos a los beneficios extraordinarios de las grandes compañías que propone el Ejecutivo. «En los tiempos en que vivimos no puede ser que algunos obtengan unos beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y a costa de los consumidores. En estos momentos, los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan», aseguró. Bruselas, eso sí, deja fuera a los bancos.

Feijóo hizo equilibrios este miércoles para no llevar la contraria a la líder conservadora europea. «Está hablando de beneficios extraordinarios, no está hablando de facturación», justificó. Es cierto que el plan comunitario propone gravar solo lo que las empresas declaren como beneficios y el Gobierno ha planteado gravar las ventas y evitar que las energéticas puedan jugar con sus cuentas y no declarar todos los beneficios. ​

El líder del PP insistió en este argumento. «Una cosa es bajar el recibo de los clientes y otra que las empresas paguen para aumentar la recaudación del Estado», dijo. Lo que se votó este martes era el primer paso para que la ley echase a andar y pudiese debatirse entre los grupos para futuras modificaciones y aún así el PP se opuso. Feijóo, aseguró este miércoles en una entrevista en el programa El Objetivo que si el Gobierno presentaba la misma propuesta que Bruselas tendrían su voto a favor.

Además de el qué se grava, el plan europeo y el del Gobierno difieren en a dónde iría el dinero recaudado. La Comisión Europea propone un fondo finalista y la propuesta inicial del Ejecutivo es que no se establezca ningún fin concreto.

Así convencería Feijóo a las eléctricas

Lo cierto es que lo se votó este martes en el Congreso, y a lo que se opuso el PP junto a Vox y Ciudadanos, era el primer paso para que la ley echase a andar y pudiese debatirse entre los grupos para futuras modificaciones.

Aún así, el PP ya ha asumido el impuesto a las eléctricas e incluso Núñez Feijóo explicó como intentaría «convencer» a las energéticas, que hasta ahora se oponen frontalmente: les diría que toda la Unión Europea está de acuerdo, señaló, «que no voy a grabar tus facturaciones», y que lo recaudado «va para tus clientes» y «es muy bueno que tengas clientes».

La política sanitaria de Ayuso colapsa los hospitales con urgencias al doble de pacientes de su capacidad

El final del verano ha devuelto a la realidad a la sanidad madrileña, que se resiente por todos los hospitales de la ciudad.

Imágenes de este jueves de las urgencias del Hospital Universitario de La Paz.
Imágenes de este jueves de las urgencias del Hospital Universitario de La Paz.  Diario Público

Este jueves, el Hospital Universitario La Paz ha vuelto ha sufrir el colapso de sus trabajadores y sus instalaciones. La sala 1 de urgencias, con una capacidad para 12 camas, albergaba a 25 pacientes. Más del doble de su capacidad para paliar la congestión. «Sigue habiendo camas cerradas hasta que termine el mes de septiembre», dice un enfermero de La Paz a Público.

El hospital madrileño tiene unos números preocupantes en cuanto a las listas de espera. Según los datos de julio, aún no actualizados, 6.076 pacientes pendientes de operación quirúrgica. La demora media en Madrid es de 71,6 días, más de dos meses. Desde que llegó Ayuso al poder, las listas de espera se dispararon un 43%, según un informe de Comisiones Obreras (CCOO).

La Atención Primaria, el primer filtro de la sanidad pública para el tratamiento de los pacientes, se resiente año a año en Madrid y eso acaba por notarse en los grandes hospitales. De hecho, la Comunidad de Madrid es de las pocas comunidades en las que el gasto sanitario en Atención Primaria ha caído en los Presupuestos cuando se comparan los de 2022 con los de 2019. Menos inversión que antes de una pandemia que asoló el mundo.

Desde hace meses, los profesionales de la sanidad pública atribuyen esta saturación de los hospitales al cierre de los Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAPS) por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde hace algo más de dos años. Aunque ha prometido su reapertura con otro nombre y con un otro funcionamieto, algo que ha generado muchas críticas al descubrir que algunos de ellos serán reabiertos pero no habrá médicos de guardia.

«Se nota mucho lo de los SUAPS, porque un dolor de muelas que podría ser atendido allí, o unas anginas, ahora vienen a urgencias hospitalarias. Y todo eso es mucho. Eso satura mucho el hospital, porque hay que atenderlos», denuncia una técnica en cuidados del Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda.

Preciamente, este hospital, que tiene una de las urgencias más grandes en todo Madrid, ha vivido semanas de importante saturación. «Cuando he salido esta noche al acabar el turno había muchos pacientes pendientes de cama. En el nivel 2 (donde hay pacientes que no están graves), que tiene una capacidad para 18 camas, estaban 28 pacientes. Eso sin contar parte de los sillones, que por las mañanas se llena. Pueden llegar a haber hasta 50 personas», relata esta trabajadora de las urgencias.

Esta semana se reanudaba la actividad política en la Asamblea de Madrid con el debate de estado de la Región y Mónica García, líder de Más Madrid, anuciaba su intención de lanzar una propuesta de ley para reducir las listas de espera de la sanidad pública.

De este modo, se limitaría la espera de las denominadas «intervenciones quirúrgicas» entre 30 y 60 días «según gravedad potencial del diagnóstico». En cuanto a las consultas externas, la espera máxima será de 30 días para una primera consulta y 60 días para consultas sucesivas, en el caso de que sean necesarias. Además, se limita a 21 días el tiempo de espera de «pruebas diagnósticas y terapéuticas». Por último, esta ley garantizaría la atención en siete días en el caso de «diagnósticos con alta sospecha de malignidad».​

Un bar saca mesas a la calle con la cara del dictador Franco ante la pasividad del Ayuntamiento de Madrid

El PSOE denuncia públicamente el caso y reclama respuestas al consistorio, dirigido por PP y Ciudadanos.

La mesa con el rostro estampado del dictador.
La mesa con el rostro estampado del dictador.

La vicealcaldesa Begoña Villacís (Ciudadanos), interpelada por Vidal, había manifestado antes de la pregunta de Vidal en términos generales que la ordenanza poco a poco se iba aplicando, replicó muy brevemente, antes de que fuera interrumpida su respuesta, que la ejecución de la ordenanza debía tratarse en otro lugar, no en la comisión en la que estaban. No se refirió al caso concreto.

Vidal, mientras sacaba una foto de la mesa con la imagen del dictador y una bandera franquista de España, preconstitucional, sobre la mesa, le dijo a Villacís, con un punto de ironía: «Usted incidía mucho en lo importante de la estética de las terrazas, que había que mejorar y armonizar. Pues mire este maravilloso mobiliario que luce en una terraza de esta ciudad. Tengo dudas de si esto cumple ya no la Ordenanza, sino alguna Ley. ¿Esto está autorizado por el Ayuntamiento de Madrid para estar en la vía pública? Si es así, y espero su respuesta, es para echarse a temblar».

Vidal agregó: «Mientras todo esto pasaba, y sigue pasando, ¿a qué se han dedicado? A la campaña Terrazas en armonía, y ya que están en esas, les propongo un eslogan nuevo: «Cuando a Begoña Villacís le apetezca que la Ordenanza se cumpla, entonces a lo mejor conseguimos terrazas en armonía, porque su Ordenanza no se cumple. Reconozcan el problema y den soluciones».

Otros problemas

El edil del PSOE hizo un recuento de otros problemas relacionados con la ordenanza y la propia Villacís le reconoció que había venido con los deberes hechos. Así, Vidal habló de la calle de Alonso Cano, 57: «Terraza en banda de estacionamiento frente a un portal, cuando la Ordenanza lo prohíbe. Los vecinos lo han indicado, y el Ayuntamiento contesta que la pretensión de dejar un portal libre no tiene soporte. Ahí es nada».

También de la calle de Gravina, 11: «Terrazas adosadas a fachada: permitido en pocos supuestos, pero se ven con mucha frecuencia. Como ocurre en Gravina 11. Que además de una terraza ilegal, sancionada y retirada una vez, pero que ahí sigue, hasta dónde sabemos es un bar ilegal, pues no tiene licencia».
Vidal se refirió también a «terrazas en aparcamiento abandonadas: por ejemplo, en Retiro, calle Lope de Rueda, ocupando plazas desde hace meses, poco tiempo, si la comparamos con un velador en Narváez que nos indican lleva años sin actividad».

Luego, ironizó: «Menos mal que su Ordenanza venía a terminar con todos los problemas. Con medidas novedosas como los responsables de terraza. Pues tampoco se cumple: nos dicen por escrito que en Chamberí, de 740 terrazas según datos abiertos, 19 tienen responsable. Un distrito donde en el entorno de Ponzano siguen sufriendo un infierno de ruidos y suciedad, ante la inacción municipal y la degradación del barrio. También ocurre en Centro: a 1 de agosto, de más de 800 locales, 12 habían designado responsable».

«A ver si conseguimos pasar de una ciudad sin ley a una ciudad vivible, en Ponzano, en Ibiza, en Centro, y en cualquier lugar donde haya un conflicto», cerró Vidal.