Los avances de Colombia para alcanzar la paz total prometida por Gustavo Petro

por abuelo abuelo17 de septiembre de 202217 de septiembre de 2022BIBLIOTECA / Educación / Geopolítica / Humanoides / Informática / NOTICIAS / Países latinoamericanos / Política / Sanidad / Trabajo

La política integral propuesta por el presidente es un proceso participativo del que también forman parte las antiguas FARC, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

07/08/2022 Gustavo Petro, durante su toma de posesión como presidente de Colombia en la Plaza Bolívar, en Bogotá — Gustavo Petro, durante su toma de posesión como presidente de Colombia en la Plaza Bolívar, en Bogotá. — Luisa González / REUTERS

Cinco semanas después de asumir el poder, el Gobierno del progresista Gustavo Petro reveló avances para llegar a la «paz total», una política integral que busca ponerle fin a la tragedia colombiana de décadas.

La paz total no es simplemente el desarme negociado de los 18.000 hombres que el think tank Indepaz les calcula a los 22 grupos armados que han manifestado que quieren sumarse a esta política. Para comparar: 17.000 era la cifra de combatientes que se supone que tenían las FARC antes de pactar la paz en 2016. Finalmente, se desmovilizaron 13.000.

La paz total es generar un entorno para acabar con la guerra de una vez. Buscarle soluciones al conflicto social generado por la desigualdad, la exclusión y la ausencia de oportunidades y apuntarle a construir justicia social, ambiental y económica.

«La paz total es una tarea de toda la ciudadanía», advirtió Petro en su primer discurso como presidente, el 14 de septiembre, e invitó a participar en 50 diálogos regionales de aquí a finales de noviembre, incluido uno por Internet con la diáspora. Cada diálogo durará dos días y medio; sus conclusiones serán vinculantes y el Gobierno dice que las incluirá en su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, que debe presentarle al Congreso el 7 de febrero como fecha límite.

Por ahora, el Ejecutivo cuenta con los votos suficientes para sacarlo adelante. Sumando el apoyo expreso de sectores tan diferentes como el partido Comunes, de las antiguas FARC, y el partido Conservador tiene 75 de los 108 votos del Senado y 140 de 187 en la Cámara de Representantes.

La aplanadora de Gustavo Petro, los escaños de cada partido en el Senado de Colombia. — La Silla Vacía

La participación en los diálogos regionales podrá ser virtual mediante líneas abiertas, y en escenarios públicos con mesas temáticas sobre ordenamiento territorial y paz total;
seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transformación energética y justicia ambiental, y convergencia social-regional. Las convocatorias para asistir se harán a través de medios de prensa y redes sociales.

Habrá entre seis y siete encuentros simultáneos por semana. El primero comenzó este mismo viernes 16 en Turbaco, un municipio aledaño Cartagena de Indias que en el momento álgido de la guerra recibió a una enorme masa de desplazados que huían para salvar la vida. El alcalde de Turbaco es Guillermo Torres, ex FARC firmante de la paz y cantautor de 68 años hoy empeñado en llevar agua corriente a todas las viviendas de Turbaco.

Los diálogos regionales tienen una metodología participativa diseñada por el Departamento de Planeación Nacional. No habrá exclusiones, podrá ir quien quiera a expresar todas sus necesidades insatisfechas, y además se definirá, idealmente de manera colectiva, una prioridad, con el fin de poner el dedo en los cambios indispensables para cimentar la paz total: puede ser una carretera, educación, Internet, la defensa del agua, del bosque… Cada reunión será amadrinada por una ministra o ministro y el presidente Petro participará en algunas. Estarán las autoridades locales y representantes de todas las instituciones.

La misma noche del discurso de Petro, en el espacio del veterano periodista Yamid Amat, el curtido defensor de derechos humanos Danilo Rueda resumió lo logrado en un mes en el cargo como Alto Comisionado para la Paz y con la ayuda del canciller Álvaro Leyva, un respetado batallador por la paz desde hace cuarenta años.

Al respecto ya se sabía que se descongelaron las negociaciones con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), después del compromiso formal de la Cancillería colombiana de que el Estado ahora sí cumplirá los protocolos pactados ante garantes internacionales y que el ultraderechista presidente Iván Duque ignoró. Los negociadores del ELN llevaban cuatro años en Cuba, aunque Público ha podido saber que en enero Petro se entrevistó en España con Antonio García, uno de los líderes elenos.

Lo último que afirmó el Alto Comisionado, Danilo Rueda, es que él personalmente se ha reunido en suelo colombiano con los jefes del remanente Estado Mayor de las FARC, un sector que se retiró de la negociación en La Habana argumentando que si la guerrilla entregaba las armas, el Estado no iba a cumplir el acuerdo de paz.

También ha habido acercamientos con otro sector remanente, Segunda Marquetalia, integrado por el exjefe negociador de las FARC en La Habana Iván Márquez y otros antiguos mandos que se refugiaron de nuevo en las armas ante la amenaza de terminar extraditados a EEUU mediante entrampamientos (montajes) ilegales que han buscado hacer pasar por narcotraficantes a varios exlíderes guerrilleros. Rueda confirmó que Iván Márquez, de quien se rumoreaba que había muerto en una incursión de francotiradores en junio, es uno de los que ha enviado los mensajes de paz exploratorios. Está vivo, aunque recuperándose del ataque. Se supone que permanece en Venezuela.

Mientras por parte del ELN ha habido sucesivas liberaciones de secuestrados desde el triunfo electoral de Petro en junio, en el caso de estas dos vertientes de las antiguas FARC ha habido «medidas de desescalamiento», según reveló Rueda, que han beneficiado a determinadas poblaciones. Dijo algo clave: estos guerrilleros «identifican que la población que está afectada, está cansada de la guerra», y «podemos estar ad portas» de un cese al fuego multilateral. Pero en la paz total la clave es no dejar cabos sueltos.

Por eso mismo, también ha habido acercamientos con las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidos como Clan del Golfo, un grupo paramilitar y narco sumamente violento cuyo jefe, Otoniel, fue extraditado por Duque a EEUU lo más rápido que pudo tras su captura en octubre 2021, pues el hombre estaba hablando sin cesar y salpicaba de ese modo a muchos poderosos, tanto de corbata como de uniforme.

Las AGC manifestaron desde el 7 de agosto (cuando tomó posesión Gustavo Petro) voluntad de acogerse a la paz total. Venían asesinando casi a diario a policías que no fueran sus cómplices y el hecho es que esa dramática matanza cesó a partir del Gobierno de Petro. El propio Alto Comisionado se ha reunido también con elementos de este grupo armado: lo llama «diálogo socio-jurídico» porque el Clan del Golfo «tiene arraigo social», como advierte Rueda, y se ha mostrado capaz de sustituir al Estado ausente ante determinadas demandas de la población. A las AGC se le han planteado garantías jurídicas y respetarles la vida, así como los derechos a la población sobre la cual tienen influencia. «Se trata de transitar hacia el Estado de derecho», en palabras de Rueda.

Aunque en algunos territorios ya es palpable la disminución de la confrontación, aún hay zonas de combate. La oficina de Rueda ha viajado a la profundidad de esos territorios buscando que la violencia disminuya.

Los diálogos regionales vinculantes del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Colombia. — Gobierno de Colombia

Los acercamientos que se han dado en cinco semanas de Gobierno por ahora se han limitado a determinar si estas tres agrupaciones armadas tienen voluntad real de formar parte de la paz total. El primer llamamiento del Ejecutivo es que haya gestos de desescalamiento de la confrontación y de respeto a la población civil: «No matar, no desaparecer, no desplazar, no confinar», afirmó Rueda, haciendo referencia con este último término a la prohibición de huir que se impone a una comunidad.

Para que estos esfuerzos no se revienten es importante no mezclar, advirtió en conversación con Público el profesor Alejo Vargas, del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional, quien reclamó que hace falta un documento de política pública para evitar malentendidos.

Los diálogos regionales que comenzaron en Turbaco no tienen que ver con los diálogos regionales que siempre ha propuesto el ELN en toda negociación: «Para los elenos habrá una mesa específica y ellos definirán cómo será la participación de la sociedad», puntualizó, «ellos se niegan a que los traten como a los demás». Adicionalmente, «hay bastantes incertidumbres que van a evidenciarse en el momento en que el Alto Comisionado Rueda formalice unas conversaciones» con grupos como el que se reivindica como la continuidad del Estado Mayor de las FARC.

Por otra parte: ¿cómo se conjuga la paz total con la presencia en Colombia del sanguinario cartel de Sinaloa y de otros carteles de Europa oriental? En la costa pacífica colombiana hay grupos armados que tienen estrechas relaciones con estos carteles: es otro escenario distinto frente al cual «no se tiene tan claro cuál va a ser finalmente la política que asuma el Gobierno de Petro sobre narcotráfico y cultivos de coca. El gran problema es que no tenemos documentos de política», tampoco sobre paz total, reiteró el experimentado analista en seguridad.

«Tenemos enunciados, iniciativas de ley; sabemos que se va a priorizar la sustitución voluntaria antes que la forzosa; que no se va a usar el glifosato» para destruir los cultivos destinados a narcotráfico y que como política central se va recuperar el derrotero sobre drogas que fijó el acuerdo de paz con las FARC, pero «esos son esbozos», alerta.

Dos empresas españolas se niegan a pedir perdón y a esclarecer su colaboración con el nazismo

por abuelo abuelo17 de septiembre de 202217 de septiembre de 2022BIBLIOTECA / Educación / Geopolítica / Humanoides / Informática / Narcopolítica / NOTICIAS / Partidos políticos / Política / Sanidad

Documentos desclasificados han probado los vínculos con el Tercer Reich de los bancos de Bilbao y Vizcaya (hoy BBVA) y de Minersa. Varias organizaciones judías y de víctimas del nazismo han solicitado sin éxito al banco que pida perdón y aclare sus crímenes.

Imagen de archivo del Banco de Vizcaya en 1950. — PÚBLICO

Hace ahora justamente veinte años, el director general del emporio de comunicación alemán Berterlsmann, Günter Thielen, comparecía en Múnich para pedir perdón por el pasado nazi de la empresa y dar a conocer los resultados de la investigación llevada a cabo por una comisión independiente para esclarecer los vínculos de esa compañía con el Tercer Reich. El gigante internacional germano del periodismo pasaba, de ese modo, a engrosar la lista de empresas del país que no solo reconocían las mentiras diseminadas por la propia corporación durante décadas para ocultar su pasado criminal, sino que abrían al público los archivos completos de la compañía.

La versión «oficial» precedente era que Bertelsmann había sido clausurada por los nazis debido a sus tendencias antigubernamentales. Esta fantasía diseminada por los propios responsables de la empresa fue literalmente pulverizada por un informe de 794 páginas elaborado por una comisión independiente. El concienzudo trabajo de los investigadores, encabezados por el historiador de la Universidad de California Saul Friedlander, acreditó de forma irrefutable que, al contrario de como venían sosteniendo, el imperio comunicacional aceptó varios contratos de impresión otorgados por el gobierno nazi y, en tan solo unos años, creció hasta convertirse en el mayor productor de libros para el ejército alemán durante la guerra, publicando unos 19 millones de ediciones. La mayoría de las publicaciones eran folletos y panfletos destinados a fortalecer la moral y el coraje de los soldados en el frente, pero muchas de las obras también contenían textos extremadamente agresivos sobre extranjeros y judíos.

Las revelaciones provocaron un escándalo sin precedentes que, en última instancia, llevaron a Günter Thielen a decir que Bertelsmann AG aceptaba sin reservas el informe de la comisión histórica independiente como el registro oficial de la historia de la compañía durante el Tercer Reich, al tiempo que expresaba su «sincero pesar por las inexactitudes» que los expertos habían descubierto en su historia corporativa anterior. Para llevar a cabo su investigación, los cuatro académicos comisionados tuvieron pleno acceso a los archivos de la empresa Bertelsmann, así como contacto con testigos históricos como Reinhard Mohn, hijo de Heinrich Mohn, director de la empresa durante el Tercer Reich. En opinión de Thielen, «la experiencia les había reforzado porque la precisión histórica y la transparencia son una parte integral de los valores fundamentales de Berterlsmann, que espera servir de ejemplo a otras empresas».

Fue justamente a Berterlsmann a quien se refirió hace unas semanas como ejemplo digno de imitarse la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, Concha Díaz Berzosa, después de que El Nacional de Catalunya publicara una serie de cuatro reportajes de investigación acerca de la participación en los negocios nazis de la compañía vasca Minersa y de los bancos de Bilbao y de Vizcaya. En opinión de Díaz Berzosa, «lo mínimo que podrían hacer los responsables del BBVA si se demuestran sus vínculos con el Tercer Reich sería pedir perdón por colaborar con los nazis».

Los vínculos a los que se refería la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen quedaron, de hecho, absolutamente acreditados este verano mediante testigos y documentos completamente irrefutables divulgados por la prensa. Y esta misma semana se ha sumado a la petición de transparencia y de perdón la sección catalana de la Liga contra el racismo y el antisemitismo, más conocida por sus siglas, Licra. Al decir de su presidente, Isaac Levy, el BBVA no solo debe pedir disculpas por sus negocios sucios con Hitler, sino que debería abrir los archivos, investigar su pasado y dar a conocer los resultados. «Si he de ser sincero, no me sorprendió que esos financieros de los bancos de Bilbao y Vizcaya se subieran al carro del dinero nazi. Lo que me dejó perplejo es que hayan tenido que pasar ochenta años para que sus actividades turbias hayan sido divulgadas», apunta Levy. Antes que él y que Díaz Berzosa, historiadores como Xabier Irujo y políticos como el exsenador del PNV Iñaki Anasagasti o el diputado de Bildu Jon Iñarritu se habían adherido ya a la petición de perdón y transparencia.

Hasta la fecha, tanto los responsables actuales de este banco como los directivos de la empresa Minersa no solo se han negado a realizar declaraciones al respecto, sino que, en el caso del BBVA, se han encastillado en su supuesta ignorancia acerca de unos episodios minuciosamente expuestos por la prensa catalana. «No sabemos nada porque sucedió hace mucho tiempo», han asegurado a Público a través de su departamento de comunicación.

Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial nunca tuvieron dudas de las simpatías nazis de los principales accionistas de los bancos de Vizcaya y de Bilbao de manera que, en ausencia de documentos españoles que acrediten ese vínculo (escasos, destruidos, perdidos o deliberadamente ocultos debido a la manifiesta mala fe de las compañías implicadas), la única prueba documental con la que se cuenta son los papeles desclasificados hace algunos años por los norteamericanos. Estos corroboran inequívocamente la implicación de ambas entidades y de sus directivos en negocios que igualmente envolvían a empresas como la citada Minersa (fundada, entre otros, por Friedrich Lipperheide Henke, un nazi afincado en Euskadi y directamente vinculado al Banco de Vizcaya) o a IG Farben y Sofindus, un conglomerado de empresas que operó desde 1938 a 1945 y que fue puesto a andar por el empresario nazi Johannes Bernhardt. Claro que, a falta de una investigación académica más seria, la información disponible acerca de los vínculos de esas entidades bancarias con los chiringuitos hitlerianos es escasa, fragmentaria o nula y se restringe a las propias revelaciones llevadas a cabo por la prensa.

Estas investigaciones periodísticas prueban, entre otras cosas, la cercanía con el Tercer Reich de varios miembros del clan de Neguri, denominación coloquial con la que acostumbra a designarse a la oligarquía de industriales y financieros que alumbraron con el tiempo el BBV, resultado de la fusión del Bilbao y el Vizcaya en 1988. Los de Neguri debían su sobrenombre al hecho de que se concentraban en la margen derecha del barrio homónimo de la ciudad de Getxo. Parte del dinero con el que varios de ellos consolidaron o fundaron sus fortunas procedía de sus negocios con la Alemania nazi y, paralelamente, con las oportunidades que les brindaron sus amistades con el régimen franquista, que es la parte más conocida de la siniestra historia de colaboración con dictaduras sanguinarias de buena parte de la burguesía vizcaína. «El Banco de Vizcaya está vigilando la cuenta de crédito de los alemanes ya que los directivos de la entidad temen que se embarguen activos alemanes», se lee en uno de los documentos secretos de los aliados dados a conocer por El Nacional. El informe fue desclasificado en 1987 y originalmente datado a finales de 1945.

Documento desclasificado número 01

«Sin embargo, las cuentas estarán camufladas y los directores y responsables del banco sin duda ayudarán en este trabajo ya que todos son germanófilos y totalitarios». En otro de los papeles desclasificados por los estadounidenses en ese mismo año puede leerse: «Guillermo Ibáñez, director del Banco de Vizcaya, está ayudando a camuflar el capital alemán en España. Este capital se suele poner a nombre de cierta Mdme. Bergarche y enviado a su familia en Buenos Aires».

Documento desclasificado número 03

Una excepción entre los de Neguri fue la familia de Ramón de la Sota, cercana al PNV, y forzada a exiliarse. Ramón de la Sota y Llano falleció en Getxo el 17 de agosto de 1936, poco después del comienzo de la Guerra Civil española. Tres años después, el Tribunal de Responsabilidades Políticas condenaba a sus descendientes al abono de una sanción de cien millones de pesetas «por conspiración para la rebelión militar», de tal suerte que sus entonces cuantiosos bienes fueron embargados y, entre ellos, cuarenta buques de sus compañías que habían sido usados para evacuar Bilbao. Detrás de la operación, un auténtico atraco político, se hallaban los herederos de su primo y antiguo socio Eduardo Aznar y de la Sota, quienes terminaron apropiándose de todos sus activos con la ayuda de sus amigos franquistas. La Compañía Naviera Sota y Aznar pasó a llamarse tras la Guerra Civil Naviera Aznar y acabó convertida en la mayor flota mercante de España. La dirigía José Luis de Aznar y Zavala, nieto del fundador y una de las personalidades más ricas de la época.

La germanofilia e inclinaciones totalitarias de los Aznar está fuera de dudas, del mismo modo que existen pruebas irrefutables del modo en que se usó su naviera para llevar a América Latina a los nazis perseguidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El propio José Luis de Aznar ayudó incluso a ocultarse en su finca manchega de Cabañeros al nazi Friedrich Lipperheide Henke, quien asentó e incrementó su fortuna mediante la venta a Hitler de fluorita o wolframio a través de sociedades como Somimet o la todavía viva Minersa, y mediante la comercialización y explotación en España de las patentes de IG Farben, el conglomerado nazi de compañías químicas que producía el Zyklon B. Al frente de la junta de accionistas de Minersa siguen hoy aún descendientes de esos criminales como Alejandro Aznar, presidente de Marqués de Riscal, entre otros muchos cargos corporativos.

Los Lipperheide y sus amigos de Neguri (el resto de accionistas de Minersa, la empresa que explotaba, entre otros yacimientos, las minas catalanas de Osor) contribuyeron a sostener el esfuerzo bélico del Führer de un modo determinante proveyendo al Tercer Reich de fluorita y de tungsteno. Ambos minerales eran indispensables para los planes militares de Hitler. El wolframio era utilizado para endurecer el acero y reforzar el blindaje de los tanques y aumentar la capacidad de penetración de sus proyectiles. Y lo mismo sucedía con la fluorita, usada, entre otras cosas, para la fabricación del aluminio y en ciertos procesos necesarios para blindar sus vehículos militares.

El grueso del espato de flúor español exportado a la Alemania nazi procedía de la cornisa cantábrica y fue comercializado a través de Sofindus. Sin embargo, se extrajeron y vendieron de forma clandestina varios miles más de toneladas de otras minas catalanas como El Papiol (Baix Llobregat) u Osor (la Selva). Lo de El Papiol pertenecía a Sofindus pero los fluoruros de Osor —en parte extraídos por los rojos durante la época de la Guerra Civil en la que la mina estaba colectivizada— fueron vendidos por Lipperheide y sus amigos banqueros. Otros informes de los aliados sugieren incluso que Pérez de Leza llegó a trabajar también para Somimet, sociedad predecesora de Minersa fundada por los directivos del Banco de Vizcaya.

El conglomerado nazi Sofindus llegó a acaparar cerca del 80% de los intercambios comerciales hispanoalemanes. Fue en el 20% restante donde los Lipperheide consolidaron sus activos. También Friedrich, como accionista, ocupó cargos de la máxima responsabilidad en el Banco de Vizcaya. Del mismo modo que sus secuaces de Getxo, murió como un empresario respetable. Su familia de origen alemán acabó convirtiéndose en un notorio ejemplo del modo en que cierta burguesía vizcaína se lucró haciendo negocios con el Führer y trapicheando a la sombra del caudillo. No obstante, la Historia les había absuelto hasta la fecha por desidia, desconocimiento, oscurantismo en la gestión de los archivos, o por la pura mala fe de los herederos de los delincuentes.

Al menos veinte documentos desclasificados dados a conocer este verano proporcionan pruebas e indicios adicionales de la colaboración con el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial de los responsables del Banco de Vizcaya y de Bilbao. Hasta el día de hoy, ninguna empresa o banco ha aclarado públicamente, investigado o, menos aún, pedido perdón en el Estado español por su contribución a mantener en el poder al Führer.

Esta misma semana se presentó en Madrid un libro del periodista David de Jong que ahonda en esa idea. En la obra se denuncia la impunidad con la que actuaron las dinastías industriales más ricas de Alemania (Dinero y poder en el Tercer Reich). Según este investigador, las empresas más beneficiadas por las expropiaciones y los trabajadores forzados pagaron compensaciones económicas, «pero nunca asumieron una responsabilidad moral ni tuvieron que reconocer sus malas prácticas». Es justamente a ese ejemplo al que se aferran ahora Minersa y el BBVA.

Las corporaciones mencionadas por De Jong se apropiaron de negocios propiedad de judíos, utilizaron mano de obra esclava y fabricaron armas para el ejército de Hitler. En el caso de la oligarquía de Neguri, robaron compañías propiedad de sociedades leales a la República, traficaron con productos producidos por mano de obra esclava judía y proporcionaron minerales imprescindibles para la fabricación de armas y el esfuerzo bélico de Hitler.

Varios de los casos paradigmáticos citados por el escritor son los de la BMW, que se proveía de esclavos del campo de concentración de Dachau; la Daimler-Benz, que los obtenía de Buchemwald, y Dr. Oetker, Quandt y Volkswagen, que usaron los de Neuengamme.

En 1999, el gobierno y la industria alemanes se comprometieron en un acuerdo a destinar a partes iguales un total de 5.000 millones de dólares para indemnizar a los trabajadores forzados, en su mayoría procedentes del este de Europa. Ochenta empresas pagaron el 60% de esos 2.500 millones de dólares que les correspondían, según De Jong.

A su juicio, el problema es que «no tuvieron que asumir ninguna culpa, ninguna responsabilidad moral por lo que habían hecho ni tuvieron que reconocer malas prácticas». Y de esto es de lo que trata su libro, de las empresas que no han respondido todavía de su pasado.

En el caso del BBVA o Minersa, no solo no han mostrado la más mínima determinación de profundizar en las revelaciones llevadas a cabo por la prensa sino que le han vuelto la espalda a los descubrimientos realizados. En opinión de la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, lo que procedería es «seguir el ejemplo de Berterlsmann y contratar a una serie de investigadores para conocer en profundidad el lado oscuro de la historia de la empresa que han heredado, incluso si ello diera lugar a responsabilidades. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que no han prescrito. Es obvio que los directivos actuales no tienen una responsabilidad directa, pero sí un compromiso moral con las víctimas y la historia. Que abran los archivos a investigadores externos es, sin duda, importante, pero ellos mismos tendrían que indagar en su pasado y pagar de su bolsillo la investigación».

Al igual que la asociación barcelonesa Amical de Mauthausen, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) también cree que el banco debe emitir una disculpa pública y aclarar su pasado. «Creemos que honraría al BBVA que pidiera perdón si tal y como indica la investigación llevada a cabo por El Nacional de Catalunya, accionistas de las entidades que se fusionaron para originar el banco actual efectuaron negocios con los nazis», indicó un portavoz de la Federación.

«De hecho, es que no sería la primera», prosigue. «BMW, Hugo Boss y otras 6.000 empresas alemanas lo han hecho. El propio gobierno de Alemania pidió perdón en 2000 y estableció un fondo de ayuda para las víctimas del nazismo. Está claro que los actuales directivos, y los anteriores, no tienen responsabilidad, pero si una empresa tiene un pasado oscuro, lo mejor es indagar en él. No hay que olvidar que las personas y empresas que colaboraron con el Tercer Reich contribuyeron a que su maquinaria de crimen y guerra se perpetuara».

Se da la circunstancia de que estas declaraciones de la FCJE han sido atribuidas por su gabinete de comunicación al número 2 de la Federación, Maxo Benalal, un diputado balear investigado por corrupción que, desde hace algunos meses, figura como afiliado de Vox, el partido político heredero de la ideología fascista que hizo posible la colaboración del BBVA y Minersa con los nazis y que convirtió la Península en un refugio privilegiado para los huidos del Tercer Reich tras la derrota de Hitler. Benalal fue incorporado al cargo por el presidente de la FCJE, Isaac Benzaquen, a sabiendas de su posicionamiento político y de las sospechas de corrupción que pesaban sobre él, lo que socaba gravemente la autoridad de la Federación para emitir juicios sobre conductas empresariales. Hasta la fecha, Benzaquen no ha querido realizar declaraciones sobre la participación de las empresas nazis en el exterminio de su pueblo.

La pandemia deja a barrios pobres de Andalucía con tasas de tuberculosis como las de África

por abuelo abuelo17 de septiembre de 202217 de septiembre de 2022BIBLIOTECA / Geopolítica / Humanoides / Informática / Narcopolítica / NOTICIAS / Partidos políticos / Política / Sanidad / Trabajo

Un informe epidemiológico de la Junta advierte del incremento de la enfermedad infecciosa en zonas desfavorecidas, lo que expertos atribuyen a una mayor desigualdad socioeconómica y al deterioro de la atención primaria.

Varias personas guardan cola en el centro de atención primaria 'El Alamillo' de Sevilla. — Varias personas guardan cola en el centro de atención primaria ‘El Alamillo’ de Sevilla. — María José López / EUROPA PRESS

La desigualdad también puede dañar seriamente la salud. Un informe de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía refleja que casi el 21% de los casos de tuberculosis registrados en esta comunidad entre 2019 y 2021 se dieron en zonas desfavorecidas por su situación de pobreza y exclusión social. Y 27 de esos núcleos de población ya superan o se aproximan a las tasas de tuberculosis de países de África como Burundi, Ruanda o Senegal, con Índices de Desarrollo Humano y esperanza de vida bastante inferiores a los de España.

El informe publicado el pasado 24 de junio en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, de la Consejería de Salud, analiza la incidencia de la tuberculosis en 99 zonas desfavorecidas que «comparten niveles similares de paro, alfabetización, pobreza económica y material (viviendas en estado ruinoso, malo o deficiente)». Y en esas zonas –la mayoría barrios de municipios de más de 50.000 habitantes- viven un total de 1.141.116 personas, el 17% de la población andaluza.

El estudio revela que de los 1.993 casos de tuberculosis declarados en Andalucía entre 2019 y 2021, el 20,8% -416- se registraron en las zonas desfavorecidas, sobre todo de las provincias de Almería, Sevilla y Cádiz, que aglutinan entre el 30 y el 15% de las incidencias notificadas en los núcleos de población más pobres. La Mojonera-Roquetas (Almería), con 37 casos; Tres Barrios-Amate (Sevilla), con 29; El Ejido Centro (Almería), con 27; Zona Sur de Algeciras (Cádiz); con 21, y La Plata-Padre Pío-Palmete y Polígono Sur (Sevilla) con 20 cada una, son las zonas con una mayor incidencia.

Esas zonas coinciden, además, con lo que reflejan las tablas de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística, donde 11 de los 15 barrios con la menor renta media anual por habitante y tres de los cinco municipios de España con menor esperanza de vida se encuentran en Andalucía.

27 de las Zonas Desfavorecidas de Andalucía «superan el umbral de baja endemicidad» propuesto por la Organización Mundial de la Salud

Los autores del informe publicado en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía destacan que 27 de las Zonas Desfavorecidas «superan el umbral de baja endemicidad» propuesto por la OMS (Organización Mundial de la Salud) -40 casos por cada 100.000 habitantes- y señalan que sus tasas «son similares a las reportadas por países como Marruecos o Bolivia». «La tasa de incidencia en las Zonas Desfavorecidas de Andalucía –añaden- alcanza e incluso supera en incidencia a países del segundo y tercer mundo».

De acuerdo con los datos del Banco Mundial referidos al año 2020, las tasas de tuberculosis de los 27 barrios pobres andaluces con mayor incidencia –entre 41,84 y 182 casos por cada 100.000 habitantes- llegan a duplicar la de Ruanda -58- y a igualar o superar en algunos casos con creces las de Mauritania -87-, las de Senegal -117- Bolivia -105- o Marruecos -98-, entre otros países.

Como recomendación para reducir estas tasas en Andalucía, los autores del informe subrayan que es «fundamental» entender que en los núcleos de población más pobres «los determinantes sociales y estructurales juegan un papel crucial en la adquisición y desarrollo de la enfermedad tuberculosa». «Estas Zonas Desfavorecidas –explican- vienen dadas por la existencia de grandes desigualdades socioeconómicas, que, a causa de la pandemia de la covid-19, se han visto incrementadas de forma alarmante». Y para solucionarlo proponen abordar de manera integral la situación, «priorizando y actuando sobre las Zonas Desfavorecidas».

Estos datos de los barrios pobres andaluces contrastan con los que figuran en un informe posterior que publicó en agosto el Sistema de Vigilancia Epidemiológica sobre la situación general de la tuberculosis en toda la comunidad andaluza, en el que se refleja una tasa de 6,27 casos por cada 100.000 habitantes entre 2019 y 2021, frente a los 9,19 del periodo 2013-2018, y en la que destaca sobremanera la de Almería, con un 14,27.

Los condicionantes sociales de una enfermedad

Antonio Escolar trabajó durante muchos años en la vigilancia epidemiológica andaluza, como jefe de sección en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, como investigador asesor en la Delegación de Salud de la Junta en esa provincia y como autor de varios estudios sobre mortalidad y desigualdad. Y lo primero que le ha sorprendido del informe de sus colegas es la cantidad de personas que viven en las llamadas zonas desfavorecidas: «¡Más de un millón de personas, un 17% de la población andaluza! Sólo eso debería de poner los pelos de punta a las autoridades», exclama.

A juicio de Escolar, lo que refleja este informe es una realidad que no se quiere ver, unas cifras de empobrecimiento que se han elevado aún más con la pandemia y que ayudan a propagarse a una enfermedad como la tuberculosis que encuentra su caldo de cultivo en la marginación, la mala alimentación y el hacinamiento. «La tuberculosis –explica- es una enfermedad indicadora de entornos sociales, habitacionales, en los que hay exclusión, abandono. Indica que si está creciendo en determinados lugares es porque no se están resolviendo las causas primeras que la originan».

«La tuberculosis es una enfermedad indicadora de entornos sociales, habitacionales, en los que hay exclusión, abandono»

Este experto, ya jubilado, que se denomina a sí mismo como «epidemiólogo social», considera esencial ir a las causas de las causas de la enfermedad, no limitarse a un enfoque puramente médico o biológico. «La salud –dice- es el resultado de una interrelación con los condicionantes sociales. Hay ya un consenso científico muy grande sobre esto, aunque la investigación sobre los determinantes sociales de la salud sigue siendo escasa. Se hace mucho hincapié en lo biológico, pero somos seres sociales, no vivimos en una burbuja, y dependemos mucho de dónde vivimos y en qué condiciones».

El informe de la Junta sobre la tuberculosis en las zonas más pobres es, según Antonio Escolar, muy contundente. Lo que viene a demostrar –añade- es que «las estrategias no están funcionando» para atajar la tuberculosis en esas partes de Andalucía. Las deficiencias de la atención primaria, agravadas por la pandemia, el aumento de la privatización del sistema sanitario y el deterioro general de los servicios públicos juegan en contra, a su entender, de hallar la solución para este mal.

Una sanidad demasiado volcada en el coronavirus

Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de la que fue director, sostiene que la estrategia sanitaria que se ha seguido con la pandemia ha podido dejar flancos sueltos, como el de la atención a la tuberculosis en estas zonas. «Esto demuestra que cuando todo un sistema sanitario se centra en la covid, se trasladan recursos y se deja el resto con una pobre atención, pasan estas cosas», afirma.

Según March, las dificultades de acceso a la atención primaria durante la pandemia han podido retrasar los diagnósticos y tratamientos de una enfermedad infecciosa como la tuberculosis, que suele afectar en mayor medida, además, a poblaciones más vulnerables con problemas añadidos de drogodependencias, desestructuración severa y falta de vivienda, a las que resulta más complicado hacer un seguimiento de su evolución.

Las esperas de días y semanas para conseguir una cita en un centro de salud, en muchos casos sólo para una consulta telefónica, han hecho aún más difícil garantizar la atención médica a pacientes de zonas vulnerables con menos recursos y muy complicadas situaciones personales y sociales, dice este profesor de la Escuela de Salud Pública: «Las zonas de transformación social necesitan más recursos y los recursos públicos son precisamente los que se han reducido en estos tiempos de covid en los que se ha centrado todo en la pandemia».

La Sociedad Española de Epidemiología ya advirtió el pasado marzo, con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, que la covid-19 seguía «frenando» el control de una enfermedad que es, después del coronavirus, la infecciosa que causa más muertes en el mundo: 4.000 diarias. A juicio de esta organización médica, el acceso reducido a los servicios de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis a causa de la pandemia ha favorecido un incremento de las muertes a nivel mundial, por lo que se requiere reforzar su vigilancia y la prevención.

La situación de los servicios sociales en Andalucía es «la peor de la historia», con listas de espera para ser atendido que pueden durar meses

Quienes trabajan diariamente en estas zonas, en los barrios pobres de Andalucía, conocen muy bien los problemas que sufren sus habitantes para salir adelante cada día. Valentín Márquez, coordinador del programa de Inclusión de Médicos del Mundo en esta comunidad, organización que forma parte de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), ha visto cómo la tuberculosis va de la mano de la pobreza y el hacinamiento muy habitual en unos barrios donde muchas personas tienen que compartir pisos de treinta o cuarenta metros cuadrados en pésimas condiciones, lo único que pueden pagar.

No obstante, Valentín Márquez cree que habría que corroborar los datos del informe de la Junta sobre las tasas de tuberculosis en los últimos años en estos barrios: comprobar si obedecen a lo que ocurrió durante la pandemia, cuando el acceso a los centros de salud estaba muy limitado, o a otros factores que no se explican únicamente por los efectos de la covid-19. Lo que sí tiene claro este portavoz de la EAPN es que la situación de los servicios sociales es «la peor de la historia», con listas de espera para ser atendido que pueden durar meses. Y eso, a su entender, repercute en una peor atención a la población más vulnerable y propicia a contraer enfermedades como la tuberculosis.

Sin dinero para comprar medicamentos

La mayor dificultad para acceder a los programas de ayuda social se suma a las carencias económicas que tienen muchas familias para poder pagar los medicamentos en las farmacias. En la ciudad de Sevilla, Médicos del Mundo agotó ya en julio el presupuesto que tenía para todo el año para su plan de ayuda a la medicación a personas con pocos recursos, asegura Márquez. «Si la gente tiene ya problemas para comer, gasta lo que tienen en comprar comida, no en medicamentos», resume.

El estudio de FOESSA y Cáritas del año 2021 sobre Integración y Necesidades Sociales reveló que el 66,8% de la población española en situación de exclusión severa y el 48,5% de la que se encontraba en exclusión había dejado de seguir un tratamiento médico, de comprar medicamentos, por problemas económicos. «Nos encontramos antes un curioso círculo vicioso que forman la crisis sanitaria y la social y terminan retroalimentándose: la crisis de origen sanitario genera una crisis social que afecta con intensidad a la salud de las personas que viven en los hogares más desfavorecidos, lo que, en última instancia, reduce sus posibilidades de integración social», se destaca en el informe.

Luis Lara fue durante doce años el jefe del programa de atención a la tuberculosis en la Junta de Andalucía y ahora forma parte del movimiento de las Mareas Blancas que defiende una sanidad pública fuerte. Y a este neumólogo, ya retirado, le sorprenden los datos del informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, sobre todo porque considera que se centra en exclusiva en la situación de las zonas vulnerables y no analiza lo que ocurre en el resto.

Lo que viene a decir Luis Lara es que la Junta ha tratado de focalizar el problema de la tuberculosis en unas zonas determinadas, sin entrar en el fondo de la cuestión: la situación de la atención primaria, que es donde debe centrarse, a su entender, la estrategia para afrontar esta enfermedad infecciosa. La estrategia está basada en hacer un diagnóstico precoz para evitar un contagio masivo, luego un tratamiento correcto y un estudio de los contactos del enfermo. Y todo eso –explica este neumólogo- le corresponde hacerlo a los profesionales de la atención primaria.

«Con la situación actual de la atención primaria, las cosas irán de mal en peor», denuncia Luis Lara, de Mareas Blancas

«Mientras existan tantos obstáculos para que el médico te vea, que sólo puedas hablar con él por teléfono, no se solucionará nada. Con la situación actual de la atención primaria, las cosas irán de mal en peor. Y que se dejen de inventos, lo que tienen que hacer es restablecer todos los programas de atención primaria que se estaban desarrollando», subraya el portavoz de las Mareas Blancas de Andalucía.

En su informe publicado el pasado junio, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía avisa: «En el futuro próximo se prevé que la situación actual empeore debido a las desigualdades socioeconómicas que la pandemia ha incrementado. Aunque poco a poco las unidades de tratamiento y manejo de tuberculosis van recuperando la actividad normal, se calcula que hemos retrocedido al menos 10 años en la lucha contra esta enfermedad».

Por su parte, la OMS ha advertido de que aunque la incidencia de la tuberculosis está disminuyendo en el mundo -un 11% entre 2015 y 2020-, un millón y medio de personas murieron a causa de esta enfermedad en ese último año, cuando por primera vez en una década aumentó la mortalidad. Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud ha reclamado «urgentemente» inversiones, ayudas, atención e información para luchar contra la tuberculosis, fundamentalmente en los países de África, Asia y América con una mayor tasa de infección.

La tuberculosis está causada por una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones y se transmite a través del aire. Cuando alguien desarrolla tuberculosis activa, los síntomas (tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdidas de peso) pueden ser leves durante meses, advierte la OMS. Esto puede provocar que la persona afectada tarde en buscar atención médica, con el consiguiente riesgo de que transmita el bacilo a otras personas.

En Madrid hubo mercados de esclavos al aire libre hasta 1837 (y aún quedan)

por abuelo abuelo17 de septiembre de 202217 de septiembre de 2022Arqueologia / BIBLIOTECA / Educación / Geopolítica / Humanoides / Informática / NOTICIAS

Fragmento del cuadro ‘El ciego de la guitarra’, de Goya. Foto: Museo del Prado.

José Miguel López García, historiador y profesor de historia en la Universidad Autónoma de Madrid, ha investigado durante más de una década la esclavitud en España y ha publicado ‘La esclavitud a finales del antiguo Régimen. Madrid 1701-1837. De moros de prensa a negros de nación (Alianza Editorial)’. Textos que hace unos meses se emplearon en el Congreso de los Diputados para aprobar una iniciativa para censurar nuestro pasado esclavista, honrar a las víctimas del comercio de personas y que sea estudiado en las escuelas. Hemos hablado con él. En la última respuesta: la solución al paréntesis del titular.

Al leer tu libro, una sorpresa para el lector es descubrir que en Madrid también había muchos esclavos y que se vendían en mercados al aire libre.

En la mayoría de los casos se compraban y vendían en las casas, pero, efectivamente, había mercado al aire libre cerca del Palacio Real y de la Plaza Mayor. Las mujeres, por regla general, eran más caras que los hombres y, a veces, se anunciaba su venta en los diarios de avisos, los periódicos de la época; por ejemplo se hablaba de “un negro de bozal” junto a mulas y herramientas. Un ser humano era vendido junto a máquinas y animales sin que hubiera diferencia ni el menor escándalo. Y esa persona se subastaba no sólo según su sexo, también influía si tenía experiencia y habilidad en las tareas que se le iban a encomendar. Por ejemplo, si ellas eran buenas lavanderas y planchadoras o ellos habían estado al servicio de otro señor anteriormente.

¿Cómo llegaban estos esclavos hasta Madrid?

Según las épocas, el origen era diferente; por ejemplo, en el siglo XVIII muchos eran apresados en operaciones de rapiña en el África septentrional y en el Mediterráneo. La nobleza española salía a capturar hombres, para luego venderlos. He encontrado en 1725 al niño Amet Ermier, que fue capturado en el islote de Peregil y revendido después a un capitán al año siguiente. En Madrid, la mayoría de los esclavos provenían de la compra a otros particulares y a compañías comerciales que operaban en los mercados del Imperio español y su destino era el servicio doméstico. Mucho menos frecuente eran los nacidos de una mujer esclava, los llamados “esclavos de vientre”.

Según tus datos, la mayoría procedían del Magreb.

Sí, era así hasta el siglo XVIII. Después cambió su origen y fueron mayoritariamente los denominados “negros de nación”, que procedían de África Occidental e incluso de los territorios hispanoamericanos, como fue el caso de Cuba.

Otra pregunta obligada es sobre los propietarios madrileños de esclavos.

En primer lugar, hay que destacar que el mayor propietario era la Casa Real. Carlos III, que tiene una estatua en la Puerta del Sol, fue el mayor esclavista de su tiempo, con más de 20.000 esclavos, de los cuales, 18.000 estaban en Hispanoamérica y unos 2.000 radicados aquí, en España. En general, los propietarios de esclavos eran los aristócratas y la baja nobleza, pero incluso el clero era esclavista.

¿En qué se empleaba a toda esta mano de obra esclavizada?

En Madrid, en el servicio doméstico, aunque era una cuestión de estatus social más que de necesidad o porque hubiera escasez de mano de obra. Madrid, al ser la capital del Reino desde el siglo XVII, tenía un flujo constante de gente emigrada de otras regiones, campesinos que intentaban prosperar en la ciudad. Otra cuestión era los utilizados en remar en galeras o destinados a extraer mercurio en las minas de Almadén, donde el trabajo era atroz. Allí las condiciones eran tan espantosas que un hombre apenas vivía unos años. Para dar una idea de lo terrible de las condiciones, si un esclavo lograba sobrevivir 10 años, se le concedía la libertad. Ni qué decir tiene que prácticamente ninguno lo conseguía.

En su libro también se refiere a los cimarrones madrileños, aquellos esclavos que huían y lograban escapar.

La trata de esclavos desaparece por la quiebra del Estado absolutista y porque se crea un mercado asalariado. En resumen, porque la esclavitud ya no es suficientemente rentable. En 1837 se realiza la última escritura de compraventa o, al menos, la última que hemos encontrado. Hasta ese momento, no hay que menospreciar cómo los hombres y mujeres esclavizados contribuyeron a que esta institución inhumana acabara al igual que el firme rechazo de las clases populares madrileñas. Cuando un esclavo lograba escapar, intentaba en primer lugar mimetizarse si el color de su piel se lo permitía; si no era así, alcanzar algún lugar en el que pudiera vivir sin ser apresado. En cuanto al rechazo de los madrileños, tenemos constancia de que, cuando fueron testigos de malos tratos a un esclavo en la calle, se revolvieron contra el amo hasta el punto de que en una ocasión lincharon a un intendente cubano, Luis Vigury. De ahí que se popularizó un verbo: vigurizar, arrastrar por las calles a un ajusticiado.

Finalizas tu libro con una advertencia: la esclavitud continúa bajo otras formas.

Así es, la esclavitud en Madrid no se ha acabado, está bajo otras formas: el trabajo precario, las horas extras no remuneradas, esos talleres clandestinos que la policía revienta o la esclavitud sexual que sufren numerosas mujeres, esos clubes de alterne que apenas disimulan lo que no es más que trata de blancas. Todo eso que el Defensor del Pueblo en 2011 denominó víctimas invisibles y que esperemos no dure otro milenio, como ya ocurrió en el Madrid de antaño.

Argentina anula los contratos de autopistas que firmó Macri con filiales de ACS

por abuelo abuelo17 de septiembre de 202217 de septiembre de 2022BIBLIOTECA / Educación / Geopolítica / Humanoides / Informática / Narcopolítica / NOTICIAS / Países latinoamericanos / Partidos políticos / Política / Sanidad

Los contratos favorecieron a las empresas Ausol S.A. y GCO S.A, que les permitía cobrar los peajes en dólares, en lugar de en pesos argentinos.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una imagen de Archivo. — Diego Izquierdo / telam / dpa / EUROPA PRESS

El presidente argentino, Alberto Fernández, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunciaron la nulidad de los contratos firmados por Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel que favorecieron a las empresas Ausol S.A. y GCO S.A. en 2018, que permitían cobrar en dólares los peajes de los accesos Norte y Oeste de la ciudad de Buenos Aires, ya que «les permitía tener una rentabilidad extraordinaria». El Gobierno argentino presentará el caso ante la Justicia.

Las empresas Ausol (Autopistas del Sol) y GCO (Grupo Concesionario del Oeste) tienen como accionista mayoritario a la concesionaria española de autopistas Abertis. Esta empresa está participada al 50% por la constructora ACS de Florentino Pérez (un 20% a través de su filial alemana Hochtief) y su socia italiana Atlantia. Concretamente, Abertis posee el 31,59% de Ausol, junto a otros socios como la italiana Salini-Impregilo (19,82%) y la argentina Natal Inversiones (14,12%), mientras que el 34,47% restante cotiza en bolsa. Igualmente, la concesionaria española posee, a través de su filial Acesa, el 42,87% de GCO, junto con la malaya IJM Corporation (20,1%) y el Fideicomiso de Administración Supervene I (5,73%), mientras otro 31,3% cotiza en bolsa.

«Los contratos que se firmaron y homologaron a través de dos decretos en 2018, fueron claramente desventajosos para el Estado nacional, particularmente para los usuarios de las autopistas», sostuvo el presidente en el inicio de su discurso para explicar el por qué de esta decisión.

La medida ha sido oficializada este jueves mediante el decreto 633/2022 publicado en el Boletín Oficial, en el que se considera a los contratos de concesión como «lesivos al interés general» e instruye a la institución Vialidad Nacional a interponer la acción de lesividad.

El artículo 1 de la norma señala: «Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos n. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

Durante el anuncio, Katopodis detalló que «durante 2018, el Gobierno de Mauricio Macri dictó dos decretos, 608 y 607, que renegociaron los contratos de concesión y adjudicación de dos corredores viales: Acceso Norte y Acceso Oeste. En un caso, Ausol S.A y en el otro GCO S.A».

«En ese marco, se establecieron un conjunto de decisiones, acciones y premisas que quedaron fijadas en ese contrato que, a nuestro entender —y después de un minucioso análisis jurídico y de las auditorias correspondiente—, determinan la nulidad absoluta de esa renegociación», añadió el ministro.

Un impacto económico de 2.000 millones de dólares

Las concesionarias firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que «comprometían» al Estado, con un impacto económico total para los usuarios de casi 2.000 millones de dólares, informaron el presidente y el ministro.

Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados, y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.

Así, en las estaciones de peaje Debenedetti y Márquez, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual 80 pesos argentinos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de 1.830 pesos argentinos.

La dolarización de los contratos de las autopistas

«En primer lugar, se estableció sin ninguna justificación, sin ningún parámetro ni ninguna base objetiva, una deuda a favor de las empresas concesionarias. En el caso de Ausol en 540 millones de dólares, y en el caso de GCO S.A en un monto de 272 millones de dólares. Un total de 813.143 millones de dólares», precisaba Katopodis.

«La segunda cuestión es la dolarización (adoptar el dólar como moneda de curso legal) de ese contrato. Desde hace años, rige un marco legal y normativo en Argentina que establece que todos los contratos deben ser pesificados (en pesos argentinos), pero en esa renegociación el Gobierno del expresidente Macri les otorga una dolarización, sin ningún componente que lo justifique», sumó Katopodis.

Asimismo, explicó que un tercer elemento que da cuenta de las irregularidades de ese contrato es que «se determinó un ajuste del 8% anual. Lo que le permite a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria».

Una deuda a pagar en diez años

Para completar ese marco de decisiones, sostuvo Katopodis, que «para nosotros conllevan a un verdadero negociado de los peajes, se estableció que esa deuda se iba a pagar a lo largo de diez años, tiempo por el se iba a prorrogar el contrato».

«Por ley estaba establecido que el contrato terminaba en 2020, pero de manera absolutamente arbitraria se determinó prorrogarlo hasta el 2030, por ende están vigentes», enfatizó el ministro.

En esa misma línea, explicó: «En ese plazo lo que se iba a privilegiar era el pago de la deuda. Se modificaba la ecuación económica financiera privilegiando el pago y la compensación de la deuda a las empresas y postergando las obras y las mejoras, que tienen que ver con el objeto central de un contrato de concesión». «En definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a sola firma», afirmó.

Luego de explicar las razones que dan cuenta del negocio de Mauricio Macri con las empresas concesionarias de los peajes, Katopodis señaló que, por pedido del presidente de la Nación, se iniciarán las acciones legales correspondientes, «para que sea la Justicia la que declare la lesividad y la nulidad absoluta de este contrato».

En la presentación, Fernández subrayó que el Gobierno nacional «lleva adelante una política tendiente a ordenar el sistema de las autovías concesionadas». «Hemos recuperado para el Estado siete mil kilómetros que estuvieron concesionados y hoy administra el Estado, con buenos resultados», manifestó.

Además, anticipó que la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste «seguramente será acercada como prueba en la causa penal por los peajes», en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos. «Vamos a reclamar que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en la Argentina», resaltó.

«El Gobierno vasco aún subvenciona al colegio del Opus que llamó loco a mi hijo por denunciar abusos de un profesor»

por abuelo abuelo17 de septiembre de 202217 de septiembre de 2022BIBLIOTECA / Educación / Geopolítica / Informática / Narcopolítica / NOTICIAS / Partidos políticos / Política / Sanidad

Juan Cuatrecasas, padre del menor de 12 años víctima de pederastia por un profesor de religión en el Colegio Gaztelueta -del Opus- en Bizkaia, consigue que el Papa abra una investigación sobre lo sucedido hace 13 años.

Juan Cuatrecasas, diputado socialista y padre de la víctima del Caso Gaztelueta — Juan Cuatrecasas, diputado socialista y padre de la víctima del ‘caso Gaztelueta’.- CEDIDA

Juan Cuatrecasas no se rinde. El hoy diputado del PSOE por La Rioja centra todas sus esperanzas en que se haga justicia con su hijo gracias a la mediación del papa Francisco, quien ha ordenado abrir el caso del hoy joven que con solo doce años sufrió abusos sexuales y acoso escolar por parte de un profesor de religión en un colegio de Bizkaia, el de Gaztelueta, del Opus. La familia, y la propia víctima, sufrieron la incomprensión del centro que tachaba «a mi hijo de loco», pero también de toda una sociedad y del propio Gobierno vasco que jamás retiró la subvención al colegio que es concertado.

La familia Cuatrecasas tuvo que abandonar Bilbao y reubicarse en La Rioja. Según explica el padre a Público, «mi hijo progresa adecuadamente. A pesar de todo lo que ha sufrido, está estudiando. Pero ahí están aún secuelas como la falta de confianza y sociabilidad y haberse visto apartado, a pesar de ser la víctima, de una vida normalizada».

Para este padre es vital dar visibilidad a estos casos y agradece que «cuando todo el mundo nos dio la espalda, varios medios de comunicación ayudaron a que elcaso Gaztelueta no se olvidara». Insiste Juan Cuatrecasas en que, solo quien lo sufre, «es consciente de las secuelas que esto deja a las víctimas, sobre todo cuando ni el colegio ni la sociedad ni las instituciones están a la altura, como fue nuestro caso».

Juan Cuatrecasas: «Ni el colegio ni la sociedad ni las instituciones estuvieron a la altura»

Insiste en que «estos niños y niñas sufren muchísimo, y además quedan excluidos como si hubieran hecho algo malo. El sentimiento de culpabilidad, afortunadamente, mi hijo ya lo ha superado». Su propio caso fue terrible: «Mi mujer y mi hijo no salían de casa y yo sufrí amenazas en plena calle», afirma.

Pasos al frente con la Ley de Infancia

Pero este diputado socialista no deja de ver luz al final del túnel. Así, además de confiar en que se haga justicia eclesiástica gracias a la implicación del papa Francisco, quien fue informado por la propia víctima y por su padre, asegura que «en este país hemos dado pasos al frente. No todo es malo. Venimos de la nada. Con la ley de protección la infancia y la investigación del Defensor del Pueblo las cosas van mejorando». Aún así, reconoce que «queda mucho por hacer. A su juicio, «hay que seguir empujando para que las víctimas tengan acceso a sus derechos y que se desarrollen políticas de educación para prevenir y dar visibilidad al problema», explica.

En 2015, los padres del menor que sufría abusos sexuales enviaron una carta al papa. El pontífice respondió enseguida, según explica Cuatrecasas, con estas palabras: «La cruz es muy grande y voy a poner el tema en el Tribunal de la Doctrina de la Fe, sin molestar al chico».

Después Cuatrecasas recibió una llamada de la Conferencia Episcopal. Según explica, «querían quedar conmigo para mostrarnos el afecto personal del papa». Pero la realidad nada tuvo que ver con esto. El matrimonio y su hijo se reunieron con Silverio Nieto, el sacerdote que envió el Vaticano a investigar el caso Gazteluetay que, después, se vio salpicado por el espionaje a Bárcenas. En el encuentro con esta familia ignoró a la mujer, ordenó al niño hacer un croquis de la sala donde ocurrían los abusos e interrogó como si fuera una autoridad al padre del menor afectado.

Silverio Nieto

Cuatrecasas explica que «yo no sabía quién era entonces Silverio Nieto, y de buena fe accedimos. Vinieron un viernes. La reunión empezó bien, en tono jocoso, y de repente cambió, se convirtió en un interrogatorio, solo faltaba el flexo, dándome con la luz en los ojos«. Ha sido hace unos meses cuando el propio afectado ha vuelto a escribir al Papa Francisco y cuando por fin el Vaticano ha decidido abrir una investigación con el caso Gaztelueta.

Cuatrecasas explica que, en realidad, el caso no se reabre en la Iglesia, «porque aquel momento no hubo procedimiento y se archivó la investigación por falta de pruebas». Es ahora cuando la Iglesia abre el caso». A su juicio, «el papa ha cumplido con su palabra».

El padre del hoy joven de 25 años espera que se haga justicia también con «un colegio que ha incitado al odio contra una víctima de pederastia y que sigue siendo un centro concertado y subvencionado por el Gobierno vasco»

El Papa reabre el ‘caso Gaztelueta’ tras la petición de la víctima de abusos sexuales

La Justicia española condenó, en un principio, a 11 años de prisión al exprofesor José María Martínez Sanz, aunque después el Supremo le rebajó la pena a dos años de cárcel.

04/09/2022 El papa Francisco, durante la beatificación a Juan Pablo I El papa Francisco, durante la beatificación a Juan Pablo I. — Remo Casilli / REUTERS

El Papa Francisco ha dado orden a un tribunal canónico para reabrir la investigación de la Iglesia sobre el caso Gaztelueta. Un hecho donde la Justicia española condenó, en un principio, a 11 años de prisión, aunque después el Supremo le rebajó la pena a dos años de cárcel al exprofesor José María Martínez Sanz, del colegio Gaztelueta de Leioa (Vizcaya), por abusos sexuales continuados cometidos entre 2008 y 2011 a un alumno menor de edad.

El pontífice le ha anunciado la reapertura de la investigación a la víctima, ha confirmado a EFE el padre, Juan Cuatrecasas. El Papa ya ordenó, en 2015, a petición de la familia, una investigación de este caso, pero se cerró meses después al «no haberse probado» los abusos. Tres años después, en 2018, la Audiencia de Bizkaia sí los consideró probados y condenó al profesor, fallo confirmado después por el Tribunal Supremo.

El Opus Dei repulsa los abusos

El Opus Dei ha manifestado, mediante un comunicado, su repulsa: «Manifestamos una vez más nuestra repulsa por cualquier tipo de abuso, y recordamos el protocolo de protección de menores de la Prelatura. Deseamos que este nuevo proceso ayude a sanar heridas y a arrojar una mayor claridad sobre el caso», subraya el Opus Dei en el comunicado, recogido por Europa Press.

Según ha informado el Obispado de Bilbao, la instrucción del proceso canónico se ha encomendado al obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué Huerto, con el rector del Seminario de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, José Luis Perucha Rojo, como notario. Como asesores estarán la rectora del Universidad Pontificia de Salamanca, Mirian Cortés Dieguez, y el vicario general de la Diócesis de Asidonia-Jerez, Federico Mantaras Ruiz-Berdejo.

El Obispado ha señalado, a su vez, que el Papa ha seguido de cerca, desde 2014, la situación de las personas y las diferentes actuaciones realizadas por los tribunales españoles y por la Iglesia en referencia al caso Gaztelueta y que «ahora ha ordenado la ampliación del proceso canónico para depurar responsabilidades y ayudar a curar las heridas causadas».

Indignación en redes por la terraza con simbología franquista: «¿Quién nos defiende de los fascistas? Almeida, no»

por abuelo abuelo17 de septiembre de 202217 de septiembre de 2022Arqueologia / BIBLIOTECA / Educación / Geopolítica / Humanoides / Informática / Narcopolítica / NOTICIAS / Partidos políticos / Política / Sanidad

La mesa con el rostro estampado del dicador.

Por Tremending 16.09.2022

Hay mesas de madera de pino de roble, de formica o pensadas para la playa. Las hay de Ikea, compradas en el rastro o de promoción de alguna cervecera. Hay mesas de billar también. Incluso de ping-pong. El concepto «mesa» evoca un mundo de posibilidades a tener en cuenta cada vez que irrumpe su significante.

Sin embargo, ahora, gracias a la imaginación de un hostelero de Usera, cuando escuchemos la palabra «mesa» podríamos imaginar el rostro flácido de Francisco Franco sobre una bandera preconstitucional.

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Un bar saca mesas a la calle con la cara del dictador Franco ante la pasividad del Ayuntamiento de Madrid

Y es que en Madrid, tierra de libertad, uno puede permitirse ser creativo y retrógrado. Incluso se puede regentar un bar y hacer apología del franquismo. Ha ocurrido en Usera, según ha denunciado el edil del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Álvaro Vidal.

Lo ha hecho en una comisión, durante un debate sobre el cumplimiento de la nueva ordenanza de terrazas. «Es una vergüenza. Ustedes saben qué terraza es», dijo el concejal.

La noticia, como era de prever, ha causado estupor en muchos tuiteros que han querido mostrar su malestar a través de las redes sociales:

Es lo que tiene Madrid, una ciudad que ofrece múltiples posibilidades y que te permite, al mismo tiempo, no encontrarte con un ex y apoyar la cerveza sobre la imagen de un dictador. Ahí es nada.

Unidas Podemos fuerza un debate sobre la Sareb en el Congreso con la Ley de Vivienda atascada

La formación morada llevará la próxima semana al Pleno una iniciativa para poner al servicio del parque público de vivienda todos sus inmuebles.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, durante un pleno del Congreso, a 13 de septiembre de 2022. — Juanjo Martin / EFE

Unidas Podemos llevará la próxima semana al Pleno del Congreso de los Diputados una iniciativa para poner al servicio del parque público de vivienda todos sus inmuebles. La formación morada fuerza así un debate parlamentario cuando la Ley de Vivienda está atascada por falta de acuerdo en el propio Gobierno de coalición pero también con sus socios parlamentarios.

Pese al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para llevar al Congreso el proyecto de ley, el socio minoritario ha planteado más cambios a través de enmiendas, mientras que partidos como ERC y EH-Bildu exigen más modificaciones, tanto en la regulación de los precios del alquiler como en la prohibición de los desahucios.

El papel de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, que absorbió los activos ‘tóxicos’ de la banca durante su rescate en la anterior crisis financiera) también es una de las cuestiones en liza en esta ley, ya que Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu exigen ampliar el parque público con sus recursos.

Concretamente, la iniciativa es una proposición no de ley registrada en febrero tras la reforma que permitió la nacionalización de la entidad en la que Unidas Podemos aboga por replantear el papel de la Sareb y convertirla «en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida».

Alquileres de un máximo de 300 euros

Así, piden que la Sareb realice una gestión social de su parque de viviendas, la suspensión indefinida de los desahucios en viviendas de su propiedad en las que no haya alternativa habitacional, y la movilización de su suelo urbanizable con vistas a ofrecer alquileres sociales.

Para su gestión social, reclama vincular las rentas de sus alquileres al nivel de ingresos, con un precio medio de 100 euros entre niveles inferiores para personas con mayor dificultad y un límite máximo de 300 euros.

Control y transparencia

Para asegurar un control adecuado de la Sareb, proponen su dependencia del ministerio competente en materia de vivienda, la creación de un organismo específico para comprobar el cumplimiento de sus objetivos, y la participación de los ministerios en su consejo de administración y este organismo de seguimiento.

Asimismo, exigen la puesta en conocimiento de todos los activos que tiene en propiedad, ya que denuncian que sus inmuebles y suelos son «algo desconocido para los ministerios que tienen competencias relacionadas, como es el caso de Transporte o Derechos Sociales».

Finalmente, desde Unidas Podemos piden modificar los próximos bonos para permitir rendimientos negativos, tras la demanda interpuesta contra sus tenedores (Abanca, CaixaBank, Sabadell, BBVA, Unicaja, Ibercaja y BFA), y que estas entidades paguen por la misma. Por esta razón, critican, la compañía dejó de ingresar 147 millones de euros en 2020.

Entrevistan a unos españoles en Londres por el funeral de Isabel II y nadie puede contener la risa con la respuesta

por abuelo abuelo17 de septiembre de 202217 de septiembre de 2022Arqueologia / BIBLIOTECA / Educación / Informática / NOTICIAS / Política / Sanidad

La labor del reportero de calle es de las más sufridas en el sector. Más aún estando en un país extranjero buscando españoles, algo que dificulta la misión.

Esto puede llevar a sacar al primero que se encuentre, como le ocurrió a un reportero que preguntó a unos jóvenes españoles por el funeral de Isabel II.

El joven no ofreció ninguna respuesta de lugar, pero su gesto tras sus declaraciones evidenciaban que acababa de colar al reportero un viejo meme tuitero.

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«Es una locura, hay muchísima gente. Ojalá me quieran algún día como la quieren a ella», respondía dando sus impresiones sobre las largas colas para despedir a la monarca.

Acto seguido, el reportero siguió con lo suyo y el joven se dio la vuelta por no poder aguantar más la risa, y es que, hay situaciones en las que uno no sabe qué responder y suelta lo primero que se le viene a la cabeza. En este caso, el estado de su vida amorosa.

La reacción a este momento entre los tuiteros ha sido inmediata, que igual que el joven, no han podido contener la risa tras su respuesta. Y es que la reacción del muchacho y la empatía por su situación sentimental ha calado entre el público.

«¿Soy yo o Vox se está cayendo a pedazos?»: James Rhodes pregunta y los tuiteros ya están sacando las palomitas para ver el espectáculo

por abuelo abuelo17 de septiembre de 202217 de septiembre de 2022Arqueologia / BIBLIOTECA / Educación / Geopolítica / Humanoides / Informática / Narcopolítica / NOTICIAS / Política / Sanidad / Trabajo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, a su llegada a la segunda jornada del debate del Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 13 de septiembre de 2022.- Jesús Hellín / Europa Press

El pianista James Rhodes se congratula en Twitter de un espectáculo que ya comienza a divisarse.

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Los tuiteros se frotan las manos ante el hundimiento de Vox. Tras la salida de Macarena Olona del partido, las recientes declaraciones de Santiago Abascal, que asegura que ella «es libre de hacer lo que quiera» y la petición de quien fuera candidata por Andalucía de una reunión al líder ultraderechista… parece que Vox no va del todo bien.

Sean o no estos los primeros compases del fin de Vox, lo que sí está claro es muchos tuiteros ya parecen estar preparando el champán para celebrarlo cuando llegue el momento.

Hasta los Huevos

Día: 17 de septiembre de 2022