La amenaza constante de los ataques ucranianos obligó en Donetsk a realizar el referéndum sobre la reintegración a Rusia en casas, pasillos, patios y trincheras.
Las mujeres fueron las encargadas de garantizar un proceso electoral correcto y masivo. Más de 2 100 000 personas ejercieron el voto para convertir la república popular de Donetsk en parte de la Federación Rusa.
La escuela número 5, en el distrito Voroshilovsky, celebró el martes el último día del referéndum sobre el regreso de Donetsk a Rusia, tras 100 años. Hace pocos meses era, sin embargo, un espacio de desolación, tras un ataque certero de la artillería ucraniana. Asesinaron a dos personas.
Durante cinco días, para protegerse de los proyectiles ucranianos, todo espacio fue un centro de votación. Heroínas de esta épica son las funcionarias electorales, que iban de casa en casa, de patio en patio, garantizando el derecho al voto. Por eso, también los patios fueron blanco de los cañones nazis, como lo que se ve en este informe en el centro de Donetsk, un ataque ocurrido el segundo día de votación.
En Kuybishevsky, uno de los distritos más azotados por los cañones ucranianos, votó el director del Teatro de la Ópera.
En la escuela cinco se prepara el conteo. Se inicia en el momento de elaboración del informe el conteo de votos para un referéndum que cambiará no solo el conflicto que se está viviendo en la zona del Donbás, sino también el mapa de Europa.
La respuesta es sí, sí. sí, sí, sí, si en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, las regiones del comicio. Lo importante es la participación masiva.
Pronto la bandera de Donetsk habrá cumplido su papel rebelde de los últimos ocho años. Para todos los efectos, incluido el curso de la guerra, ya es Rusia. Las celebraciones esperan a que llegue la paz.
Por segunda ocasión en menos de un mes miles de dominicanos reclaman en las calles la eliminación de las Administradoras de Riesgos de Salud.
También los manifestantes reclaman la eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones y las compañías privadas que dirigen el negocio de la salud y las jubilaciones en el país insular.
Tras la manifestación organizada por el Colegio Médico Dominicano el pasado 6 de septiembre en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, el gremio volvió a demostrar su capacidad de convocatoria esta vez en Santiago, la ciudad más importante de la región norte del país.
Los médicos acusan al Gobierno de no impulsar una modificación profunda a la Ley de Seguridad Social por temor a la clase empresarial del país.
En la manifestación participaron delegaciones médicas de toda la región norte, así como representantes de otras organizaciones sociales de la zona.
A la marcha en Santiago se unieron también personas con diferentes condiciones de Salud.
La tercera manifestación del gremio médico en contra de las ARS y las AFP será realizada en la región sur del país en una fecha y ciudad que serán anunciadas próximamente.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, habla en la 77.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), 20 de septiembre de 2022.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, llama a su homólogo chileno el “perrito faldero” de EE.UU. después de que este arremetiera contra Nicaragua en la ONU.
“El gobierno que quiere recibir aplausos del imperio yanqui (EE.UU.) y de algunos gobiernos de la Unión Europea salen allí, como perritos falderos, a hablar que hay que poner en libertad a los presos políticos en Nicaragua y se olvidan de los presos políticos que tienen en su país en Chile”, criticó el miércoles Ortega durante un acto con ocasión del 43.º aniversario de la fundación de la Policía Nacional.
El líder sandinista cuestionó la autoridad que tiene su par chileno, Gabriel Boric, para demandar la liberación de los presos políticos en Nicaragua mientras allí “tiene cantidad de presos del gobierno anterior, de jóvenes que protestaban en las calles buscando un cambio profundo” en Chile.
“¡Cómo si solo hubiera presos en Nicaragua! Tienen el techo de vidrio. Tienen los presos en su casa. Tienen un régimen constitucional golpista, terrorista y hablan de esa manera”, censuró Ortega pidiendo a Boric dejar “de estar contando chiles (bromas) o chistes cuando está montado sobre las bases de una dictadura y una tiranía pinochetista que ejerce la represión contra los estudiantes”.
Ortega consideró al mandatario chileno como un “pobre negro” al subsecretario de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, quien “parece un perro bulldog (…) que ladra contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua”. El funcionario estadounidense ha pedido también a Ortega liberar a los presos políticos y que retorne a Nicaragua a la democracia.
Durante su intervención en la 77.ª sesión ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), Boric criticó a la izquierda, que a su juicio a diferencia de él, no se atreve a criticar a los gobiernos como el de Daniel Ortega, en Nicaragua, y de Nicolás Maduro en Venezuela por la violación de los derechos humanos y pidió la liberación de los presos políticos nicaragüenses.
La UE recurrió la sentencia y el fallo definitivo del TJUE, que todavía no tiene fecha, se espera con expectación. Por lo pronto, todo sigue igual en materia pesquera, pero muchas cosas han cambiado en el terreno político.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Imagen de Archivo. —Harald Tittel / dpa/EUROPA PRESS
Tal día como hoy hace un año, el Tribunal General de la UE (TGUE) emitía una sentencia histórica en la que invalidaba los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos por no contar con el beneplácito del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario. Tras 12 meses, poco y mucho ha cambiado: los buques europeos continúan faenando en las aguas territoriales de la excolonia española, mientras que España ha dado un giro de 180º en su política sobre el Sáhara Occidental secundando a Marruecos.
Dos meses después del fallo de la corte de Luxemburgo, el Consejo de la UE lo recurrió ante el Tribunal de Justicia. Los europeos presentaron cuatro recursos de casación en los que demandan la anulación de la sentencia y que se condene al Frente Polisario a cargar con el coste judicial. La máxima instancia judicial europea debe ahora pronunciarse en un dictamen que será firme. Fuentes del Tribunal detallan que todavía no hay fecha fijada para la vista. De momento, este tiempo de gracia implica que la situación mantiene el statu quo. Es decir, los pesqueros europeos pueden continuar faenando en las aguas saharauis, que hospedan a más del 90% de las capturas contempladas en el acuerdo de pesca UE-Marruecos, hasta que exista una sentencia definitiva. Y en contrapartida, Rabat sigue ingresando una media de 50 millones de euros anuales por la vigencia de estos contratos.
2016, 2018 y 2021. La Justicia europea ha anulado en varias ocasiones los acuerdos de liberalización comercial que absorben las tierras y recursos de un Sáhara Occidental «separado» y «distinto» del país ocupante. Las sentencias no se posicionan en contra la existencia de estos acuerdos, que la UE ha forjado con países de todos los rincones del globo, sino que deja patente que no pueden explotar los recursos de un territorio en proceso de descolonización sin el consentimiento de su pueblo. En la última sentencia, el TGUE estima que el Frente Polisario es un actor «responsable» y «autónomo» con «reconocimiento a nivel internacional» y le confiere capacidad procesal ante el juez de la Unión. En el otro lado, la posición europea es defender que sí consultó al pueblo saharaui a través de «consultas» a las «poblaciones afectadas». Con todo ello sobre la mesa, el movimiento más esperado es la sentencia definitiva del TJUE.
Entretanto, los grandes acontecimientos catalizadores a lo largo de estos meses en el tablero de juego han sido el cambio de postura propulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez en torno al Sáhara Occidental y el estallido de la guerra en Ucrania. Hace seis meses, Rabat hacía pública una carta oficial en la que el Ejecutivo español respaldaba su plan de autonomía, al que se refería como la vía «más seria, realista y creíble» para solucionar el enquistado conflicto. El reino alauí siempre ha presionado a la UE para que reconozca su soberanía sobre el Sáhara, un pulso que recobró más fuerza tras el reconocimiento orquestado por Donald Trump y no revertido por su sucesor Joe Biden.
No obstante, una de las máximas que no ha cambiado ni durante este ni en los últimos años es la postura de la UE en este conflicto: una solución política justa, realista y duradera bajo el paraguas de la ONU. Pero el volantazo de Madrid también ha tenido eco en Bruselas. Josep Borrell, Alto Representante de Asuntos Exteriores y hombre de Sánchez en el Colegio de Comisarios, ha salido en varias ocasiones a subrayar que la postura española es compatible con la comunitaria. Sin embargo, sus últimas declaraciones al respecto en una entrevista de finales de agosto con RTVE levantaron polvareda. «La posición que tiene el Gobierno español era y es la de la UE. Es decir, defender la realización de una consulta para que sea el pueblo saharaui quien decida cómo quiere que sea su futuro», aseguró el diplomático desatando una rabieta entre los de Mohamed VI.
Está por ver, sin embargo, cuál es el encaje e impacto del acercamiento de Madrid a Rabat, que viven una luna de miel a costa de hacer saltar por los aires las relaciones con Argelia, en las negociaciones de pesca. Si se consuma la vía española, que reconoce de forma implícita la soberanía y la administración marroquí sobre el Sáhara Occidental, la tutela de este territorio podría cambiar. Y con ella, lo harían las reglas del juego. Es decir, desaparecería la principal objeción de la Justicia europea: que los acuerdos comerciales entre Marruecos y la UE cuenten con el beneplácito del Frente Polisario en calidad de representante del pueblo saharaui. En este hipotético y a priori no cercano escenario, los pescadores españoles o franceses seguirían faenando, las relaciones diplomáticas y comerciales entre Bruselas y Rabat se reforzarían. Ambas partes ganarían a costa del Sáhara Occidental, que sufriría un revés quizá irreparable.
En los últimos años, Marruecos se ha convertido en un aliado estratégico, clave y casi intocable para los europeos. El tropiezo más reciente en su relación fue la crisis de Ceuta, que desembocó en la primera resolución en dos décadas de la Eurocámara por los abusos de derechos humanos en el país norafricano. Pasado el temporal, las aguas volvieron a su cauce. En estos momentos, la UE ultima un incremento del presupuesto de 500 millones de euros para que el país magrebí refuerce su control fronterizo. Cortar el paso a las personas migrantes que llegan a través de las vías irregulares se ha convertido en una de las prioridades. La crisis alimentaria exacerbada por la guerra en Ucrania o los cada vez más extremos fenómenos de la crisis climática amenazan con ímpetu a los países africanos. Y en tiempos de turbulencias e incertidumbre, la UE está primando la estabilidad en su frontera sur y el control migratorio a través de las vías del Sahel o de la propia Libia.
Las consecuencias de la guerra en Ucrania son el otro factor de influencia en el cuarteto Bruselas-Madrid-Argel-Rabat. La urgencia por dejar de prescindir del gas ruso ha obligado a la UE y a sus Estados miembros a buscar otros mercados. Y Argelia es, precisamente, uno de los mayores productores del mundo de gas natural licuado. Preservar las buenas relaciones para explotar esta vía de suministro es uno de los objetivos. Pero desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español mantienen el pulso en el rifirrafe diplomático ante un país que consideran que se está inmiscuyendo con presión o chantaje en los asuntos nacionales.
La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, tras la entrevista con ‘Público’, realizada en la Cámara Alta. —Alfredo Langa
Desde septiembre del pasado año 2021 es la voz del PSOE en el Senado. El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez confió entonces a esta dirigente del PSC la portavocía en esta cámara. Tras la remodelación del pasado mes de julio ella fue la única de las portavoces que siguió en su puesto. Eva Granados (Barcelona, 1975) atiende a Público en una entrevista realizada en el antiguo hemiciclo de la Cámara Alta en un día de alta tensión política en Catalunya: Aragonès destituye a su vicepresident, Jordi Puigneró, y la permanencia de Junts en el Govern y la propia legislatura de Catalunya penden de un hilo.
Estoy entusiasmada de estar en la sala de máquinas del parlamentarismo español, la verdad. Vengo del Parlament, que es un parlamento muy excepcional, con muchas circunstancias difíciles de gestionar… Estar aquí, ayudando a la agenda de reformas, haciendo posibles las propuestas de reformas que hace el Gobierno, que se conviertan y se trasladen al BOE… para mí es un lujo. El PSOE está en un buen momento, el Gobierno está en un buen momento y el presidente y secretario general, Pedro Sánchez, ha hecho un equipo que está funcionando y estamos trasladando al conjunto de la ciudadanía cuál es nuestro proyecto político. Al final, los portavoces, aparte de dialogar y estar en permanente contacto (porque estamos en minoría en las cámaras) con los socios y con el resto de grupos parlamentarios, lo que nos toca es también poder explicar la obra de Gobierno. Y en esas estamos.
Desde las elecciones en Andalucía se ha percibido una nueva estrategia. Por un lado, intentar desgastar a Feijóo y retratarlo. ¿Es acertado denominarlo insolvente? ¿Llega a la ciudadanía?
«La sociedad española esperaba más de Feijóo»
Creo que la sociedad española esperaba más de Alberto Núñez Feijóo. La decepción ha sido, no solamente por parte de los cuadros, ya que también hay esos comentarios dentro del Partido Popular, sino que hasta articulistas de derechas dicen que su principal activo es el silencio. En el momento en el que ha empezado a hacer declaraciones, a posicionarse, se ha visto que o el rey va desnudo o directamente el proyecto que tiene se aleja mucho de esa imagen de moderación que nos intentó vender de entrada.
Ahora conocemos cuál es la gestión del señor Feijóo en Galicia, pero además le conocemos las amistades, las reuniones y las decisiones que ha ido tomando. Tenemos un líder que se descalifica por sí mismo. Trasladarle a la ciudadanía la insolvencia del señor Feijóo o la mala fe forma parte de la comunicación que tenemos que hacer los portavoces del Gobierno, en este caso del proyecto socialista.
Están impulsando medidas como el impuesto a la banca, a las energéticas, está en marcha el impuesto a las grandes fortunas…El presidente ha comenzado a hablar de los poderes económicos…¿Es correcto decir que el PSOE gira a la izquierda en este final de legislatura?
La izquierda en España es el PSOE. Todas las conquistas sociales se han conseguido gracias a un ministro y a un gobierno socialista. Luego quien ha hecho realidad el progreso social y la justicia social en nuestro país somos los socialistas. ¿Ahora estamos explicándolo de una manera diferente? Ahora se ha puesto encima de la mesa cuáles son las dos maneras de gestionar una crisis. Vivimos la crisis del 2008 y tenemos ahora una crisis provocada, primero por la covid, y ahora por la guerra de Ucrania. Y estamos planteándole a la ciudadanía cuáles son las dos maneras: si se reparten las cargas o si se las cargan los de siempre. Hablamos con las palabras que nos entiende todo el mundo, eso nos acerca a la ciudadanía. No estamos haciendo nada que no tuviéramos previsto y no estamos haciendo nada que no sea necesario cuando hay una situación excepcional como la que estamos atravesando.
Ahora mismo estamos inmersos en una batalla ideológica sobre la fiscalidad. ¿Confía en que esta pedagogía sobre los impuestos que están intentando hacer cale en la ciudadanía?
Es un debate que invita muy rápidamente a la desinformación y al populismo porque todo el mundo quiere tener más dinero, pero tenemos que hacer una pedagogía y también denunciar el populismo por parte de la derecha del dinero en el bolsillo. Cuando la derecha habla de tener el dinero en el bolsillo, habla del dinero en el bolsillo de unos cuantos, porque ellos lo que están proponiendo son bajadas de impuestos a los que tienen, a los que más tienen. Yo creo que es el debate más ideológico que se puede tener, y de los más complejos. Cuando el CIS pregunta a la ciudadanía, la gente quiere servicios públicos, y no hay justicia social si no hay justicia fiscal.
«Tienen que pagar los que más tienen, los que más ganan y los que más heredan»
Por tanto, tienen que pagar los que más tienen, los que más ganan y los que más heredan. De entrada, no nacemos todos en el mismo distrito postal, que al final es lo que está marcando en qué clase social vas a estar y en qué clase social van a estar tus hijos. Así que tiene que haber una acción pública para que eso no sea así, para que haya una movilidad social. Es difícil, es áspero, pero yo creo que es imprescindible este debate.
Me pregunto qué hubiera pasado si la pandemia nos hubiera cogido con un gobierno de derechas en España. ¿Qué hubiera pasado con los tres millones y medio de trabajadores que estuvieron en su casa con los ERTE o los autónomos, con el cese de actividad o con los ICO? Comparemos lo que pasó en 2008. Todo eso, ese escudo social, son recursos. Y los recursos no salen de la nada, hay que sacarlos de aquellos que más tienen, más ganan y más heredan.
Granados, en un momento de la entrevista con ‘Público’. —Alfredo Langa
En cuanto a la bajada del IRPF a rentas por debajo de 60.000 euros anunciada este martes por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ¿no cree que se puede interpretar como que entra en el juego de la derecha en lo relativo a esta materia?
No tienen nada que ver las rebajas de impuestos de patrimonio a lo que está proponiendo Ximo Puig. Yo creo que todos los socialistas estamos en una lógica de mejorar el estado del bienestar. A mí, que me ha tocado mucho comparar los estados de bienestar y cómo funcionan los servicios públicos entre comunidades autónomas, puedo decir que València es una comunidad que, con los recursos que tiene, están siendo muy eficientes los servicios públicos. También se trata de eso: cuánto ingresas y cómo lo gastas, ya que lo dedicas a la atención, a la dependencia, la sanidad, la educación… Son nuestras prioridades y ese es el PSOE esté en el Gobierno que esté y tenga al frente a la persona que tenga.
De cara a las elecciones generales del año próximo y teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria actual, ¿les preocupa el estado de salud electoral que pueda tener el espacio de Yolanda Díaz?
Necesitamos que la mayoría social española esté representada en el Parlamento. Y la representamos el Partido Socialista Obrero Español y la representa también el espacio que hay a nuestra izquierda. Todo lo que sea articular y mejorar las organizaciones es positivo para los intereses que representamos la izquierda, nos llamemos como nos llamemos. Yo vengo del sindicato y siempre explico el mismo ejemplo. UGT y CCOO compiten en las empresas por ver quién tiene más delegados, pero luego, a la hora de negociar el convenio colectivo, tienen en el otro lado a la patronal. Yo me lo planteo un poco así. Estamos trabajando por el bien común. Estamos trabajando por la mayoría social y son gobiernos de progreso que tienen que mantenerse.
Por lo tanto, nos queda más de un año para trabajar, para convencer al conjunto de la ciudadanía que más impuestos para los que más ganan, mejores condiciones laborales y mejores servicios públicos y más derechos sociales. Eso es lo que hace, no que un partido o un gobierno sea de izquierdas, que para nosotros es importante, sino que haya una sociedad cohesionada y competitiva. No estamos hablando de extrema izquierda, estamos hablando de países que son más competitivos, que tienen más cohesión social y que a la vez tienen más alta productividad. Y, si miramos las estadísticas, ¿qué países son esos? Los países del norte de Europa donde tienen una alta fiscalidad y una alta productividad. Yo creo que ese es el modelo que defienden los socialistas y necesitamos que haya una izquierda a nuestra izquierda, un espacio que también esté articulado y que tenga su representación.
Teniendo en cuenta la ley electoral, y especialmente las elecciones al Senado, ¿sería posible que se pactaran algunas candidaturas conjuntas en determinadas circunscripciones con el proyecto de Yolanda Díaz?
Nosotros estamos todavía con nuestro programa de reformas y quedan muchos meses por delante. Es algo que no sé si está encima de la mesa, no lo había oído, así que creo que nos queda mucho todavía. Muchas reformas por aprobar y unos Presupuestos Generales del Estado en el 2023 que tienen que ser muy competitivos también para esa mayoría social.
Eva Granados, en un momento de la entrevista con ‘Público’. —Alfredo Langa
En lo relativo a Catalunya, ¿cree que Pere Aragonés debería someterse a una moción de confianza?
«Catalunya tiene dos partidos que están en el Gobierno pero que no gobiernan»
Es que las cuestiones de confianza las promueven los mismos presidentes. El problema que tiene Catalunya es que tiene dos partidos que, en teoría, están en el Gobierno, pero que no gobiernan. Están entre ellos discutiendo, no comparten absolutamente nada y Catalunya está perdiendo una oportunidad de oro en estos momentos, ya que estamos tomando las decisiones que van a marcar la próxima década. Los fondos de Next Generation, la movilización de recursos que hay en estos momentos, los PERTE, etc. Es un momento de oro para que las comunidades autónomas tengan proyectos claros y alineados, y definan sus sectores estratégicos.
Desgraciadamente, Catalunya no está ahí. Esa es la pena que tenemos. También, es lamentable que con la que está cayendo, la práctica del diálogo entre los dos gobiernos no la lleve a cabo el presidente Aragonès, pero es que tiene unos socios (Junts) que, directamente, lo quieren todo y no quieren nada.
En caso de que al final el Govern se rompiese. ¿Qué papel debería de tener el PSC dado que es la fuerza política más votada en la última elecciones? ¿Sería viable que apoyaran a ERC?
«Salvador Illa es la alternativa, no es la muleta de Aragonés»
¿Quién ganó las elecciones en Catalunya? Las ganó Salvador Villa. Aragonès tuvo que hacer varios debates de investidura para conseguir ser president. Luego Salvador Illa es la alternativa, no es la muleta de Aragonés. Y si nos ponemos a contar votos, hubo más catalanes que apoyaron a Illa que a Aragonés. ¿Qué pasa? Que el poder es un gran pegamento y yo creo que Junts y Esquerra, por mucho que gesticulen, les interesa mantenerse en el Gobierno.
Cuando Catalunya vuelva a ser llamada a las urnas, la mayoría que ya tuvo Illa en su día, según dicen las encuestas, volverá; habrá una mayoría socialista. Primero, dudo que rompan. Segundo, necesitamos un Gobierno que gobierne y en Catalunya no lo tenemos. Y tercero, Salvador Villa es la alternativa, no es la muleta.
Hace unos meses, el estallido del ‘caso Pegasus’ copaba la actualidad en las relaciones entre el Govern y Moncloa. Supuso la ruptura de las relaciones con ERC y la Generalitat. Ahora parece que se han retomado. ¿Se da ya por superada esta etapa?
Yo creo que sí. Yo creo que aquello pasó. Creo que en Catalunya han montado una comisión de investigación que no sé dónde va a ir, pero yo creo que aquí lo que hubo son muchas personas que sufrieron esa situación, más que de un gobierno a otro o una formación política a otra. Aquí lo único que se ha demostrado es que hubo un gobierno que montó policías patrióticas. Eso sí que lo hemos sufrido en nuestro país. El Gobierno socialista lo que quiere es concordia, lo que quiere es un reencuentro entre catalanes y entre españoles. Y también mantener una mayoría que apoye esas reformas que estamos llevando a cabo.
Hablando de concordia, ¿en qué punto está la mesa de diálogo? ¿Ha quedado diluida? ¿Cree que sigue siendo necesaria?
«La independencia en Catalunya está bajando sus apoyos»
Este martes fue el debate de política general en Catalunya. Lo estuve siguiendo y creo que se habló poco de independencia. Hay una propuesta ahora de Aragonés que es como un ritornelo. ¿En qué momento, en qué año del procés pidieron lo de la ley de claridad? Es que no va a ningún sitio.
Cuando se le pregunta a los catalanes en el Centre d’Estudis d’Opinió, la independencia está bajando sus apoyos. Y los referéndums que tenemos de referencia por la independencia lo que han traído son más división social allí donde se han producido y han dinamitado absolutamente todo. Así que yo creo que la mesa de diálogo es necesaria entre el Gobierno de España y el Govern de Catalunya, pero más necesaria es también una mesa de diálogo entre catalanes. En 2017 se rompieron muchas cosas, pero sobre todo lo que se rompió es la sociedad catalana y ahí es donde más hay que coser, ahí es donde más hay que buscar lo que nos une y no lo que nos divide.
Eva Granados, en un momento de la entrevista con ‘Público’. —Alfredo Langa
Volviendo a Madrid, ¿desde la llegada de Feijóo al Senado cree que esta cámara ha cobrado más protagonismo del que tenía?
El Senado debería tener más foco, porque es una arquitectura institucional la que tenemos con esta Cámara territorial. Pero es verdad que le faltan reformas para que le den más contenido, eso ya lo sabemos. Pero está tan lejos la reforma constitucional con todo lo que tenemos por delante y la polarización que mejor vamos a pensar en el Senado como esa Cámara donde se pueden hacer debates y se puede ver la pluralidad territorial.
La llegada de Feijóo, lo que ha supuesto es que haya más periodistas durante la sesión de control, pero al señor Feijóo lo vemos poco, por no decir que nada. Viene a votar y poco más. Y, cuando ha pedido un debate y ha venido el presidente a petición propia, ha salido escaldado. Fue a por lana y lo que se vio es que no hay ningún proyecto ni ninguna alternativa.
Creo que el Senado tiene recorrido. Aquí se llega a acuerdos que igual no se conocen tanto. Por ejemplo, sobre el envejecimiento. Hay una ponencia que se aprobó por unanimidad sobre políticas de envejecimiento, otra sobre cambio climático. Es verdad que son ponencias, pero por aquí pasan todos los consejeros de todas las comunidades autónomas y hablamos desde cooperación internacional hasta cambio climático. Tiene poco foco, es verdad. Estamos en un momento en que la política y los medios de comunicación se resumen en un hashtag o en 140 caracteres. Sí, pero al señor Feijóo habría que verlo más a menudo por aquí, trabajando y ganándose el sueldo, que, por cierto, creo que no publica.
¿Qué reformas se deberían de hacer para que esta cámara tuviera más utilidad?
A ver, esta es la cámara que representa territorios y, por lo tanto, creo que deberíamos tener más debates territoriales. Es verdad que, tal y como está organizado el sistema de partidos, al final queda plasmado en el Congreso de los Diputados, pues allí también hay debates territoriales. Es un espacio que podemos aprovechar, que aprovechamos y se puede aprovechar más todavía para generar acuerdos. Y aquí está el señor Feijóo. Podríamos llegar a acuerdos, cosa que, de momento, desde su llegada, no se nota para nada.
Ante la avalancha legislativa que viene por delante, ¿cuáles son los principales retos del grupo socialista?
El principal reto nuestro es que salgan todas las reformas, todas las leyes que vienen. Comparado con de lo que venía yo, lo que tenía conocido en el Parlament donde no se aprobaba casi ninguna ley, aquí cada pleno tenemos dos leyes. La semana pasada aprobamos el voto rogado, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y la ILP del Mar Menor. Esta semana tenemos la Ley del Fondo Amianto y tenemos también la Ley de Memoria Democrática. Es decir, que tenemos leyes de peso importantes y lo que hacemos aquí es que nos pasamos el día practicando lo del diálogo, la negociación y el pacto, porque es lo que se necesita para poder llevar a cabo la tramitación legislativa.
También relacionado con la fiscalidad y los territorios, hay una reforma que está pendiente, la de la financiación autonómica. ¿Veremos esa reforma durante esta legislatura?
«No veo al PP con ganas de sentarse a pactar absolutamente nada»
Nunca antes las comunidades autónomas habían tenido tantas transferencias económicas como en estos años desde la Administración General del Estado. Eso es un hecho. Y tan real es eso como que tenemos un modelo de financiación que hay que reformar. ¿Se dan las condiciones para que eso se lleve a cabo? El Ministerio de Hacienda ha enviado documentos a las comunidades autónomas, que están enviando sus consideraciones. Pero es que tenemos la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, bloqueada. Yo creo que la reforma del modelo de financiación son pactos en los que tendríamos que llegar a un acuerdo los partidos grandes y los partidos pequeños y no veo al Partido Popular con ganas de sentarse a pactar absolutamente nada. Por no querer, no quieren ni cumplir la Constitución, que es en lo que estamos ahora. Así que ganas, todas, condiciones, menos. No tenemos un PP con ganas de sentarse a hablar tampoco de eso. De hecho, la consecuencia de lo que dicen es el desmantelamiento de los servicios públicos, que en su mayor parte los están soportando, competencial y financieramente, las comunidades autónomas.
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Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan el montaje policial, judicial y mediático contra la dirigente de Podemos Isabel Serra por manifestarse en un desahucio en 2014, que ha acabado con su inhabilitación para presentarse a cualquier proceso electoral. Una inhabilitación que podría prolongarse mucho más allá de lo previsto inicialmente en la sentencia, como resultado de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya tardado injustificadamente más de un año en ejecutar la sentencia desde que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Con la participación de la víctima de este caso de lawfare, Isa Serra.
