El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, revela que está “sorprendido” de que Israel no haya enviado armas para ayudar a Kiev en su conflicto con Rusia.
“Estoy sorprendido. No entiendo. Israel no nos ha dado nada. ¡Nada! ¡Cero!”, ha denunciado Zelenski en una entrevista con varios medios franceses.
El mandatario ucraniano ha agregado que comprende que Israel debe defenderse, pero ha recibido información de que está exportando armas a otros lugares.
Al respecto, el canal de noticias Russia Today (RT) ha sostenido que probablemente Zelenski se esté refiriendo a la venta de los sistemas antimisiles israelíes Cúpula de Hierro a Chipre. La noticia se divulgó el mes pasado, pero el régimen de Tel Aviv no la confirmó.
El año pasado, las exportaciones de armas de Israel alcanzaron la cifra sin precedentes de 11 300 millones de dólares. La mayoría de los clientes del régimen son países europeos.
Aunque Israel condenó el ataque de Rusia a Ucrania y siguió las sanciones estadounidenses contra Moscú, no le ha impuesto medidas restrictivas. Según RT, Israel también se ha negado a enviar armas a Kiev.
“Se sostuvieron conversaciones con las autoridades israelíes, pero no brindaron ayuda a Ucrania. ¿Por qué no nos dan armas antiaéreas?”, ha cuestionado Zelenski enfatizando que “se puede ver la influencia de Rusia en Israel”.
Israel tenía relaciones cercanas con Rusia. A partir de fines de la década de 1990, este régimen desarrolló sólidos nexos diplomáticos y económicos con la Federación Rusa. Los ex primer ministros israelíes Ariel Sharon y Benjamín Netanyahu estrecharon lazos con el presidente ruso, Vladímir Putin.
No obstante, desde el inicio de la operación rusa en Ucrania, las autoridades israelíes adoptaron políticas erráticas e inconsistentes, al ponerse del lado de sus aliados occidentales, avivando las llamas de la ira rusa.
En reacción, Moscú anuló algunos de los intereses de larga data del régimen israelí en el territorio ruso. También informaron a los funcionarios israelíes que ya no podían aceptar las operaciones sin restricciones de la fuerza aérea israelí en el espacio aéreo sirio.
Por medio de estas medidas, parece que Rusia está tratando de evitar que Israel suministre a los militares ucranianos misiles antitanque, el sistema Cúpula de Hierro y drones de ataque. Por otro lado, los rusos trataron de advertir de que podrían sabotear los esfuerzos israelíes para exportar gas desde el mar Mediterráneo a Europa, que lidia con una crisis aguda por escasez de combustible.
El presidente venezolano asegura que a pesar de las amenazas del imperialismo, su país sigue de pie, e insiste en que este 2022 ha sido un año de avances.
EE.UU. continúa amenazando a Venezuela y también busca manipular a los ciudadanos de esta nación, pero el país sigue de pie. Lo señaló el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el acto de juramentación de integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Maduro además llamó a la ciudadanía a construir una nueva cultura política basada, dice, en la ética, la solidaridad, en el sacrificio, la lucha, en el optimismo histórico, en el bolivarianismo como eje central.
Durante el acto además, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, pidió a la ciudadanía trabajar de la mano con el partido de gobierno por el desarrollo nacional.
Autoridades de Venezuela denuncian que EE.UU. no deja de endurecer las sanciones en su contra para forzar un cambio de gobierno y controlar sus recursos naturales, pero insisten en la resistencia frente a las presiones.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defiende su iniciativa de tregua multilateral, con la que busca el cese de hostilidades con todos los grupos armados.
Un día después que el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunciará su iniciativa para un cese al fuego con todos los grupos armados de su país, el máximo jefe de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Mordisco, a quien se había dado como baja durante el Gobierno anterior, compareció para anunciar que están dispuestos para cerrar con el Ejecutivo, un acuerdo de tregua.
La idea de que el Gobierno de Bogotá se siente a negociar con quienes firmaron los acuerdos de la paz, pero que luego, salieron de los tratados, ha generado dudas y preguntas en la sociedad. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, recordó, que el abandono de los acuerdos de los guerrilleros se debió a las maniobras del Gobierno de Iván Duque.
El mandatario, también, defendió la propuesta de sentarse a la mesa del diálogo con los narcotraficantes que están dispuestos a unirse a la paz.
El Gobierno espera que el cese de hostilidades empiece con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla con la que ha acordado reiniciar los diálogos de paz, interrumpidas desde 2018.
El inicio de una reforma agraria en Colombia abre las expectativas que por años han tenido campesinos, indígenas y afros para tener la titulación de sus tierras.
El problema de la tierra en Colombia para los más necesitados data de muchísimos años atrás. Los diferentes grupos armados y terratenientes siempre han tenido el monopolio de éstas. Ante eso el presidente colombiano, Gustavo Petro, garantiza la compra tierras para el campesinado.
Todos estos anuncios ya se ven materializados con la entrega de más de 680 mil títulos de tierra que entregó la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, a la gente del campo.
El gran problema que presenta este proyecto es la tenencia de tierra que tienen las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico, ante eso, la solución es el sometimiento de todos estos grupos a la justicia, es decir la paz total.
La ministra de Agricultura de Colombia señaló que estas titulaciones se entregarán en 19 de los 32 departamentos del país y que se harán antes de que se acabe este año.
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El órgano fiscalizador cambia ahora su política de comunicación y desde este año publicará el nombre del partido y la infracción cometida, pero sigue sin desglosar el importe de la multa
Puerta principal del edificio del Tribunal de Cuentas, en Madrid EUROPA PRESS
El Tribunal de Cuentas ha multado con 744.369,27 euros a formaciones políticas por incumplimientos de la ley de financiación de partidos en los últimos tres años. Es la suma de las sanciones impuestas en 2019 (357.683,42 euros), 2020 (46.129,73 euros) y 2021 (340.556,12 euros) en un total de 449 procedimientos. Y, a partir de ahí, nada más se sabe. Ni qué partidos han sido sancionados, ni qué cantidades se les exigen, ni cuáles son las infracciones cometidas, ni tampoco el alcance de las mismas.
Las resoluciones no son públicas, lo que deriva en un hermetismo casi total sobre las irregularidades contables que cometen los partidos a pesar de que se financian, en gran medida, con dinero público. elDiario.es ha reclamado estos datos al órgano fiscalizador, que ha declinado hacerlos públicos con el argumento de que es una información que “no se puede facilitar”. Un portavoz autorizado explica, no obstante, que el Tribunal de Cuentas ha cambiado su “política de comunicación” y desde este año sí publica el nombre del partido y la infracción cometida, aunque sigue sin desglosar el importe de la multa.
De hecho, el pasado 16 de septiembre el Tribunal de Cuentas informó de que había impuesto una sanción a Nueva Canarias por no haber presentado sus cuentas anuales en el plazo previsto en los ejercicios de 2018 y 2019. Era la primera que el órgano fiscalizador detallaba el nombre de un partido sancionado y la infracción cometida, aunque sin desglosar la cuantía de la multa. En este caso, al tratarse de una infracción muy grave, la ley prevé una horquilla de entre 50.000 y 100.000 euros de multa. Nueva Canarias fue expulsada del Registro de Partidos en julio de 2021 precisamente por no haber rendido sus cuentas anuales de los tres últimos ejercicios al Tribunal de Cuentas.
El artículo 17 de la ley de financiación de partidos atribuye al Tribunal de Cuentas la competencia para imponer sanciones a las formaciones políticas que cometan irregularidades contables, siempre que no constituyan un delito. Las principales infracciones que prevé este artículo son la aceptación de donaciones que excedan el límite legal, la superación de los límites de gastos electorales o el incumplimiento de la obligación de presentar las cuentas anuales o presentarlas incompletas. Según su naturaleza, se califican como muy graves, graves o leves, lo que determina la cuantía de las sanciones. Las multas son susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Supremo.
Hasta ahora, la información sobre los procedimientos sancionadores a formaciones políticas era muy escueta. El órgano fiscalizador se limitaba a dar unas cifras agregadas en su Informe Anual, que suele publicarse después del verano. Este documento solo incluye el número de procedimientos sancionadores resueltos en el ejercicio en cuestión y el importe global de las sanciones impuestas. Únicamente hay datos a partir de 2019 porque ese año se impusieron las primeras sanciones después de que la ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos otorgara más competencias en materia de control de estas formaciones al Tribunal de Cuentas en 2015.
Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia, afirma que el hermetismo del Tribunal de Cuentas con las sanciones a los partidos “no se sostiene” porque ni la ley de protección de datos, ni la de transparencia, ni la de financiación de partidos incluyen límites que impidan al órgano fiscalizador dar esta información. Este experto defiende que se trata de datos de “indudable interés público” y cuestiona una falta de transparencia que “contribuye a generar una sombra de duda” sobre todos los partidos. Tampoco tiene sentido, a su juicio, que ahora se informe del nombre de la formación política y de la infracción cometida pero no del importe de la multa.
El origen de estas sanciones están en los informes de fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas tanto de la actividad económico-financiera anual de los partidos como de sus contabilidades electorales. El año pasado 394 partidos presentaron sus cuentas al órgano fiscalizador. El procedimiento se inicia con un periodo de información previa en el que se da audiencia al partido presuntamente infractor. Si los hechos no quedan desvirtuados en ese trámite, el pleno nombra a un instructor que es el encargado de analizar las alegaciones y documentos presentados y de hacer una propuesta de resolución. En todo caso, la última palabra la tiene el pleno, que dicta la correspondiente resolución sancionadora o absolutoria, según proceda.
Partidos pequeños
Aunque los datos no son públicos, las fuentes consultadas aseguran que muchas de estas sanciones recaen sobre partidos políticos pequeños. El propio Tribunal de Cuentas ha cuestionado la “falta de proporcionalidad” de este régimen sancionador tras haber constatado el quebranto que su aplicación genera en “pequeñas formaciones políticas, generalmente de ámbito local” a las que se imponen sanciones “de muy elevada cuantía” y en las que “se pone de manifiesto una falta de proporcionalidad entre el importe de la infracción cometida y la sanción finalmente impuesta”.
De hecho, el pleno de la institución ha solicitado hasta en dos ocasiones a los partidos políticos que se modifique la ley de financiación de partidos. La legislación actual establece umbrales mínimos para las multas de 50.000 euros (infracciones muy graves), 25.000 euros (graves) y 5.000 (leves). El pasado enero, en una comunicación dirigida a las Cortes, el Tribunal de Cuentas afirmó que la desproporción que genera la aplicación de estos mínimos resulta “especialmente grave” en el caso de pequeñas formaciones políticas para las que el límite máximo de gastos electorales establecido en la normativa es muy reducido e impide acometer una campaña electoral con garantías suficientes.
El Tribunal de Cuentas es competente para tramitar los procedimientos sancionadores a los partidos que incumplan la ley de partidos siempre que no constituyan delito. Si lo hay, las infracciones se dirimen en la vía penal, donde el delito de financiación ilegal de partidos está penado con entre seis meses y cuatro años de prisión en los casos más graves. Se trata de un castigo “inusualmente indulgente” según la Fiscalía General del Estado, que en su última memoria anual reclamó un cambio legal para aumentar las sanciones económicas y que se contemple la inhabilitación para sufragio pasivo, lo implica en la práctica no poder resultar elegido para un cargo público.
En su memoria, la Fiscalía defiende también modificar la ley de partidos para incluir “mayores controles” sobre las aportaciones económicas que realizan los afiliados. El Ministerio Público sostiene que, con el marco actual, el escaso control al que se someten las aportaciones constituye “campo abonado” para que las donaciones que están prohibidas (las anónimas, las de empresas o las que superan los 50.000 euros de un mismo donante) sean vehiculadas a través de afiliados a modo de persona interpuesta.
Feijóo, Meloni, Ayuso, la bomba nuclear de Putin, las rebajas fiscales del PP… Como para no estar estresados. La guerra que preocupa a Europa es la de Ucrania. ¿Y la justicia social? Otra guerra planetaria que debiera preocuparnos tanto o más que las amenazas de Putin. Sigue aquí un nuevo programa de ‘En la Frontera’ con @Juan Carlos Monedero a partir de las 21.00 h. ¡Te esperamos!
Desde su llegada a la Presidencia, el mandatario ha emprendido una senda de diálogo con varios grupos armados con el fin de conseguir un acuerdo de paz o su sometimiento a la justicia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en Buenaventura, Colombia, a 6 de septiembre de 2022. —Joaquín Sarmiento/AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este jueves que en cuestión de días se va a plantear un cese al fuego multilateral con varios grupos armados que se han acercado al Gobierno en su proyecto de «paz total».
«En cuestión de días también se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia», ha dicho Petro en una declaración a medios en Nueva York donde está de visita para participar en la Asamblea General de la ONU.
Este cese al fuego implica a varios grupos que se han acercado en las últimas semanas al Gobierno, ha dicho el mandatario, sin dar detalles de cuáles ni cuántos.
«Involucrará a todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia para desmantelar organizaciones criminales. Lo que les proponemos es cesar hostilidades, muerte, cesar el fuego», ha detallado el mandatario antes de dirigirse al aeropuerto para regresar a Colombia.
Desde que llegó a la Presidencia, el pasado 7 de agosto, Petro ha emprendido una senda de diálogo con varios grupos armados con el fin de conseguir un acuerdo de paz o su sometimiento a la justicia.
Los primeros pasos han sido en La Habana donde una delegación del Gobierno colombiano volvió a sentarse con delegados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para retomar los diálogos que llevan cuatro años parados por los encontronazos con el anterior Ejecutivo de Iván Duque y porque la guerrilla nunca ha cesado su accionar, ejecutando atentados, secuestros y otros crímenes.
Además, la pasada semana, una delegación del Gobierno colombiano y otra del «estado mayor central» de disidencias de las antiguas FARC tuvieron una «reunión exploratoria» en el departamento sureño de Caquetá para «valorar la posibilidad de iniciar diálogos en el marco de la paz total», lo que incluiría precisamente este cese del fuego bilateral.
Gustavo Petro anunció entonces que comenzó «un diálogo» con este grupo que aglutina la mayoría de frentes que se salieron del acuerdo de paz o nunca llegaron a él, menos la Segunda Marquetalia, comandada por Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», que es un grupo mucho menor.
De confirmarse este cese al fuego multilateral sería el primer gran acto para paralizar el conflicto desde que se firmó la paz con las FARC en 2016 y se paralizaron los diálogos con el ELN, en 2018, tras lo cual ocurrió el último gran atentado en Colombia, el del 17 de enero de 2019 en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá, que dejó 23 muertos y casi un centenar de heridos.
Las asociaciones de bomberos forestales denuncian que a partir del 30 de septiembre en torno al 60% de los efectivos se quedarán en la calle, algunos de ellos después de haber encadenado jornadas de más de 24 horas durante el verano de 2022.
Varios bomberos trabajan en la extinción del fuego del incendio de Zamora en julio de 2022. —Emilio Fraile/EUROPA PRESS
«A día 30, la reducción del personal será de entorno al 60%. Si en verano estábamos trabajando cerca de 4.500 personas, ahora se quedarán unas 2.700», dice Manuel, portavoz de la organización sindical Bomberos Forestales En Lucha-Castilla y León que prefiere no dar su apellido por temor a represalias laborales. Después del peor año de la historia, con más de cien hectáreas calcinadas en todo el territorio castellano y leonés, la Junta podría volver a dejar sus servicios de prevención de incendios sin personal suficiente.
«Todo lo que se invierte en prevención te lo vas ahorrar en verano en extinción. Si no trabajamos en invierno, si no realizamos podas, limpieza de montes y mantenimiento de cortafuegos, el año que viene nos volveremos a quedar en bragas, no tendremos margen para tapar los grandes incendios, como ha ocurrido este verano«, explica el bombero.
El operativo de Castilla y León es mayoritariamente privado, con algo más de diez empresas que se reparten los contratos. Para las organizaciones profesionales esta es una de las grandes razones que explican el desmantelamiento de los servicios durante los meses fríos del año. «Les interesa ese modelo para repartir el dinero entre sus colegas. El operativo es mayoritariamente privado y a las empresas les viene bien ahorrarse sueldos. Si fuese un operativo público, con cien por cien de personal de la Junta, esas empresas dejarían de recibir un dinero importante», denuncian.
Los sindicatos que representan a los funcionarios del sector tampoco están contentos con la forma en la que la Junta afronta el invierno. Esau Escolar, presidente de la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales, explica cómo año tras año se van perdiendo plazas por la baja tasa de reposición. «Somos 750 personas para toda Castilla y León, pero hay una relación de puestos de trabajo de 1.050, es decir, tenemos 300 vacantes sin cubrir y, además, la plantilla está super envejecida», dice. «Nosotros, dentro del operativo, somos los únicos funcionarios de la gestión y los que coordinamos la extinción y la prevención. Somos quienes proponemos qué zonas trabajar o dónde hacer limpiezas y desbroces, pero también estamos pendientes de incidencias ambientales, como avisos por atropellos de animales, control de residuos…», aclara.
Los profesionales recuerdan la crudeza de este verano, donde algunos de los profesionales trabajaron en el incendio de Sierra de la Culebra (Zamora) en jornadas de más de 24 horas, todo ello con salarios base que superan ligeramente el salario mínimo interprofesional.
Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, explican a Público que esta semana se ha alcanzado un principio de acuerdo la patronal del sector y con algunos sindicatos. Si bien desde el Ejecutivo no dan cuenta sobre el contenido de ese pacto, algunos medios locales informan de que se pretende incorporar progresivamente a todo el operativo en los próximos meses.
Esta medida, sin embargo, no contenta a los sindicatos mayoritarios, que ni siquiera se han sentado en la mesa de diálogo. Tampoco la oposición al Gobierno de PP y Vox entiende la razón por la que, tras un verano tan dramático como este, no se mantendrán activos todos los efectivos para limpiar los montes, además de recibir formación. «Exigimos que el 100% del operativo esté movilizado durante los 365 días del año», reclama José Luis Vázquez, portavoz de Medio Ambiente del PSOE en las Cortes, que recuerda que «la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaba de publicar su pronóstico de un otoño con temperaturas altísimas», lo que podría condicionar l futuro a corto plazo de los incendios en España.
