Anita Fuentes. Nueva Temporada #4. Los medios han enmarcado la victoria de Giorgia Meloni como un avance para las mujeres. Sin embargo, las políticas que defiende la primera ministra italiana no pueden distar más de los objetivos del movimiento feminista. ¿Qué lleva a las mujeres a formar parte, e incluso a liderar, movimientos que tienen como objetivo retroceder en materia de derechos para las mujeres? Anita Fuentes analiza las contradicciones de ser mujer y antifeminista basándose en dos series recientes: Mrs. America y El Cuento de La Criada. Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y colabora con nosotros: https://bit.ly/2GKg4Sx
Día: 3 de octubre de 2022
La Base #2×13 – Lula y Bolsonaro: dos modelos más allá de Brasil
Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, de las que Lula ha salido victorioso con 6 millones de votos de ventaja sobre Bolsonaro, aunque ambos se tendrán que enfrentar en una segunda vuelta el próximo 30 de octubre. El equipo de La Base analiza los datos pormenorizados que dejan las urnas, el legado de Bolsonaro, las perspectivas de cara a la segunda vuelta y lo que están diciendo sobre ello los medios de comunicación en España. Con la participación desde São Paulo de Daniel Tognetti y Juan Carlos Monedero. Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y colabora con nosotros: https://bit.ly/2GKg4Sx
La recogida de cable de Liz Truss con su bajada de impuestos a los ricos, analizada en Twitter: «Feijóo, Ayuso y Moreno no comentarán esta noticia»
REINO UNIDO
El Gobierno británico ha renunciado finalmente a la supresión del tipo máximo del 45% del IRPF para las rentas más altas. En otras palabras: Liz Truss recoge cable con lo de bajar los impuestos a los más ricos.
Solo le ha hecho falta poner a la libra en caída libre, ver su Gobierno en peligro y unas encuestas del revés.
¿Los mercados rechazando una bajada de impuestos a los ricos? Qué cosas tienen los tiempos modernos…
Interesante mensaje para los liberales del mundo, incluidos los españoles…
Con lo contenta que estaba Ayuso con esto…
Eso sí, de dimitir no dicen nada en el Gobierno británico. Se ve que allí tampoco se lleva esa palabra.
Estas son las reacciones en las redes a la recogida de cable de Liz Truss.
En España mientras, la derecha patria con Ayuso a la cabeza, sigue a la contra, liderando bajadas de impuestos de patrimonio y con las becas a rentas altas. Vivir para ver.
Lula da Silva gana la primera vuelta de las presidenciales – Noticiero 02:30
Lula gana la primera vuelta de los comicios. Colombia instala la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación. Enemigos de Irán no pueden aislar al país.
1. En Brasil el expresidente Lula da Silva gana la primera vuelta de las presidenciales con más del 48 % de los votos. Afirma que la lucha continúa hasta la victoria en el balotaje de 30 de octubre.
2. Tras 4 años, el Gobierno colombiano vuelve a instalar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de paz con las FARC.
3. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, subraya el fracaso de los enemigos en sus intenciones de aislar al país. Denuncia también sus políticas de doble rasero.
El choque del PSOE con sus socios por los desalojos exprés amenaza la ley de vivienda
Tras el pacto fiscal, los morados fijan el control de precios del alquiler como una de las prioridades que quedan sobre la mesa de la negociación presupuestaria
El PSOE impulsa los desalojos exprés de viviendas ocupadas y Podemos le acusa de asumir la agenda de la derecha
Ninguno de los socios parlamentarios del Gobierno entendió el movimiento del PSOE esta semana en el Congreso. En plenas negociaciones sobre una ley de vivienda varada desde hace meses por la falta de apoyo, los socialistas se desmarcaron unilateralmente registrando dos iniciativas para acelerar los desalojos de viviendas ocupadas. Y lo hicieron vía enmienda a dos leyes de Justicia ajenas al texto que se está tramitando y sin consultar a sus compañeros de coalición, que salieron inmediatamente a poner el grito en el cielo: “La gente tiene problemas con las subidas abusivas del alquiler y con la subida de las cuotas de las hipotecas. No tiene sentido que cuando estamos negociando la ley de vivienda salgan con esto que está fuera de lugar. Que se centre y piense cuál es la mayoría parlamentaria que está sosteniendo al Gobierno”, se quejó el diputado de Unidas Podemos, Rafa Mayoral.
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Sorprendió entre la mayoría de grupos parlamentarios el paso dado por el PSOE porque el discurso de las viviendas que se ocupan mientras un propietario baja al supermercado o se va un fin de semana a la playa ha sido recurrente para la derecha durante toda la legislatura y ha tenido potentes altavoces en algunos medios de comunicación. En varias ocasiones, desde el PP, Ciudadanos y Vox han acusado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de fomentar la ocupación por su política de vivienda, un planteamiento que incluso han llevado al Congreso en forma de iniciativa parlamentaria en varias ocasiones y que siempre contó con el voto en contra de los socialistas.
En concreto, en octubre de 2020 se votó en el Pleno una iniciativa pactada por las tres formaciones de la oposición que instaba al Ejecutivo a “diseñar mecanismos legislativos” para acelerar los desalojos en casos “de ocupación ilegítima o usurpación”. La mayoría de la Cámara tumbó la proposición con el voto en contra también del PSOE. Un año después, en septiembre de 2021, los socialistas también votaron en contra de la “ley antiokupas” promovida por el entonces líder del PP Pablo Casado y que, entre otras cosas, planteaba “desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas”, justo lo que ahora intenta sacar adelante el PSOE. “Es asumir la agenda de la derecha”, criticó esta semana Mayoral, un dirigente que antes de entrar en política se bregó en las luchas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.
La ley de vivienda, bloqueada
Los socialistas defienden que se trata de un problema que han trasladado numerosos alcaldes en los últimos meses y sostienen que las soluciones para las personas vulnerables llegarán de la mano de la ley de vivienda “cuando se apruebe”. Varios diputados de grupos parlamentarios socios del Ejecutivo consideran, sin embargo, que las enmiendas registradas por los socialistas van justo en dirección contraria al espíritu de esa ley, que entre otras cosas prioriza las soluciones habitacionales para las personas vulnerables, independientemente del modo en que esas personas estén residiendo en un inmueble que no les corresponda (ya sea por impago, ya sea por entrada ilegal a una vivienda vacía). Son muchos los que coinciden en su pesimismo respecto al futuro de la ley.
Algunos grupos esperan que el Gobierno mueva ficha en las próximas semanas desde el Consejo de Ministros impulsando medidas concretas para los problemas de acceso a la vivienda vía real decreto en un momento en que las hipotecas y los alquileres vuelven a estar disparados. Algo que a juicio de un portavoz parlamentario de la comisión de vivienda sería “un parche” que enterraría definitivamente la ley. “Igual es que quieren dejarla morir”, opina. Lo cierto es que el anteproyecto pactado en el seno de la coalición tras casi media legislatura de negociaciones sigue atascado en el Congreso y sin reunir los apoyos necesarios para salir adelante. Unidas Podemos y grupos como ERC, Bildu o Compromís reclaman al Ejecutivo modificar ese texto y hacerlo aún más ambicioso en aspectos como la regulación de los precios del alquiler. En el texto pactado se diferencia entre grandes y pequeños tenedores a la hora de habilitar la limitación de esos precios, una distinción que ahora la mayoría progresista del Congreso aspira a eliminar. El PSOE, de momento, se opone rotundamente a ello y se remite “a lo acordado” en su día.
Esos grupos proponen además dos iniciativas que tampoco se encuentran en la actual redacción de la ley de vivienda: que la totalidad de viviendas de la SAREB sean incluidas como parque público de alquiler y que se prohíban todos los desahucios de familias vulnerables sin que haya una vivienda alternativa donde puedan alojarse, un planteamiento que choca de frente con la última iniciativa del PSOE: “En los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el Juez o Tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial, sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble”, reza ese texto que, respecto a la posibilidad de dejar en la calle a personas vulnerables, pone en manos del juez y de los servicios sociales la decisión final: “Si se pusiera de manifiesto la existencia de personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad o una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, el Juez o Tribunal lo comunicará inmediatamente a la entidad pública local o autonómica competente en materia de servicios sociales y de protección de menores así como al Ministerio Fiscal, a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que resulten necesarias”.
En Unidas Podemos tampoco son optimistas con el futuro de la ley de vivienda pero tienen claro que apurarán hasta el final de las negociaciones presupuestarias para intentar arrancar al PSOE un compromiso de desbloqueo. Y en una de las normas que consideran de la la legislatura no hay diferencias en el espacio confederal. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, lo dejó claro esta semana durante una entrevista en TVE. “Estoy con Rafa Mayoral. La ocupación de la que habla Patxi López no es un problema, el problema es no poder pagar la hipoteca”, aseguró. Lo que tienen claro los morados es que no pueden permitirse que el balance de su paso por el Ejecutivo de coalición a final de legislatura sea de fracaso absoluto en una materia tan sensible para su electorado como es la política de vivienda. Y por eso aseguran que exprimirán las negociaciones sobre los Presupuestos para forzar al PSOE a cambiar de opinión. “Cosas más difíciles hemos visto, mira el impuesto a los ricos”, recuerdan en Unidas Podemos.
Tras el pacto sobre el paquete de medidas fiscales sellado esta semana, los equipos de PSOE y Unidas Podemos continúan con las negociaciones contrarreloj para cerrar un acuerdo presupuestario antes de este martes, fecha en la que el Ejecutivo espera poder aprobar en Consejo de Ministros el anteproyecto de las cuentas del año que viene. Aunque todas las partes coinciden en que el pacto fiscal ha allanado el camino del acuerdo final, algunos de los flecos que quedan sobre la mesa prometen alargar las conversaciones, otra vez, hasta el último minuto. Incluso hay quien espera que, como ya pasó en tantas otras ocasiones, el acuerdo pueda llegar sobre la bocina gracias a una última reunión in extremis del presidente del Gobierno con la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos.
Moreno pide al Gobierno mil millones de euros para combatir la sequía tras renunciar a 900 millones en impuestos propios
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ofrece al Gobierno central invertir la misma cifra que le reclama para infraestructuras hídricas, pese a suprimir el canon del agua por valor de 140 millones: “¡Pongan el dinero que nos morimos de sed!”
Moreno acusa al Gobierno de “fraude de ley” para limitar la autonomía fiscal de Andalucía “por la puerta de atrás”
“¡Pongan el dinero de una vez por todas, que nos morimos de sed!”. Con este grito, Juan Manuel Moreno desató este domingo el aplauso unánime de los militantes convocados a la clausura del congreso del PP de Sevilla. El presidente de Andalucía acababa de cerrar un discurso en el que empezó sacando pecho por su polémica reforma fiscal -que ha puesto patas arriba el debate de política nacional y que detraerá 900 millones de euros de las arcas públicas andaluzas- y culminó reclamando al Gobierno central entre 500 y mil millones de euros para construir las infraestructuras hidráulicas necesarias en un momento crítico de sequía.
Moreno ve una «oportunidad» en la crisis del Gobierno catalán para poner a prueba su reclamo fiscal con los empresarios
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Moreno venía de culminar una semana de protagonismo absoluto en la agenda nacional, que lleva 15 días orbitando alrededor del decreto ley de bajadas tributarias, convalidado el miércoles en el Parlamento andaluz con los votos de PP y Vox. La norma, con efectos en la declaración de este año, suprime el impuesto sobre el Patrimonio, que pagan las 20.000 rentas más ricas de la comunidad; deflacta el IRPF, con ahorro para todos los contribuyentes, y elimina el canon del agua durante un año.
El impacto global de esta rebaja fiscal en las arcas públicas, junto a las ya ejecutadas en la pasada legislatura, asciende a 900 millones de euros, de los cuales 140 millones corresponden a la supresión del canon del agua durante un año. Es un dinero que la Junta deja de recaudar, aunque desde el Palacio de San Telmo prefieren localizar “dentro del bolsillo de los andaluces”.
La filosofía económica del PP es liberalismo ortodoxo: menos impuestos igual a más consumo y mayor actividad económica. Está por ver todavía que el silogismo funcione, es decir, que dentro de un año haya nuevos contribuyentes censados en Andalucía gracias a la supresión del impuesto sobre el Patrimonio, y con ellos una inyección más beneficiosa del IRPF.
Entretanto, el Ejecutivo andaluz prescinde de esos 900 millones de euros de ingresos y, acto seguido, dirige la mirada a Madrid para reclamar entre 500 y mil millones de euros para impulsar infraestructuras hidráulicas estructurales con las que hacer frente al severo problema de sequía que sufre Andalucía. Este lunes, Sevilla y su área metropolitana decretan el estado de alerta por la sequía y empezarán a prohibir y sancionar el uso del agua potable para aspectos no esenciales.
La supresión del canon del agua, además, viene acompañada de un alegato en defensa de la colaboración público privada. El presidente andaluz se preguntó, en voz alta, por qué no encargar la mejora de las infraestructuras de abastecimiento a la población a empresas privadas especializadas en el sector, que pasa por instalar costosas desaladoras y mecanismos de reutilización del agua ya utilizada. La oposición de izquierdas le ha reprochado que delegue un servicio básico para la ciudadanía a una empresa privada que, llegado el momento, se regirá por criterios de rentabilidad, no de bien público común.
Autonomía fiscal
Durante la clausura del congreso del PP de Sevilla, Moreno reivindicó el protagonismo total de Andalucía esta semana, empujando al resto de comunidades autónomas, del PP y del PSOE, a seguir la senda de la bajada de impuestos. También el Ministerio de Hacienda ha lanzado su propia fórmula, una mezcla de rebaja fiscal para las rentas inferiores a 21.000 euros que se compensa con la subida impositiva a grandes fortunas y empresas.
En la práctica, esto desactiva la supresión del impuesto de Patrimonio recién aprobada en Andalucía, porque el dinero será recaudado por otra vía pero en vez de repercutir en las arcas andaluzas irá directamente al Ministerio de Hacienda. Moreno acusa al Gobierno de haber vulnerado “su autonomía fiscal por la puerta de atrás” y ha puesto a su equipo jurídico a trabajar en un futuro recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias autonómicas.
Mientras el presidente andaluz reivindica con entusiasmo su reforma fiscal -“bajar impuestos es el camino”, gritó en Sevilla-, acto seguido reclama al Gobierno central fondos para las infraestructuras hidráulicas pendientes. El presidente andaluz ha ofrecido abonar la misma cantidad que acepte pagar el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el 50% del total. “Si son 500 millones de euros, nos comprometemos a poner 500. Y si son mil millones, ya nos buscaremos las habichuelas para poner mil”, ha dicho.
Moreno ha colocado el problema de la sequía en el epicentro del debate político del arranque de legislatura. Las competencias del Estado sobre las cuencas andaluzas son ostensiblemente mayores que las de la Junta. Con todo, el presidente de la Junta ha lanzado un órdago al Ejecutivo central comprometiéndose a igualar la partida que ellos dispongan para construir las infraestructuras hidráulicas necesarias. “Pondremos el mismo dinero, pagaremos el 50%, aunque no sean de nuestra competencia”, ha afirmado.
Desde el Palacio de San Telmo defienden que ambos discursos son compatibles. La Junta defiende su autonomía fiscal para bajar impuestos, “en cumplimiento con lo anunciado en el programa electoral del PP con el que ganamos las elecciones con mayoría absoluta hace cuatro meses”, y a la par reivindicar al Gobierno “el dinero que nos corresponde en materia de financiación autonómica” y las inversiones necesarias para afrontar la “severa crisis de sequía” que azota a España, y que en Andalucía tiene especial incidencia, dado que la economía regional es muy dependiente del agua, tanto por el sector agroalimentario como por el turismo.
Andalucía cerró el mes de julio con un superávit en sus cuentas de 384 millones de euros, el equivalente al 0,22% de su PIB, y el presidente de la Junta ha anunciado que los próximos Presupuestos Autonómicos ascenderán a 45.000 millones de euros, 5.000 millones más que las cuentas en vigor.
El presidente de la Junta y “barón de barones” del PP cree haber recaudado ya mucho caudal político para sí mismo y para Andalucía tras anunciar, desde Madrid, una reforma fiscal que ha empujado a la competición al resto de comunidades y al mismo Ministerio de Hacienda.
El departamento de María Jesús Montero, tras reprochar el dumping fiscal a las regiones del PP y torcer el gesto por el anuncio de rebaja de impuestos del president de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha terminado entrando en el marco de debate que inauguró Moreno hace dos semanas.
La fórmula de Montero es, en realidad, una redistribución tributaria para que los de abajo paguen menos a costa de una mayor solidaridad de los de arriba. En la práctica supone deshacer el impacto de la supresión del impuesto de Patrimonio, aprobado primero por Madrid, luego por Andalucía, y disuadir al resto de comunidades para que sigan ese camino. La reforma tributaria del Gobierno aparecerá, previsiblemente, en los Presupuestos Generales para 2023, que contará con el voto en contra del PP. Algunas comunidades, como Madrid y Andalucía, ya amagan con recurrirlo ante la Justicia.
Victoria agridulce de Lula ante un Bolsonaro que fuerza la segunda vuelta
El líder progresista obtiene un 48,4% de los votos frente al 43,2% del mandatario ultraderechista en unas elecciones cruciales para la democracia en Brasil.
El ajustado triunfo del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva frente al mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro en los comicios de este domingo conduce a Brasil a una segunda vuelta electoral el 30 de octubre, dado que ningún candidato ha logrado traspasar el umbral del 50% de los votos. Lula se ha impuesto a Bolsonaro por un estrecho margen (48,4%-43,2%) con el 100% de los sufragios escrutados. Una victoria agridulce ante un rival con más fortaleza de la que apuntaban las encuestas y que arroja muchas incertidumbres sobre la posibilidad de que Lula acceda a un tercer mandato presidencial.
Según la consultora Datafolha, Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), ganaría con el 54% de los votos en la segunda vuelta, pero las encuestas no han acertado en la primera vuelta al haber apostado por un triunfo más amplio del líder progresista. Es probable que haya una transferencia de votos del centroizquierda hacia la candidatura del expresidente (2003-2010). Pero Ciro Gomes, el candidato de ese espacio, apenas ha logrado un 3% de los votos. Bolsonaro, del ultraderechista Partido Liberal (PL), podría arañar apoyos entre los votantes de derecha. Su candidata, Simone Tebet (del Movimiento Democrático Brasileño) ha obtenido un 4,3% de los sufragios.
El bolsonarismo todavía está muy vivo en Brasil y seguirá así incluso con una hipotética derrota de su líder dentro de cuatro semanas. El apoyo de los evangélicos ha sido decisivo para el mandatario. En el país con más católicos del mundo, un tercio de los brasileños se declara evangélico. De ellos, la mitad se decantaba abiertamente por Bolsonaro en una encuesta, mientras que solo el 30% se mostraba a favor de Lula. El poder de este lobby religioso no ha dejado de crecer en Brasil en los últimos años. Los prebostes de estas iglesias poseen muchos intereses en el mundo empresarial, los medios de comunicación y la política. El modelo autoritario, nacionalista y ultrarreligioso que ha implantado Bolsonaro en Brasil ha contado también con el apoyo de los grandes empresarios del agronegocio y un sector de las Fuerzas Armadas nostálgico de la dictadura militar (1964-1985).
Su discurso xenófobo, machista y militarista ha prendido en un amplio segmento de la sociedad brasileña. Durante su mandato, la venta de armas se ha multiplicado y las milicias paramilitares han recuperado el protagonismo de antaño. El antiabortismo, la descalificación del feminismo, la negación de los derechos a los colectivos LGTBI y una exacerbación del nacionalismo han sido los ejes de un discurso del odio que invade las conversaciones de los brasileños en las redes sociales día tras día. Con casi 30 años de trayectoria como diputado en el Congreso, el excapitán del Ejército se presentó a sí mismo como un outsider de la política y el adalid del combate a la corrupción. Contó con el beneplácito de la derecha tradicional, a la que ha fagocitado ahora.
Bolsonaro deja en estos cuatro años de mandato un país más desigual, con un aumento de la pobreza, una economía hundida, una inflación de dos dígitos y una salvaje depredación de la selva amazónica. Su gestión de la pandemia fue catastrófica. Cerró filas con los negacionistas antivacunas y miró para otro lado mientras en el país morían cerca de 700.000 personas por la covid. Para contrarrestar las críticas, el mandatario suele mencionar el programa social aprobado en el último tramo de su mandato y que protege, según el Gobierno, a unos 20 millones de brasileños.
El Brasil de Lula
La agenda de Lula para los próximos cuatro años pasa por relanzar y ampliar el exitoso programa Bolsa Familia, uno de los planes sociales que el expresidente aprobó en su primer mandato y que a la postre sacarían de la pobreza a más de 30 millones de brasileños. Ha prometido también un aumento del salario mínimo (que hoy no llega a los 240 dólares mensuales) para restaurar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, aumentar los impuestos a los ricos y apostar por la industrialización del país.
Mientras cumplía una condena de 12 años en la cárcel de Curitiba, Lula maquinaba ya cómo sería su regreso a la primera línea de la política. Una vez que el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas por fallos procesales, Lula anunció su candidatura presidencial y recorrió el país de punta a cabo para reconstruir el tejido político del PT, muy debilitado tras el auge de la derecha. Lula ya había intentado presentarse a una nueva reelección en 2018 pero la Justicia y una serie de intereses políticos y económicos se lo impidieron. Fue imputado sin pruebas concluyentes por haber aceptado supuestamente unos sobornos inmobiliarios por parte de una constructora favorecida por la empresa estatal Petrobras en el marco de la denominada Operación Lava Jato, en la que estaban involucrados empresarios y políticos de distinto signo.
La campaña electoral ha estado marcada por una violencia inusitada, principalmente dirigida hacia los seguidores de Lula. Uno de ellos fue asesinado a tiros por un simpatizante de Bolsonaro. El mandatario, cuyo programa electoral podría resumirse en tres palabras -Dios, patria y familia-, puso en marcha una potente maquinaria de desprestigio de su principal rival en las urnas a través de la difusión de bulos en las redes sociales, como ya hiciera hace cuatro años para batir al entonces candidato del PT Fernando Haddad.
Además de la elección presidencial, este domingo se renovaba en Brasil toda la Cámara de Diputados (513 miembros) y un tercio del Senado, y se elegían a los gobernadores de los 27 estados federativos y sus respectivas asambleas legislativas. La derecha y la ultraderecha iban con ventaja en los estados más poblados, como São Paulo y Río de Janeiro. La composición del nuevo Congreso será determinante para la gobernabilidad del país con un Parlamento tradicionalmente muy fragmentado.