En los últimos días en la prensa internacional se ha publicado una cantidad sorprendente de filtraciones sobre la posibilidad de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. ¿Quién está detrás de esta información? ¿Cómo la vinculan con la retirada rusa de Jersón? ¿Hasta qué punto un alto el fuego sería posible en estas circunstancias?
Mes: noviembre 2022
El Ministerio de Consumo acumula meses de retraso en la publicación de las sanciones a empresas de juego
El Gobierno cambió la ley para empezar a publicar a mediados de 2021 las sanciones más graves tras una década de opacidad, pero la última multa conocida se impuso hace ya un año; según el departamento de Garzón, en breve se darán a conocer las del primer semestre de este año
Consumo pondrá fin a una década de opacidad y publicará las sanciones a los operadores de juego
El Ministerio de Consumo acumula meses de retraso en la publicación de las sanciones más graves a las operadoras de juego online, el que supervisa el Gobierno central. A mediados de 2021, el Ejecutivo puso fin a una década de opacidad en esta materia al modificar la Ley del Juego. Desde entonces está obligado a publicar las sanciones graves y muy graves, que hasta hace muy poco no eran públicas.
Codere ve riesgo de perder su licencia en España por un cambio legal que castiga la acumulación de sanciones muy graves
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Sin embargo, la información está fluyendo con lentitud. Las últimas sanciones publicadas en la web de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), adscrita a Consumo, se impusieron el 11 de noviembre de 2021, hace un año. Fuentes de Consumo reconocen el retraso e indican que “en breve” se publicarán nuevas resoluciones sancionadoras, correspondientes al primer semestre de este ejercicio. Estas multas, recuerda el departamento de Alberto Garzón, solo se difunden una vez son firmes en vía administrativa, tal y como estipula la Ley del Juego.
La cuestión de la publicidad de las sanciones tiene relevancia porque, a raíz de una reciente modificación de la Ley estatal del Juego, las empresas con licencia en España (tanto las de apuestas online como las casas de apuestas físicas) se arriesgan a perder ese permiso si hay una acumulación de infracciones muy graves en un periodo de dos años, tanto de la normativa de juego estatal como la autonómica. Esta última es la que regula las casas de apuestas con locales físicos.
La ley también considera infracciones “muy graves” la comisión de dos infracciones graves en el plazo de dos años. La propia Codere, una de las mayores empresas de este sector en España, advertía de la posibilidad de perder su licencia en un documento remitido hace unos meses por su filial online al regulador bursátil de Estados Unidos, donde cotiza.
58 millones en 2021
En mayo pasado, el departamento de Alberto Garzón informó de que había sancionado en 2021 por infracciones graves o muy graves a un total de 19 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online, con multas que sumaban más de 58 millones de euros, sin contar las reducciones por pronto pago y reconocimiento de los hechos sancionados. La cifra es superior al anterior récord de 55,8 millones que alcanzaron las sanciones en 2020, según se recoge en la última memoria anual publicada hasta ahora por la DGOJ.
La inmensa mayoría del importe de 2021, un total de 57 millones en multas, correspondió a sanciones por infracciones muy graves a once operadores que no tenían licencia para operar en España, a los que además la DGOJ inhabilitó durante dos años.
Una cantidad multimillonaria que, según fuentes del sector, probablemente no va a llegar a depositarse nunca en la cuenta que la DGOJ tiene habilitada en el Banco de España, al tratarse las sancionadas de empresas radicadas muchas veces en territorios opacos como Curaçao, Belice, Malta o Alderney, una minúscula isla en el Canal de la Mancha que tiene menos de 3.000 habitantes.
El resto de sanciones impuestas en 2021 fueron multas por infracciones “graves” de la Ley del Juego que se impusieron a seis empresas que sí tienen licencia para operar en España (entre ellas Sportium o Codere). Esas multas sumaron en total 761.500 euros, incluyendo las correspondientes reducciones por pronto pago y por renunciar a recurrir en vía judicial.
En la inmensa mayoría, se trató de sanciones por permitir el acceso a la actividad de juego a personas que lo tenían prohibido, como los inscritos en el denominado registro de autoprohibidos (conocido como RIAJ).
En este caso, la mayor sanción, impuesta en junio de 2021, correspondió a Sportium, propiedad de la multinacional española Cirsa, del fondo Blackstone. Sportium recibió una multa de 220.000 euros por permitir el acceso al juego a casi una treintena de inscritos en ese registro de autoprohibidos.
Según la resolución de la DGOJ, “desde el 14 de octubre de 2020 hasta el 20 de enero de 2021, al menos 29 jugadores inscritos en el RGIAJ pudieron participar en la web del operador por un total de 74.837,77 euros y con unas pérdidas de 8.694,33 euros. Además, un jugador vinculado al operador [cónyuge de una de sus empleadas] participó entre el 18 de agosto y el 6 de octubre de 2020, por valor de 1.408,37 euros”.
Hasta mediados del año pasado, y desde la aprobación de la ley del Juego de 2011 y la legalización del juego online en España, la identidad de las empresas sancionadas por la DGOJ no era pública, a diferencia de lo que ocurría en otros sectores regulados como energía o telecomunicaciones, que están bajo el paraguas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); las que reciben las compañías cotizadas a las que vigila la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); o las impuestas a las entidades financieras que supervisa el Banco de España.
La obligación de publicarlas se introdujo a través del proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Hasta entonces, solo se publicaban datos agregados del número e importe de las sanciones. Solo entre 2016 y 2020, la DGOJ impuso 127 sanciones por infracciones de la Ley del Juego.
El exministro Pío Cabanillas
CODERE
El papa Benedicto XVI será juzgado por un posible encubrimiento de abusos sexuales
Ratzinger, a sus 95 años, acepta testificar en el juicio que en el que es acusado de haber amparado a un cura pederasta cuando era arzobispo de Múnich, y se convertiría en el primer pontífice en sentarse en el banquillo por su potencial responsabilidad en los abusos de la Iglesia
Benedicto XVI reacciona a la acusación de encubrir a pederastas: “Expreso a las víctimas mi profunda vergüenza”
¿Encubrió Benedicto XVI a un cura pederasta cuando era arzobispo de Múnich? La polémica estalló en 2016 a raíz de las acusaciones de abusos contra el sacerdote Peter Hullermann, trasladado a la diócesis pastoreada por Ratzinger tras ser encontrado culpable de abusos en Essen. Ahora ha llegado a los tribunales, que tratarán de dilucidar si el Papa emérito aceptó la llegada del cura sabiendo las razones de su traslado, y determinará las posibles consecuencias civiles y penales de su posible encubrimiento. Ratzinger, de 95 años, en ningún caso podría entrar en prisión.
Benedicto XVI encubrió abusos cuando era arzobispo, según medios alemanes
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La causa ha tomado esta semana un nuevo brío, después de que el propio Ratzinger haya aceptado testificar en el juicio abierto por un tribunal del sur de Alemania, que investiga los abusos sufridos por un hombre de Baviera, que ahora tiene 58 años, pero que era menor entre 1977 y 1982, a manos del sacerdote Peter Hullermann. Hullerman fue posteriormente trasladado, con el consentimiento de Ratzinger, a la diócesis de Múnich.
En un primer momento, el Papa emérito aseguró, a través de su secretario personal, Georg Gänswein, que desconocía el caso. Pero más tarde Ratzinger tuvo que admitir que, por “error”, había omitido su presencia en una reunión en la que se abordó el caso de Hullermann, y se decidió admitirlo en la diócesis, pese a conocerse las acusaciones en su contra.
Esta es, precisamente, la raíz de las acusaciones de encubrimiento y omisión, contra Ratzinger y su sucesor, el cardenal Friedrich Wetter. “Este error, que desgraciadamente se ha producido, no ha sido intencionado y espero que sea disculpable. Ya he dispuesto que el arzobispo Gänswein lo comunique en su declaración de prensa del 24 de enero de 2022. Esto no quita en absoluto el cuidado y la dedicación que era y es un imperativo evidente para esos amigos”, apuntó en su día el Papa emérito, admitiendo que estuvo en una reunión con un sacerdote acusado de abusos sexuales cuando era cardenal de Múnich.
Ratzinger se ha mostrado en los últimos días junto al cardenal Müller, el representante del sector más crítico con Francisco, que ha centrado su política en buscar más transparencia en los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Müller estuvo de visita hace muy poco en Madrid con la excusa del cumpleaños de Benedicto XVI en un acto impulsado por el movimiento ultraconservador de la Iglesia española.
El abusador volvió a reincidir
Sin embargo, tanto Ratzinger como la Santa Sede niegan que el Papa emérito hubiera conocido las razones de la petición de traslado del cura pederasta. “Los documentos muestran que en la reunión en cuestión no se trató el hecho de que el sacerdote hubiera cometido abusos sexuales. Se trataba exclusivamente del alojamiento del joven sacerdote en Múnich, porque tenía que hacer terapia allí. Esta petición fue atendida. El motivo de la terapia no se mencionó durante la reunión”, señala en un documento Roma, en una explicación que conocedores de la administración vaticana consideran difícilmente creíble.
De hecho, en la denuncia presentada ante los tribunales figura un informe sobre el sacerdote, que demostraría que las autoridades religiosas, en lugar de entregarlo a la justicia decidieron trasladar al religioso a otros lugares, manteniéndolo en activo hasta 2010, año en que se le retiró del ministerio y se le recluyó en un monasterio en Essen. Durante ese tiempo, Hullermann volvió a reincidir, siendo tapado de nuevo por los sucesores de Benedicto XVI.
La decisión del Papa emérito de testificar abre el camino para poder abrir un juicio oral. Si Ratzinger, de 95 años, no hubiera dado este paso, se le habría declarado en rebeldía, pero el tribunal habría desestimado las acusaciones contra él, lo que ha sido valorado por el tribunal, y por el abogado del demandante, Andreas Schulz, quien en una declaración pública afirmó que “si la Iglesia católica y los demandados –excepto el notorio reincidente– se atienen a lo que todos los actores eclesiásticos constantemente declaran de forma pública, es decir, a su obligación cristiana y al reconocimiento de las faltas cometidas, la demanda tendrá éxito”. De momento, y aunque todavía no hay fecha para la vista –se calcula que no ocurrirá por lo menos hasta finales de enero– todo parece indicar que un Papa (aunque sea emérito) se sentará en el banquillo para afrontar su responsabilidad en un caso de abusos sexuales a menores.
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El retraso en el pago de las ayudas al alquiler llegará a los tribunales
«Hay más de 500 personas pendientes de la subvención y a otras se les adeudan varios pagos», lamenta la plataforma de afectados
Un momento de la rueda de prensa celebrada en la Junta General del Principado. Foto: Iván G. Fernández
Los afectados por el retraso de año y medio en el abono de las ayudas al alquiler de vivienda en Asturias han anunciado que acudirán a la vía legal para reclamar los pagos adeudados, un asunto que IU ha trasladado ya al Defensor del Pueblo.
El diputado y coordinador general de la coalición en el Principado, Ovidio Zapico, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa junto a dos miembros de la plataforma de afectados, que protagonizarán una concentración de protesta el próximo martes, día 15, frente a la sede de Presidencia.
“Que Barbón dé la cara y tome medidas en este asunto. Tiene que ser él el que ya haga algo”, ha señalado la portavoz de una organización que aglutina a 4.300 personas, Yolanda Gutiérrez, que ha indicado que aún hay 500 personas pendientes de recibir la subvención, mientras que a “la mayoría” se les adeudan los segundos pagos.
Zapico ha confiado en que el Defensor del Pueblo sea el “revulsivo” definitivo para que las prestaciones lleguen a todos los destinatarios, puesto que las demoras son “inaceptables”.
A su juicio, el Ejecutivo regional debe emprender una guerra contra la “burocracia social”, la que afecta “a las personas” que más lo necesitan, y no solo combatirla para resolver los problemas de “determinados círculos empresariales”.
Junto al portavoz de IU Oviedo, Alejandro Suárez, Zapico ha calificado de “fundamental” consolidar las políticas sociales en el presupuesto regional de 2023
El camionero Basilio Aragón explica muy claro en TVE el paro del transporte: «Hay que hablar de las cosas con propiedad»
Mientras que la mayoría de asociaciones del ramo han dicho no a la huelga del transporte, la minoritaria Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías sigue adelante con sus planes. Una asociación, hay que recordar, cuyo presidente, Manuel Hernández, es cercano al partido ultra Vox. Blanco y en botella.
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Ahora el camionero Basilio Aragón, muy conocido en las redes sociales, ha explicado de forma muy clara su opinión sobre esta huelga. En una entrevista en el programa de TVE Hablando Claro, ha pedido «hablar de las cosas con propiedad». Spanish Revolution ha resumido su intervención en un vídeo que se ha viralizado en las últimas horas.
Tras diferenciar entre transportista y camionero, Basilio se ha preguntado cuántos afiliados tiene la plataforma convocante y también ha entrado en las reivindicaciones y las justificaciones que hacen. Solamente el vídeo colgado por Spanish Revolution suma ya decenas de miles de reproducciones.
La Base #2×33 – Elecciones en EE.UU: ¿Cambia algo para el mundo?
Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan las elecciones legislativas en Estados Unidos, con un avance republicano menor al esperado, una resistencia notable del Partido Demócrata y el crecimiento de un líder ultraderechista que puede estar en condiciones de disputar a Trump el liderazgo republicano: el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Con la participación del historiador Jaime Caro. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
El repaso de Mónica García a Ayuso sobre la gestión sanitaria
El repaso de Mónica García a Ayuso sobre «lo que dice y lo que hace» con la sanidad madrileña. 🗣 «Lo que dice: «faltan médicos en España». Lo que hace: poner de patitas en la calle a 6.000 sanitarios en marzo» Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Pescadores peruanos exigen indemnizaciones a Repsol por derrame
Pescadores protestan contra Repsol por el vertido de crudo al mar en enero, arrojando peces muertos tintados de negro frente a la sede de esa firma española en Lima.
La multitud, reunida el martes en la capital peruana, representa a unos 3000 afectados de la zona contaminada que aún no pueden retomar su actividad económica en la pesca, comercio o turismo porque sigue habiendo crudo en el mar.
Los manifestantes elevaron enormes pancartas en las que exigían indemnizaciones a la petrolera que causó un gran desastre ambiental cuando un buque cisterna, de bandera italiana, vertió el 15 de enero unos 12 000 barriles de petróleo al mar en la refinería de La Pampilla, en la costa, 30 km al norte de Lima, la capital peruana.
Hasta 15 000 personas se vieron afectadas por el gran derrame. Sin embargo, “el padrón de afectado está compuesto hoy por 10 000 personas aproximadamente”, dijo a la AFP Sandra Rossi, abogada del Frente de Defensa de Chancay, una de las localidades afectadas por el vertido de crudo.
Mientras expertos de Naciones Unidas estiman que el derrame tendría consecuencias durante 10 años, los pescadores demandan “justicia” para sus costas contaminadas y responsabilizan a Repsol por la destrucción de su trabajo.
“No podemos pescar […] tenemos que ir dos o tres días a la chacra a buscar alimentos, por eso pedimos que nos indemnice” expresó el pescador Jaime Cruz García, de 60 años y proveniente de Chancay, donde murieron una cantidad indeterminada de peces y aves marinas por la contaminación.
La semana pasada las autoridades ambientales impusieron a Repsol dos multas por 10,79 millones de dólares. Y en los juzgados civiles peruanos se tramita una demanda por 4500 millones de dólares del Estado peruano contra Repsol y otras cinco empresas solidarias.
Reciben con huevazos al rey Carlos III en su visita a York
Un hombre ha sido detenido por la Policía tras arrojar huevos contra el rey Carlos III en York, norte del Reino Unido, mientras el monarca saludaba a la gente.
La Policía de Reino Unido ha detenido este miércoles a un hombre después de que lance tres huevos al rey Carlos III durante un acto en la ciudad de York, en la que el monarca ha inaugurado una estatua de su difunta madre, Isabel II.
Los huevos, que no han impactado en el rey, han sido lanzados cuando caminaba junto a su esposa, la reina Camila. Según las informaciones recogidas por el diario británico The Independent, el hombre estaba gritando “este país fue construido con la sangre de esclavos” en el momento de su detención.
Además del lanzamiento de los huevos se pueden escuchar abucheos al monarca, si bien posteriormente algunos de los presentes han aplaudido a Carlos III y han gritado “Dios salve al rey”, tal y como ha informado la cadena de televisión británica BBC.
Trabajadores panameños marchan por mejoras salariales
Trabajadores de la Caja de Seguro Social de Panamá denuncian la persecución de las autoridades en momentos en que vienen reclamando compensaciones salariales.
Continúan las manifestaciones sociales en las calles panameñas, este martes 8 de noviembre distintas organizaciones de empleados de la Caja de Seguro Social (CSS) realizaron una marcha en la capital del país.
A pesar de que estos trabajadores denuncian que han venido reclamando mejoras salariales a través de los últimos años, no solo han obtenido falta de atención por parte de las autoridades; al menos 30 funcionarios fueron destituidos en medio de la actual negociación, lo que constituye una clara violación a sus derechos.
En 2015 los trabajadores acordaron un conjunto de compensaciones salariales que deberían ir acordes al ajuste del salario mínimo que tiene lugar cada dos años en Panamá y que hasta la fecha no se ha cumplido dentro de la institución.
Los manifestantes junto a las autoridades de la Caja de Seguro Social sostendrán una reunión el próximo 9 de noviembre, en la que, además de obtener respuestas favorables en cuanto al tema monetario, esperan el reintegro de los funcionarios apartados y que cese la persecución que vienen denunciando contra la actual administración.
John Alonso, Ciudad de Panamá