Día: 14 de enero de 2023
7# Charlando con ALBERTO GARZÓN [ENTREVISTA COMPLETA] | Rubén Hood
La mala fe de Carmen Calvo
Doctora en Ciencias Políticas
No se trata de comparar situaciones ni de poner a competir colectivos. Los derechos, en democracia, no son una suma cero. Como se ha repetido en innumerables ocasiones, el reconocimiento de los de unas no es en detrimento de los de otras. ¿Por qué este encono?; ¿por qué esta mala fe?
No me estoy preguntado por las razones de la fragmentación de los feminismos o de la reacción antitrans de un sector muy concreto del partido socialista y su militancia; tampoco por el repliegue reaccionario de una parte de la sociedad frente a la lógica atención de las demandas de colectivos minoritarios o la ampliación de derechos por parte de un gobierno de signo progresista. Todo esto ya ha sido analizado y comentado con amplitud en los últimos meses por compañeras activistas y del ámbito académico.
Me pregunto hoy de manera muy concreta por las actitudes particulares de quienes han participado y lo siguen haciendo en el ataque a las personas trans y sus derechos porque observo en ellas, esencialmente, mala fe. La política socialista Carmen Calvo la exhibió hace pocas fechas de un modo tan indisimulado que causó rubor, supongo, dentro de sus propias filas de partido.
Esta mala fe responde, por un lado, a una incapacidad para entender que es imposible e innecesario explicar el mundo única y exclusivamente desde nosotras mismas, es decir, a un problema de angustia ante la posibilidad de que cada quien viva su vida en libertad. Por otro lado, la misma mala fe tiene que ver con necesitar que exista una corriente de opresión en la sociedad, de un tipo muy concreto y reconocible, para poder ocupar un lugar en ella. La alegada opresión de unas parece haberse convertido en la palanca de su privilegio y su privilegio, la atalaya desde la que conceder permisos para existir o denegarlos. Y este esquema se sostiene sobre la mala fe, exhibida sin pudor y sin complejos, sin justificación y con torpeza, a manotazos y golpes de imágenes distorsionadas de las personas trans como seres caprichosos, con una imagen que oscila -contradictoriamente, pero la mala fe obra milagros y oculta las incongruencias- entre la irrelevancia y la amenaza social. El patriarcado es una estructura, una malla tupida cosida con el hilo de la mala fe en torno a las diferencias de sexo/género. Su existencia oculta lo que a Sartre tanto le costó ver: que no todas las personas gozamos de la misma libertad. Beauvoir lo tenía claro y yo también: las feministas hemos de estar del lado de las que menos tienen.
Cómo se te ocurre decidir por ti misma, mujer | Ana Pardo de Vera
El vicepresidente sin competencias de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se ha apropiado esta semana de las políticas de la Consejería de Sanidad, que dirige el Partido Popular, y ha decidido que esas ciudadanas de segunda que Vox considera que son las mujeres deben ser tuteladas y asesoradas por él. El ultraderechista García-Gallardo, que cogobierna Castilla y León gracias al beneplácito de Alberto Núñez Feijóo, es un señor mucho mejor informado que tú, mujer, sobre lo que debes o no debes de hacer con tus derechos, tu salud sexual y tu vida privada. Y porque está tan bien informado sobre tu vida, ha concluido que es mejor decidir por ti e intentar que, si quieres abortar, no lo hagas. Porque dice que él es ‘provida’ y tú eres ‘promuerte’. ¿Te suena el discurso? Es el mismo que el de la Santa Inquisición, sí, con las brujas y otras mujeres rebeldes contra la dictadura machista. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
CAS: “Llevamos años advirtiendo de la destrucción programada del Sistema Nacional de Salud” x CAS Estatal
14/01/2023 :: ESTADO ESPAÑOL
Durante los últimos 24 años, gracias a leyes estatales, se han ido dinamitando los sistemas sanitarios de todo el Estado.
-Durante los últimos 24 años, gracias a leyes estatales, se han ido dinamitando los sistemas sanitarios de todo el Estado. Con la connivencia de sindicatos subvencionados, colegios profesionales, sociedades científicas, federaciones regionales de vecinos, plataformas en “defensa de la sanidad pública”…, es decir, de los satélites subvencionados por los partidos de izquierda.
– El esquema es sencillo: “la izquierda” mantiene las leyes que permiten desmantelar el sistema, y la derecha y los nacionalistas hacen el “trabajo sucio”.
-En la primera ola, el gobierno de “izquierdas” prometió un posible blindaje de la sanidad en la Constitución. Hoy podemos afirmar que han pisado el acelerador del desmantelamiento de la sanidad pública.
– Ahora se anuncian huelgas del sindicato médico en diversas comunidades autónomas. Los mismos que guardaron silencio mientras privatizaban. Eso sí, con el discurso vacío de “sanidad pública”, pero sin apuntar a las causas (leyes) y sus responsables (todos los partidos).
– Continua la escenificación mientras fondos de capital riesgo, bancos y aseguradoras van incrementando su negocio.
La prensa generalista anuncia ahora lo que sucede. No se puede esconder por más tiempo
Veamos…. Madrid es un caso emblemático de esta situación de riesgo
Lo que todos ocultan en la crisis de las urgencias de Madrid
La situación de las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid se nos presenta, desde los medios de desinformación cercanos a la “izquierda institucional”, como la enésima locura de la presidenta Ayuso, sin conexión con nada de lo que ha ocurrido en Madrid en los últimos 17 años.
Lo que está ocurriendo es resultado del proceso de privatización, puesto en marcha por el PP en 2005, hace ya 18 años.
2004 – Primer “Plan de Infraestructuras Sanitarias”, que implicó la apertura de 8 hospitales privados, lo cual denunciamos en aquel momento: “En que consiste y por qué es posible la privatización de la sanidad”.
2008 – “Segundo Plan de Infraestructuras Sanitarias”, por el que se abrieron otros 3 hospitales de modelo privado. El “desembarco” de 12 hospitales privados, sumando el convenio singular firmado con la Fundación Jiménez Díaz, buque insignia del principal grupo privado beneficiado, Fresenius -antes Quirón-, al que se le “cedieron” 400.000 habitantes “robados” de centros públicos, implicó el cierre de mas de 2.000 camas públicas, y el inicio del trasvase -a fondos de capital riesgo y otros tiburones de las finanzas-, de cientos de millones de € anuales, en concepto de “canon” (alquiler) durante 30 años.
2008 – “Regalo” de dos ambulatorios públicos (Quintana y Pontones), propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la multinacional Capio.
2009 – Cierre de laboratorios públicos (Aranjuez, Coslada, Vallecas) para enviar las pruebas de cerca de 2 millones de pacientes a un macrolaboratorio privado.
2010 – Privatización el servicio de citas médicas, adjudicado a INDRA.
2011 – Supresión de las áreas sanitarias. Nos venden la “libre elección de hospital”.
Ademas, y sin animo de ser exhaustivos, se ha privatizado la extracción de sangre, la lavandería, la limpieza, la informática, el mantenimiento, el almacenaje… Paralelamente se han incrementado los conciertos privados mientras se cerraban o reducían al mínimo servicios hospitalarios en centros públicos. Todo ello con total legalidad gracias a las leyes de ámbito estatal 15/97, y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que el gobierno “más progresista de la historia” mantiene en vigor. Es decir, unos hacen el “trabajo sucio”, y los otros se rasgan las vestiduras. Puro espectáculo.
Este Plan, perfectamente planificado y ejecutado durante dos décadas, ha permitido ir desmantelando y deteriorando el sistema “público” mientras los seguros privados se disparaban. En lo que respecta a los trabajadores, una vez pasados los aplausos de las ocho, el maltrato ha alcanzado niveles escandalosos, lo que ha forzado la huida de muchos de ellos en busca de mejores condiciones laborales.
Hoy la realidad es esta: Madrid dedica más de la mitad de los 8.500 millones de euros de gasto sanitario público anual a pagar a empresas privadas, mientras los centros públicos agonizan, y no hay dinero para contratar a dos centenares de médicos para garantizar la atención de urgencias de una comunidad con 7 millones de habitantes.
Estamos seguros, y lo llevamos advirtiendo dos décadas, que la situación no va a acabar aquí. Son capaces de escenarios peores, mas aún en un contexto de crisis energética y social que va a permitir al aparato estatal justificar la reducción aun mayor de los “servicios públicos”. Los “Ayuso dimisión”, o “La sanidad no se vende, se defiende” son reclamos vacíos. Pueden servir para elevar la autoestima de algunos, pero no dejan de ser mas que una bocanada de oxígeno para los propios privatizadores.
Atención Primaria ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Crónica de un colapso anunciado
1 El conflicto de los médicos de Atención Primaria de Madrid no puede analizarse sin hacer un repaso de lo ocurrido en los últimos años.
En primer lugar, el brutal deterioro de las condiciones de trabajo en Atención Primaria (a partir de ahora A.P.) ha sido algo paulatino, paralelo al proceso de privatización y desmantelamiento que se inició en 2004. No se puede entender la situación actual, sin analizar el “periodo oscuro” aquel que los medios progresistas ocultan. Nos referimos a lo ocurrido entre 2004-2012, cuando se privatizan, con la anuencia y la colaboración de los que hoy llaman a la movilización contra Ayuso, hospitales, ambulatorios, laboratorios y todo aquello susceptible de ser negocio, lo que va a condicionar por décadas la financiación de los centros de gestión directa del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). El silencio de la plantilla durante este proceso, pensando que aquellas privatizaciones no tendrían consecuencias directas sobre su trabajo, indicó una absoluta falta de visión de las repercusiones posteriores. Al mismo tiempo, el colaboracionismo de sindicatos y partidos políticos de “izquierda” permitieron hacer el “trabajo sucio” sin oposición al PP.
En segundo lugar, es necesario entender que el acoso y derribo al que se está sometiendo a A.P. está teniendo lugar en todas las CC.AA. Sin duda Madrid es de las regiones donde el proceso está más acelerado, ya que ha sido un lugar privilegiado junto con Cataluña, País Valencià y Baleares en abrir la puerta a la privatización sanitaria. El déficit de profesionales es alarmante, solo comparable a las zonas rurales más despobladas, que también padecen un abandono total. Es quizá por esto que los facultativos madrileños de A.P. han sido los primeros en cambiar de actitud, pero las huelgas que sindicatos médicos anuncian para 2023 en otros territorios nos señalan que la problemática es generalizada, y los graves problemas que padece la sanidad madrileña podrían replicarse rápidamente en otros territorios.
2 La desastrosa situación de la atención primaria viene de lejos
Lo que vemos ahora es resultado de un proceso puesto en marcha hace años y que ahora estalla con toda crudeza. El modelo de un sistema de salud basado en A.P. nunca fue apoyado por la Administración, ni siquiera en sus inicios, a finales de los 80, cuando hubo que poner en marcha el modelo en todo el Estado. Históricamente el gasto sanitario siempre fue superior en los hospitales, nunca interesó desarrollarla y en cambio se optó por un modelo hospitalcentrista.
Por otra parte, los propios profesionales nunca desarrollaron las funciones de salud comunitaria. La propia ley establece como función de los Equipos de A. P. la realización de “diagnósticos de salud comunitarios” para conocer los datos de salud y enfermedad de la población de cada zona básica (unos 25.000 habitantes). Conocidos los datos y factores causantes se debería, desde un punto de vista de salud pública, actuar contra los productores de enfermedad y los determinantes sociales de la salud para evitar en lo posible la enfermedad. Un modelo que hubiera puesto en marcha lo que es la esencia de la Atención Primaria podría haber reducido considerablemente la enfermedad y el gasto sanitario. Nunca se hizo, y la A.P. derivó exclusivamente hacia la asistencia (sin duda necesaria, pero no suficiente). Con el tiempo, los gestores comenzaron aplicar herramientas de empresa privada (contratos programa, modelos de “excelencia” EFQM…), al tiempo que se introducían incentivos perversos, y desigualmente distribuidos, para dividir más aun a la plantilla. En pocos años, el envejecimiento de la población, el crecimiento de la demanda muchas veces no sanitaria (medicalización de problemas laborales, económicos, sociales…) y la reducción progresiva de las plantillas ha transmutado la “excelencia” en debacle.
3 Es una huelga médica exclusivamente
Aun conociendo el nivel de presión laboral y de precarización que soportan médicos y pediatras, en A.P. hay más profesiones, tan presionadas o más. Lo deseable hubiera sido una huelga de todos los trabajadores, porque el problema es del conjunto de la sanidad madrileña y estatal, no solo de los facultativos. Por ejemplo, desde hace años muchos centros soportan listas de espera en fisioterapia de 1 año o más. En otros, las agendas para acceder a las matronas están simplemente bloqueadas. Si en una situación como la de Madrid los sindicatos no se han unido para lanzar una huelga de toda la A.P., ¿qué tiene que ocurrir para lograr la unidad? Es más, todos los niveles asistenciales se están viendo afectados por estas nefastas políticas. ¿Por qué no trabajar por una movilización de los trabajadores de toda la sanidad en vez de buscar soluciones parciales? ¿Es culpa del sindicato médico que solo está interesado en alcanzar ventajas para su categoría, o del resto de sindicatos del sector que asisten impasibles a la debacle del sistema porque están directamente comprados?
4 La paz social de las últimas décadas pasa factura
En la sanidad madrileña, aparte de conflictos sectoriales de los MIR y de los especialistas hospitalarios, no ha habido un conflicto laboral unitario desde el postfranquismo. El sector sanitario es un sector poco organizado en el que los médicos han optado por posiciones corporativas frente a luchas como trabajadores. En general, siempre han velado por sus intereses y han logrado importantes prerrogativas de la Administración, ya sea mediante redondeo de sus salarios con peonadas (horas extras en turno de tarde) o compatibilización con la actividad privada. Salvo notables excepciones, han guardado silencio mientras los políticos ejecutaban la privatización y cerraban miles de camas en los centros públicos, o mientras las listas de espera desbordaban.
En la misma línea, los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid (donde se sientan CCOO, UGT, SATSE, AMYTS, SAE, CSIT-UP) se han dedicado en las últimas dos décadas a “sus asuntos” (participación en las bolsas de contratación, la muy lucrativa gestión de cursos, reforzamiento de su aparato…), garantizando la “paz social” al PP mientras procedía a desmantelar el sistema. De forma persistente han boicoteado las movilizaciones que durante la “época oscura” encabezaron los usuarios mientras ellos miraban para otro lado.
En definitiva, pensar que el proceso de privatización no les iba a afectar ha sido un error de cálculo mayúsculo. Hoy las consecuencias se ceban en la primaria y sus médicos, y muy posiblemente en un futuro las sufrirán los médicos de hospitales, que hoy se creen a salvo. No hay salvación dentro del corporativismo, solo mediante la solidaridad entre todos los trabajadores podemos evitar desastres como el que vivimos.
5 Los servicios públicos solo se han de defender entre todos
Sin menospreciar la huelga como mecanismo de defensa de los intereses laborales, no es menos cierto que sus posibilidades de presión efectiva varían enormemente según sectores. En el modelo capitalista actual, basado en la globalización, el movimiento de mercancías y el beneficio económico a corto plazo, las huelgas en sectores como el transporte y el energético, tienen la capacidad para romper las cadenas logísticas de distribución que garantizan el sacrosanto consumo, o la movilidad de sectores estratégicos.
En el caso de la prestación de servicios públicos, la situación varía enormemente. En educación, paralizar los colegios no afecta gravemente al aparato capitalista. En sanidad, excepto el desgaste de cara a la opinión pública que pueden sufrir los gobernantes si están próximos procesos electorales, lo que se genera, aparte de las molestias para los pacientes y las pérdidas de sueldo para los huelguistas, es un deterioro de la asistencia, y un incremento de las ya pavorosas listas de espera. Este incremento puede incluso beneficiar económicamente a determinadas élites médicas (peonadas fuera de su jornada ordinaria para sacar actividad atrasada), a los propios centros privados (incremento de los conciertos), y a los seguros privados, que no dejan de aprovechar cualquier oportunidad para seguir empujando a sectores de las clases medias hacia su negocio (el 38 % de la población ya dispone de una póliza privada en Madrid). Sanidad por tanto no tiene la capacidad para cuestionar la cadena de negocio capitalista. Con esto no queremos decir que haya que renunciar a las huelgas en sanidad, sino hacer una llamada de atención para abrir un debate para buscar instrumentos que permitan salvar al sistema antes de que lo acaben de dinamitar y para ello es imprescindible que nos organicemos con toda la sociedad.
6 Sí hay dinero, pero está comprometido… hasta 2040
“No hay más dinero, imposible incrementar el presupuesto para 2023”, repiten desde la Consejería al sindicato médico convocante de la huelga, AMYTS, que defiende que el problema se podría arreglar con 42 millones de euros. ¿Cómo puede ocurrir esto en una Comunidad que gastará en sanidad en 2023 con toda seguridad más de 10.000 millones €? Porque el dinero lleva años desviándose hacia empresas privadas, hasta el punto de que ya en 2018, el sector privado había conseguido absorber el 49,4% del presupuesto liquidado de la Consejería de Sanidad.
Esto es resultado de lo ocurrido en el período oscuro, cuando se pusieron once hospitales en manos privadas por 30 años. Cuatro según modelo de concesión administrativa (Valdemoro, Villalba, Móstoles-Rey Juan Carlos y Torrejón), y siete según modelo concesión de obra (Henares, Parla, Arganda, Aranjuez, Vallecas, San Sebastián de los Reyes y Puerta de Hierro). Hospitales que nos van a salir entre 7-9 veces más caros que sus costes. A estos hay que añadir el “convenio singular” de la Fundación Jiménez Díaz (por cierto, rescatada 3 veces en las últimas décadas con dinero público). Como denunciamos en solitario desde 2005, ello iba a suponer una bomba de relojería para el sistema sanitario madrileño (aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí,), mientras los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (entre ellos AMYTS), miraban para otro lado y dejaban hacer a Esperanza Aguirre.
Tras la crisis del COVID, la situación empeoró, ya que fue aprovechada para dar otra vuelta de tuerca a la privatización. Lejos quedan las promesas del gobierno “más progresista de la historia” de blindar la sanidad en la Constitución y los aplausos de las ocho de la tarde. Para el 2022 se presupuestaron ya 1.784 millones de euros para asistencia sanitaria con medios ajenos y cerca de 180 millones de euros para el canon por la utilización de los 7 hospitales de modelo PFI, es decir, cerca de 2.000 millones previstos (el gasto real será mayor con toda seguridad), de forma que dos de cada diez euros ya se dedican a prestar asistencia con medios privados, en lugar de incrementar las plantillas públicas. Fresenius y Primero Salud, las empresas adjudicatarias, se frotan las manos. Es más que probable el resto de externalizaciones y conciertos se comerá más del 50 % del presupuesto.
7 La Atención Primaria esta infrafinanciada… en todo el Estado
Como decíamos, el modelo sanitario del Estado español es eminentemente hospitalario. En 2021 los hospitales de Madrid se llevaron 7.197 millones de euros (70 %), mientras que la Atención Primaria solo recibió 980 millones de euros (10,7 %). Una diferencia inaceptable si se tiene en cuenta que la A.P. es capaz de solucionar entre el 80-90 % de los problemas de salud de la población, con intervenciones de bajo coste pero buenos resultados.
Precisamente por eso, para salvar la primaria, desde CAS lanzamos la ILP que pretendía establecer por ley que el 25 % del gasto sanitario fuera a A.P. en todo el Estado, porque la situación en otros territorios donde desde hace años gobierna la “izquierda”, como Baleares o Castilla La Mancha, dista mucho de ser ideal. ILP que no fue apoyada por ningún gran sindicato, ninguna sociedad científica, ningún colegio profesional, en definitiva, por ninguno de los grupos que en estos momentos están reactivando obedientemente, las plataformas en defensa de la sanidad publica, como hacen desde hace tiempo cada 4 años, coincidiendo con los procesos electorales. ¿Como es posible que ahora AMYTS (sindicato que se define como una asociación sin ideología política, ni izquierdas, ni derechas), pida el incremento del gasto en A.P. hasta el 25% en dos años y no ha querido apoyar la ILP que convertiría esa reivindicación en ley de ámbito estatal? ¿Como es posible que su aliado en Cataluña Metges de Catalunya nos haya solicitado ayuda para una recogida de firmas solicitando más financiación a la Generalitat y se haya negado a apoyar la ILP citada? Parece claro que de cara a la galería, a todo el mundo, incluida la extrema derecha, se le llena la boca con el 25% para la A.P., pero realmente ninguno de estos grupos ha querido establecerlo a través de una ley estatal.
8 Las plantillas soportan cada vez mayor presión
Según el portal estadístico del SERMAS, la plantilla en marzo de 2020 era de 13.690 profesionales y en septiembre de 2022 de 13.696. Es decir, invariable pese al envejecimiento poblacional y el incremento de la demanda producido por las cargas de trabajo derivadas de la crisis del COVID. Incluso recientemente Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha requerido al Gobierno regional para que en el plazo máximo de un mes se ponga en marcha una “adecuada planificación preventiva para solucionar riesgos en los profesionales de Atención Primaria“, debido precisamente al desborde asistencial. Adecuación que a día de hoy no se ha producido y que, si sucede, mostrará si el aparato de Inspección es eficaz en proteger a los trabajadores, o es una pieza más en el engranaje de destrucción del modelo.
En realidad estamos hablando de un déficit de casi 4.000 puestos de trabajo entre facultativos, personal sanitario y no sanitario. Casi el 20% de plazas de medicina están sin cubrir, con una pérdida además de 200 pediatras entre 2019-2021. Situación que empeorará en los próximos años por la jubilación de alrededor de 1.500 médicos de familia, el 37% de los que hay actualmente. Si en la actualidad hay unas 600.000 personas y 200.000 niños y niñas que no tienen ni médico de familia ni pediatra asignado, la situación será calamitosa.
En definitiva, la movilización de los médicos de primaria es necesaria pero no solo para mejorar sus condiciones laborales inmediatas (algo que quizá se logre con la huelga actual aunque el encallamiento de posiciones no invita al optimismo), sino para ir más allá y demandar un cambio en la financiación del sistema sanitario, actualmente volcado hacia la empresa privada, para la que la A.P. es un estorbo a desplazar (es escasamente rentable económicamente aunque sea altamente rentable en términos sociales y de salud).
Después de haber perdido la oportunidad en el período 2005-2012, cuando se dejó que 11 hospitales cayesen en manos privadas por 30 años, y una vez más ante la indiferencia con respecto de la ILP para blindar la Sanidad Pública que CAS presentó junto con otros colectivos, quizá ahora, puedan reflexionar sindicatos, sociedades científicas, asociaciones y profesionales y entender que la lucha no puede ser parcial, ha de ser de todos los trabajadores del sistema sanitario, unidos con la población, para blindar el sistema sanitario, lo que implica necesariamente:
Posicionarse claramente contra la privatización y por la derogación de las leyes que la permiten.Exigir el rescate de lo privatizado (hospitales, laboratorios, ambulatorios de Pontones y Quintana), limpieza, lavandería, extracción de sangre, etc.Incrementar las plantillas y crear un turno médico de tarde en los hospitales, en las especialidades médicas necesarias, para utilizar al 100 por 100 los recursos, evitar la emigración de los profesionales y reducir los conciertos al mínimo. Las listas de espera se deben y pueden asumir desde los centros de gestión directa correctamente dimensionados.Incompatibilidad para el trabajo en la privada.Romper los monopolios sindicales en la formación y prohibir la formación a través de las farmacéuticas.Democratizar de verdad la gestión de los centros, con participación real en la toma de decisiones de trabajadores y usuarios.Universalizar la asistencia. Ninguna limitación para la atención a los migrantes.
CAS Madrid. Año 18 de la privatización.
Televisión española muestra simbología nazi en la vivienda de una familia de refugiados ucranianos x Actualidad RT / La Haine
Se ven tanto retratos de colaboracionistas nazis como símbolos de la 14.ª División de Granaderos Waffen SS y del movimiento neonazi radical Pravy Séktor
La televisión pública española mostró accidentalmente la simbología nazi que lucía en una casa de refugiados ucranianos en España durante una celebración de la Navidad ortodoxa. El reportaje de RTVE pretendía mostrar, entre críticas a Putin y a los rusos malos, cómo una familia de expatriados prepara el festejo según sus tradiciones a pesar de las maldades de la «invasión rusa». Pero lo que las cámaras captaron no fue tan solo la comida y las decoraciones navideñas.
Las imágenes televisivas mostraron una pared en la que la familia rendía culto a Stepán Bandera, líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que participó a alto nivel en las matanzas de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
En esa pared también hay un retrato de Román Shujévich, otro de los líderes de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, así como un símbolo de la la 14.ª división de Granaderos Waffen SS, también conocida como ‘División Galizien’, formada mayormente por voluntarios ucranianos de la región de Galitzia, un territorio que hoy abarca el suroeste de Polonia y el oeste de Ucrania.
Esta división es conocida por haber cometido crímenes de guerra contra civiles polacos durante la Segunda Guerra Mundial y por haberse aliado con los alemanes reclutando a soldados eslavos para las filas del Tercer Reich.
Otro de los elementos visibles es una bandera del movimiento neonazi radical Pravy Séktor (Sector Derecho), que se encuentra en la pared y como elemento decorativo del árbol de Navidad de la familia de refugiados ucranianos. La iconografía nazi no pasó desapercibida para los espectadores, quienes no tardaron en expresar su rechazo a través de los comentarios en las redes sociales, que entre otros comentarios recordaron que Zelenski publica fotos de soldados ucranianos con simbología nazi.
«Señores de RTVE: pared y árbol están plagados de retratos de los colaboracionistas criminales del III Reich, y de simbología militar nazi y de grupos neonazis: retratos de Stepán Bandera y Román Shujevich, escudo de la División Galitzia de las SS, bandera de Praviy Sektor, etc.», escribió un usuario.
«Corrijan el titular, por favor: ‘Los nazis ucranianos refugiados en España…’ es más correcto», reza otra publicación del hilo del reportaje.
«¿Esto es una broma? Si no sabéis quién son los de las fotos de la pared, mal, y si lo sabéis, peor», destacó un usuario más.
Ucrania nunca se convertirá en miembro de la OTAN x Sputnik / Scott Ritter
Hay un reconocimiento creciente entre los miembros de la OTAN de que Ucrania no solo está perdiendo la guerra, sino que la OTAN ha perdido la guerra
Tras el lanzamiento de la operación militar de Rusia en Ucrania el 24 de febrero, EEUU y sus aliados de la OTAN brindaron una importante asistencia militar y financiera a Kiev, al mismo tiempo que intentaban evitar una confrontación directa con Moscú.
Los días 29 y 30 de noviembre, los ministros de Relaciones Exteriores de los estados miembros de la OTAN se reunieron en Bucarest para discutir varios temas relacionados con la alianza militar, incluido el conflicto armado en curso en Ucrania. Tras la reunión, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó que Ucrania ahora debería centrar sus esfuerzos en preservar su soberanía en lugar de unirse a la alianza, cuando el día antes invitó a ese régimen a unirse.
Durante una entrevista con Sputnik, el analista militar y ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EEUU Scott Ritter, quien sirvió en el Golfo Pérsico durante la Operación Tormenta del Desierto, ofreció sus opiniones sobre este asunto junto con otras acciones de la OTAN relacionadas con la crisis de Ucrania.
La principal tarea de Ucrania ahora es permanecer como un estado independiente, no unirse a la OTAN, dijo hoy Stoltenberg. Justo un día antes, afirmó que la «puerta está abierta» de la OTAN para Ucrania. ¿Por qué una retórica tan contradictoria?
La OTAN y el liderazgo de la OTAN están cambiando en este momento. Son prisioneros de su propia mala política, se enfrentan a la realidad de las consecuencias de la política de invitar a Ucrania a ser miembro de la OTAN para empezar y luego redoblar sus esfuerzos, después de los acontecimientos de Maidan de 2014, para proporcionar Ucrania capacidad militar para desafiar a Rusia no solo en el Donbass, sino también en Crimea, lo que militarizó este conflicto. Y luego su decisión de proporcionar a Ucrania decenas de miles de millones de dólares en asistencia militar y financiera.
Ahora Ucrania está pagando el precio. Hay un reconocimiento creciente entre los miembros de la OTAN de que Ucrania no solo está perdiendo la guerra, sino que Ucrania ha perdido la guerra y, con ella, la OTAN ha perdido la guerra. Pero estás viendo gente peleando. La OTAN no es capaz de ser honesta consigo misma. Los vemos redefinir cuáles son los parámetros aceptables desde la perspectiva de la OTAN. Pero falta lo interesante de la presentación de Stoltenberg.
¿Cree que hay alguna división entre los miembros de la OTAN con respecto al posible ingreso de Ucrania?
Ucrania nunca será miembro de la OTAN, jamás. Nunca. Cada vez que Stoltenberg u otro cualquiera alude a esto, es simplemente un punto político. Están tratando de ganar puntos políticos contra Rusia diciendo que la puerta siempre está abierta, que Rusia no puede determinar quién puede o no ser miembro de la OTAN, que no existe una esfera de influencia rusa. Pero Rusia está demostrando exactamente lo contrario, que Ucrania está en su esfera de influencia y Rusia dictará la dirección futura de Ucrania. Y el hecho es que, si esta guerra continúa, Ucrania no será un estado soberano viable al final del conflicto. Y eso es culpa de la OTAN.
Stoltenberg dijo que Ucrania necesita misiles de largo alcance, mientras que EEUU hasta ahora se había mostrado reacio a proporcionar este tipo de armas a Kiev. ¿Por qué tal cambio? Si el suelo ruso se ve afectado, ¿cuáles serían las consecuencias?
Como extranjero, es muy difícil para mí decir con 100% de certeza cuáles serían las consecuencias desde la perspectiva rusa. Rusia ha dicho que este sería un cambio de juego por parte de la OTAN y que Rusia, por ejemplo, eliminaría los centros de toma de decisiones. Y estos centros de toma de decisiones pueden estar más allá de las fronteras de Ucrania. Eso sería una escalada dramática. Pero Rusia ha dejado en claro incluso antes del inicio de la operación militar especial, en diálogos repetidos con los EEUU, que no toleraría ningún misil de largo alcance con base en Ucrania, misiles que le dan a Ucrania o a la OTAN el potencial para atacar con profundidad en la patria rusa, que esto sería una amenaza, tal vez incluso una amenaza existencial para Rusia. Esas son palabras peligrosas.
Así que Stoltenberg está siendo groseramente irresponsable. En primer lugar, si Ucrania recibiera estas armas no cambiaría el resultado. Ucrania va a perder. Ucrania no puede ganar. Ningún analista militar responsable puede presentar ningún escenario en el que Ucrania prevalezca en este conflicto. Entonces, todo lo que Stoltenberg estaría haciendo es aumentar el precio que Ucrania y el pueblo ucraniano pagarían por la continua locura de la OTAN. Y la buena noticia es que la voz de Jens Stoltenberg no importa, él no cuenta, no toma decisiones. Es un tecnócrata. La decisión sobre el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania no es una decisión de la OTAN. Es decisión de las naciones que poseen esa tecnología. Y en este momento, la única nación occidental con esa tecnología es EEUU. EEUU ha dejado claro que no lo hará.
Los aliados de la OTAN han entregado generadores y piezas de repuesto para ayudar a Ucrania a reconstruir sus infraestructuras energéticas destruidas, ¿es posible?
No. Si fuera posible, entonces, ¿por qué empezar por reconstruir la infraestructura? ¿por qué no simplemente suministrar un suministro interminable de generadores? Esta es una tirita puesta en una herida abierta. Ni siquiera detiene el sangrado. Es un movimiento político. Está diseñado para crear la apariencia de que la OTAN y la Unión Europea se preocupan por el pueblo ucraniano. Pero, ¿cómo es posible que te preocupes por el pueblo ucraniano cuando has fomentado el conflicto y logrado este resultado?
La razón por la que no hay electricidad en Ucrania hoy es porque la OTAN empujó a Ucrania a enfrentarse a Rusia en el Donbass, en Crimea, ante la supervivencia en peligro de los rusos étnicos en el territorio de Ucrania. Por eso no hay electricidad. Y entonces me parece que no solo es arrogancia, sino que es desagradable que la OTAN ahora proporcione pequeños generadores para permitir a los ucranianos sobrevivir. Cuando, si no hubieran presionado por causas políticas, los ucranianos estarían en casa con energía, con una economía viable, con trabajos, con futuro, en un país que no estuviera destruido por la guerra.
«La OTAN seguirá defendiendo a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. No daremos marcha atrás», dijo Stoltenberg en un discurso en Bucarest. La única manera de conseguir los términos adecuados para que comience una negociación sería que Ucrania avanzara en el campo de batalla». ¿Qué consecuencias espera de una posición tan agresiva?
En primer lugar, muestra que Stoltenberg está totalmente fuera de la realidad. Hizo declaraciones similares sobre la voluntad de la OTAN de permanecer en Afganistán. Que la OTAN nunca abandonaría Afganistán. La OTAN estará allí hasta el final de la misión. La OTAN estará allí para derrotar a las fuerzas del terror islámico. Pero la OTAN se ha ido derrotada de Afganistán.
Y la OTAN se va a ir de Ucrania. Ucrania va a perder esta guerra. Y no hay retórica que Stoltenberg pueda presentar que cambie este resultado. Decir que va a haber acciones ofensivas en el campo de batalla y, de hecho, ofrecer medios para lograrlo, son dos cosas totalmente diferentes. El ejército de Ucrania ha sufrido pérdidas atroces, y estas pérdidas no se pueden reponer fácilmente. Mientras tanto, los rusos han minimizado sus pérdidas y están en el proceso de finalizar la movilización y el despliegue de más de 300.000 tropas frescas en el teatro de operaciones. No es Ucrania la que pasará a la ofensiva, será Rusia. Ese será un juego completamente diferente.
: ¿Por qué la UE, en el contexto de una crisis económica y energética, es tan persistente para continuar la guerra pase lo que pase?
Las decisiones que toma la UE las toma una élite política y económica que debe sus posiciones actuales a un sistema en el que Europa juega un papel subordinado a los EEUU en términos de política de seguridad nacional y prioridades de seguridad nacional. Son los EEUU los que llevaron a la OTAN y a la UE a esta guerra en Ucrania. Y estas élites políticas y económicas se han atado a este conflicto. No pueden sobrevivir políticamente si se divorcian. Pero hay una diferencia entre las decisiones tomadas por esta élite económica gobernante y la gente de Europa que está pagando el precio por la locura de sus funcionarios electos y no electos. Y creo que más temprano que tarde, esto tendrá que cambiar.
¿Puede tal situación crear una ruptura entre los miembros de la OTAN?
Ya la hay. Cualquiera que crea que la OTAN es una organización unificada no ha estado estudiando los debates internos que tienen lugar en la OTAN. Hay una profunda división sobre qué hacer con respecto a Rusia y Ucrania, qué hacer con respecto a las sanciones. Y si profundiza en las políticas de sanciones individuales de las naciones europeas, encontrará que mientras hablaban muy fuerte ante el micrófono para la opinión pública, en las sombras sus círculos gobernantes llegaron a acuerdos. Tienen renuncias. Las personas que dicen que nunca compraremos energía rusa están comprando energía rusa. Simplemente usan un vehículo diferente para realizar esa tarea porque al final, la supervivencia económica del capital es lo más importante. E incluso los representantes electos en Europa que están dando voz a estas políticas duras entienden cuál es la realidad.
Al mismo tiempo, Stoltenberg afirmó que el objetivo de Ucrania es prevalecer. ¿Significa esto que la OTAN seguirá manteniendo su idea de luchar con Rusia hasta el último ucraniano?
El objetivo de Adolf Hitler a fines de abril de 1945, cuando los soviéticos llevaban dos meses en Berlín, era continuar la lucha. Pero eso no significaba que la Alemania nazi fuera a sobrevivir mucho más tiempo. Por supuesto, el presidente Zelensky y su círculo íntimo afirmaron que su objetivo era continuar la lucha, pero sus días están contados. Han perdido esta guerra, y nada de lo que dice o hace la OTAN cambia su resultado. Stoltenberg es un político europeo desesperado que está atrapado por su propia historia de extravagancia retórica, donde se ha atado a sí mismo, a Europa y la OTAN a un gobierno ucraniano que está literalmente en sus últimos suspiros.
«La guerra en Ucrania demostró nuestra peligrosa dependencia del gas ruso. Esto también debería llevarnos a evaluar nuestras dependencias de otros estados autoritarios. No menos importante es China», dijo Stoltenberg hoy. ¿Qué significa esto en la práctica, dado que China es uno de los principales socios comerciales de la UE?
Prácticamente no significa nada. Sus palabras vacías, su retórica vacía, se han convertido en la marca registrada de Jens Stoltenberg. Europa ha expresado que quiere un divorcio completo de la energía rusa. Y sin embargo, tras el telón, en secreto, las naciones europeas están comprando energía rusa porque no pueden vivir sin ella. La idea de que Europa y su economía, una economía que está sufriendo ahora debido a las consecuencias de sancionar a Rusia, podría de alguna manera desvincularse de su mayor socio comercial y sobrevivir es ridícula. Esto es como un paracaidista que saltó del avión, decidiendo que ya no necesitaba su paracaídas. Va a morir.
Traducción revisada por La Haine.
Trabajadores del 112 y atención telefónica del 061 convocan un paro de 24 horas en Sevilla
La Federación de Servicios de CCOO de Andalucía ha convocado este lunes una paro de 24 horas entre los operadores de Emergencias 112 Andalucía y la plantilla de gestores telefónicos del 061. Quieren denunciar «la falta de un proceso de internalización de los servicios y el aumento preocupante de la precariedad».
Esta huelga se suma a los paros parciales convocados en el 112 desde el pasado viernes y hasta el día 8. CCOO-A pretende «visibilizar ante el actual Gobierno andaluz y todos los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas la necesidad y urgencia de cambiar el modelo de gestión del 112 y el 061, considerados servicios esenciales para la ciudadanía por la propia administración».
El sindicato señala que «ante la situación laboral de precariedad e inestabilidad en la que se encuentran las plantillas del 061 y del 112 Andalucía, estas siguen trabajando con la máxima profesionalidad y eficacia posible, ya sea en pandemia, Semana Santa, en ferias, o en el Plan Romero», y apunta que «estos dos servicios, aun siendo esenciales y de los mejor valorados por la población, se han prestado externalizados desde empresas privadas».
«Actualmente, las empresas contratistas son Serveo Servicios en el caso del 112 e Ilunión Emergencias para el servicio 061», añade en su comunicado CCOO-A lamentando que «en cada nueva renovación de los contratos de adjudicación, las nuevas empresas adjudicatarias han venido a precarizar un poco más que las anteriores las condiciones laborales, lo que también ha afectado a la calidad del servicio».
A su vez, denuncia que «la privatización de estos servicios esenciales supone anteponer la rentabilidad económica como prioridad, en perjuicio del servicio público». De esta forma, la organización sindical pide a los partidos políticos que asuman en sus programas electorales el inicio inmediato de un proceso de internalización de estos servicios con miras a su incorporación al SAS para el caso del 061 y a la Dirección General de Emergencias y Protección Civil para el 112.
La Justicia multa al sindicato de Vox con 1.000 euros por una denuncia “temeraria” contra los sindicatos de clase
La Audiencia Nacional sanciona a Solidaridad por denunciar a CCOO, UGT y varios sindicatos de SEAT pidiendo 15.000 euros porque su delegado no pudo votar en una consulta interna de un sindicato ajeno sobre las negociaciones del convenio colectivo.
El 1 de mayo de 2021, día internacional de los trabajadores, Santiago Abascal presentó el nuevo sindicato ligado a Vox. Se llamaba ‘Solidaridad’ y su objetivo, según afirmó desde un atril en la plaza madrileña de Conde de Casal, era combatir a los sindicatos “corruptos y de clase”. En las últimas semanas, la Audiencia Nacional ha multado a este sindicato de Vox al entender que actuó con “temeridad” en una denuncia contra los sindicatos de clase de SEAT: los jueces les acusan de buscar “una injerencia en la actividad sindical interna” y de incurrir en “un ejercicio arbitrario y no fundamentado del derecho a la tutela judicial que debe ser sancionado”.
El sindicato vinculado a la ultraderecha se constituyó dentro de SEAT en febrero de 2022 con un delegado al frente. Para entonces los sindicatos llevaban varios meses negociando un nuevo convenio colectivo, llegando a un preacuerdo en junio de ese año. Un preacuerdo que los dos sindicatos de clase mayoritarios en la empresa, CCOO y UGT, decidieron someter a votación de sus afiliados. La consulta vinculante, llevada a cabo en julio de ese mismo año, obtuvo una acogida favorable de más del 70% de los afiliados.
Ese día una persona se acercó a las mesas pero no pudo votar porque no estaba afiliada ni a Comisiones Obreras ni a la Unión General de Trabajadores. Era el delegado del sindicato Solidaridad, que entendió que no poder votar en una consulta interna de otro sindicato perjudicaba no solo sus derechos sino el de todos los trabajadores de SEAT no sindicados, y llevó el caso ante la Audiencia Nacional. No solo denunció a CCOO y a UGT, sino también a la Confederación General del Trabajo (CGT), al Sindicato de Trabajadores SEAT-USO y a la propia compañía. Y pedía una indemnización de 15.000 euros.
Las primeras dudas sobre la demanda surgieron nada más ponerse en marcha el proceso. La sala de lo social de la Audiencia Nacional pidió al sindicato vinculado a Vox que acreditara su nivel de implantación en el territorio, el sector o la empresa, o al menos el porcentaje de trabajadores a los que representaba, un requisito necesario para plantear este tipo de procesos judiciales. La respuesta de Solidaridad fue que representaba “a todos los trabajadores de la empresa que no estando afiliados ni a CCOO ni a UGT, no pudieron votar en el referéndum convocado por ambas centrales sindicales sobre el preacuerdo de convenio colectivo, y que constituyen un grupo genérico e indeterminado”.
Esta es la razón que ha llevado a la Audiencia Nacional a rechazar de plano la demanda sin entrar ni siquiera a examinar el fondo del asunto. Como mucho, dicen los jueces, el sindicato de Vox ha acreditado que en Seat tiene dos afiliados: el delegado y el secretario. “No ha desplegado ni la más mínima actividad probatoria que le hubiera permitido acreditar el número de afiliados o el porcentaje de afiliación que tiene en el ámbito de la empresa SEAT SA, lo que no le debería haber resultado muy difícil, sin necesidad de haber aportado una relación nominal, siendo suficiente una exposición cuantitativa”, reprochan los jueces.
Dos afiliados, sigue la sentencia, constituye un número que en una empresa como SEAT “no puede constituir un porcentaje relevante que permitiera apreciar la implantación” del sindicato. Tampoco participó en la negociación del convenio junto con el comité intercentros, recuerdan los jueces, donde no hay miembros de Solidaridad y que arrancó meses antes de la llegada del sindicato a la empresa.
Multa de 1.000 euros por temeridad
Los sindicatos de clase demandados y la propia empresa pedían que Solidaridad fuera multado por temeridad al haber pedido 15.000 euros por no poder participar en una consulta interna de un sindicato ajeno. Y los jueces aceptan imponer una multa recurrible de 1.000 euros al entender, en primer lugar, que no era muy difícil de entender que no le dejaran votar: “Resulta a todas luces algo lógico que sólo los afiliados puedan votar en una consulta interna de dos sindicatos”, explican.
La doctrina que exige algún tipo de implantación a un sindicato para iniciar este tipo de demandas judiciales, dice la Audiencia Nacional, es sobradamente conocida desde hace 30 años y que Solidaridad debía “ser conocedora” de ella. Se sorprende incluso el tribunal de lo social de que, cuando se pidió una justificación sobre el interés colectivo que decían defender con esta demanda, aportaron sentencias que “dicho sea, se refieren no a la legitimación sino a la existencia de un conflicto colectivo”.
Hay temeridad también, dice la Audiencia Nacional, porque era una demanda infundada, presentada incluso contra sindicatos que no tenían nada que ver con la consulta de CCOO y UGT. “Es tan infundada la demanda que, en un planteamiento hipotético, si esta Sala admitiese que se está lesionando la libertad sindical de un no afiliado al que no le permiten votar en una consulta para afiliados, estaríamos seguramente incurriendo en una injerencia en la actividad sindical interna de los sindicatos convocantes, que lesionaría su derecho fundamental”, reprocha la sentencia al sindicato vinculado directamente a Vox.
La demanda de Solidaridad, zanja la Audiencia Nacional, fue un “ejercicio arbitrario y no fundamentado del derecho a la tutela judicial” que merece una sanción de 1.000 euros. Una sanción que se impone teniendo en cuenta, explican los jueces, no solo todos estos argumentos sino que llegó a involucrar a cuatro sindicatos y a la propia empresa.
PAKO
hace 8 horas